El Gobierno falla otra vez en el pago del Programa de Intervenciones Urbanas
En dos semanas, dos encargados de relacionarse con los artistas renunciaron. Hay gestores que prefieren permanecer en la clandestinidad y aseguran que tienen miedo a declarar y salir “perjudicados”.
El Programa de Intervenciones Urbanas (PIU) falló con el pago de los fondos concursables por segunda vez. El plazo vence este lunes. Artistas y gestores exigen los desembolsos acordados, caso contrario optarán por tomar otras medidas.
“He recibido amenazas, si me quejo o digo algo no me van a pagar”… “Si presentábamos el proyecto a favor del Gobierno actual se aceleraba el pago”. “Estoy endeudada, no sé qué hacer, requiero del desembolso para cumplir con lo que debo”… “Son incontables las veces que he tratado de comunicarme con ellos (autoridades), pero nadie dice nada ni da la cara”… “Exigimos el pago, caso contrario vamos a tomar otras medidas”… “Me hicieron dos auditorías, mis informes eran rechazados, incluso, por la sobra de comas o la falta de ellas”… “Están ejerciendo violencia psicológica, no nos están respetando, nos prometen fechas que derivan en incumplimientos”… Estos son algunos de los testimonios que recibió La Razón de beneficiarios del PIU en relación a sus respectivos pagos.
Hay artistas y gestores que prefieren permanecer en la clandestinidad y aseguran que tienen miedo a declarar y salir “perjudicados”. Otros han decidido hablar puesto que, según ellos, “la situación es alarmante y están en estado de emergencia”.
El PIU fue lanzado en abril de 2019 con fondos concursables que ascendían a Bs 140 millones. El objetivo era incentivar proyectos creativos de los bolivianos en áreas de tecnología e innovación social, cine y audiovisual, deporte e industrias creativas. Esta experiencia fue exitosa y hubo dos convocatorias más.
Según los artistas, durante la gestión de la ministra de Planificación y Desarrollo Mariana Prado existieron algunos retrasos de hasta 90 días en los pagos, pero estas deudas se iban cancelando. Tras lo acontecido en el país entre octubre y noviembre de 2019 la situación empeoró.
Edgar Carrasco —actual responsable nacional del PIU— garantizó en una primera instancia que se cumpliría con los desembolsos hasta finales de diciembre o principios de enero. Fue el primer compromiso incumplido.
A partir del 15 de enero, algunos beneficiarios recibieron sus pagos correspondientes, como el caso de Sergio Alavi, organizador del Festival Itinerante de Teatro Contemporáneo; y Roberto Lanza, quien llevó a cabo un curso de profesionalización fotográfica en Santa Cruz.
Existen unos 700 proyectos en el PIU y, del total, al menos 200 todavía peregrinan en busca de que les cumplan los compromisos.
El viernes 17 de enero, Carrasco anunció que el problema ya no radicaba en el Ministerio de Planificación del Desarrollo, sino en la cartera de Economía, pues ésta era la instancia encargada de los desembolsos. Ese mismo viernes, el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público a través de un comunicado oficial se comprometió a pagar la deuda flotante hasta hoy. Esta segunda promesa también resultó incumplida.
El jueves 6 de febrero, Carrasco dijo que “el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas desembolsó el 100% de los pagos a todos los proyectos que fueron derivados a esta cartera. Aunque todavía hay ganadores cuyo proceso de desembolso continúa en el Ministerio de Planificación del Desarrollo”, en el caso de estos últimos no se sabe con seguridad cuándo se ejecutarán los fondos concursables.
En algunos casos, la deuda con los artistas supera los Bs 100.000 como lo que sucede con Rodrigo Mendoza y su esposa Adalía Auza, del Teatro Los Cirujas.
- Obras. El festival itinerante de teatro contemporáneo recibió el total del pago con dos meses de retraso. Foto: Christian Calderón
Aquellos cuyos eventos fueron realizados en los últimos meses de 2019, y cuyo informe final fue presentado entre el 10 de diciembre y el 31 de ese mes, son los que más inconvenientes han presentado, pues pertenecen al “segundo lote”, que se encuentra todavía en “revisión” en el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
El común denominador de los artistas reclama la “falta de voluntad y negligencia” tanto en el Ministerio de Planificación como en el de Economía. Aseguran que el retraso se debe a que algunos proyectos ni siquiera han sido revisados. A otros les exigieron papeles que no estaban estipulados en los contratos previos como, por ejemplo, la entrega de facturas.
Existen casos más complicados. Laura Derpic fue favorecida por el PIU para hacer una gira por Bolivia con una obra de teatro, el pago debió efectuarse en un solo desembolso, pero por los conflictos suscitados en Bolivia el evento tuvo que ser suspendido.
“Yo invertí de mi capital para la preproducción, sería injusto cobrar por un trabajo que no realicé, pero sí invertí mucho dinero para poderlo gestar y aún así no recibí nada”, reclama la artista.
En una anterior entrevista, Carrasco hizo énfasis en que uno de los requisitos para que la cancelación sea efectiva era la comprobación de que los favorecidos hayan cumplido con su evento y en los plazos establecidos; pero lo de Derpic necesita una respuesta.
Carrasco se comprometió con La Razón a responder a los cuestionamientos sobre el PIU; sin embargo ayer no respondió al requerimiento de este medio.
Hay más. En menos de dos semanas, Rubén Ticona (del Ministerio de Economía) y Marjorie Díaz (de Planificación) renunciaron a sus cargos, siendo dos interlocutores válidos entre autoridades y beneficiarios, esto elevó la susceptibilidad entre los artistas.
Día que pasa crece la incertidumbre entre los beneficiados adeudados. No solo eso, hubo quienes se hicieron préstamos y ahora pagan intereses. Con las deudas encima, los artistas anuncian que asumirán medidas para cobrar lo que les corresponde.