El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha denunciado este miércoles la muerte en la Costa del Caribe colombiano de Alberto Camilo Mendoza, líder social de la comunidad de Kankuamos de Valledupar.

Indepaz, que ha señalado que Mendoza era un reconocido líder indígena que se desempeñaba como fiscal del Consejo Local de Mayores de su comunidad, ha informado de que encontraron su cuerpo en una finca en una zona rural.

La Defensoría del Pueblo ha manifestado su preocupación por el aumento de los actos violentos notificados en los territorios indígenas de Kankuamos, así como por la continua violación a los Derechos Humanos contra integrantes de la comunidad.

En este sentido, las autoridades se han mostrado alarmadas por la realización de patrullajes por parte de grupos armados, así como por amenazas o «circulación de panfletos apócrifos que utilizan las siglas de grupos armados ilegales.

Además, han denunciado que en menos de dos semanas han asesinado a cuatro líderes en el Caribe, mientras que más de un tercio del total de líderes asesinados este año son de esta zona.

El organismo ha informado, además, de 31 asesinatos de líderes sociales durante el año 2023, así como 1.440 líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz.

La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha expresado su preocupación por los vetos a cientos de personas que optaban a ser candidatos en las elecciones del próximo 25 de junio en Guatemala.

En un comunicado publicado este miércoles, la OEA ha alertado de que «los mecanismos establecidos para impugnaciones y exclusiones de candidaturas generan incertidumbre y tensiones en el marco del proceso electoral», algo de lo que sus Misiones de Observación en elecciones anteriores ya habían advertido.

A pocos días de cerrar el periodo para presentar candidaturas, denuncian, «se ha excluido de la contienda electoral a cientos de personas, algunas de ellas de muy alto perfil y que aspiran a los más altos cargos de elección popular».

La OEA ha informado de que mandará Misiones de Observación para los comicios, además de colaborar muy de cerca con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) guatemalteco para brindar a sus empleados formación en materia de procesos tecnológicos y desinformación, todo con el fin de asegurar que todos los procesos se ajustan al Derecho Internacional y respetan los Derechos Humanos de los candidatos.

VARIOS CANDIDATOS VETADOS

El TSE de Guatemala ha excluido recientemente a varios candidatos de cara a las elecciones. Uno de los casos más polémicos ha sido el rechazo de las autoridades a la candidatura de la líder indígena Thelma Cabrera, candidata de la plataforma Movimiento por la Liberación de los Pueblos (MLP), y a su compañero de candidatura, el exprocurador de Derechos Humanos de Guatemala Jordán Rodas.

El expresidente Evo Morales calificó esta decisión de la justicia de «racista», además de «injusta e inconstitucional», mientras que Rodas lo calificó de «grave retroceso para el país» y Cabrera aseguró que se trataba de «una actitud de un estado racista, clasista y machista».

Este mismo miércoles se ha conocido también la exclusión del diputado José Ubico Aguilar, que buscaba la reelección con el partido Nosotros pero ha sido excluido de estos comicios porque sobre él pesa una orden de extradición a Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico.

Según el diario ‘Prensa Libre’, Ubico fue condenado a 46 meses de prisión en Estados Unidos en 2003 por tráfico de heroína, saliendo en libertad provisional en 2005 y siendo más tarde deportado a Guatemala de nuevo.

Además, en diciembre la Fiscalía pidió que se le retirara la inmunidad parlamentaria por esta orden de extradición de Estados Unidos, que le investiga por presuntamente haber aceptado sobornos de narcotraficantes para proteger cargos de drogas que circulaban por su país provenientes de Colombia.

La Policía Federal de Brasil ha desarticulado este miércoles una organización criminal que planeaba secuestrar, extorsionar e incluso asesinar a servidores y funcionarios públicos, entre ellos el que fuera ministro de Justicia con Jair Bolsonaro y ahora senador, Sergio Moro.

En el marco de la bautizada como ‘Operación Secuaz’, la Policía ha desplegado a 120 agentes para cumplir con una veintena de órdenes de captura en Distrito Federal y otros cuatro estados, Roraima, Paraná, Mato Grosso del Sur y Sao Paulo. Al menos nueve personas han sido detenidas, seis de ellos en la ciudad paulista de Campinas.

El grupo criminal que está detrás de estas amenazas a la seguridad de varios funcionarios del Estado es conocido como Primer Comando de la Capital (PCC). De acuerdo con la investigación, Moro, quien había sido informado del peligro, estaba bajo vigilancia de este grupo desde enero.

Después de conocerse el operativo policial, Moro ha acudido a sus redes sociales para agradecer a las autoridades, así como al Congreso por haberle proporcionado seguridad personal tanto a él como a su familia. El exministro de Justicia ha adelantado que a lo largo de este miércoles hará una declaración más detallada.

Esta organización actuaba tanto dentro como fuera de las cárceles brasileñas. El secuestro y el posible homicidio de Moro sería en represalia a su decisión de trasladar a los jefes de esta banda, entre ellos Marcos Herbas Camacho, alias ‘Marcola’, de cárceles estatales a otras federales de máxima seguridad.

A lo largo de su paso por el gobierno de Bolsonaro, Moro defendió este tipo de acciones para aislar a estos presos de sus organizaciones. En total, fueron 113 los criminales que hizo trasladar de centros penitenciarios de Pará, Sao Paulo, Ceará y Amazonas a cárceles de máximas seguridad en Distrito Federal.

Además de Moro, la investigación ha señalado que otro de los objetivos sería el fiscal de Sao Paulo, Lincoln Gayika, quien actúa para un grupo especial contra el crimen organizado de la Fiscalía, informa ‘O Globo’.

La investigación sospecha que los atentados, que vendrían siendo planeados desde el año pasado, se sucederían de forma simultánea en represalia por las últimas medidas contra el crimen organizado y una restricción al régimen de visitas a los presidios federales impuesta por la anterior administración.

El secuestro de Moro, con escaño en el Senado por Unión Brasil, habría servido como forma de presión para lograr la liberación de ‘Marcola’, uno de los mayores narcotraficantes de Latinoamérica y condenado a más de 230 años de prisión por diversos delitos, entre ellos asesinato, tráfico de drogas y terrorismo.

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Flávio Dino, quien a lo largo del día confirmó que entre los objetivos de esta organización había «un senador» y «promotor de Justicia», ha rechazado los intentos de una parte de la oposición, entre los cuales está Flávio Bolsonaro, por politizar el operativo policial.

«Es vil, frívolo e irrazonable vincular estos hechos con la política brasileña. Realmente me asombra el nivel de cinismo de quien intenta politizar una investigación seria», ha condenado Dino, quien ha recordado que el operativo se ha hecho en defensa de un senador opositor al Gobierno.

Algunos en la oposición, como el diputado federal, Deltan Dallagnol, han utilizado una frase de una entrevista del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sacada de contexto para deslizar que existiría una supuesta relación entre el nuevo Gobierno y los intentos de secuestro de Moro.

«Conmocionado, indignado y motivado para combatir aún más el crimen. Mi total solidaridad con Sergio Moro y su familia, gente honorable que quiere y lucha por un Brasil mejor. Los criminales quieren venganza. Quieren ‘joder’ a Sergio Moro», ha dicho Dallagnol, parafraseando una declaración de Lula.

En una entrevista el martes para el portal de noticias Brasil 247, Lula relató que cuando estuvo preso y se le acercaban los abogados a preguntar si estaba bien, él solía responder que solo lo estaría cuando «jodiera» a Moro.

«No se puede tomar de forma aislada y literal una declaración y vincularla a una investigación de meses, en la que nuestro Gobierno y la Policía Federal viene actuando de manera técnica e independiente, cumpliendo con la ley y logrando un éxito extraordinario», ha recalcado Dino.

«Estamos viendo en las redes sociales una narrativa escandalosamente falsa de que habría una relación entre las declaraciones del presidente con estos planes. Esto es una tontería (…) todas las declaraciones críticas respecto a la actuación del entonces juez Sergio Moro (…) no impiden que la Policía Federal proteja, en cumplimiento de la ley, a un personaje crítico con el Gobierno», ha remarcado.

La actuación a la que se refiere Dino son las sospechas que pesan sobre Sergio Moro por su actuación como juez en el caso que supuso la encarcelación de Lula da Silva, y que posteriormente fue anulada por el Tribunal Supremo al considerar que actuó con parcialidad, incurriendo en mala praxis, durante el proceso judicial.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado este miércoles que cada ataque perpetrado por Moscú tendrá una respuesta por parte de Ucrania después de que el Ejército ruso lanzara a lo largo de la jornada distintos misiles contra edificios residenciales en las regiones de Zaporiyia y Kiev.

«Responderemos al ocupante por cada ataque a nuestras ciudades. Los ataques rusos de hoy en Zaporiyia, el ataque nocturno en la región de Kiev. Todos los ataques rusos recibirán una respuesta militar, política y legal», ha indicado Zelenski en su habitual discurso vespertino, ha recogido la agencia de noticias Ukrinform.

Las fuerzas rusas han disparado este miércoles al menos seis misiles y uno de ellos ha impactado contra un edificio residencial de nueve pisos en Zaporiyia. Según las autoridades locales, una persona ha muerto y 33 han resultado heridas, entre ellas varios menores.

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El jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, ha publicado un vídeo en el que se puede ver cómo impacta un misil en la fachada del edificio. «Los rusos están bombardeando Zaporiyia», afirmaba en un mensaje anterior.

Por otro lado, en Rzhishchiv, en la región de Kiev, ocho personas han muerto y varias personas más han resultado heridas como resultado de un ataque ruso perpetrado durante la noche del 22 de marzo en un edificio de cinco pisos, así como en otro edificio educativo.

El senador Sergio Moro, quien fuera ministro de Justicia durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, ha presentado un proyecto de ley que busca endurecer las penas contra aquellos que atenten o conspiren para atentar contra funcionarios públicos que estén llevando a cabo investigaciones contra organizaciones criminales.

En concreto, el proyecto de ley presentado por Moro contempla una pena de cuatro a doce años de cárcel, así como multas, para aquellos que atenten o conspiren para atentar contra abogados, jurados, testigos o políticos con el objetivo último de entorpecer sus investigaciones contra las organizaciones criminales, ha informado el diario ‘O Globo’.

Moro ha pedido en una comparecencia ante el Senado la colaboración de los distintos partidos politicos para su aprobación y ha asegurado estar alarmado por la «escalada del crimen organizado» en Brasil. «Mi valoración frente al crimen organizado es que o lo enfrentamos, o quien va a pagar no es solo la autoridad, sino la sociedad. No podemos rendirnos», ha precisado.

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Asimismo, ha tildado de «aterradora» la desarticulación por parte de la Policía Federal de Brasil de una organización criminal que planeaba secuestrar, extorsionar e incluso asesinar a servidores y funcionarios públicos, entre ellos el propio Moro.

El grupo criminal detrás de estas amenazas a la seguridad de varios funcionarios del Estado es conocido como Primer Comando de la Capital (PCC). De acuerdo con la investigación, Moro, quien había sido informado del peligro, estaba bajo vigilancia de este grupo desde enero.

Esta organización actuaba tanto dentro como fuera de las cárceles brasileñas. El secuestro y el posible homicidio de Moro sería en represalia a su decisión de trasladar a los jefes de esta banda, entre ellos Marcos Herbas Camacho, alias ‘Marcola’, de cárceles estatales a otras federales de máxima seguridad.