Tuesday 6 Dec 2022 | Actualizado a 10:54 AM

Credicorp convoca a iniciativas de jóvenes

Se busca reunir y reconocer las iniciativas de jóvenes

/ 11 de septiembre de 2022 / 05:28

Convocatoria. Podrán postularse jóvenes de 18 a 32 años de cinco países.

FINANZAS

Credicorp anunció el lanzamiento de VOCES por la inclusión. Esta convocatoria, que alcanza a Perú, Chile, Bolivia, Colombia y Panamá, busca reunir y reconocer las iniciativas de jóvenes de la región que, a través de la digitalización, impulsen mayores oportunidades de empleo de calidad, educación e inclusión financiera para más hombres y mujeres de Latinoamérica.

“En el difícil contexto regional que vivimos, tras la agudización de brechas generadas por la pandemia del COVID 19, creemos que la digitalización es un habilitador de la inclusión. Por ejemplo, con productos como Yape y Soli –nuestras billeteras digitales que lograron incluir a casi 2 millones de personas al sistema financiero–, hemos sido testigos de cómo la digitalización reduce barreras geográficas entre personas y les permite interactuar con soluciones que simplifican su vida”, indicó Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp.

Hasta el 19 de octubre, los jóvenes entre 18 y 32 años que residan en Perú, Chile, Bolivia, Colombia y Panamá podrán postular sus iniciativas en la web vocescredicorp.com y sustentar tanto el impacto como el alcance potencial de cada una de ellas. Una vez cerrado el tiempo de postulación y de evaluación de estas, las 10 iniciativas más innovadoras que queden como finalistas de VOCES por la Inclusión formarán parte de un encuentro único en Lima (Perú), diseñado para oír y potenciar las voces jóvenes de Latinoamérica.

Las tres ideas ganadoras del concurso serán anunciadas en diciembre. Además de recibir mentoría especializada y acompañamiento para elevar la visibilidad de sus ideas, los proponentes obtendrán un premio de $us 15,000 por equipo.

Reportan 80 municipios afectados por las sequías

El Gobierno comprometió la provisión de agua para consumo humano y para riego de tierras productoras.

Una foto referencial de la sequía registrada en la represa de Hampaturi de La Paz en 2016.

Por Boris Góngora

/ 5 de diciembre de 2022 / 07:50

La falta de lluvias y el intenso calor han provocando que 80 municipios del país se encuentren con sequías y se declaren en emergencia, debido a las pérdidas de cultivos y ganado.

El viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera López, informó ayer que el Gobierno, a la fecha, registró 80 municipios que son afectados por la sequía.

Presupuesto

Por lo que a través de cuatro ministerios se destinó Bs 123 millones para enfrentar esta emergencia.

“En dos semanas se elevó de una manera muy alarmante, estábamos como 30 municipios que demandaban (ayuda)», dijo Herrera.

«posteriormente eran 55 municipios y ahora tenemos 80 municipios que han registrado sequías y eso tiene que pasar a la categoría de sequía agrícola y pecuaria”, agregó.

El miércoles, los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, de Defensa y de Medio Ambiente y Agua presentaron el Plan Plurinacional de Respuesta Inmediata a la Sequía para combatir los embates del fenómeno La Niña en Bolivia.

La primera etapa de este plan se realizará hasta el 31 de diciembre con la provisión de agua para consumo humano, para riego y ganadería, y para consumo animal con una inversión inmediata de Bs 27.217.988.

Posteriormente se realizará la provisión de semillas y fertilizantes, según la demanda de los municipios afectados.

Herrera señaló que los cuatro ministerios, a través de sus equipos técnicos, están trabajando y han presupuestado ese monto de Bs 123 millones.

Esos recursos se aplicarán en lo que comprende la atención inmediata de las personas y municipios.

Eso se debe a que existe una alta demanda de agua para el consumo humano y para los bebederos del ganado.

Mencionó que el monto presupuestado se destinará a la contratación de cisternas que proveerán de agua a los municipios afectados.

Además de combustible, dotación de semillas y fertilizantes.

“Todo esto se está trabajando de manera técnica, esperemos que no sea tan drástica la sequía, porque también estamos haciendo seguimiento a las lluvias”, dijo.

Agregó que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha anunciado que en estos días habrá algunas lluvias.

«No serán tan intensas y necesitamos recomendar a la población de que las lluvias deben ser aprovechadas de una manera mejor y la única orma de reponer es a través de la reforestación”.

Daños por sequías

Respecto a la cuantificación de pérdidas en la agricultura y los damnificados en estos municipios, el viceministro indicó que todavía no se conoce la cantidad.

«Se está en la fase de evaluación” y que los municipios, a través de su Unidad de Gestión de Riesgo, harán conocer sobre esta problemática.

Los incendios y la sequía que afectan al país son fenómenos relacionados y se están combinando de forma tal que se maximiza el impacto ocasionado.

Bolivia es uno de los países del mundo con más focos de calor, según los datos de la organización ambientalista Greenpeace.

Según las autoridades de gobierno, el periodo de sequía se extenderá hasta marzo de 2023.

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El Gobierno denuncia que quemas registradas en municipios de La Paz fueron provocadas

Se busca dar con los responsables de las quemas provocadas en los municipios de Guanay, Palos Blancos y La Asunta para aplicar las sanciones correspondientes.

Por Boris Góngora

/ 4 de diciembre de 2022 / 18:28

El viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión de Desarrollo Forestal, Magín Herrera López, aseguró este domingo que las quemas registradas en los municipios de Guanay, Palos Blanco y La Asunta fueron provocados, por lo que se espera dar con los responsables para aplicarles una sanción drástica por los daños ocasionados.

“Quisiéramos insinuar a la población que no vayan a provocar los incendios, porque los incendios han sido provocados (…) En La Asunta, Guanay, en Palos Blancos en La Paz, donde nunca se producían incendios, se han generado incendios”, afirmó Herrera.

Agregó que el equipo de Viceministerio de Medio Ambiente está en la etapa de evaluación y que “ojalá se las identifique para aplicar la sanción más drástica posible” debido a que se hizo un daño irreparable al medio ambiente.

“Las quemas no solo es a los árboles, sino a la cantidad de vidas que hay en un ecosistema. No tenemos reporte de los animalitos que se ha afectado allá (municipios de La Paz), pero el equipo del Viceministerio de Medio Ambiente mañana, a primera hora, se está desplegando en dos brigadas para poder hacer el salvataje, si es que hubiese esos animalitos reportados”, señaló.

La autoridad mencionó también que gran parte de los incendios en el país han sido controlados y al presente no se tiene novedades mayores.

Indicó que a la fecha no se tiene cuantificado el daño por los incendios registrados en el país, debido a que estos fueron en ascenso. Sin embargo, dijo que de acuerdo a las últimas cifras proporcionadas por autoridades nacionales, eran poco más de dos millones de hectáreas en todo el país.

“Esa es la última información (que se tiene), el fuego se presentó en uno y otro lugar, no nos ha permitido cuantificar los datos. Una vez se tenga controlado, seguramente en un par de días más vamos a tener el dato de cuál es la superficie afectada en Bolivia respecto a quemas”, señaló.

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El Gobierno destina Bs 123 MM para hacer frente a la sequía en 80 municipios

El monto destinado para esta emergencia es para la provisión de semillas, fertilizantes y el traslado de agua a los municipios afectados.

Por Boris Góngora

/ 4 de diciembre de 2022 / 13:05

El viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión de Desarrollo Forestal, Magín Herrera López, informó este domingo que el Gobierno, a la fecha, registra unos 80 municipios que son afectados por la sequía, por lo que a través de cuatro ministerios se destinó Bs 123 millones para enfrentar esta emergencia. 

“En dos semanas se elevó de una manera muy alarmante, estábamos como 30 municipios que demandaban (de ayuda), posteriormente eran 55 municipios y ahora tenemos 80 municipios que han registrado sequías y eso tiene que pasar a la categoría de sequía agrícola y pecuaria”, dijo Herrera. 

La autoridad señaló que cuatro municipios, a través de sus equipos técnicos, están trabajando y han presupuestado la cantidad de Bs 123 millones que se aplicará en lo que comprende la atención inmediata de las personas y municipios, debido a que existe una alta demanda de agua para el consumo humano y para los bebederos del ganado.

Agregó que el monto presupuestado se destinará para la contratación de cisternasque proveerán de agua a los municipios afectados, combustible, dotación de semillas y fertilizantes.

“Todo esto se está trabajando de manera técnica, esperemos que no sea tan drástica la sequía, porque también estamos haciendo seguimiento a las lluvias. Senamhi (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología) nos ha anunciado de que en estos días va a haber algunas lluvias, no serán tan intensas y necesitamos recomendar a la población de que las lluvias deben ser aprovechadas de una manera mejor y la única forma de reponer es a través de la reforestación”, dijo.

Respecto a la cuantificación de pérdidas en la agricultura y los damnificados en estos municipios, el viceministro indicó que todavía no se conoce la cantidad, aunque “se está en la fase de evaluación” y que los municipios, a través de su Unidad de Gestión de Riesgo, harán conocer sobre esta problemática.

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Inserción laboral, tema pendiente para personas con discapacidad

Nacional. A octubre de 2022 se tiene registradas a 104.379 en el Conalpedis.

Una personas con discapacidad visual constesta el teléfono en una entidad pública (foto referencial)

/ 4 de diciembre de 2022 / 06:48

Bolivia tiene registradas hasta octubre de este año a 104.379 personas con discapacidad, siendo uno de los temas pendientes la inserción laboral. Según la Ley 977, vigente desde 2017, ni las entidades públicas ni las privadas cumplen con la normativa.

El director ejecutivo del Comité Nacional con Personas con Discapacidad (Conalpedis), dependiente del Ministerio de Justicia, Javier Salguero, informó que desde esta dirección se está buscando la inclusión efectiva de este sector, debido a que se han detectado casos irregulares e incumplimiento de la norma sobre la inserción laboral.

“No se cuenta con datos exactos sobre la inclusión laboral en el sector público y hay un total desconocimiento de la norma en el sector privado”, dijo Salguero.

Agregó que desde que entró en vigencia la Ley 977 (Ley de inserción laboral y de ayuda económica para personas con discapacidad ) y su Decreto Reglamentario 3435, no se delimitó con exactitud si la inserción laboral tiene que ser para personal de planta y con inamovilidad.

discapacidad-tipos

“Muchas de las instituciones han contratado (a las personas con discapacidad) como consultores, eventuales o por producto, (y) una de las figuras legales es que no es de planta. Por eso los datos no están arrojando correctamente (el número de personas que trabajan en entidades públicas)”, dijo.

Entre las irregularidades encontradas, Salguero indicó que en algunas instituciones públicas se señala que “en una semana se tiene a dos personas con discapacidad trabajando, pero pasa otra semana y entran otras dos o se retira a todo el grupo. Es decir, mucho se cambia (de personal)”.

También explicó que se ha detectado que las entidades privadas no cumplen con el 2% de personas con discapacidad dentro de su planta de trabajadores. “Justamente en este edificio, que también está la Cámara Nacional de Comercio, hemos tenido una reunión con esta entidad y, sorpresivamente, dijeron que no conoce esta ley”.

“Hemos tenido algunos errores de no socializar en su momento que se aprobó (la ley), porque a la fecha todas las entidades privadas que son más de 2.000 en toda Bolivia y que tengan más de 50 trabajadores, deberían tener personas con discapacidad”, precisó.

Otra de las problemáticas y que se ve en entidades públicas, dijo, es que si bien se cumple con la entrega del ítem, éste va dirigido al cónyuge, padre, madre o tutor.

“Ahí también radica el problema, nuestra Ley 977 dice que no solo puede ser la persona, sino también el padre, la madre, el tutor o cónyuge, pero no se ha definido cantidades o porcentajes. Entonces se reporta en algunas entidades que tienen a más personas que no tienen discapacidad, es decir el padre, madre, tutor con resolución”, mencionó Salguero.

Explicó que esto se debe delimitar, debido a que el objetivo de la ley es que las personas con discapacidad trabajen y queden insertadas laboralmente. “Por eso no se cuenta con datos a la fecha. Porque nos reportan (y nos dicen) ‘cumplo con el 4%’, pero son tutores o padres. Y en el caso de los tutores hay que revisar bien su documentación porque para ser un tutor tiene que tener resolución judicial de parte de un juez de familia y muchos de ellos no la tienen”.

Ayer, 3 de diciembre, se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y el objetivo de esta fecha es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como la inclusión laboral de este grupo en el sector público y privado.

El Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD) del Ministerio de Salud y Deportes refleja que entre los tipos de discapacidad están el auditivo con 10.296 personas; físico motora, con 35.309; intelectual, con 28.704; mental o psíquica con 5.165; discapacidad múltiple con 14.979; sensorial 2.826 y visual con 7.321 personas.

Entre los grados de discapacidad se cuenta con el moderado con 30.132 personas, grave 54.193 y muy grave 13.295. Estos dos últimos están en la categoría del Bono de Discapacidad de 250 bolivianos, apoyo que da el Gobierno cada mes.

Los departamentos que registran mayor cantidad de personas con discapacidad son Santa Cruz con 24.136, seguido de La Paz 23.319 y Cochabamba 14.136. En el resto de los departamentos se encuentran en cantidades menores.

Para el presidente de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (Fenaciebo), Jasmani Cerezo, en su sector existe alrededor de un 2% (216 personas con ceguera de 7.200) que ocupan un cargo en algunas entidades públicas. “En espacios públicos tenemos trabajando personas con discapacidad visual un 3% a 2,5%, según el último dato del Instituto Boliviano de la Ceguera”.

De esta cantidad, según el dirigente, solo dos personas trabajan como profesionales y el resto está como auxiliar, telefonistas. Y “profesionales que deberían estar trabajando en su área están en unidades o cargos que no corresponden a su formación”.

También puede leer: Arce pide promover los derechos de personas con discapacidad

Similar apreciación expuso la presidenta de la Federación Boliviana de Personas con Discapacidad (Febopdif), Aleida Vera. Explicó que por cumplir con la norma del 4%, en las entidades públicas les dan cualquier trabajo. “Conseguir un trabajo para nuestro grupo es realmente difícil, no se valora a la persona con discapacidad y no se hace prevalecer la profesión que tiene”.

“Lastimosamente varios de nuestro grupo no están trabajando con sus respectivas profesiones, sino están como mensajeros, limpiezas y son muy pocos que ejercen su profesión”, dijo Vera.

La dirigente agregó que se está haciendo un seguimiento en este aspecto, junto al Ministerio de Trabajo, para ver cuántas personas cuentan con trabajo en entidades públicas y privadas.

discapacidad

Solo el 5% de personas con discapacidad llega a la universidad

Datos de la Defensoría de Pueblo, en su informe “La exclusión y segregación de las personas con discapacidad en el sistema educativo plurinacional”, de 2022, señala que solo el 5% de las personas con discapacidad alcanzó el nivel universitario.

Con datos a julio de 2022, de las 90.631 personas con discapacidad que estaban registradas en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD) del Ministerio de Salud, solo 4.476 personas cursaban estudios universitarios.

Un 0,25% (231) llegó al nivel de posgrado y un 3% (3.168) alcanzó el nivel técnico; sin embargo, existe un grupo superior de personas con discapacidad que cursan o cursaron el nivel inicial (12%), primario (35%) y secundario (15%), equivalente a 55.731 personas.

Además, este informe refleja que 27.025 personas no tienen ningún tipo de grado de instrucción educativa, que representa el 30% del total registrado en el nivel educativo. A nivel departamental, Santa Cruz reporta la mayor cantidad con personas con discapacidad sin nivel educativo, con 7.226, seguida de La Paz con 5.697 y Cochabamba con 3.778 personas.

El presidente de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (Fenaciebo), Jasmani Cerezo, señaló que a pesar de contar con una resolución que establece el ingreso libre a las universidades y escuelas de formación, existe una coordinación mínima con el Ministerio de Educación, sobre todo en la exigencia del llenado de requisitos.

“Falta bastante (por trabajar), porque hay muchos requisitos para las personas con discapacidad cuando salen bachiller y a una persona sin discapacidad no se le exige esos requisitos como a nosotros”, dijo.

La presidenta de la Federación Boliviana de Personas con Discapacidad (Febopdif) Aleida Vera, señaló que desde la parte educativa se busca la inclusión de su sector, debido a que varias personas no llegan a culminar la educación primaria y secundaria, y muy pocos están accediendo a la educación superior, pese a que existen algunas normativas, “como el ingreso libre a las universidades y escuelas superiores”. “Falta mucho por trabajar en la inclusión, pero estamos coordinando con las autoridades de Educación”, dijo Vera.

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Rodríguez Veltzé afirma que no hay ‘ni ganadores ni vencidos’

Veltze pidió mejorar las políticas sobre recursos hídricos transfronterizos.

El expresidente y exagente de Bolivia ante la CIJ, Eduardo Rodríguez Veltzé.

Por Boris Góngora

/ 2 de diciembre de 2022 / 06:22

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, estableció que Bolivia y Chile tienen “derecho al uso equitativo y razonable” de las aguas del Silala.

Con ese fallo se puso fin a la disputa legal entre ambos países.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, tras conocer el fallo, señaló en su cuenta de Twitter que en ese fallo “ni ganadores ni vencidos”.

Y apuntó que a lo que se insta es a mejorar políticas sobre recursos hídricos transfronterizos.

El exmandatario agregó también que la “CIJ reconoce coincidencias en aplicación del Derecho Internacional, estudios científicos y alienta acuerdos” entre las partes.

Rodríguez Veltzé se desempeñó como agente de Bolivia ante la CIJ en el caso Silala en 2016.

Sin embargo, renunció en medio de la crisis política que se vivió en noviembre de 2019.

Un hecho peculiar de este caso fue que se trató de dos procesos en uno: la demanda de Chile contra Bolivia (iniciada en 2016) y la contrademanda de Bolivia contra Chile (2018).

En otro tuit, respondió algunos comentarios e indicó que el fallo también favorece a Bolivia por el allanamiento de Chile a varios puntos de la contrademanda. “Las coincidencias eliminaron los objetos de las demandas, hoy son desafíos para acuerdos sobre los recursos transfronterizos”, acotó.

Lea más: Diremar: La Gobernación de Potosí debe encarar una causa por la deuda histórica del Silala

La presidenta de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la jueza estadounidense Joan E. Donoghue, también convocó a ambos países a mantener “consultas de manera continua” para garantizar sus derechos sobre las aguas del Silala y promover su protección.

“La Corte invita a las partes a tener en cuenta la necesidad de realizar consultas de manera continua con un espíritu de cooperación, a fin de garantizar el respeto de sus respectivos derechos y la protección y preservación del Silala y su medioambiente”, señaló Donoghue al concluir la lectura de la sentencia de la Corte, que fue recogido por la agencia ABI.

La disputa legal entre Bolivia y Chile llegó a la CIJ en 2016.

El país vecino pidió a la Corte de La Haya que declarase al Silala como un curso de agua internacional, sujeto a normas específicas, para garantizar sus derechos sobre el uso de ese recurso hídrico en su territorio.

El país respondió en 2018 con una contrademanda para que la Corte le reconozca sus derechos sobre el flujo artificial del río, por el sistema de canales construidos.

Además, exigió que se pague una indemnización por el uso de las aguas.

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