Bolivia quiere «desnarcotizar» su relación con Estados Unidos y volver a tener embajadores tras nueve años de distanciamiento en los que el país andino ha reivindicado su soberanía frente a «intervenciones» externas.

«Las relaciones entre Bolivia y EE.UU. tendrían que desnarcotizarse para que podamos tener avances en otras áreas», dijo hoy en entrevista con Efe el nuevo jefe de la misión diplomática del país andino en Washington, Pablo Canedo Daroca.

«El problema -agregó- ha sido no mirar a un país más que por una situación que es conflictiva, tenemos otros temas, como medio ambiente, seguridad nacional, crecimiento industrial, apertura de mercados, equidad de género, igualdad social, democracia».

El presidente boliviano, Evo Morales, siempre acusa a EE.UU. de usar la lucha contra el narcotráfico con fines geopolíticos y sostiene que los planes antidrogas en su país funcionan mejor desde su decisión de expulsar en 2008 a la Administración para el Control de Drogas (DEA) estadounidense.

También ese año, el mandatario expulsó al entonces embajador estadounidense, Philip Goldberg, tras acusarlo de conspirar contra su Gobierno, algo que Washington ha negado siempre.

Desde entonces, ambos países se relacionan a través de encargados de negocios.

Canedo, que se instaló en la capital estadounidense hace una semana para desempeñar ese cargo, es «optimista» respecto al avance de las negociaciones que su Gobierno lleva a cabo con EEUU desde 2011 para mejorar relaciones hasta volver a tener la máxima representación diplomática.

«La relación es completamente fluida, diría que lo único que falta es la reposición de embajadores, hay relaciones entre el Departamento de Estado y nuestra Cancillería, toda la parte comercial, volumen de relaciones académicas, un turismo en permanente desarrollo», relató.

Bolivia considera que el nuevo Gobierno de Donald Trump «abre una oportunidad» para que ambos países entiendan sus «diferencias» y EE.UU. cree «una agenda con Bolivia» a partir de lo aprendido «del distanciamiento de los últimos años».

«Hemos tomado una distancia con EE.UU. que necesitábamos por aspectos relacionados con nuestra soberanía, queremos manejar nuestra política interna sin intervenciones de ningún país», indicó el diplomático.

El tema «más sensible» de la relación entre ambos países es el narcotráfico.

Bolivia cuestiona que el Departamento de Estado de EE.UU. señale al país, junto a Venezuela y Birmania, como naciones donde existe un «fracaso demostrable» a la hora de cumplir sus obligaciones internacionales en la lucha antidrogas.

«Creo que tenemos que sentarnos nuevamente a ver qué información se maneja en el Departamento de Estado y cuál es la que tenemos en Bolivia y también la de otros entes internacionales como Naciones Unidas o ONGs», apuntó Canedo.

«Es un tema de gran preocupación bilateral y también nuestra (…) pero queremos que ese no sea el único aspecto principal relación con EE.UU.», agregó, para subrayar que Bolivia quiere crear «un escenario de respeto» a sus decisiones internas.

A mediados de enero de este año, ambos países establecieron unas «mesas de trabajo» para comenzar a tener «este nuevo capítulo» de relaciones, que coincidió con la remodelación del gabinete de Morales y la llegada al poder de Trump.

Evo Morales y Barack Obama nunca llegaron a reunirse, pero Bolivia espera que ese encuentro de presidentes sí pueda concretarse con el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

«Es muy bueno para todos que nuestros presidentes puedan hablarse y buscar el momento adecuado para que eso suceda», anotó Canedo.

«Bolivia -concluyó- siempre está abierta al diálogo, especialmente con Donald Trump nos gustaría contribuir en cuanto a la agenda que pueda darse no sólo con Bolivia sino con Latinoamérica».

Los ministros de Relaciones Exteriores de América están divididos sobre el papel que debe jugar la región en la crisis de Venezuela, algo que debatirán mañana en una reunión de consulta en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

A menos de 24 horas del encuentro, no hay una propuesta de consenso y están sobre la mesa varias opciones planteadas por diferentes grupos de países, según las fuentes diplomáticas consultadas por Efe.

El grupo impulsor del encuentro -liderado por países como México, EE.UU., Perú y Canadá- apuesta por aprobar una declaración contra la Asamblea Constituyente, en favor de un canal humanitario, que pida la liberación de los políticos presos y un calendario electoral con observación internacional.

Otra de las opciones que se estudian es la creación de un «grupo de contacto especializado» de la OEA para que «acompañe una nueva mediación» entre el Gobierno y la oposición en Venezuela, según explicó hoy un alto funcionario de EE.UU. en una conferencia telefónica.

Los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom), más reticentes a adoptar una posición dura con Caracas, han propuesto otro texto que no incluye esas demandas, pero que invita a Venezuela a reconsiderar su decisión de salir de la OEA.

Por tanto, parece difícil que mañana salga adelante una declaración o resolución, ya que cualquier decisión en la reunión requiere el voto de dos tercios de los países representados.

Si, como se espera, son 33 los Estados que participan, serían necesarios 22 votos, una cifra difícil de alcanzar, especialmente si el Caricom, como parece, opta esta vez por posicionarse en bloque.

La convocatoria de la reunión fue posible porque «el grupo de los 14» -Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay- logró el apoyo de cinco países del Caribe -Guyana, Barbados, Bahamas, Jamaica y Santa Lucía-.

Pero en esta ocasión, esos 19 votos no serán suficientes porque el reglamento de la reunión obliga a los dos tercios, no solo a la mayoría simple, de manera que necesitarían el apoyo de al menos otros tres países.

Diez naciones no se espera que apoyen una declaración dura con Nicolás Maduro porque votaron en contra de convocar la reunión: Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Ecuador, Haití, Nicaragua, Venezuela, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Surinam.

Los Estados a convencer, por tanto, podrían ser los que se abstuvieron sobre la convocatoria de la reunión -Belice, El Salvador, República Dominicana, Trinidad y Tobago- y Granada, que se ausentó en las últimas reuniones sobre este tema.

Si Venezuela diera la sorpresa de asistir mañana, todavía sería más difícil que se aprobara una declaración dura, ya que asistirían 34 Estados y, por tanto, los dos tercios serían 23 votos.

La OEA tiene 35 miembros, pero Cuba se niega a participar en el organismo pese a que su suspensión de 1962, efectuada tras la revolución de Fidel Castro, se levantó en 2009.

En principio, se espera que Venezuela sea el gran ausente de la reunión, ya que fue precisamente su convocatoria lo que provocó que solicitara el pasado 28 de abril su salida del organismo, que no será efectiva hasta 2019.

Desde entonces, Venezuela ha dejado de acudir a las sesiones de la OEA, pero podría asistir mañana para defender su posición ante los cancilleres y a hacer lo posible por que no salga adelante ninguna resolución contundente.

Hasta el momento, se han acreditado 22 delegaciones, de las cuales 18 han indicado que les representará su canciller.

Quince de esos 18 cancilleres, según han confirmado a Efe las respectivas delegaciones, serán los de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

EE.UU. considera que aún «es pronto» para dar esos números por definitivos y espera una «participación robusta», con «la mayoría de los principales ministros de Exteriores», indicó un alto funcionario.

Pese a que EE.UU. ve «muy importante» la reunión, no asistirá su secretario de Estado, Rex Tillerson, aunque estará en Washington y la reunión se celebrará en la sede de la OEA, a pocos minutos caminando de su oficina.

El representante estadounidense será el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, con amplia experiencia en la mediación con Venezuela. (30/05/2017)

Venezuela anunció hoy que este jueves iniciará el procedimiento para abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA), un paso que no ha dado ningún otro Estado antes y que requiere dos años de espera hasta hacerse efectivo.

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció hoy que mañana su Gobierno presentará «la carta de denuncia» a la OEA porque el organismo aprobó hoy la convocatoria de una reunión de cancilleres sobre la crisis política del país pese a la oposición frontal del Ejecutivo a esa sesión.

El proceso para pedir la salida de la OEA, algo sobre lo que no hay precedentes, comienza con que el Gobierno del país en cuestión presente una comunicación escrita a la Secretaría General en la que se anuncie la decisión de denunciar la Carta de la OEA, su documento fundacional de 1948.

«Esta Carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba», indica el artículo 143 de la Carta de la OEA.

«Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y este quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta», agrega.

Así, hasta que transcurran esos dos años, el país es «miembro pleno con todos sus derechos y obligaciones», explicó hoy a Efe el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi.

Entre esas obligaciones está pagar la deuda pendiente de su cuota como miembro de la OEA, que hasta diciembre de 2016 ascendió a 8.764.449 millones, mientras que este año aún no ha pagado los 1.829.700 millones que le corresponden en función de criterios socioeconómicos.

Esa deuda que acumula Venezuela es anterior a cuando inicio el mandato de Luis Almagro como secretario general en mayo de 2015, con quien el Gobierno venezolano está enfrentado frontalmente por haber sido una de las voces internacionales más críticas con su gestión.

El Gobierno de Venezuela no se refirió hoy a esta deuda pendiente, por lo que está por ver si aceptara pagar el monto que debe.

Pero las obligaciones de la Carta de la OEA no son solo económicas, ya que estipula que los países miembros deben respetar la democracia representativa, los derechos humanos, la separación de poderes y la libertad de expresión, precisamente los elementos que Almagro y un grupo de entre 14 y 20 países (en función de qué cuestión se aborda) piden al Gobierno venezolano que respete.

Sin embargo, la canciller venezolana aseguró que su Gobierno no participará en lo sucesivo «de ninguna actividad, de ningún evento donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que solo buscan perturbar la estabilidad y la paz» en su país.

Ni siquiera Cuba, a la que se suspendió de la OEA en 1962 y se le levantó la suspensión en 2009, ha denunciado nunca la Carta de la OEA, por lo que sigue siendo un Estado miembro, aunque no participa y asegura que no tiene ningún interés en volver a hacerlo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha seguido siempre pronunciándose y recibiendo casos de Cuba, al considerar que la sanción a su Gobierno no tiene por qué dejar desprotegidos a sus ciudadanos.

Venezuela denunció el 10 de septiembre de 2012 -y entró en vigor el 10 de septiembre de 2013- la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que la CIDH solo puede enviar a la Corte casos de Venezuela ocurridos entre el 24 de junio de 1981 y el 10 de septiembre de 2013, informaron a Efe fuentes de ese organismo.

Para dejar de formar parte de la CIDH, y que este organismo no pueda pronunciarse sobre el país o atender casos del mismo, el Estado debe denunciar la Carta de la OEA, es decir, pedir la salida de la organización en su conjunto.

Pero aunque Venezuela pida, como ha anunciado, iniciar el proceso de abandonar la OEA mañana, la CIDH podrá seguir atendiendo violaciones de derechos humanos en el país hasta que se haga efectiva su salida de la organización dentro de dos años. (26/04/2017)

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no consigue artistas para su investidura pese a su pasado de televisivo y su gusto por convertir todo en un espectáculo.

A menos de un mes para la ceremonia, el equipo de Trump no ha conseguido ningún cantante de renombre y acumula decenas de rechazos de artistas como Andrea Bocelli, Elton John y Céline Dion.

El magnate, habitual durante décadas en los círculos del famoseo, solo ha logrado confirmar la participación de la popular compañía de baile «The Rockettes», del coro mormón «Tabernacle» y de Jackie Evancho, una adolescente que se hizo famosa al quedar segunda en el concurso televisivo «America’s Got Talent».

Su pasado como presentador del programa de telerrealidad «The Apprentice» y de su posterior variación «The Celebrity Apprentice» no parece por el momento estar ayudándole en absoluto.

El paupérrimo cartel, a falta de nuevas incorporaciones, contrasta con el que tuvo Obama en su investidura de 2009, cuando estrellas como Beyoncé, Jay Z, Mariah Carey, Alicia Keys, Mary J.

Blige, y Stevie Wonder no solo cantaron en su honor sino que le expresaron su apoyo con entusiasmo.

Dos días antes, además, se organizó un gran concierto frente al Lincoln Memorial en honor de Obama en el que participaron Bruce Springsteen, Mary J. Blige, Jon Bon Jovi, James Taylor, Garth Brooks, John Legend, John Mellencamp, Josh Groban, U2, Usher, Stevie Wonder, Shakira, y Beyoncé.

El contraste entre las investiduras de Obama y Trump recuerda al que hubo entre las convenciones políticas y las campañas de Hillary Clinton y el magnate.

Con Clinton se volcaron estrellas mundiales como Madonna, Kate Perry, Beyoncé y Lady Gaga, mientras que Trump tuvo que recurrir a su familia y a algún famoso de segunda fila como el modelo Antonio Sabàto.

Durante la campaña, y fiel a su estilo desafiante, el magnate criticó a los artistas que apoyaban a Clinton y aseguró no necesitarles.

El mismo mensaje repitió este jueves en su cuenta de Twitter, el medio que utiliza para lanzar sus siempre controvertidos mensajes.

«La llamada lista ‘A’ de personalidades, todos quieren boletos para la investidura, pero mira lo que hicieron por Hillary, nada. Yo quiero a la gente», escribió.

En paralelo, sus asesores se han esforzado en quitar importancia al rechazo de los artistas al asegurar en numerosas entrevistas que la investidura no es un festival de música y que lo importante son Trump y los ciudadanos.

Entre las numerosas celebridades que han rechazado públicamente participar en la investidura, y por tanto ver asociado su nombre con el del explosivo magnate, están Elton John, Céline Dion, Andrea Bocelli, Garth Brooks, Idina Menzel, Ice T, John Legend, The Chainsmokers, Adam Lambert, David Foster y The Dixie Chicks.

Trump se esfuerza en desdeñar esta flagrante realidad, la comidilla de las tertulias televisivas esta semana, pero ha trascendido de fuentes de su entorno que está furioso por no poder conseguir que su investidura sea un espectáculo.

Aunque diga lo contrario, no se resigna a una investidura deslucida y ha pedido al productor de «The Celebrity Apprentice», Mark Burnett, que consiga más famosos. Sin éxito por el momento.

A la falta de artistas se suma la polémica que rodea a quienes sí han accedido a actuar para Trump.

El anuncio el viernes de que el grupo neoyorquino «The Rockettes», toda una institución de la ciudad natal de Trump, actuaría en la investidura suscitó una encendida discusión en las redes sociales sobre si las bailarinas podrán o no rechazar acudir a la gran cita política.

La compañía Madison Square Garden, que lleva el grupo, se vio obligada a aclarar en un comunicado que cada una de las Rockettes se apunta voluntariamente para bailar en el evento que le interese y que «nunca se les dice que tienen que actuar en un evento en particular, incluida la investidura».

Antes de esa declaración, una Rockette publicó en Instagram que estaba «avergonzada y decepcionada» de que hubieran tomado por ella la decisión de actuar en la investidura de Trump, según recogen varios medios.

Además, el famoso coro mormón «Tabernacle» también está recibiendo una lluvia de críticas e incluso una petición con miles de firmas en internet, para que dé marcha atrás en su decisión de cantar en la investidura de Trump.

Miles de estadounidenses protestan en las calles y en las redes sociales desde el miércoles para dejar claro que no aceptan la victoria de Donald Trump y que ni es ni será su presidente.

Las grandes ciudades del país, las universidades y los jóvenes son los protagonistas del movimiento «Not my president» (No mi presidente), un lema que nació como etiqueta en Twitter desde que se conoció el sorprendente resultado electoral en la madrugada del miércoles.

A través de su página en otra red social, Facebook, el movimiento ha convocado una gran protesta frente al Capitolio el día de la investidura de Donald Trump, el próximo 20 de enero.

«Únete a nosotros el día de la investidura para hacer oír nuestra voz. Nos negamos a reconocer a Donald Trump como presidente de Estados Unidos y nos negamos a aceptar órdenes de un Gobierno que pone a intolerantes en el poder», reza la convocatoria.

Mientras tanto, Trump acusó a los medios de instigar las marchas en su contra: «Acabamos de tener una elección presidencial muy transparente y exitosa. Ahora manifestantes profesionales, incitados por los medios, están protestando. ¡Muy injusto!».

El «No mi presidente» se ha hecho oír en al menos 25 ciudades, pero especialmente en las grandes urbes y bastiones progresistas de Nueva York, Los Ángeles, Oakland, Chicago, Filadelfia, Portland, Atlanta, Boston, Seattle, San Francisco y Washington DC.

En la tarde y noche del miércoles se registraron las mayores concentraciones, que en general tuvieron un tono pacífico salvo por algunos incidentes y varias decenas de detenciones.

La mayor tensión se vivió en Oakland (California), donde algunos de los cerca de 7.000 manifestantes lanzaron cócteles molotov y piedras a la policía y prendieron al menos 40 fuegos en una noche que acabó con tres agentes heridos y 30 arrestos.

En Nueva York, donde han continuado las protestas, se detuvo a 65 personas en las manifestaciones del miércoles, que discurrieron desde lugares como la plaza Union Square o Columbus Circle hasta las cercanías del edificio Trump Tower.

La manifestación del jueves en Portland adquirió tonos violentos cuando encapuchados ocasionaron destrozos a vehículos y comercios.

La Policía informó del lanzamiento de «proyectiles» contra los agentes, culparon a «grupos anarquistas» y, según medios locales, utilizaron gases lacrimógenos y efectuaron numerosas detenciones.

El hecho de que el magnate inmobiliario posea edificios con su nombre en numerosas ciudades del país ha dado a los manifestantes lugares claros e icónicos de protesta.

El último en abrir ha sido el hotel de Trump en la Avenida Pensilvania de Washington DC, a diez minutos caminando y en la misma avenida de la que será su nueva residencia a partir de enero: la Casa Blanca.

Desde la campaña este hotel, ubicado en el edificio de la histórica Oficina Postal de la ciudad, se ha convertido en lugar de las protestas contra el magnate, unas manifestaciones que se extienden desde el miércoles al lado norte de la Casa Blanca.

Decenas de personas marcharon y protestaron este jueves frente a la mansión presidencial alrededor de las 11.00 hora local (16.00 GMT), cuando comenzó la primera visita de Trump al presidente Barack Obama y a su futura ciudad tras su victoria.

En el tramo de la Avenida Pensilvania del lado norte de la Casa Blanca, epicentro de las manifestaciones públicas en Washington, se reunieron hoy detractores de Trump, contados seguidores, turistas y curiosos.

Dos veinteañeras captaron la atención de todas las cámaras exhibiendo su cartel de «Que le jodan a Trump. #Nomipresidente», delante del cordón de seguridad y los agentes del Servicio Secreto.

«No me representa. Ha alentado la violencia contra mí. Viniendo para aquí un tipo me ha dicho que me vaya del país. Este país es la única casa que conozco», cuenta Mobashra Tazamal, que emigró de Pakistán a Estados Unidos a los cinco años.

«Soy musulmana, mujer, inmigrante. Donald Trump ha atacado todas mis identidades», añade la joven activista, de 27 años.

En solitario se manifestó Olivia Emerald, de 24 años. Hizo 15 horas de autobús desde Maine, en el extremo nordeste del país, para protestar en la primera visita del presidente electo a la Casa Blanca.

Cerca de ella se acaloraba una discusión entre un hombre mayor blanco y unas jóvenes afroamericanas: él les conminaba a que acepten a Trump como su presidente como él hizo con Obama, quien no le gustaba en absoluto.

Sin embargo, las miles de personas que salen a la calle desde el miércoles para gritar «No mi presidente», como Deborah Klaus, lo tienen claro: «No, no, no, oh, no. Por encima de mi cadáver. Nunca será mi presidente».

(11-11-2016)