Prohibir el matrimonio a temprana edad, garantizar el acceso a la educación y «visibilizar» a las menores son algunas de las ocho estrategias que el Fondo de Población de la ONU (FPNU) propuso hoy para erradicar el embarazo adolescente, que enfrenta su «panorama más difícil» en los países en desarrollo.

En el informe «Maternidad en la niñez: enfrentar el reto del embarazo en adolescentes», publicado este miércoles, el FPNU recomendó además fortalecer los derechos humanos, impulsar múltiples estrategias, programas a largo plazo e involucrar a los hombres como fórmula para corregir el «abordaje y concepción erróneos del tema».

«En estas regiones existen variables complejas que generan interrelación y son claves para entender lo que está ocurriendo y cómo este flagelo impacta en la vida de las mujeres y las familias», explicó a Efe Marcela Suazo, directora regional para América Latina y el Caribe del FPNU, durante la presentación del informe en Bogotá.

Según destacó la organización, África Subsahariana, América Latina y Asia meridional enfrentan el panorama «más difícil», con un 95 % de los partos adolescentes en el mundo.

Como primera medida, el FPNU recomendó la revisión de los patrones sociales, al condenar que todavía puedan darse matrimonios a temprana edad para las niñas, con o sin su consentimiento.

La organización alertó de que alrededor de 67 millones de niñas contraen matrimonio antes de los 18 años en los países en desarrollo y que 9 de cada 10 embarazos adolescentes se dan en relaciones formales.

Según el documento, 146 países aprueban el matrimonio o las uniones de mujeres menores de 18 años y 52 permiten los enlaces con niñas menores de 15 años con el consentimiento de los padres.

«Poner fin al matrimonio infantil no sólo ayudaría a proteger los derechos de las niñas, sino que contribuiría a reducir la prevalencia del embarazo en esas edades», afirmó Suazo.

Como segunda etapa, el informe propuso visibilizar a las menores «ante los estamentos encargados de hacer las leyes» e intervenir de manera temprana durante su periodo formativo para sentar las bases de su salud sexual y derechos reproductivos en la vida adulta.

«Cada vez más menores de 14 años inician su vida sexual activa sin conocimientos de lo que hacen», advirtió Suazo, quien subrayó que dichas intervenciones preventivas «provocan resultados positivos» antes de que se acentúen las condiciones de vida de los adolescentes.

El documento vinculó además el nivel educativo de las menores con el aumento o la reducción de los índices y aconsejó a los Gobiernos involucrados, especialmente los de América Latina, «garantizar el acceso a los servicios educativos y de salud» como tercera y cuarta etapa.

«Un año escolar podría reducir entre un 5 % y un 10 % los casos» de embarazo adolescente, un flagelo que «en esa región en particular» afecta principalmente al centro del continente y a algunos países que han enfrentado procesos violentos y desigualdad étnica marcada como Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Bolivia y Colombia.

Suazo subrayó que los Estados deben «fortalecer las plataformas de derecho» al poseer la «responsabilidad primordial de promover y protegerlos».

Como quinta medida, el FPNU exigió la consideración de la problemática como «una cuestión de derechos humanos» y relacionó el incremento en los casos con el tratamiento inferior que reciben algunas mujeres en países como Bangladesh, Chad, Guinea, Mali, Mozambique y Niger.

«Dichos enfoques pueden ayudar a los Gobiernos a abordar muchas de las causas subyacentes del embarazo en adolescentes, incluidos la desigualdad entre los géneros y el acceso no equitativo a los servicios y las oportunidades», resaltó Suazo.

En esa misma línea, la organización recomendó impulsar estrategias múltiples y en diferentes campos que erradiquen, además, el «pensamiento de que son las niñas las únicas responsables» e involucren a los Estados, las poblaciones, las familias, los padres y los centros educativos.

Las intervenciones excesivamente específicas «no son suficientes» y los esfuerzos centrados en cambiar el comportamiento de las niñas «no logran reflejar la naturaleza multidimensional del desafío», dijo la directora.

Como séptima etapa del proceso, el documento apunta a la responsabilidad los hombres en la problemática y su papel en el «drama» que viven las mujeres luego del rechazo y los señalamientos de la sociedad.

La organización exigió a los Estados dar el papel de «responsables» a los hombres y recomendó la realización de programas que permitan eliminar las brechas entre los géneros, la coerción sexual y la revaluación de conceptos.

Como última estrategia, el FPNU propuso sentar las bases para apoyar la salud y los derechos de los adolescentes después de 2015, que recojan las demás estrategias planteadas.

Para eso, Suazo pidió la vinculación de estamentos internacionales y la discusión en escenarios como las Naciones Unidas que generen una agenda de desarrollo sustentable que «complementará y sucederá» los esfuerzos antes planteados.