Pasar un día entre rejas se ha convertido en la enésima estrategia de la campaña anticorrupción del Gobierno chino, que obliga a sus funcionarios a visitar las cárceles para advertirles de las potenciales consecuencias de sus actos.

La Comisión Central de Inspección y Disciplina, el brazo anticorrupción del Partido Comunista Chino (PCCh), organiza visitas a prisiones para altos cargos y sus cónyuges en las que pueden encontrar a antiguos colegas condenados por prácticas corruptas.

El objetivo, según anunció el organismo en un comunicado difundido hoy por la prensa oficial china, es que los servidores públicos «sean conscientes» de los castigos que supone la corrupción, «que ejerzan sus poderes correctamente y que sean receptivos a la supervisión del Partido».

Las autoridades anticorrupción chinas han llevado en los últimos meses a empleados de varios ministerios a las cárceles y, en otros casos, han preparado visitas exclusivamente de cónyuges de funcionarios, para que transmitan a sus parejas la importancia de evitar estas prácticas irregulares.

Tras visitar las celdas, la amenaza de la cárcel es percibida con más cercana y, de momento, la experiencia no está dejando indiferentes a los trabajadores del sector público.

«A los funcionarios y sus esposas les impactó mucho, a primera vista, observar lo horrible que es perder la libertad y el prestigio, pero pienso que a los más jóvenes les impresiona más que a los que llevan muchos años», explica a Efe un funcionario chino que prefiere ser identificado sólo por su apellido, Wang.

Sin embargo, otra funcionaria de 25 años que empezó su carrera profesional hace casi dos considera, en declaraciones a Efe, que estas visitas sí funcionan como señal de advertencia, pero que son «como un espectáculo» y que «no hace falta utilizar esa manera radical».

Wang, de hecho, recuerda que todos los empleados públicos tienen que participar obligatoriamente en un programa de formación básica sobre las leyes chinas.

«Creo que este programa es el que desempeña el papel principal en formar a los funcionarios para que se comporten bien», añade Wang.

Con las nuevas visitas a prisión, la lucha contra la corrupción que abandera el presidente chino, Xi Jinping, adquiere una nueva dimensión, porque se extiende a funcionarios sobre los que no se tienen sospechas.

«La corrupción no sólo se debe castigar: prevenirla es aún más importante. No sólo hay que llegar al efecto de no atreverse a ser corrupto, sino también crear una conciencia para no querer serlo», publica hoy el Diario del Pueblo, voz del PCCh, en un editorial en el que pide más «firmeza» para eliminar de raíz esta irregularidad.

Desde el ascenso al poder de Xi, tras el relevo en la cúpula del PCCh y del Gobierno, entre finales de 2012 y principios de 2013, China ha emprendido una infatigable campaña anticorrupción que ha abierto investigaciones sobre un centenar de dirigentes con rango ministerial.

Sólo el año pasado, más de 4.000 altos cargos de la burocracia china fueron procesados por corrupción, mientras que a la espera de juicio se encuentra el exministro de Seguridad Pública Zhou Yongkang, la víctima más ilustre y simbólica de esta campaña.

El afán de limpieza de las prácticas corruptas del Gobierno, en todo caso, no se limita al ámbito político, pues ha llegado hasta el todopoderoso Ejército chino -su ex número dos Xu Caihou, fallecido en marzo, cayó en desgracia tras protagonizar uno de los mayores escándalos de la historia del país- y las empresas estatales.

Las autoridades chinas han complementado estas medidas con constantes llamamientos a la austeridad, la creación de líneas telefónicas para que los ciudadanos denuncien casos de corrupción y, ahora, las visitas de funcionarios a la cárcel, la enésima vía que han encontrado para asegurarse de que cumplen las normas.