Entre cinco y diez sitios arqueológicos se pierden cada año en Bolivia, según cálculos efectuados en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), mientras aún se debaten proyectos normativos específicos para la preservación de estos yacimientos.

Bolivia es un país rico en vetas arqueológicas. De acuerdo con la directora del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la UMSA, Claudia Vincenty, existe un registro de 3.200 sitios, una cifra pequeña frente al potencial inexplorado que tiene el territorio nacional y que corre el riesgo de desaparecer.

“Hay una falencia legislativa en lo que se refiere al cuidado de nuestro patrimonio, especialmente el arqueológico. No existe ningún nivel de gobierno —ya sea municipal, departamental o estatal— que tome medidas al respecto”, lamentó Karina Aranda Álvarez, del Comité de Patrimonio de la Sociedad de Arqueología de La Paz (SALP). Explicó que, hasta el momento, “no hay ninguna norma que defina claramente la responsabilidad (…). Cuando alguien o algo atenta contra un espacio, ningún nivel de autoridad toma cartas en el asunto”, complementó.

Es el caso de Chijipata-Kellumani, una yacimiento de la cuenca de Achumani que, según Aranda, en 2008 fue destruido por un vecino. Aunque hubo una denuncia, ni el Gobierno Municipal de La Paz ni la Alcaldía de Palca hicieron algo. “Como el sitio se encontraba entre los dos territorios, cada una de las alcaldías se lavó las manos. Pasamos la denuncia a la Gobernación, que también arguyó no tener tuición, al igual que el entonces Viceministerio de Culturas”, recordó Aranda.

Así que más de cinco cestas funerarias y otras piezas de una antigüedad de más de 1.700 años fueron destruidas para construir una serie de galpones.
“Los esfuerzos de protección son muy aislados. Se sigue discutiendo sobre quién es el dueño”, agregó José Luis Paz Soria, docente e investigador de la Carrera de Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés.

El ministro de Culturas, Pablo Groux, informó que ya se tiene un proyecto de ley, aunque éste todavía está en la etapa de socialización. Por ello, aunque no dio fechas, aseguró que se convocará a una serie de reuniones para presentar la propuesta y consultar con los sectores para mejorarla.

“No es un tema sencillo. Hay muchos aspectos que debemos resolver y varios intereses y visiones. Es una prioridad, pero tenemos que trabajar con cuidado para que sea una norma que realmente beneficie al país”, dijo la autoridad. Respecto al nivel de responsabilidad de los yacimientos, Groux adelantó que la futura ley contemplará el respeto al orden jerárquico de los gobiernos territoriales, alcaldías y gobernaciones. Incluso, el ministro indicó que esto puede cambiar dependiendo de las reuniones que se realizarán con los expertos y las comunidades en los siguientes meses.

Problemas. Paz Soria también identificó otros dos problemas: la expansión urbana y agrícola descontrolada. El arqueólogo reveló que en Bolivia es muy raro que se realice un estudio sobre potencial arqueológico antes de que se inicie una construcción. Menos aún cuando las comunidades expanden su zona de cultivo.

“Las comunidades, al extenderse, pueden entrar en sitios arqueológicos. Allí el arado destruye los primeros 30 centímetros del suelo y todo el material almacenado en ese estrato. Las estructuras, como los chullpares, también son afectadas, ya que las llegan a utilizar como corrales, graneros o letrinas”, lamentó el docente.

Un patrimonio particularmente vulnerable son las pinturas rupestres, especialmente los petroglifos. Estos gráficos precolombinos suelen ser destruidos o enterrados por los trabajos de apertura de caminos o las labores de exploración minera.

Es lo que pasó con los grabados rupestres del municipio de Poopó del departamento de Oruro. El año pasado la Sociedad de Investigación de Arte Rupestre de Bolivia (SIARB) denunció que la ampliación de una ruta causó daños a una selección de este reservorio artístico y arqueológico empleado por los científicos para el estudio de las antiguas culturas andinas.

Este reclamo tiene eco en investigadores nacionales y extranjeros. La boliviana Sonia Alconini, la estadounidense Christine Hastorf y el canadiense Andrew Roddick —que participaron en el Encuentro Internacional de Arqueólogos que se realizó en la UMSA la semana pasada— coincidieron en indicar que dificilmente se realizan estudios para evaluar el potencial arqueológico de una zona antes de sembrar o poner los cimientos de las construcciones.

Sin embargo, Hastorf aclaró que esta situación no es exclusiva de Bolivia ni de otros países en vías de desarrollo. “La protección de los yacimientos arqueológicos es un problema que tenemos desde la Patagonia hasta Alaska. Sólo basta ver en Egipto el saqueo de tumbas y el daño a las momias. Ni siquiera Europa o Estados Unidos se salvan”, aseguró la arqueóloga de la Universidad de California.

CRIMEN. También está el saqueo constante al que son sometidos los sitios, muchas veces por la misma población de la comunidad en la que se encuentran los yacimientos. Este delito, que en Bolivia está tipificado en el Código Penal, se da tanto para obtener dinero por la venta a coleccionistas o en el mercado negro. Otros simplemente recurren a los materiales de templos, palacios, tumbas o simples casas para servir de materia prima de una edificación moderna o un monumento actual.

Incluso el turismo desordenado es cómplice de esto. Los visitantes, tanto de otras regiones de Bolivia como del exterior, recogen objetos para llevarse a sus domicilios o los manipulan sin control produciendo daños.

La ruta del Dakar es una amenaza impredecible

Los arqueólogos también expresaron su preocupación respecto al recorrido que realizarán por Bolivia los participantes del Rally Dakar 2014.

La investigadora Karina Aranda sostuvo que esta actividad causará un  daño “demasiado elevado” al patrimonio arqueológico y ecológico del país.

“¿Cómo puedes proteger una ruta que no conoces? Ésta sólo la saben los organizadores y la pueden cambiar cuando les dé la gana”, reclamó.

El ministro de Culturas, Pablo Groux, aseguró que se tomarán medidas adecuadas y que además se ejercerá el derecho estatal a restringir la entrada a esas zonas.

“La ruta no debe ser pública, pero nosotros (Gobierno) tenemos el conocimiento para ofrecer la protección”, agregó el Ministro.

Pero Aranda considera que no se evaluó correctamente el riesgo, ya que se tendrá gran cantidad de personas detrás de los competidores, que será “imposible  y difícil de vigilar”.