Según anuncio oficial de la Policía, hoy es el último día para hacer la inspección técnica vehicular (ITV) del año. Las y los conductores de automóviles de uso particular que se han sometido a este control anualizado saben que se trata de un trámite engorroso, cuando no humillante, que sirve como ilustración de todo lo que está mal entre la Policía y la sociedad.

Sorpresivamente, y a diferencia de años anteriores, la ITV 2023 comenzó en agosto y termina antes de lo habitual; sin embargo, no sorprenderá que el plazo se amplíe por algunas semanas, como ya es habitual. En todo caso, la primera falla está en la pobre comunicación del proceso, pues tuvo muy poca publicidad y previsiblemente se han formado extensas filas en todos los puntos de inspección (cuyas direcciones tampoco fueron comunicadas oportuna o eficazmente), lo cual a su vez produce enorme tensión entre los uniformados y la ciudadanía.

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Mucho más grave que las filas y la larga espera (atribuible en parte a la cultura de hacerlo todo “a última hora”) son las observaciones que hacen los policías, en general arbitrarias y alejadas de los aspectos eminentemente técnicos o “ambientales” señalados explícitamente en la Ley 165, de Transporte, como por ejemplo exigir tres tamaños diferentes de gasa o guantes quirúrgicos en el botiquín. El estado de funcionamiento de los automóviles se evalúa, literalmente, a simple vista y no en los “centros de revisión técnica” señalados en el artículo 222 de la citada norma.

Peor aún, los criterios de calidad exigidos por los encargados de la inspección, que no están recogidos en norma específica alguna, también anunciada en la Ley 165, solo aplican para las y los vehículos de uso exclusivamente particular. Taxis, trufis, minibuses y micros obtienen la roseta de la ITV sin someterse a más revisión que una fotografía del conductor y su vehículo, que en muchos casos apenas si se salva de parecer chatarra y de funcionar como tal. La mayor parte de los accidentes por fallas mecánicas ocurren en automóviles dedicados al transporte de pasajeros.

Mas no solo los conductores del transporte sindicalizado se ahorran las molestias y sinsabores de la ITV, muchas y muchos propietarios de automóviles particulares encuentran en incontables oficiales y suboficiales atajos para obtener la roseta a cambio de un pago no siempre modesto. No cabe duda que en la Policía Boliviana hay muchas y muchos uniformados de intachable comportamiento y ética profesional, pero muchos otros no hacen sino abonar al extendido prejuicio de la corruptibilidad de la fuerza del orden.

Tener y conducir un automóvil implica mucha responsabilidad y algunos riesgos que no pueden ser minimizados, pero en el actual estado de cosas la seguridad vial está librada al criterio (o al arbitrio) de las y los conductores, en su mayoría incapaces de respetar la norma y a los uniformados supuestamente llamados a hacerla cumplir. La ITV es, por lo visto, nada más que un mecanismo poco transparente de recaudación.

La resolución del TSE que declara improcedente el recurso de revisión interpuesto por el MAS-IPSP, mantiene firme la decisión de rechazar el registro de la directiva nacional electa en el congreso ordinario de Lauca Ñ. La organización, pues, tendrá que realizar un nuevo congreso para renovar su directiva. El partido a la cabeza de Evo Morales no parece tener muchas opciones.

Más allá de las consideraciones legales, las presiones y la mala gestión comunicacional del TSE en el caso, lo evidente es que hasta ahora el MAS-IPSP no cumplió el mandato legal de renovar su directiva. Se mantiene, pues, la prórroga de la actual dirigencia electa en 2017. El nuevo plazo que tienen todos los partidos para la renovación de sus dirigencias, conforme a sus estatutos orgánicos, es abril del próximo año. Es el plazo, también, que tiene el MAS-IPSP para realizar un nuevo congreso.

La decisión del TSE fue cuestionada por Evo Morales y su entorno. Se acusa al gobierno de Arce de estar usando a los “vocales sumisos” del TSE para atentar contra la democracia interna del partido y desconocer la legalidad del congreso de Lauca Ñ. Peor todavía: en un tuit, Morales repudió esta “nuevo acción política de odio” que estaría orientada a “completar la tarea que los golpistas no pudieron ejecutar: descabezar y defenestrar al MAS-IPSP”. Frente a eso, anunciaron acciones contundentes.

¿Qué puede lograr la “lucha jurídica y política” anunciada por el MAS-IPSP contra las resoluciones del órgano electoral? Si consideramos que las decisiones del TSE en materia electoral son irrevisables y de cumplimiento obligatorio, parece difícil revertir bajo presión la decisión sobre el congreso del MAS-IPSP. Es improbable también que Morales y su equipo jurídico logren algo en la justicia ordinaria o, peor, en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Queda entonces la lucha política.

La pregunta es si el MAS-IPSP y Evo Morales tienen hoy el músculo suficiente para la movilización de calle. Ya se vio que sus marchas y vigilias tuvieron poca fortaleza. La posibilidad de convocar un nuevo congreso, en tanto, requiere un acuerdo con la dirigencia de las organizaciones matrices, hoy cooptadas por el gobierno de Arce. En ese contexto de disputa interna y de división entre facciones, parece difícil pensar en unas primarias ordenadas para la elección del binomio presidencial masista.

El MAS-IPSP, como instrumento político, está en un momento de incertidumbre. ¿Qué caminos tiene? El más sencillo sería no renovar la directiva nacional y, con la actual presidida por Morales, afrontar las elecciones 2025. Hay en ello un problema de legitimidad. Otra opción, más difícil, es lograr un acuerdo in extremis con la facción arcista para cuidar la sigla y evitar el quiebre definitivo. Sin olvidar que está en mesa una posible sentencia constitucional que prohíba una nueva postulación presidencial de Evo.  

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La contundente victoria en Argentina, el domingo, en segunda vuelta, del candidato “ultraliberal” Javier Milei ha sorprendido a muchos de los que todavía creen en las encuestas de intención de voto (que habitualmente esconden el número de quienes no responden) y a todos los que esperaban que el miedo a perder derechos superase al enojo por la crisis que no da signos de resolverse.

Fue tal el triunfo del candidato de La Libertad Avanza (LLA), que el postulante oficialista y todavía ministro de Economía, Sergio Massa, reconoció su derrota y felicitó a su contrincante antes de que el conteo de votos llegase siquiera al 90%, estableciendo de ese modo, al menos hasta ahora, el tono del proceso de transición que culminará el 10 de diciembre con la transmisión de mando.

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Impulsado por un discurso de abiertamente confrontador y tachonado de palabrotas pronunciadas siempre de modo exaltado, el ahora presidente electo “sorprendió” por primera vez al imponerse en las elecciones primarias (PASO) y luego ocupó el segundo lugar en la primera vuelta, que lo habilitó para conseguir una holgada victoria en la segunda. Analistas coinciden en que los números de la votación coinciden con los de Patricia Bullrich y los del partido de Mauricio Macri, que más que pronto comprometieron su apoyo al líder neoliberal.

En su discurso tras el triunfo electoral y luego en otras apariciones, Milei se mostró mucho más sereno que el personaje que se identificaba con un león y portaba una motosierra. Se impone al ánimo exaltado de la campaña el realismo que exige el cargo para el que acaba de ser electo, debido a que, como explicaron tres analistas en el Piedra, Papel y Tinta de esta casa periodística, su gobernabilidad depende de tres factores clave: una estructura administrativa para la que probablemente no tiene suficientes cuadros propios, la capacidad de controlar la movilización social y un posiblemente escaso respaldo legislativo.

Súmese a ello la dificultad de imponer en el corto plazo las transformaciones prometidas. Si bien es probable que se ejecuten algunas acciones de alto impacto en la opinión, como la ya anunciada privatización de la estatal petrolera (YPF) y los medios públicos de comunicación, otras, estructurales y urgentes como el control de la crisis cambiaria y la inflación, lo ha reconocido el propio Milei, tomarán al menos un año y medio. En el camino, es posible que el desmantelamiento del Estado en plan neoliberal también encuentre escollos.

Las razones que explican el triunfo del “ultraliberal” merecen mucho debate, análisis e investigación, pero mientras tanto conviene reconocer que se equivocan quienes creen que es una derrota del populismo, pues el candidato Milei construyó cuidadosamente la diferencia entre un “nosotros” y “la casta”, además de mostrarse como líder mesiánico, ingredientes clave para este modo de gestionar la política. Se dice que el enojo desatado da paso a la esperanza por los cambios que pueden producirse, falta ver si se convierte o no en frustración.

Un 19 de noviembre, como hoy, hace cuatro años, se produjo la masacre de Senkata. Pocos días antes tuvo lugar otra masacre, en Sacaba. Con estas masacres se estrenó el régimen provisorio de Áñez. Al amparo de un decreto, fuerzas combinadas dispararon a matar, realizaron ejecuciones sumarias, torturaron a población civil. Esos crímenes de Estado continúan en la impunidad.

Diferentes informes documentados, como el de la Defensoría del Pueblo y, en especial, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, certificaron que en noviembre de 2019 se ejecutaron dos masacres en Bolivia. Así quedaron sin sustento los groseros intentos de ministros del régimen y de sus operadores mediáticos que buscaban instalar narrativas insostenibles como “se dispararon entre ellos” (sic), “ni una sola bala salió del Ejército”, “iban a hacer volar la planta de gas”. Fueron masacres.

Cuatro años después, los responsables de dichas masacres, esto es, quienes las ordenaron, las avalaron, las comandaron y las ejecutaron, siguen en la impunidad. El camino inicial y correcto de un juicio de responsabilidades contra la autoproclamada presidenta Áñez, su gabinete y los altos mandos militares y policiales quedó engavetado en la Asamblea Legislativa por falta de voluntad política, en especial por el veto a los dos tercios por parte de las bancadas opositoras. La lista de espera de juicios de responsabilidades es larga.

Y ahora resulta que el camino de enjuiciamiento por las masacres en la justicia ordinaria también está “suspendido”, luego de que dos tribunales de sentencia se declararon incompetentes para juzgar a Áñez. A reserva de los recursos de enmienda y apelación planteados por el Gobierno y de las acciones que pueda realizar la Procuraduría General del Estado, lo evidente es que no hay verdad, ni justicia, ni reparación para las víctimas. Sin olvidar que la Fiscalía no actuó cuando se produjeron las masacres.

Resulta inaceptable, sin matices ni atenuantes ni excusas como la supuesta “pacificación”, que en democracia se produzcan masacres (aunque en este caso se trató más bien de un gobierno de facto). Y es inadmisible que cuatro años después los responsables no hayan sido juzgados y, en lo que corresponde, sancionados con rigor y en un debido proceso. La garantía de no repetición, el imperativo de ¡Nunca más una masacre en democracia!, la convivencia sin fracturas, dependen de que no haya impunidad.

Ojalá que no pasen otros cuatro años, o más, para juzgar y castigar el asesinato de veinte compatriotas, además de decenas de heridos y torturados, y centenas de presos. Ojalá nunca más hayan “decretos de la muerte” que eximan de responsabilidad penal a uniformados que disparan a matar. Ojalá ningún diario vuelva a titular “fuego cruzado” donde hubo masacre. Ojalá ningún veto o chicana se impongan. Ojalá que, en fin, más temprano que tarde, haya verdad y justicia. Con impunidad no hay democracia.

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Al cumplirse, ayer, cuatro años de la masacre perpetrada en Sacaba, Cochabamba, y a pocos días de idéntico aniversario de la ocurrida en Senkata, El Alto, parece todavía difícil que las víctimas y sus sobrevivientes y familiares reciban la justicia y la reparación que merecen. Una larga cadena de contradicciones y errores procesales podría dejar esta tragedia y a sus autores en la impunidad.

A juzgar por el hecho que los dos tribunales de sentencia se excusaron de conocer los casos, primero el de El Alto y días después el de Sacaba, el principal problema es la falta de claridad en el proceso que puede o debe merecer la expresidenta, incluso si ostentaba el cargo de manera inconstitucional, cuando se produjeron los crímenes que se desea juzgar.

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En favor de tramitar un juicio de responsabilidades, una buena parte de la opinión recuerda que incluso Luis García Meza y sus colaboradores en la dictadura de 1980-1982 merecieron este tipo de proceso; también puede inferirse algo de temor de los jueces que se excusaron ante la posibilidad de ser a su vez procesados por no haber observado el debido proceso, el mismo que lamentablemente es cada vez menos fácil de definir.

En favor de un proceso por la vía penal ordinaria hay muchas otras voces, comenzando por la del exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrao, quien participó de manera personal en los procedimientos investigativos de ambas masacres, y que afirma que “es legítima la existencia de los juicios civiles y penales ordinarios de la justicia nacional”, en el afán de brindar justicia a las víctimas y sanción a los victimarios. Como él, pero con argumentos diferentes, piensan el Ministro de Justicia, y el Fiscal General del Estado, quien ocupaba el mismo puesto cuando se produjeron las matanzas.

Quienes no brindan claridad alguna sobre su posición son las y los representantes parlamentarios de las fuerzas de oposición (incluyendo al ala evista del MAS), que a la vez afirman estar de acuerdo con el juicio de responsabilidades y no estar dispuestos a facilitarlo en el ámbito legislativo. Daría la impresión de que los líderes de estas fuerzas tienen algo qué temer de un proceso de esa naturaleza, además de mostrar el poco aprecio que sienten por la idea de justicia para las víctimas y mucho menos por el principio de no repetición de esos horrendos hechos.

Hay otras contradicciones y obstáculos en el camino al juzgamiento de la expresidenta y su gobierno inconstitucional, que en su momento merecerán comentario y crítica; sin embargo, es posible afirmar que, dado el estado de cosas en los ámbitos jurídico y político, las víctimas de Sacaba y Senkata están cada día más lejos de la justicia y la reparación que les corresponde, y que hay poca o ninguna voluntad de cambiar el rumbo y encontrar la verdad histórica, que todo el país merece conocer.