La Revista

domingo 5 dic 2021 | Actualizado a 07:14

La ausencia de Krieger molesta a los fanáticos

El guitarrista y miembro fundador de The Doors no actuó en La Paz

Por La Razón

/ 18 de marzo de 2011 / 05:00

El guitarrista y fundador de The Doors no fue parte del concierto que la legendaria banda de rock dio el miércoles en el Teatro al Aire Libre de La Paz, hecho que molestó a los  fanáticos que fueron al recital.

«Me gustó mucho (el concierto), aunque me hubiera gustado ver a Krieger que en ningún momento estuvo. Fue reemplazado por quién sabe quién, sin ninguna explicación de los organizadores», reclamó Juan Carlos Montes, en un mensaje colgado en la edición digital de La Razón.

«Fue un buen show, buen sonido, buenos músicos, pero —al notar que solamente estaba Ray Manzarek y no Robby (Krieger) me sentí frustrado y estafado, es una irresponsabilidad de los organizadores», manifestó otro fanático. En efecto, Manzarek (tecladista) fue el único integrante original de la agrupación que llegó a la sede de gobierno.

Boris Illanes, de Arca Producciones —empresa que organizó el concierto con el apoyo de la compañía de telecomunicaciones Viva— argumentó que la producción de The Doors no les informó del cambio hasta que el grupo llegó al país, el día del evento.

«Estudiamos el contrato para ver si podíamos hacer algo, pero el documento les habilita el realizar estas sustituciones», dijo. Krieger, acotó, estaría internado en un hospital de Los Ángeles (Estados Unidos) por problemas renales.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Marcha fallida

El problema de la marcha indígena 2021 es que se distorsionó rápidamente y fue cooptada por la oposición.

Por La Razón

/ 5 de diciembre de 2021 / 01:13

Caminaron 37 días desde Trinidad hasta su arribo a Santa Cruz de la Sierra. Partieron sin decisión orgánica de sus entidades matrices y llegaron arropados por la oposición cruceña. Exigieron reunirse con los presidentes de los cuatro órganos del poder público, pero solo lograron conversar con el gobernador cruceño. Dos meses después, en soledad, retornaron a sus territorios.

La marcha indígena por “Territorio, identidad y cultura” recorrió más de 500 kilómetros, nada menos, desde que partió de la capital beniana. La razón de origen era la defensa de su territorio. En el camino los marchistas fueron ganando adeptos y definiendo sus demandas. Pocos días después de su arribo a la capital cruceña tenían un pliego petitorio de 15 puntos. La parte final del trayecto, y sobre todo su llegada a Santa Cruz, tuvo muchos reflectores mediáticos y algunos padrinos políticos.

Al igual que anteriores marchas indígenas, algunas fundacionales como la “Marcha por la Dignidad y el Territorio” de 1990, la reciente marcha de pueblos indígenas de tierras bajas se asumió como un mecanismo pacífico para hacerse visibles ante los poderes públicos, en especial el gobierno central, y exigir su reconocimiento como sujetos, la defensa de sus territorios, el respeto de sus derechos colectivos. En el actual contexto, de algún modo se trató de una interpelación al Estado Plurinacional.

Más allá de que esta marcha no haya respondido a un mandato orgánico e implique una división de las organizaciones indígenas, los temas que finalmente fueron planteados como pliego expresan una larga acumulación de demandas. Así, están cuestiones recurrentes como tierra y territorio, otras estructurales como la representación directa y el proceso de autogobierno indígena, algunas de carácter normativo y financiero, y otras más bien específicas vinculadas a la provisión de servicios. Hay de todo.

El problema de la marcha indígena 2021 es que se distorsionó rápidamente y fue cooptada por la oposición cívica y política en su disputa contra el oficialismo. En poco tiempo, los marchistas fueron declarados “nuestros indígenas” (sic) por quienes suelen ignorarlos o despreciarlos. El gran recibimiento de la marcha en Santa Cruz, por supuesto, fue instrumental. Había que sumar demandas y conflictos contra el Gobierno. Cuando ya no hicieron falta, volvieron al olvido, como sus demandas legítimas.

El otro error de los marchistas fue su maximalismo. De entrada, exigieron reunirse con el presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca y los presidentes de los órganos Judicial y Electoral. Eran ellos o nada. Así, rechazaron la comisión designada por el Gobierno para negociar sus demandas, que finalmente se canalizaron parcialmente por fuera del “Parlamento de Naciones Indígenas”. Sin diálogo, la marcha tuvo que replegarse. Es lamentable que, más allá de su valor testimonial, haya sido una marcha fallida.

Comparte y opina:

Definiciones chilenas

Los votantes tienen una tarea muy difícil que podría definir escenarios desafiantes y de gran complejidad.

Por La Razón

/ 4 de diciembre de 2021 / 00:37

Chile está viviendo un momento histórico excepcional. En 15 días tendrá que elegir presidente entre dos candidatos con proyectos políticos muy distantes. Será una decisión trascendental que definirá las posibilidades de gobernabilidad del próximo gobierno de esa nación y las condiciones en que podría completarse el inédito proceso de redacción y aprobación de una nueva Constitución.

El hermano país transandino está embarcado en una intensa campaña que concluirá en la segunda vuelta de la elección presidencial el domingo 19 de diciembre. Los candidatos a la primera magistratura son Gabriel Boric, representante de una amplia coalición de fuerzas de izquierda y progresistas, y José Antonio Kast, dirigente de un partido con propuestas que algunos califican de extrema derecha, el cual está apoyado coyunturalmente por todas las fuerzas tradicionales de centroderecha que se quedaron sin representante después de la primera vuelta.

La calificación de Kast a la ronda final de esos comicios ha sido una sorpresa y ha mostrado la habilidad de ese personaje para responder con ideas extremas e incluso autoritarias a las preocupaciones de muchos chilenos frente a la inmigración, la delincuencia y la demanda de orden en un momento con mucha inestabilidad y conflictividad social.

Preocupa que detrás de esa candidatura se alineen voces y propuestas contrarias a las transformaciones que se está impulsando en la Asamblea Constituyente, actualmente en pleno trabajo de redacción de una nueva carta magna que supere la que fue impuesta por el régimen militar, y con posturas que afectan los derechos de las mujeres y las minorías. La gobernabilidad y estabilidad del país podrían ser muy complicadas en un escenario de coexistencia de visiones tan contrapuestas en dos espacios centrales del entramado institucional actual de ese país.

El otro candidato tampoco enfrenta un escenario menos complejo. Boric deberá despejar las dudas sobre su experiencia de gobierno y sobre todo acerca de su capacidad de manejar la economía, manteniendo el crecimiento y ampliando, al mismo tiempo, derechos sociales. Tareas complejas, aún más considerando que contará con mayorías muy exiguas e inestables en el Congreso para llevarlas a buen puerto. Eso, además, de la notoria desconfianza de gran parte de la élite empresarial frente a un gobierno de izquierda compuesto por dirigentes jóvenes y con escasos vínculos con los poderes fácticos.

Los votantes tienen una tarea muy difícil que podría definir escenarios desafiantes y de gran complejidad para la nación vecina. Por la importancia que tiene Chile para nuestro país y por la simpatía que siempre tendremos por el valeroso y trabajador pueblo chileno, se esperaría que al final se elija la opción más coherente con un cambio positivo para las mayorías y que fortalezca la democracia y la integración regional.

Comparte y opina:

Cultivar el diálogo

La principal preocupación de las y los alcaldes era conocer de dónde provienen los $us 33.197 millones.

Por La Razón

/ 3 de diciembre de 2021 / 01:12

El martes último, autoridades de gobierno, encabezadas por el Viceministro de Autonomías, se reunieron con alcaldes de los nueve gobiernos municipales de capitales de departamento, más El Alto, y acordaron formar tres mesas de trabajo para discutir y avanzar en la ejecución de la Ley 1407, del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. El diálogo se ve como el mejor camino.

Al parecer, fue a instancias de las y los 10 alcaldes de las principales ciudades del país que el Gobierno nacional se avino al diálogo el 22 de noviembre, cuando estas autoridades se desmarcaron de la corriente impulsada por el comité cívico cruceño y seguida por los partidos Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos en la Asamblea Legislativa a través de sendos recursos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, los unos observando la supuesta inconstitucionalidad de la norma, los otros hablando de “anticonstitucionalidad”.

El resultado de la reunión fue el acuerdo de establecer tres mesas de trabajo: salud, reactivación económica y lucha contra el contrabando; pero además se obtuvo el reconocimiento de parte de las autoridades municipales de que la ley no vulnera las autonomías, idea que el burgomaestre de Santa Cruz de la Sierra sintetizó diciendo que “hemos coincidido en que se va a respetar las autonomías”, mientras que el Alcalde de La Paz señaló en su Twitter estar contento “porque hemos generado confianza y buena política que anteponen el beneficio colectivo, el bien común”.

En rigor, la principal preocupación de las y los jefes de gobiernos locales era conocer de dónde provienen los $us 33.197 millones anunciados en el anexo de la norma y que se espera sean invertidos en los próximos cuatro años, pues ya se había identificado que, como señaló el director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) en entrevista con La Razón Radio, los argumentos de CC son “falsos” y que buscan confundir a la población.

A pesar de este acuerdo, que había sido precedido por la decisión de las universidades autónomas del país de no participar en las protestas y movilizaciones, ayer, representantes de CC y Creemos anunciaron que mantienen su demanda de abrogar la norma, brindando una lectura forzada del artículo 317 de la Constitución Política del Estado e ignorando lo dispuesto en los artículos 298, que establece como competencia privativa del nivel central del Estado la “política económica y planificación nacional”, 300 y 302, donde se señala que el desarrollo departamental y municipal deben ser planificados “en concordancia con la planificación nacional”.

Queda, pues, la evidencia de que, por un lado, los partidos opositores en la Asamblea Legislativa han adoptado una estrategia ciega y sorda destinada a impedir el debate democrático; pero, por el otro, que es posible establecer bases para construir un diálogo orientado a solucionar demandas y necesidades de la población antes que apetitos personales o de clase de unos pocos dirigentes dispuestos a dañar la democracia antes que reconocer la autoridad del Gobierno.

Comparte y opina:

Fuerza de la multitud

La fuerza de la multitud debe ser convertida en fuerza para gestionar la agenda política.

Por La Razón

/ 1 de diciembre de 2021 / 02:17

La llegada a La Paz, el lunes, de la marcha que siete días antes había comenzado en Caracollo, encabezada por el expresidente Evo Morales, fue una demostración de potencia traducida en la imagen de una multitud ideológicamente compacta. El evento responde sin embargo a un estilo de política que se ceba en la distinción y puede ser contraproducente para el debate democrático.

La llegada de la columna, que en su tramo final se calcula que reunía a 50.000 personas, y el acto de masas que, según los dirigentes, convocó a un millón o más adherentes fue a la vez reafirmación de la potencia popular que constituye la base del Movimiento Al Socialismo (MAS), capaz de movilizarse de manera orgánica y militante, espaldarazo para el presidente Luis Arce y reafirmación del liderazgo de Morales.

Para el Presidente la presencia de la multitud fue un claro mensaje de respaldo, que permitió al mandatario insistir en la idea de un riesgo para la democracia detrás de los discursos y los actos opositores. Si según el portavoz presidencial el evento relegitima al Gobierno, entonces también debería ser interpretado como un mandato de traducir ese respaldo callejero en fuerza política para no solo vencer, sino también convencer.

Para el expresidente, el multitudinario evento fue una poderosa reafirmación de su liderazgo. Allí donde muchas voces mencionaban quiebres en la heterogénea composición del Instrumento Para la Soberanía de los Pueblos, la voz de Morales se muestra como la única capaz de superar cualquier diferencia. Cabe preguntarse sobre el costo político de esas adhesiones en el corto y el mediano plazo.

Para al menos cinco dirigentes del Pacto de Unidad, el acto fue escenario para emitir un mensaje a la oposición afincada en Santa Cruz, incluyendo la amenaza de nacionalización de empresas cruceñas, proferida por el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, el mismo que en noviembre de 2019 se sumó a la sugerencia de los militares al entonces presidente de presentar renuncia. Para estos dirigentes, en parte, el éxito está en demostrar quién tiene la más grande convocatoria.

Si un acto de multitudes como el del lunes es un gesto hacia las minorías que reclaman sus derechos sin observar los de las mayorías, la reacción opositora fue previsible: desde titulares deplorables en medios de comunicación hasta pronunciamientos de líderes políticos descalificando la marcha: “de la división”, según Comunidad Ciudadana; para “demostrar odio hacia Santa Cruz”, según Tuto Quiroga; “maniobra” evista, según el Gobernador de Santa Cruz; “afrenta contra los cruceños, nacidos y no nacidos en esta tierra”, según el comité cívico cruceño.

Queda sin embargo la sensación de que no basta con las manifestaciones de fuerza, que son fácilmente interpretadas como amenaza, dando pie a una reacción elemental. La fuerza de la multitud debe ser convertida en fuerza para gestionar la agenda política y construir consensos que sirvan además para impedir nuevas aventuras inconstitucionales.

Comparte y opina:

Nueva evidencia de abusos

El Comité no solo prestó atención a los más evidentes aspectos de los excesos del gobierno transitorio.

Por La Razón

/ 29 de noviembre de 2021 / 01:34

Días atrás se realizó en Ginebra, Suiza, en la sede de la Organización de Naciones Unidas, una sesión del Comité Contra la Tortura en la que se presentó el informe de su Relator con relación a los sucesos de octubre y noviembre de 2019. Previsiblemente, el informe, imparcial y autónomo, arrojó más evidencia de los excesos cometidos luego de la caída de Evo Morales.

En la sesión del CAT (sigla del órgano en inglés), el Relator nombró tanto el informe de la Defensoría del Pueblo como el de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, ambos con abundante evidencia de los asesinatos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en Sacaba y Senkata, además del caso “de 28 personas arrestadas en El Alto, que fueron sometidas a torturas y otras formas de malos tratos, incluyendo amenazas de muerte, electrocuciones, asfixias con bolsas de plástico, golpes con culatas de armas, privación de alimentos y agua, abusos sexuales y simulaciones de ejecuciones”.

El Comité no solo prestó atención a los más evidentes aspectos de los excesos del gobierno transitorio, sino también llamó la atención sobre lo que calificó como “comportamiento errático y partidista de la Policía”, señalando desde el hecho que hubieran arrancado de sus uniformes la wiphala, en uno de tantos actos de racismo documentados por el Comité, hasta el haber permitido la actuación de grupos “paraestatales” opositores al entonces presidente constitucional.

También relieva el hecho de que, luego de la renuncia de Morales, “la persecución judicial ha sido tendenciosa con un carácter político” y que se hizo uso de “cargos de sedición, terrorismo y violaciones de sus obligaciones”, tipos penales que han sido también puestos en cuestión por el órgano especializado en la investigación de torturas y tratos inhumanos, crueles o degradantes. De ahí que también cuestione el uso de idénticos argumentos para detener y juzgar a la presidenta interina y parte de su gabinete de ministros.

Finalmente, en su informe el Relator del CAT subrayó el hecho de que “la instrumentalización política del sistema de justicia vulneró su independencia. La injerencia política se tradujo en procesos abusivos en el uso de imputaciones infundadas o desproporcionadas en detenciones arbitrarias de líderes políticos”, a nadie sorprendió en Bolivia que los operadores mediáticos del golpe hubieran publicado únicamente este aspecto del informe, y usándolo a favor de la presidenta interina.

Se trata, pues, de nueva evidencia que recuerda a la población y a los gobernantes que lo sucedido en octubre y noviembre de 2019 no solo fue un asalto a los derechos y garantías constitucionales a las personas opuestas al modo en que se derrocó a un presidente constitucional, sino también de que la enfermedad del Órgano Judicial que entonces posibilitó las persecuciones políticas sigue presente en el país, demandando ajustes en la norma penal y en el comportamiento de las y los administradores de justicia.

Comparte y opina: