Sin normativa ni instancia estatal, el desarrollo integral en las zonas productoras de coca —el trópico de Cochabamba y los Yungas de La Paz— se constituye en una política de Estado sustentada en la comunidad antes que en la erradicación de la hoja.
El viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Dionisio Núñez, explica que esta nueva visión es la consecuencia natural de la aplicación de la nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico, con dignidad y soberanía, y la profundización —bajo los principios anteriores— de lo que fue el desarrollo alternativo, implementado principalmente en el Chapare con apoyo internacional.
La autoridad asegura que el desarrollo integral ya es política de Estado, porque fue contemplado en la estrategia 2005-2010 del Viceministerio de la Coca y que en la planificación 2011-2015 esto se ha profundizado para que expanda a las zonas expulsoras y potenciales para cultivar la hoja.
La diferencia sustantiva con el desarrollo alternativo es que el desarrollo integral no condiciona su aplicación a la erradicación de cocales, sino que busca crear condiciones para diversificar la economía campesina —tanto de la comunidad como de las familias— más allá de los cultivos ilícitos. Por eso se constituye en una política a largo plazo.
Si bien no existe una ley o un decreto específico para impulsar el desarrollo integral, son motores de esta política el Viceministerio de la Coca y del Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (Fonadal), creado en 2004 tras la suscripción del convenio de financiamiento entre el Gobierno boliviano y la Comunidad Europea para ejecutar el proyecto “Apoyo a la Nueva Estrategia de Desarrollo Alternativo de Bolivia”.
Sin embargo, Núñez considera que el apoyo internacional para estos proyectos ya no es en la misma proporción que en años anteriores, por eso es que el impulso de desarrollo integral se basa en los planes de desarrollo regionales, en los POA municipales, en las leyes de Autonomía, de Participación Popular y Financial, que define el Presupuesto General de la Nación para cada gestión.
“Hay el compromiso para que el TGN desembolse más recursos para que los cultivadores de coca tengan la posibilidad de diversificar su producción en las zonas cocaleras potenciales”, detalla Núñez tras referirse al origen de los fondos necesarios.
Una de las fuentes de financiamiento es la Unión Europea, donde los funcionarios consultados aseguran que el objetivo de este giro del desarrollo es la transformación gradual de la economía familiar y local para que no dependa de la producción de coca.
Como mecanismo para alcanzar esa meta ha impulsado la conformación de plataformas de diálogo y de concertación.
Ventajas de la nueva política
La sustitución de cultivos se logró en consenso y sin violencia, hasta lograr las cifras presentadas por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen.
Los productos sustitutos son tradicionales y acordados en la comunidad y no son impuestos por las instituciones financiadoras o por oficina estatales ajenas.
Las autoridades del área han dicho, sistemáticamente, que la política antidroga precedente (antes del gobierno del MAS) fue represora, que incluso derivó en muertes en la erradicación.
La base, erradicación concertada
Los diferentes actores del desarrollo integral coinciden en que la base de este proceso es la concertación.
Reynaldo Mamani, secretario general de la central Jachapampa de Villa Tunari, explica que cuando se constata que los cultivos de coca exceden al cato, se acordó que se aplica la sustitución por otros productos. “Ese es el compromiso con las autoridades y el proyecto de cambio”.
Julio Salazar, senador del MAS y dirigente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, explica que en esa región se llegó al consenso de cultivar coca y otros vegetales, para que su economía no dependa de la hoja. Esta afirmación es respaldada por la Unión Europea, que reconoce los avances en el Chapare, pero también destaca que fue un proceso iniciado hace más de 15 años.
El diálogo es el mecanismo para concertar acciones
Los comunarios plantean necesidades y las alcaldías apoyan con la contraparte
Tanto el Viceministerio de la Coca y Desarrollo Integral como la Unión Europea (UE) destacan el diálogo y la concertación como el principal mecanismo para aplicar planes que respalden el control de cultivos de coca en los Yungas y el Chapare.
Bajo la premisa de que el desarrollo integral ya no está condicionado a la erradicación, el viceministro Dionisio Núñez asegura que se analizan las condiciones de cada sector para diversificar sus cultivos con otros productos que son demandados en el mercado nacional e internacional.
“Esa es una primera fase, porque de inmediato vienen los proyectos que se los define con la participación de los agricultores, pero también el resto de la comunidad, de acuerdo con sus necesidades”, explica.
Esto coincide con el apoyo de la UE a la creación de las plataformas de diálogo, concertación y paz, que son impulsadas para evitar que las políticas causen acciones violentas.
El debate abierto permitiría que no sea el Gobierno el que decida qué es lo que va a hacer, sino los comunarios en los sindicatos, en las federaciones y en sus organizaciones, de acuerdo con sus necesidades.
Núñez asegura que cada proyecto definido tiene el financiamiento del Gobierno y que las alcaldías ponen su contraparte. “Esa es una forma de comprometerse con la sostenibilidad de los planes en marcha”.
En el caso de los proyectos nacionales como son Lacteosbol, Papelbol o la planta de urea en el trópico cochabambino, lo que se está haciendo son programas de capacitación técnica, porque hay pobladores que no necesariamente se quieren involucrar con la agricultura.
Migración y Futuro
Los estudios de la Unión Europea para apoyar los proyectos señalan que la migración por la necesidad de tener un futuro es un factor que no debe quedar al margen para entender la producción de coca.
La coca es opción real de subsistencia, pero para cultivarla, los migrantes —la mayoría de la zona andina— tuvieron que conocer su nuevo entorno.
