La Revista

Sunday 29 Jan 2023 | Actualizado a 18:04 PM

Actor Juan Pablo Koria continúa su carrera en México

Cine. Tras participar en ‘Zona Sur’, el tarijeño dejó el país. En México ya lo nominaron para un premio

Por La Razón

/ 7 de febrero de 2011 / 05:00

«Estoy aquí desde marzo del año pasado. Fui invitado para el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y desde ese mes estoy aquí», comentó a La Razón el actor tarijeño de 26 años, en un contacto telefónico con México DF. «Siempre quise venir, pero se me hacía difícil, hasta que se me presentó la oportunidad. Cuando llegué, decidí quedarme y buscar nuevas oportunidades para poder desarrollar mi carrera. Vine con muy poca ropa, sólo debía estar en el festival, pero me quedé. Cuando me instalé en la casa de unos amigos bolivianos empecé a tomar clases de actuación en Casa Azul, de la prestigiosa productora Argos, gracias al consejo del director Juan Carlos Valdivia. Y gracias a Dios, ahora tengo la visa independiente».

La carrera de Koria se inició en La Paz con su participación en spots y fotografías publicitarias, pero fue en el comercial Caminos de Entel, dirigido por Valdivia, que su rostro fue haciéndose conocido. «Antes hice el casting para Zona Sur, pero a raíz de él es que me invitaron para el spot Caminos. El proceso de selección para la película fue bastante largo, fueron nueve meses, con varias rondas de pruebas. Luego de todo el proceso me llamaron para filmar», comenta el actor.

Ya afincado en México, empezó a armar su carrera desde cero. «El primer trabajo que hice es un cortometraje llamado Sicario app, app, por aplicación, en lenguaje cibernético. Se trata de una sátira que fue producida para la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes (AMCI). Me presenté a un casting y salí elegido como protagonista del corto. A raíz de esta participación, en septiembre del 2010, la AMCI me avisó que tuve una nominación como Mejor Actor. Al final no gané, pero fue muy bueno llegar a esa instancia».

En esta breve estadía, Koria ha prestado también su voz para la animación Puente de palabras, del Museo Memoria y Tolerancia, trabajó para la telefónica Telecel como imagen con una producción de gran vuelo que emulaba a una comedia musical y recientemente filmó un comercial para EEUU de la cerveza Corona con locaciones en Puerto Escondido, en Huajaca. Este recorrido no ha sido fácil.

«Hay una competencia muy grande. Para empezar en cada proyecto al que aspiras tienes que hacerte conocer. Hay que asistir a castings todo el tiempo, yo voy cada día. A cada uno asisten como dos mil personas, tienes que esperar horas para que sea tu turno. Así te das cuenta de que tienes que capacitarte más».

Este año, Koria fortalecerá su formación y apuntará a cumplir su sueño: llegar a la pantalla grande mexicana. «Me siento feliz por lo poco que he hecho, pero mi inspiración más grande es hacer cine aquí. Me estoy capacitando, tomaré nuevamente clases de actuación este año. En muchos castings no logras pasar ni siquiera a que te filmen. La primera vez que llegué a uno, ni me dejaron hacer la prueba. Salí muy cabizbajo, pero te das cuenta de que es así. Ahora, un ‘no’ me hace más fuerte».

Datos sobre El actor boliviano
Juan Pablo Koria Lema nació el 7 de septiembre de 1984 en la ciudad de Tarija. Estudió en el Instituto Laredo de la ciudad de Cochabamba durante cinco años y salió bachiller del Colegio Internacional del Sur. Estudió Comunicación Social. Participó en comerciales para televisión y encarnó a Patricio en la película boliviana «Zona Sur».

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Juicio por masacre

La expresidenta y los suyos deben ser enjuiciados con apego a la Constitución y la ley.

Por La Razón

/ 29 de enero de 2023 / 01:11

A solicitud del Ministerio de Justicia, un juez cautelar de la ciudad de El Alto decidió incluir a la expresidenta provisoria Jeanine Áñez en el juicio ordinario por la masacre de Senkata. Esta decisión implica abandonar el camino de un juicio de responsabilidades originalmente planteado por el oficialismo y condicionado por la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

 Dos días después de su autoproclamación como presidenta del Estado, Áñez y su gabinete aprobaron el Decreto Supremo 4078, eximiendo de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participara en los operativos para “el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública”. Amparadas en ese decreto, fuerzas combinadas de militares y policías produjeron las masacres de Sacaba y Senkata, con más de 20 muertos por bala, incluidas ejecuciones sumarias, y decenas de heridos.

Con el retorno de un gobierno elegido democráticamente, en noviembre de 2020, se instaló la exigencia de verdad, justicia, reparación para las víctimas y garantía de no repetición por las masacres del régimen de Áñez. El primer impulso del oficialismo fue encausar un juicio de responsabilidades, previsto en la normativa para el procesamiento de la o el presidente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Había coincidencia, entonces, en que correspondía un juicio de privilegio.

En ese marco, siguiendo el procedimiento establecido por ley, se activaron a denuncia cinco proposiciones acusatorias contra la expresidenta, incluida una por las masacres. Tales requerimientos fueron remitidos a la Asamblea Legislativa, solicitando la autorización de juzgamiento. El proceso quedó paralizado debido a que las fuerzas de oposición (Comunidad Ciudadana y Creemos) condicionaron los necesarios dos tercios, lo cual, en los hechos, significó un veto a la vía del juicio de responsabilidades.

Sin guardar coherencia e ignorando la normativa, el Gobierno abandonó la alternativa de juicio de responsabilidades para Áñez y optó por su procesamiento en la Justicia Ordinaria. La premisa es que su autoproclamación como presidenta fue inconstitucional y, por tanto, se trató de un régimen de facto. Así, luego de la sentencia por el caso Golpe de Estado II y tras allanarse un proceso penal por el caso EBA, se planteó su inclusión en el juicio ordinario por la masacre de Senkata, como finalmente ocurrió.

Más allá de interpretaciones jurídicas y cálculos políticos sobre la constitucionalidad o no de un proceso ordinario contra Jeanine Áñez, lo cierto es que han transcurrido más de tres años desde que en noviembre de 2019 se produjeron dos masacres en su gobierno, ampliamente documentadas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La exigencia pronta se llama verdad y justicia. La expresidenta y los suyos deben ser enjuiciados con apego a la Constitución y la ley.

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Industria del litio

Bolivia está muy lejos de ser un actor relevante en el mercado del carbonato de litio y de baterías.

Por La Razón

/ 26 de enero de 2023 / 01:17

Con la firma, días atrás, de un contrato entre el Estado boliviano y un consorcio de origen chino, se ha iniciado formalmente la industrialización del litio en Bolivia. Tras casi una década de trabajos exploratorios y pruebas piloto, la estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) está en puertas de encarar negocios globales y de la mano de un gigante de la industria. El reto es enorme.

 Para nadie es desconocido que la industria del litio en el mundo ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años. Baste con decir, como ejemplo, que las ventas de carbonato de litio y cloruro de potasio (un subproducto) se han multiplicado por 20 en los últimos dos años, de ahí que en la gestión 2021, YLB obtuvo una ganancia de Bs 192 millones, que en 2022 llegó a los Bs 555 millones, muy por encima de la meta prevista, y que para 2023 se espera una ganancia de Bs 1.500 millones.

Se sabe que, gracias a las pruebas piloto desarrolladas para identificar la mejor manera de extraer el metal, Bolivia pudo exportar litio de una calidad de 98,5% de pureza, a los mercados de China, Rusia y Emiratos Árabes. También se exportó cloruro de potasio a Brasil, Chile, Perú, Malasia y Paraguay. La tecnología más apropiada para este propósito, han informado las autoridades, es la extracción directa de litio (EDL) y varias empresas compitieron durante 2022 para demostrar que eran las mejores.

Por eso es que, luego de un muy moroso proceso de selección, el Estado boliviano seleccionó al consorcio chino CATL BRUNP & CMOC (CBC) como el más calificado para extraer el litio y luego convertirlo en cátodos y baterías. La inversión inicial será de $us 1.000 millones en dos plantas industriales, cada una de las cuales tendrá la capacidad para producir hasta 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, al 99,5% de pureza. YLB será parte integral del proceso, en el marco de lo que el Presidente ha llamado “nuestro modelo de negocio, donde el Estado es el protagonista fundamental”.

Considerando que actualmente China consume alrededor del 70% del litio que se produce en el mundo, y que a su vez produce casi siete de cada 10 baterías que se fabrican, no debe extrañar, por un lado, que sus empresas luzcan como las más indicadas para desarrollar el negocio en Bolivia; y, por el otro, que hayan sonado alarmas en EEUU, donde la jefa del Comando Sur ha advertido que se trata de un asunto estratégico para ese país, donde crece la dependencia de los proveedores del metal blanco.

Pese a tener las mayores reservas de litio en el mundo (y con perspectivas de que incluso se dupliquen), Bolivia está muy lejos de ser un actor relevante en el mercado del carbonato de litio y de baterías. Demandará grandes esfuerzos, mucha preparación, pero sobre todo una gestión de excelencia, lograr no solo el despegue sino también el éxito de esta empresa. El futuro del país está en juego.

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Elecciones sin reforma

Las elecciones judiciales 2023 se realizarán en medio de la persistente crisis de la administración de justicia en el país.

Por La Razón

/ 22 de enero de 2023 / 01:58

Dados los tiempos y procedimientos establecidos en la legislación electoral, la nueva votación popular para la elección de altas autoridades judiciales en el país se realizará en el segundo semestre de este año. Iremos a las urnas, pues, sin reforma sustantiva del sistema de administración de justicia. Ello puede incidir en la ya poca legitimidad de estos comicios.

En su mensaje en ocasión de la inauguración del año electoral 2023, el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, sostuvo que una de las prioridades de la institucionalidad electoral en esta gestión es la administración de las elecciones judiciales. Para el efecto, señaló la necesidad de que la Asamblea Legislativa convoque hasta marzo a la fase de postulación y selección de postulantes, con lo que se iniciaría formalmente el proceso. Luego vendrá la convocatoria a la elección misma.

Esta temporalidad, que ya cuenta con la planificación y el presupuesto requeridos, implica dos cosas. La primera es que las elecciones judiciales 2023 se realizarán en medio de la persistente crisis de la administración de justicia en el país. Si bien desde el Órgano Ejecutivo y en diferentes instancias del propio sistema judicial se están impulsando algunos cambios relevantes, la sensación es que sigue pendiente una reforma profunda como resultado de un diagnóstico amplio y un gran acuerdo nacional.

La otra implicación es que las iniciativas para modificar la forma de elección de las altas autoridades judiciales, en caso de prosperar, llegarán tarde. En el mejor escenario, tendrán vigencia en la siguiente elección, a realizarse en 2029. Nos referimos a la iniciativa del grupo de juristas que alienta una reforma constitucional, para lo cual se iniciará pronto la recolección de firmas a fin de convocar un referéndum. Si cumplen el requisito, la consulta no evitará una elección ya convocada.

Más allá de las condiciones y plazos para las elecciones judiciales de octubre y, en su caso, un probable referéndum constitucional, ambos procesos estarán fuertemente condicionados por diferentes relatos sobre la situación de la justicia en el país. Es claro que los cuestionamientos de legitimidad, en especial desde la oposición, podrían articular una impugnación de los comicios. Y resulta inevitable que el debate público, hasta ahora inexistente o malogrado, esté centrado en la necesidad de reforma.

Es probable que una de las decisiones del cabildo convocado por la dirigencia cívica para el próximo miércoles, con centro en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sea fijar un posicionamiento sobre las elecciones judiciales. Ojalá sea para demandar un proceso transparente y meritocrático de selección de postulantes y votación popular, y no para boicotearlo. Ojalá sea para avanzar en una ruta pactada de reforma judicial y no para usar el tema como bandera para fines políticos o, peor, de impunidad.

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Cabildos

Se vienen tiempos de creciente conflictividad, con la consiguiente incertidumbre para el grueso de la población.

Por La Razón

/ 19 de enero de 2023 / 00:49

El lunes último, representantes de comités cívicos de las nueve ciudades capitales del país se reunieron en Santa Cruz y acordaron realizar sendos cabildos simultáneos el próximo 25 de enero, con la intención de tomar decisiones sobre “la ruptura del Estado de derecho”, en palabras del presidente del Comité pro Santa Cruz. El cabildo es reconocido en las leyes del país, pero con matices.

La Constitución Política del Estado reconoce en su artículo 11 que el cabildo es una forma de ejercicio de la democracia, pero aclarando que “las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley”; a su vez, la Ley 26, del Régimen Electoral, en su capítulo tercero norma esta forma de democracia directa, señalando que no puede tener carácter vinculante, que las autoridades deben prestar atención a las determinaciones que se asuman, e instruye al Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) hacer acompañamiento e informar sobre los resultados y la cantidad de asistentes.

De ahí que llama la atención que el cívico cruceño haya anunciado que no se convocará al Órgano Electoral, que sí participó en los dos cabildos de septiembre (además de otras seis reuniones anteriores, sin contar las realizadas por pueblos indígenas), pues para esa dirigencia no es confiable, como no son confiables en general las instituciones del Estado, al que quisieran destruir por completo, irónicamente, en nombre del “Estado de derecho”.

Es fácil imaginar que, de ocurrir, las reuniones masivas se realizarán con una agenda previamente pactada entre los dirigentes, que no se producirá deliberación alguna, pero sí aprobación por aclamación de las medidas que sean propuestas y que, luego, habrá movilizaciones y protestas en nombre de esa agenda. Lo que no es fácil de imaginar es la cantidad de personas que efectivamente asistirán de manera espontánea ni la adhesión que lograrán en lo posterior, las decisiones que se adopten.

Por lo pronto, representantes de Cochabamba, Chuquisaca y Oruro anunciaron que sus respectivos comités cívicos no participarán, excepto en Oruro, donde un comité cívico paralelo se prepara para movilizar gente en las calles. En los tres casos, el disenso se justifica en el hecho evidente de que se busca apenas transformar la situación jurídica del Gobernador de Santa Cruz, recluido en Chonchocoro mientras se investiga su participación en el golpe de 2019.

Se vienen tiempos de creciente conflictividad, con la consiguiente incertidumbre para el grueso de la población, que probablemente no entiende o no comparte los postulados de esas dirigencias que llenan sus discursos de palabras que nombran los valores democráticos mientras claramente los desdeñan en la práctica. Mientras tanto, las autoridades de Gobierno (que no son todo el Estado) parecen incapaces de encontrar salidas proactivas a los conflictos que se van produciendo y se limitan a reaccionar a cada estímulo, y no siempre del mejor modo posible.  

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Gobernador remoto

Por La Razón

/ 15 de enero de 2023 / 03:09

Se ha instalado un falso debate sobre la situación administrativa de la Gobernación de Santa Cruz. La detención preventiva del gobernador electo, Luis Fernando Camacho, en el ámbito del caso Golpe de Estado I, implica una ausencia que debe ser resuelta. ¿Se gobierna desde Chonchocoro o, en el otro extremo, se convoca a nueva elección? El Estatuto Autonómico es claro al respecto.

El gobernador es la primera autoridad política y máximo representante en el departamento: dirige la gobernación, pues, y la representa. ¿Qué pasa cuando hay una ausencia temporal de esta autoridad, como hoy en el caso de Camacho, detenido en principio por cuatro meses? El Estatuto de la Autonomía Departamental de Santa Cruz, vigente desde enero de 2018, es claro e inequívoco al respecto (artículo 25): “se produce la suplencia gubernamental, asumiendo el vicegobernador las funciones de gobernador”.

En lugar de optar de manera ordenada por la suplencia temporal en la Gobernación, se está forzando la figura de un gobernador remoto que ejerce el mandato desde la cárcel (a casi 900 kilómetros de distancia de Santa Cruz). En esa condición, Camacho firmó la semana pasada un decreto departamental y una resolución disponiendo el cambio de un secretario departamental y de ocho directores, y la ratificación del resto de su gabinete. Se trata, ciertamente, de una acción formal a fin de aparentar “normalidad”.

¿Por qué la dirigencia cruceña se empecina en mantener un gobernador remoto? ¿Cómo se explica que el propio Vicegobernador se niegue a asumir la suplencia gubernamental conforme manda el Estatuto Autonómico? Existe un fuerte componente simbólico y principista vinculado al posicionamiento de rechazo a la detención de la máxima autoridad departamental. Pero también hay una lectura errada del estatuto: confundir ausencia temporal con impedimento definitivo o, peor, pérdida de mandato. No es el caso.

En el otro extremo, el Gobierno nacional, a través del titular de Justicia, planteó diferentes opciones para resolver la “situación legal” de la Gobernación cruceña. Entre ellas está una acción de cumplimiento a fin de que se respete el Estatuto Autonómico en cuanto a la suplencia temporal del gobernador. El ministro Lima habló también de la posibilidad de un proceso penal e, incluso, de una nueva elección considerando que tanto el Gobernador como el Vicegobernador “han dejado a Santa Cruz sin dirección”.

Es evidente que no hay ninguna causal para que el gobernador Camacho, electo con mayoría absoluta de votos, sea sustituido en el cargo. No hubo renuncia ni sentencia condenatoria ejecutoriada ni revocatoria de mandato. Pero existe una situación de excepcionalidad por la detención preventiva del ciudadano Camacho en el ámbito de un proceso penal. Ninguna radicalidad o ceguera política puede ignorarlo. La gestión en la Gobernación no debiera paralizarse. Corresponde, por tanto, pronto, la suplencia temporal. La gestión en la Gobernación no debiera paralizarse. Corresponde, por tanto, pronto, la suplencia temporal.

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