La Iglesia se ha constituido en parte querellante por el robo de las joyas de la Virgen de Copacabana, según un comunicado leído ayer por el provincial de la Orden de los Franciscanos, Aurelio Pezoa. No obstante, los sacerdotes criticaron las primeras acciones de la Fiscalía.
“La Diócesis de El Alto se constituyó en parte denunciante y querellante, junto al Ministerio Público, para contribuir a establecer la veracidad de los hechos”, se lee en el texto que leyó el sacerdote franciscano en una rueda de prensa a la que acudió Giovanni Arana, secretario para la Pastoral de la Conferencia Episcopal (CEB).
La madrugada del lunes 22 de abril, las principales joyas de la Virgen fueron robadas del santuario de Copacabana, que está bajo el cuidado de sacerdotes y religiosos franciscanos. Tras el hecho, la Fiscalía decidió imputar por los delitos de robo agravado y asociación delictuosa a los padres René Vargas y Elvio Frías, además del monje eslovaco Juraj Vakberti, porque halló contradicciones en sus respectivas declaraciones.
“Denunciamos un estado de inseguridad jurídica que atropella los derechos fundamentales de las personas, dando la impresión de que la administración de la justicia en el país no actúa de manera objetiva e imparcial”, declaró Pezoa, quien estuvo junto a Cristiana Rodríguez, la abogada defensora de los curas investigados.
El provincial aseguró que su orden colaboró con la investigación desde el mismo momento del hurto. Afirmó que fueron 19 las piezas robadas a la Virgen, una cifra que no coincide con las 28 que identificaron los especialistas de la Unidad de Patrimonio del Ministerio de Culturas, que hizo el levantamiento de la información.
En todo caso, Pezoa destacó el papel de los franciscanos en Copacabana. “Gracias a esa presencia se han producido y conservado excelentes obras de arte que enriquecen el patrimonio cultural y religioso de nuestro país”, remarcó el sacerdote.
En Copacabana la investigación es seguida de cerca por la población, parte de la cual manifestó su malestar por el fallo del juez Juan Arroyo, quien el viernes decretó que los imputados, con excepción de Vakberti (detención domiciliaria), se defiendan en libertad. Las indagaciones deben durar seis meses.
“Queremos poner al tanto a la gente de lo que se avanzó en las pesquisas”, dijo ayer el presidente del Concejo Municipal de Copacabana, Fernando Rojas, quien fue parte de una asamblea ciudadana en la que abordó esta problemática.
Claves del hecho del 22 de abril
22 de abril
Ese día se detectó el robo de 28 piezas de metales preciosos que se encontraban en la urna y altares de Copacabana.
24 de abril
Se aprehende a René Vargas, Elvio Frías, Juraj Vakberti, Lázaro Pomacusi, Manuel Maldonado y Eulogio Laime. El presidente Evo Morales acusa a los obispos.
25 de abril
Tras seis horas de audiencia, el juez Arroyo resuelve que los imputados tendrán libertad provisional. Se forma una turba.