La Corte Internacional de Justicia (CIJ) acogió este martes una primera audiencia en el caso de la denuncia de México contra Ecuador por el reciente asalto a la Embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, un suceso por el que la parte mexicana considera que «se cruzaron líneas que no se deben cruzar».

«Las acciones de Ecuador no solo infringen los límites establecidos en el Derecho Internacional, también crean un precedente desconcertarte. Que reverbera en toda la comunidad internacional», ha manifestado el representante mexicano ante la CIJ, Alejandro Celorio, según un comunicado de las autoridades.

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Primera audiencia

Durante la exposición de los argumentos en los que se basa su denuncia, el representante mexicano acusó a las autoridades ecuatorianas de, con su asalto sobre la Embajada en Quito, infringir «una de las piedras angulares. Que gobiernan las relaciones entre Estados».

Asimismo, Celorio ha aseverado que existe una «duda preocupante» respecto a las intenciones de Ecuador con el ingreso en la Embajada. Y acusó a Quito de «negligencia deliberada» hacia la vida de las personas. Las que se encontraban en el recinto de la misión diplomática en el momento de la operación de las fuerzas de seguridad.

«Esta incursión muestra claramente la falta de respeto de Ecuador hacia las normas fundamentales. Aceptadas universalmente y que existen desde hace tiempo», ha reprochado Celorio. Que puso el foco en la actitud tomada por las autoridades ecuatorianas una vez ocurrido el incidente en la Embajada.

«No se nos han dado garantías creíbles para evitar nuevas infracciones ni Ecuador ha reconocido totalmente su obligación de no entrar en las premisas de México», ha relatado un Celorio que ha insistido en la «preocupación para la comunidad internacional» que supone el asunto y ha recalcado la inviolabilidad de los recintos diplomáticos.

MÉXICO PIDE MEDIDAS CAUTELARES

Así las cosas, los representantes mexicanos ante la CIJ han solicitado al tribunal el dictamen de una serie de medidas cautelares entre las que se encuentra el instar a Ecuador a que «se abstenga de actuar en contra de la inviolabilidad de los locales de la misión (diplomática) y las residencias privadas de los agentes».

En este sentido, México exige que se adopten las medidas apropiadas para «proteger y respetar» no solo las instalaciones, sino también «la propiedad y archivos» que se encuentran en ellas, «previniendo cualquier tipo forma de perturbación».

Además, México ha pedido que el Gobierno de Ecuador permita desalojar las instalaciones diplomáticas y la residencia privada de los agentes diplomáticos mexicanos. Así como que se asegure de no llevar a cabo «ninguna acción que pueda perjudicar los derechos de México en relación con la decisión que la corte pueda emitir».

Finalmente, Ciudad de México solicitó que, en sus medidas cautelaras, la CIJ pida que el Gobierno de Ecuador «se abstenga de cualquier acto o conducta que pueda agravar. O ampliar la disputa de la cual la corte está al tanto».

Las fuerzas de seguridad ecuatorianas ingresaron en la sede de la Embajada mexicana en Quito a comienzos de mes. Para cumplir con la orden de detención contra el exvicepresidente Glas, acusado de corrupción.

México rápidamente denunció lo ocurrido. Elevó el caso a la CIJ por «la flagrante violación a la inviolabilidad de la Embajada, contra la integridad física y moral de los diplomáticos».

Las autoridades de Ecuador acusan a Glas de un supuesto delito de malversación de caudales públicos por los trabajos de reconstrucción en la provincia de Manabí tras la sacudida de un fuerte terremoto en el año 2016, que dejó más de 670 muertos.

(30/04/2024)

Las autoridades peruanas han detenido este viernes al exjefe de la Dirección General de Inteligencia (Digemin) Martín González Sánchez por ser responsable de la fuga del sobrino del expresidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo, en el marco de la presunta red criminal liderada por el mandatario, según la Fiscalía.

El Ministerio Público ha señalado en un comunicado que agentes del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) han detenido también a José Luis Alarcón Camacho, coronel de la Policía Nacional de Perú y a Martín Hanns Barco Rivadeneyra, jefe de la División de Búsqueda de la Digemin.

González, quien fue jefe de la Digemin entre septiembre y octubre del 2021, filtró una serie de informaciones a Vásquez tras dejar el cargo en 2022 para evitar su captura y, a cambio, le pidió volver a ocupar un cargo en el organismo, según el diario ‘El Comercio’.

Por su parte, Camacho está señalado por haber puesto trabas a la búsqueda del exministro de Transportes Juan Silva, acusado de presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada. Según las pesquisas, retrasó la entrega de documentación para evitar que se aprobase el allanamiento en su contra.

De la misma formam, Martín Barco está imputado por haber ordenado de manera «injustificada» que un equipo de Inteligencia se retirara de los trabajos de vigilancia durante las acciones de búsqueda de Silva, según el citado diario.

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Detenido

González también sería responsable de la huida del exjuez peruano César Hinostroza; es acusado por delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y delito de organización criminal. Salió de Perú en octubre de 2018 y fue detenido diez días después en España, donde pidió asilo.

Tras una orden internacional emitida por las autoridades peruanas, se lo detuvo y se lo envió a prisión provisional por riesgo de fuga tras declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata. En julio de 2020, el Gobierno español aprobó su extradición a Perú.

Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con el extitular de esta cartera, el citado Silva; con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado; del Despacho Presidencial, así como de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

La presunta organización criminal contó con dos grupos con tareas definidas. El primero captaba y negociaba con empresarios. Estuvo conformado por el exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, el empresario Zamir Villaverde; además de dos sobrinos del expresidente: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

El segundo grupo sería el responsable de la ejecución del delito. Favoreció a determinadas empresas en las contratas y estaría integrado por funcionarios de Provías Descentralizado previamente designados por el exministro Silva. La Fiscalía sostiene que la organización tenía una estructura vertical, con integrantes en distintos niveles.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este viernes que está dispuesto a debatir con el precandidato republicano a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump, durante la campaña electoral, en medio de las peticiones de este último para que ambos se enfrentaran en un cara a cara antes de las presidenciales.

«No sé cuando, pero estaría encantado de debatir con él», ha dicho Biden durante una entrevista con el locutor de radio Howard Stern, después de varios meses en los que tanto él como su equipo de campaña ha estado esquivando esta cuestión.

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Después de conocer el aparente cambio de opinión de Biden, el jefe del quipo de campaña del magnate neoyorquino, Chris LaCivita, lo ha celebrado en su cuenta de X instando a todos a organizarlo. «¡Está bien, preparémoslo!», ha escrito.

Campaña electoral

No solo Trump ha expresado en varias ocasiones su interés por debatir con Biden. Si bien no mostró el mismo entusiasmo en lo que respecta a batirse de manera dialéctica con sus rivales en las primarias republicanas. Sino que también varias medios de comunicación instaron a ambos a comprometerse a un cara a cara.

A principios de este mes, una docena de medios emitió una declaración conjunta en la que pedían a ambos, aunque sin nombrarles. Que se comprometieran a debatir durante la campaña debido a los riesgos «extremadamente altos» que acarrea este nuevo proceso electoral, previsto para el 5 de noviembre.

Inmunidad

El líder de la minoría republicana en el Senado y una de las voces más importantes del partido, Mitch McConnell, se ha mostrado en contra. De la posibilidad de que el candidato del partido a la Casa Blanca y expresidente del país, Donald Trump, pueda librarse del caso de manipulación electoral abierto en su contra apelando a su condición de mandatario. Si bien ha puntualizado que respetará la decisión final que adopte, entre finales de junio o principios de julio, el Tribunal Supremo sobre esta cuestión.

La más alta instancia judicial de Estados Unidos escuchó durante tres horas los argumentos de los abogados de Trump. Todo sobre la posibilidad de declarar su inmunidad en el caso que acusa al magnate. De intentar una maniobra ilegal para revocar los resultados de las elecciones de 2020 en las que acabó derrotado frente al actual mandatario, Joe Biden.

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, envió a su homóloga chilena, Carolina Tohá, un informe sobre la actividad del partido-milicia chií libanés Hezbolá en la región. Tras una polémica entre ambos países por declaraciones de la ministra argentina sobre la presencia del grupo islamista en el país.

Tras recibir el informe, Tohá ha asegurado que la información contenida en el mismo es «bastante general» y que ya conocían con anterioridad, según ha publicado el diario chileno ‘La Tercera’.

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Actividad de Hezbolá

«Los antecedentes que me relató son cosas que nosotros conocemos y que son bastante generales. No se refieren a amenazas inminentes, pero son temas que siempre hay que estar monitoreando y ser preventivos en eso», añadió.

Sin embargo, ha apreciado el informe debido a la necesidad de «tener un muy fluido intercambio de información con los países amigos».

Por su parte, el diario argentino ‘Clarín’ ha tenido acceso en exclusiva al documento, que contiene información sobre la actividad de Hezbolá en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Y que se ha ido diversificando y rotando hacia la «triple frontera andina» entre Chile, Perú y Bolivia, e incluso en la frontera marítima entre Panamá, Colombia y Venezuela.

Dato

El informe muestra «indicios» de que Hezbolá e Irán, que apoya al grupo, han aumentado su capacidad de acción. Todo a través de «actividades ilícitas» en América del Sur.

La polémica se desató después de que la citada ministra argentina asegurara que había algunas regiones extranjeras cercanas a territorio de Argentina –como Iquique, en el norte de Chile; la ciudad brasileña de Sao Paulo o en Perú– en las que supuestamente había presencia de aliados de Hezbolá. Esta semana las autoridades chilenas han protestado formalmente ante el Gobierno argentino, tras asegurar que parece que el objetivo era «dañar la imagen» del país.

(26/04/2024)

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha advertido este viernes de que el número de menores que murieron víctimas de ataques aéreos en el marco de la guerra de Ucrania ha aumentado casi un 40 por ciento en 2024 con respecto al año anterior y ha cifrado en 25 los niños muertos entre el 1 de enero y el 31 de marzo.

Según datos de Naciones Unidas, entre estos 25 niños el más pequeño era de apenas dos meses de edad. Asimismo, otros nueve menores han muerto durante las primeras tres semanas del mes de abril por culpa de ataques aéreos.

En total, 600 niños y niñas han muerto desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró la guerra a Ucrania el 24 de febrero de 2022; mientras que más de 1.300 han resultado heridos, si bien las cifras podrían ser mayores, ha alertado Unicef.

«Me preocupa ver que sigue habiendo ataques en todo el país que destruyen escuelas, instalaciones sanitarias y edificios residenciales», ha señalado la directora regional de Unicef para Europa y Asia Central, Regina De Dominicis, al concluir una visita a Ucrania esta semana.

En concreto, hasta 26 instalaciones sanitarias y 140 centros educativos han resultado dañados o destruidos en los primeros tres meses del año. Unicef ha señalado que los ataques que afectan al suministro energético y a las fuentes de agua dificultan el acceso a servicios esenciales y ponen en riesgo la vida de los menores.

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En Ucrania

«Cada ataque retrasa los esfuerzos de recuperación y reconstrucción, prolongando el deterioro en la calidad de vida de los niños y las niñas», ha apuntado De Dominicis. Ha recordado además que «ningún lugar es seguro para los niños» en Ucrania.

Unicef ha informado, por otro lado, de que casi la mitad de los niños inscritos en las escuelas ucranianas no reciben educación presencial. Además, casi un millón no pueden acceder a ningún tipo de aprendizaje presencial debido a la inseguridad en el país.

La agencia de la ONU ha podido atender en 2023 a 1,3 millones de menores dentro del sector de la educación formal e informal ofreciendo ‘kits’ educativos para su uso online. Asimismo, ha brindado apoyo psicosocial y de salud mental a 2,5 millones de niños, niñas y cuidadores el año pasado.

No obstante, para garantizar la asistencia a los menores y las familias en Ucrania, incluyendo las zonas en la primera línea del frente, la agencia necesita 250 millones de dólares adicionales.