Procesan a cinco funcionarios de Buenos Aires por fiesta que dejó 5 muertos
Un juez determinó procesar a autoridades de la ciudad, dispuso embargos por hasta 1,4 millones de dólares y citó a declarar al director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, Diego Pérez Lorgueilleux.
Un juez argentino procesó a cinco funcionarios del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires por delitos de incumplimiento de deberes, comercio de estupefacientes y abandono de personas, dentro de la causa que investiga una fiesta electrónica en la que murieron cinco jóvenes, informaron este martes fuentes judiciales.
El dictamen del magistrado federal Sebastián Casanello alcanza al gerente operativo de Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, Claudio Alberto Iacobaccio; al coordinador Fernán García Vázquez y a los inspectores Pablo Germán Fontanellas, Gustavo Alberto Herms y Néstor Ricardo Cella.
En un dictamen emitido este martes y difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez considera a los cinco «partícipes necesarios del delito de comercio de estupefacientes, agravado, y coautores de los delitos de abandono de persona seguido de lesiones y muerte y de incumplimiento de los deberes de funcionario público» tras algo más de un mes de investigaciones.
También dispuso embargos por hasta 20 millones de pesos (unos 1,4 millones de dólares) y citó a declarar al director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, Diego Pérez Lorgueilleux.
La causa investiga los sucesos ocurridos en el festival de música electrónica Time Warp, celebrado en la capital argentina el pasado 15 y 16 de abril, que dejó un saldo de cinco jóvenes muertos y varios hospitalizados por consumo de drogas de diseño.
Los empresarios organizadores de la fiesta también permanecen procesados, así como tres presuntos narcotraficantes de nacionalidades argentina, colombiana y dominicana, por el supuesto comercio de estupefacientes durante el evento.
Las pericias de la Fiscalía responsable del caso apuntan a que en la fiesta se sobrepasó el aforo permitido en más de 10.000 personas, había dificultades para conseguir agua, zonas liberadas para la venta de drogas y escasa atención médica disponible. (31-05-16)