La Revista

lunes 25 oct 2021 | Actualizado a 17:06

Dos comerciantes en carne son los prestes mayores

Él tiene 41 años y ella 35. Son los más jóvenes pasantes del último tiempo

Fabiola Guitiérrez y Richard Carvajal en el santuario de Chijini Bajo.

Por La Razón

/ 5 de junio de 2011 / 05:00

Él tiene 41 años y ella 35. Son los más jóvenes pasantes del último tiempo

 Nunca hay que pensar en la plata que se necesita para el Gran Poder. Eso se da. Además, es el mismo Señor el que se organiza solito la fiesta», comenta Richard Carvajal, el preste mayor de la entrada que se realizará el sábado 18.

A Carvajal no le interesa hablar de dinero. Es más, explica que cuando necesita ayuda económica no acude a ninguna persona: él asiste al santuario del Señor del Gran Poder y se pone a orar. «Venimos con mi esposa y le decimos falta estito, falta para comprarnos el trajecito y le pedimos que nos ayude porque es para su fiesta».

Desde que empezó a bailar para el «Tata», hace nueve años, él siempe quizo que se le haga el milagro de organizar la fiesta del Gran Poder, como preste mayor. «Ahora siento que es un milagro el que se me haya nominado».

Es que, según explica, su vida está repleta con las bendiciones del Señor del Gran Poder y quiere hacer una fiesta como el Patrono de su devoción se merece. «Nos ha ido bien como familia, por ejemplo, nunca hemos pensado en tener una casa en Achumani y ahora vivimos allí», explica Fabiola Gutiérrez de Carvajal.

Además de la ayuda celestial, que afirman haber recibido los prestes, ambos son «comerciantes minoristas en el rubro de la carnicería». Tienen hijos a quienes también les inculcan la fe católica.

«A nivel salud», explica Carvajal, el Señor del Gran Poder también les ha ayudado a seguir adelante porque cuando tienen alguna dolencia ellos van hasta el santuario y a plan de rezos y de un buen médico curan sus heridas.

Los dos fueron fundadores de la Morenada Señorial Illimani y, también, pasaron el preste de su fraternidad. Confiesan que son amantes del folklore nacional y que antes también bailaron caporales, tobas y y kullawada.

Según datos de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder ambos son los pasantes más jóvenes del último tiempo. Él tiene 41 años (cumplidos hace cinco días) y ella 35.

Ella comenta que estuvieron esperando esta nominación durante años y ahora están felices y nerviosos por los días que se avecinan. «Uno es preste mayor una sola vez, es algo increíble y tiene que ser inolvidable». El primer regalo que la pareja le dio al «Tata» es la composición de dos temas musicales en ritmo de morenada.

Ser los prestes mayores les cambió la vida porque deben recordarlo a diario y ultimar los detalles de la fiesta, las misas e incluso la ropa del «Tata».

Por ejemplo, Gutiérrez encargó la confección de la manta del Señor hace dos meses y le hace un seguimiento casi diario a la prenda. Tampoco quieren hablar de los costos del vestuario porque, dicen, «es un orgullo ser preste».

Dos nuevos grupos en la entrada
Dos grupos se estrenarán en la entrada del Gran Poder que se realizará el sábado 18 de junio. Son la morenada Majestad Bolivia y los tobas Agüije. En total, son 63 agrupaciones que participarán del festejo. El sábado 11 de junio se realizará el convite.

Mayor afluencia en el santuario

Faltan 13 días para la entrada folklórica del Señor del Gran Poder y con el paso de los días crece el número de visitantes al santuario, ubicado en la calle Antonio Gallardo de la ciudad de La Paz.

Según datos de Federico Mendoza, uno de los custodios del Señor del Gran Poder, los últimos días aumentó la cantidad de fieles que llegan hasta el sitio. «Vienen de todos lados, desde los cargadores hasta gente importante. Vienen, rezan un rato y después se van».

El santuario, según Mercedes Pérez Espejo, portera y vendedora de velas, está abierto siete días a la semana. «Por lo general, la gente viene los lunes para rendir culto a los difuntos. Los martes, miércoles y viernes la gente lo visita, se amarga y le piden al Señor que les ayude con su problemas».

La entrada al templo está abierta de 08.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.00, de lunes a viernes; los sábados hasta las 13.00 porque por las tardes se hace la limpieza del lugar. Los domingos el sitio está disponible para los fieles desde las 06.30 hasta la noche.

Durante dos horas, del jueves de la semana pasada, La Razón estuvo presente en el santuario y hubo 18 visitas: 15 eran hombres y había tres mujeres.

Algo similar sucede con los Custodios del santuario, la mayoría son varones.

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Cibercrimen

Es evidente que urge mayor educación en el uso de las nuevas tecnologías.

Por La Razón

/ 25 de octubre de 2021 / 02:04

Software malicioso, secuestro de datos a cambio de un rescate y toda clase de piratería, incluyendo métodos fraudulentos para robar datos financieros, así como la explotación y el abuso sexual infantil, entre muchos otros, son todos delitos que ocurren en el ámbito cibernético. El desarrollo de políticas públicas para lidiar con ellos es un tema pendiente para el Estado boliviano.

El escándalo desatado la semana pasada cuando se conoció que varios clientes de un banco nacional habían perdido cientos de miles de bolivianos en operaciones fraudulentas se ha convertido en la mejor evidencia de que urge dar pasos acelerados para mejorar la ciberseguridad en Bolivia, incluyendo las medidas para contener la multiplicación de casos y asegurar el debido castigo a quienes emplean la tecnología de telecomunicaciones para cometer delitos y crímenes.

Según un abogado especialista en la materia consultado por este diario, en Bolivia solo existen dos tipos penales relacionados con los delitos cibernéticos: la manipulación informática, con penas de hasta cinco años de cárcel y la alteración, acceso y uso indebido de datos, cuya sanción es la prestación de servicios sociales por hasta un año; las múltiples formas de estafa a través de medios digitales no existen para el sistema penal.

Desde el punto de vista de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es importante fortalecer las capacidades de los países para luchar contra los ciberdelitos, desarrollando la cooperación internacional, el diálogo entre gobiernos y con Naciones Unidas, además de involucrar a otras organizaciones internacionales y regionales, además de Interpol y otras organizaciones, incluyendo a las empresas y la sociedad civil.

Desde el punto de vista de las y los usuarios de servicios comerciales y financieros a través de las redes cibernéticas, es evidente que urge mayor educación en el uso de las nuevas tecnologías, que sin duda han ampliado exponencialmente la cantidad de operaciones posibles incluso desde el teléfono móvil, pero también se vuelven vulnerables en manos de quienes no conocen lo suficiente acerca de las medidas de seguridad necesarias, es decir la mayor parte de la población.

Un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado ‘Ciberseguridad 2020’ ha evidenciado que en el país ni el Gobierno ni los usuarios han demostrado tener conciencia de la necesidad de más y mejor seguridad; el rezago detectado en 2016 se repitió en 2020; coincidentemente, son apenas cuatro de cada 10 las personas que confían en el Internet, el gobierno electrónico y el comercio en-línea.

Urge, pues, prestar más atención al desarrollo tecnológico y actualizar los instrumentos necesarios para controlar que la vida digital no se convierta en un infierno para quienes, carentes de información suficiente, o no se atreven a disfrutar de las ventajas tecnológicas o se arriesgan a ser víctimas de avezados criminales escondidos en algún punto de la red de redes.

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‘Caso cerrado’

Diversos estudios posteriores ponen en cuestión la consistencia técnica del polémico reporte.

Por La Razón

/ 24 de octubre de 2021 / 00:52

Por distintos motivos y con diferentes efectos, tanto el Ministerio Público del país como la OEA de Almagro han dado por cerradas las investigaciones sobre las elecciones de octubre de 2019. Casi dos años después, la Fiscalía no encontró indicios de delitos electorales, en tanto que una secretaría de la OEA asegura que el proceso electoral “es imposible de reconstruir”.

Más allá del uso instrumental de la cuestión en el marco de la renovada disputa sobre los hechos del año 2019, el supuesto “fraude” se mantiene con vigor y distorsiones en la agenda pública y mediática. No parece, por tanto, un “caso cerrado”. Lo es formalmente en la Justicia boliviana, que ante la ausencia de elementos de prueba dictó el sobreseimiento de todos los exvocales electorales. Pero está lejos de serlo en el debate político y respecto al cuestionado papel de Almagro y sus operadores.

Pese al tiempo transcurrido desde las elecciones 2019, actores del oficialismo y de la oposición continúan empeñados en atizar la contienda en torno a dicho proceso. Debe recordarse que como efecto de la coyuntura crítica poselectoral, que derivó en el derrocamiento del expresidente Morales y la autoproclamación de un régimen provisorio, un acuerdo político dejó los comicios “sin efecto legal” (la anulación de elecciones no existe en nuestro ordenamiento jurídico). Pero los relatos continúan.

Como sea, la divergencia más profunda tiene que ver con el cada vez más opaco desempeño del secretario de Fortalecimiento Democrático de la OEA, Francisco Guerrero. Este señor fue el operador de Almagro en la Misión de Observación Electoral que un día después de las elecciones, sin esperar resultados oficiales, asentó la falacia del “cambio drástico en la tendencia de los resultados preliminares”, nunca probada en el cómputo, y anunció recomendaciones “de cara a una segunda vuelta” (sic).

Esa suerte de sentencia previa, que de entrada descalificó el proceso electoral y sus resultados, se expresó en el “Análisis de Integridad Electoral” realizado por el equipo de Almagro, que acorde al curso de la crisis política terminó planteando no segunda vuelta, sino nuevas elecciones. Diversos estudios posteriores ponen en cuestión la consistencia técnica del polémico reporte de la OEA, suscrito por dos observadoras de la Unión Europea y exhibido como “prueba del fraude” por la oposición boliviana.

A estas alturas, parece improbable reconstruir de manera terminante e inequívoca el proceso electoral (los recuentos oficiales de actas no valen). Lo incuestionable hoy son los comicios 2020 (con abultada victoria del MAS-IPSP, incluidas las 226 mesas que a los “auditores” de la OEA les parecieron raras en 2019). Igual, por razones democráticas es fundamental esclarecer el papel de Almagro y los suyos en esta historia. Le hará bien a la OEA y su cada vez más residual “dignidad institucional”. 

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Confianza en los bancos

La respuesta de las autoridades y de los propios bancos debe ser rápida y contundente.

Por La Razón

/ 23 de octubre de 2021 / 01:23

La confianza en el sistema financiero es uno de los pilares de la estabilidad económica. Preocupa que personas inescrupulosas se estén dedicando a erosionarla manipulando eventos dolosos que habrían afectado a algunas entidades bancarias. La respuesta de las autoridades y de los propios bancos debe ser rápida y contundente, despejando las dudas y asegurando que los afectados serán atendidos.

En estas semanas han aparecido denuncias y rumores que se refieren a supuestos desfalcos de cuentas de clientes de algunos bancos del sistema. Obviamente eso ha generado preocupación y alarma en muchos ciudadanos. Las autoridades del sector han informado que se habrían producido ciertos eventos producto de “hackeos” de dispositivos móviles que los usuarios utilizan para acceder a sus cuentas, pero también han descartado que se trate de una vulneración grave de los sistemas informáticos de las entidades afectadas. La investigación estaría en curso.

Como muchos rumores dañinos, su origen es un hecho que se ha producido, pero que luego es magnificado y manipulado para afectar negativamente la reputación de bancos o de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi).

Este tipo de acciones son reprochables y muy peligrosas porque la solidez del sistema financiero se basa en la confianza de los depositantes de que sus recursos están bien resguardados. Cuando se generan sentimientos de inseguridad o de duda sobre este aspecto, se pueden inducir comportamientos apresurados que si se masifican podrían impactar gravemente en todo el sistema. En pocas palabras, se está jugando con fuego.

Justamente porque no es una cuestión menor y por sus riesgos para la economía, se precisa de una acción enérgica y oportuna de los responsables de las entidades afectadas y de las autoridades gubernamentales. En primer lugar, esclareciendo las situaciones y aportando información clara y certera sobre el número de eventos, su dimensión y las razones de su ocurrencia. La transparencia es un instrumento central en estos casos.

Por otra parte, se esperaría una actitud eficaz y rápida de las entidades involucradas para tranquilizar a sus clientes, prestarles toda la información que requieren y apoyar a los que podrían haber sido afectados. En un mundo en el que las percepciones son vitales para incidir en las actitudes y comportamientos, no se puede dejar las cosas al azar, hay que reforzar la sensación de escucha, protección y atención de los usuarios del sistema financiero.

Finalmente, estos eventos deberían servir también para que los medios de comunicación y todos los ciudadanos reflexionemos sobre la prudencia que se debe guardar al compartir ciertos datos en redes y otros canales de información. Sería deplorable que las inquinas políticas irracionales produzcan daños que toda la sociedad va a lamentar.

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Legitimación de ganancias

Para el Gobierno se trata de una movilización con intenciones sediciosas, los movilizados afirman lo contrario.

Por La Razón

/ 22 de octubre de 2021 / 01:36

Notablemente disminuida en comparación con el paro cívico de la semana pasada, ayer comenzó la segunda ronda de movilizaciones contra la normativa que establece el marco legal para combatir la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento de actividades terroristas. Para el Gobierno se trata de una movilización con intenciones sediciosas, los movilizados afirman lo contrario.

El balance del primer día de paro se resume en que Potosí cumple con la medida de presión y los gremiales, divididos y mermados en número, marcharon en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, El Alto y Tarija; en casi todas las ciudades la Policía evitó bloqueos, y no se tienen noticias de mayores enfrentamientos. También destaca el firme apoyo del Comité pro Santa Cruz a los movilizados, pero claramente sin disponer sus recursos en público, como cuando convoca a la población a movilizarse.

Por su parte, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) ofreció una interpretación extrema del contenido de la Ley 1368 y de su anexo, afirmando que la norma, promulgada el 28 de julio último, daría poco menos que poderes absolutos a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para perseguir penalmente a cualquier ciudadano. Irónicamente, ese extremo se produjo en la gestión del ministro de Gobierno transitorio en 2020, y no hizo falta la existencia de la ley que hoy se rechaza para perpetrar el abuso.

El presidente de los cívicos cruceños salió nuevamente por sus fueros afirmando que no se trata de una actividad “política”, denotando su falta de capacidad para comprender el concepto; al frente, autoridades de gobierno afirmaron nuevamente que se trata de actividades “golpistas”. En la Asamblea Legislativa Plurinacional varios asambleístas llamaron al diálogo entre las partes, incluso uno de ellos mediante carta remitida al Presidente. Cabe preguntarse, sin embargo, si aún realizándose una negociación con los hoy movilizados, las autoridades estarán con su verdadero interlocutor.

Es evidente que la ley y su anexo nombran al sector gremialista, pero es necesario distinguir al comerciante que se gana la vida mediante su trabajo, asalariado o no, como vendedor de bienes de aquel que importa, en ocasiones de contrabando, esos bienes, y que a diferencia del primero, que subsiste como buenamente puede, goza de gran fortuna y la ostenta, por ejemplo en fiestas o en palacetes de sofisticada arquitectura.

El Gobierno falla ostensiblemente en su necesidad de instalar no solo una idea o un conjunto de ideas en el debate público que faciliten la gobernabilidad, sino también un espacio de diálogo donde proponer iniciativas y buscar consensos con los actores relevantes de la oposición, que han logrado apropiarse de una parte del debate público obteniendo apenas respuestas reactivas por parte del oficialismo, que o todavía cree tener la hegemonía en los sectores populares o no sabe cómo remediar la paulatina pérdida de ésta.

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Un año después

Las y los bolivianos debemos reafirmar que las urnas son la fuente de legitimidad de las autoridades y representantes en todos los niveles.

Por La Razón

/ 20 de octubre de 2021 / 02:11

Hace un año, contra todo pronóstico, el binomio presidencial del MAS-IPSP ganó las elecciones generales con mayoría absoluta de votos. El contundente resultado (55%, 26 puntos más que el segundo) impidió que prosperara nuevamente la narrativa del “fraude”. Luego de un oscuro régimen provisorio, se retomó así la conformación del gobierno con la legitimidad de las urnas.

Los comicios de octubre de 2020 fueron la salida pacífica y democrática a la crisis políticoinstitucional de fines de 2019, producida tras las fallidas elecciones de ese año y el posterior derrocamiento del expresidente Morales. Convocados originalmente para mayo y postergados tres veces, se realizaron en un contexto de crisis múltiple, polarización y pandemia. Una vez más, la alta participación ciudadana en una jornada electoral sin incidentes demostró la fortaleza de los votos para elegir y decidir.

Para el MAS-IPSP, la victoria de Luis Arce y David Choquehuanca (que por primera vez desde 2005 sustituyó al binomio ganador Morales/ García Linera) tiene un sentido no solo electoral, sino en especial de recuperación de la democracia. La premisa es que, en noviembre de 2019, con la autoproclamación de la senadora Áñez como presidenta, se produjo una ruptura del orden constitucional y democrático. Por supuesto la oposición asegura más bien que en 2019 cayó el régimen autoritario y prorrogativo de Evo.

Más allá de la persistente disputa de narrativas sobre la crisis de octubre y noviembre de 2019, lo cierto es que la democracia boliviana y su renovada institucionalidad electoral permitieron concurrir libremente a las urnas hace un año y decidir mediante el voto (no las botas, no el quiebre, no las masacres) la conformación de los órganos Ejecutivo y Legislativo. Claro que no faltaron grupos antidemocráticos que pretendieron desconocer la voluntad ciudadana con el pedido de “junta militar”.

Hace poco, Bolivia celebró 39 años desde que, en octubre de 1982, con el gobierno de la Unidad Democrática y Popular, transitamos a la democracia. Durante este período hubo coyunturas críticas, que derivaron en salidas políticas como el acortamiento de mandato del presidente Siles Zuazo (1985), las sucesiones constitucionales tras las renuncias de Sánchez de Lozada (2003) y Carlos Mesa (2005), y la mencionada autoproclamación, declarada inconstitucional por el TCP, de Jeanine Áñez (2019).

Un año después de los comicios generales de 2020, las y los bolivianos debemos reafirmar sin condiciones que las urnas son la fuente de legitimidad de las autoridades y representantes en todos los niveles territoriales del Estado. Esa legitimidad de origen no necesariamente garantiza la legitimidad de ejercicio. Es importante asumir que la elección democrática es una condición necesaria, pero no suficiente: también hay que gobernar democráticamente, con deliberación pública y amplia participación ciudadana.

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