El papa Francisco llegará mañana jueves a un Perú entusiasmado en su fervor religioso y en donde se espera un seguimiento masivo de su visita apostólica, que por otro lado se confía que sirva para atenuar la convulsa situación política que vive el país y que afecta tanto al Gobierno como a la oposición.

Una gran expectativa rodea el viaje de Jorge Mario Bergoglio a Perú, la segunda escala internacional de su sexto viaje por América Latina y a donde llegará tras su paso por Chile.

Tanto las autoridades como la ciudadanía se han volcado para recibir al líder de la Iglesia católica y en convertir en un éxito una visita apostólica de tres días centrada en reafirmar la defensa del medioambiente y los indígenas, así como en incidir en la santidad de los creyentes.

El mayor ejemplo de este fervor son los cálculos hechos hoy mismo por el propio presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, quien estimó que un millón y medio de personas acudirá el próximo domingo a la misa con la que Francisco cerrará su visita al país en la base aérea de Las Palmas de Lima.

Otro ejemplo de la popularidad del viaje lo constituye los más de dos millones de camisetas y gorros con mensajes de bienvenida al religioso argentino que se los responsables del emporio textil limeño de Gamarra confían que se venderán entre el 18 y el 21 de enero.

No se espera por tanto que haya ningún movimiento masivo contra la visita, aunque sí habrá reclamos de víctimas de abusos sexuales por parte del clero, tal y como sucedió en el inicio de la visita de Francisco a Chile.

Precisamente, el papa ordenó intervenir la organización católica peruana Sodalicio de Vida Cristiana justo antes de emprender este viaje a la región, en respuesta a las graves denuncias de abusos cometidos por su fundador, Luis Fernando Figari, quien reside en Roma.

El viaje del pontífice llega eso sí en una situación complicada para la clase política peruana, marcada por el escándalo de corrupción de la compañía brasileña Odebrecht y por el polémico indulto que Kuczynski otorgó al exmandatario Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos durante su mandato (1990-2000).

Kuczynski, cuya permanencia en el cargo estuvo en entredicho hace menos de un mes a instancias del partido opositor fujimorista Fuerza Popular, también se ha expresado pidiendo que la visita «ponga nuevamente en el camino de la paz y el diálogo» a los peruanos.

La crisis política obligó a Kuczynski a reformar su gobierno y pedir por la «reconciliación», algo que no parece haber arrancado con buen pie, ya que las críticas no han cesado de arreciar.

Esa necesidad de paz y diálogo no solo afecta al gobierno con la oposición, sino también a los propios fujimoristas, cuyas dos principales figuras, los hijos del expresidente Fujimori, Keiko y Kenji, están cada vez más enfrentados y el partido amenaza con escindirse.

Kuczynski tiene planeado asistir a las actividades que cumplirá el papa en Puerto Maldonado, Trujillo y Lima, y además mantendrá el viernes por la tarde un encuentro privado con él en el Palacio de Gobierno de la capital peruana.

Más allá de estos temas, la visita de Francisco incidirá en los temas ya previstos, como la situación y los problemas de los pueblos indígenas, que se afrontarán particularmente en el desplazamiento que el papa hará a Puerto Maldonado, en el corazón de la selva amazónica.

El cambio climático y las amenazas ambientales, otro de los ejes del viaje, atenderán en la norteña ciudad de Trujillo, azotada el año pasado por los embates del fenómeno del Niño Costero, en la que Francisco visitará el barrio de Buenos Aires, devastado por las inundaciones. (17/01/2018)

Ni una panacea, ni un camino abierto al caos: para la mayoría de uruguayos de a pie la entrada en vigor de la ley que legaliza la compraventa y el cultivo de la marihuana, reglamentada este viernes, es vista con total indiferencia y como una decisión que no va a cambiar en nada sus vidas.

Mientras todo el mundo habla con entusiasmo, interés u horror de la novedosa legislación uruguaya, la primera del mundo en regularizar y poner en manos del Estado el uso recreativo de esta droga, los ciudadanos de este pequeño país sudamericano se encogen de hombros y apenas matizan, levemente a favor o levemente en contra.

Es un asunto que no entra en los debates del día a día del país. «Es que no va a cambiar nada. No va a ser significativo. Ni va a haber menos delincuencia, ni mas, ni mas fumadores ni menos. Y nadie se movilizará para cambiar esto aunque no le guste porque así es la idiosincrasia uruguaya. Yo prefiero que no se legalice, pero no haré nada al respecto», confesó a Efe Soledad, una joven uruguaya empleada en una multinacional.

Para esta madre de un niño de dos años, los reparos sobre la normativa vienen de que la legalización de la venta «da un mensaje de aceptación» sobre algo que no es positivo como el consumo de drogas, aunque también reconoce que «con el alcohol es igual» y «nadie piensa en prohibirlo».

«Es un mensaje raro, y eso lo puedo discutir. Pero también está bien que los consumidores se beneficien y puedan tener sus plantitas. Aunque eso es algo que ya antes todo el mundo hacía. Lo tendrán más fácil, creo. No tendrán tanto lío como antes. Mejor para ellos, pero a mi me da igual», añadió.

Según las últimas encuestas el 64% de los uruguayos se opone a la ley aprobada a fines de 2013, si bien el 51% de los mismos prefiere aguardar a ver si funciona antes que derogarla.

Por su parte, Diego Martínez, un padre de tres hijos de mediana edad, también consideró que la legalización no tendrá consecuencia alguna en la vida diaria de los uruguayos y que tampoco aumentará el consumo de la droga.

Si acaso se generarán otros problemas «burocráticos». «Sí, puede que se evite el problema de la comercialización, pero luego habrá otros en cuanto el Estado se ponga a gestionar. Y en cualquier caso, los narcotraficantes no se irán, sino que se pasarán a otros productos. Ellos siempre traen lo que haga falta», señaló.

Martínez apuntó que para los uruguayos hay otros temas mucho más importantes que la legalización de la marihuana, un asunto que no entra «en su quehacer diario».

«Nos preocupa más la salud, la delincuencia, la conflictividad laboral, la educación. Bien para el que le importe, pero para la gran mayoría no forma parte de nuestras vidas», sentenció.

Por su parte, Manuel Taboada, un español residente desde hace más de un año en Uruguay y por lo tanto habilitado legalmente para comprar o plantar marihuana en su hogar según la nueva ley, también coincidió en que nada va a cambiar salvo que ahora «se dignificará un poco el consumo de marihuana», lo que «aparentemente es positivo».

Aún así, destacó que harán falta al menos varios meses de verlo implementado para poder valorar esta iniciativa en su justa medida.

«Es algo pionero y arriesgado, pero fundamentalmente va a servir solo para quitarle la carga psicológica que tenía encima el consumidor de marihuana de ser un drogadicto», indicó.

Según establece el reglamento de la ley de la marihuana presentado el viernes, Uruguay venderá la droga en farmacias a no más de un dólar el gramo, que estará controlada y tendrá las mismas limitaciones de uso que el alcohol y el tabaco, y plantará no más de 22 toneladas al año para su uso recreativo, además de permitir el cultivo doméstico y la asociación en clubes para la producción de la droga.

Todo eso será regulado por un Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCA), que será el encargado de registrar, autorizar y regular el mercado de la marihuana, otorgando licencias y controlando el cultivo de la planta.