La Fiscalía de Oruro presentó ayer ante el juez Julio Huarachi la acusación formal contra la presentadora televisiva Milena Fernández, por el delito de discriminación, difusión e incitación al racismo. La defensa de la conductora aseguró que se deberán comprobar estos delitos.

“He formalizado la acusación. El Ministerio Público ha encontrado que la señora Milena Fernández es responsable de los delitos comprometidos en la Ley del Racismo y tiene que someterse ante un tribunal de sentencia en un juicio oral”, aseveró a La Razón el fiscal Rando Chambi.

Ayer, los abogados de la anfitriona del programa de turismo Brújula, de Bolivia Tv, Daniel Soliz y Álex Arias, se enteraron por este medio de que su defendida fue acusada de manera formal. “Nosotros estábamos haciendo el seguimiento del caso y hoy (ayer), hasta las 09.00, no había el requerimiento y hasta hace cinco minutos me entero de que este proceso ya está en el despacho del juez”, explicó Soliz. “Formalmente no hemos sido notificados. Si en realidad el fiscal ha tenido el valor de hacer una acusación formal, tiene un gran desafío, deberá probar el tipo penal que ha formulado”, conminó Arias.

Fernández fue acusada por la alcaldesa de Oruro, Rossío Pimentel, el 11 de julio de 2012, por la presunta comisión de delitos de discriminación y difusión e incitación al racismo o discriminación. El delito puede ser sancionado con la privación de libertad de entre uno y cinco años. 

El caso fue abierto por el comentario vertido por Fernández durante una unidad móvil para el programa Del cielo al infierno, de la red PAT, el 4 de julio de 2012, cuando declaró que “Oruro es fétida, apesta, no tiene cloacas, no tiene buena hotelería”.

Chambi aseguró que “la Fiscalía está en condiciones de demostrar que ella (Fernández) tiene que ser sometida a una sanción penal correspondiente, para que en el futuro no vuelvan a repetirse estos actos, con penas privativas de uno a cinco años. Empero, va a ser el tribunal de sentencia el que decida qué sentencia emitir y así el proceso avance”.          

Por su parte, Arias pidió al fiscal que “materialmente debe demostrar quiénes son las víctimas. Si son los 300.000 orureños, entonces el juez, el fiscal y el investigador son también víctimas por ser orureños y el caso tendría que trasladarse a una jurisdicción más próxima que no sea Oruro, porque estarían impedidos por el principio de legalidad”, enfatizó el abogado.

El juez Julio Huarachi explicó que “ahora corresponde notificar a la imputada de manera personal, en cinco días debe presentar pruebas, luego se señalará la audiencia conclusiva para sanear el proceso que será remitido para el juicio oral”.

La autoridad indicó que Fernández, al no tener un domicilio estable en Oruro, hará “peregrinar” a la Fiscalía y las partes para notificarla en Santa Cruz y que, por ello, quizás “el trámite se prolongue”. Mientras tanto, la defensa aseguró estar preparada y que espera la notificación.