Con bombos y platillos, este sábado 3 de junio llega una nueva versión de la entrada del Gran Poder, una fiesta que moverá miles de dólares y que sumará novedades en sus controles contra los baches, que incluirá drones e incluso seguimiento con una aplicación.
“Todas las acciones que se realizan en miras, en preparación y en el desarrollo del Gran Poder, están enmarcadas en el objetivo que tenemos, en el plan de salvaguarda que llevamos como gestión porque el Gran Poder es patrimonio, está inscrito en la lista representativa de Patrimonio de la Humanidad”, indicó el secretario municipal de Culturas y Turismo de La Paz, Rodney Miranda.
En esta versión de la entrada participarán 75 fraternidades, más de 70.000 danzarines y al menos 40.000 músicos. Ante semejante despliegue, el desafío será evitar los baches para dar un espectáculo a la población.
Por eso, la Alcaldía coordinó con la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder (Acfgp) un control con drones e incluso una aplicación con la que se pretende monitorear a todos los participantes de este evento.
GRAN PODER
“Este año estamos trabajando para que los baches entre fraternidades no sean tan altos, por lo que estamos poniendo drones, walkie-talkies y una app, así vamos a poder hacer seguimiento a cada una de las fraternidades; ¿dónde están? Y ¿cuál es el motivo del retraso? Este año ojalá podamos terminar a las 03.00, como máximo y quizás antes, de tal manera que podamos disfrutar, podamos ver”, afirmó Arias.
Existe alta expectativa por las demostraciones de arte y cultura que se vivirán en la entrada. Las fraternidades dispondrán de tres escenarios para la demostración de coreografías: en la calle Illampu; en la Antonio Gallardo, cerca de la Iglesia del Gran Poder; y en la avenida Camacho
La Alcaldía estima que esta festividad, desde sus preparativos que comenzaron a fines del año pasado, hasta la gran entrada del sábado 3 de junio, moverá al menos $us 160 millones.
Mientras aguarda su turno en el centro médico, Rosa revisa los papeles de su mano, “la señorita me dijo qué es, pero me explicó muy rápido”, cuenta. La mujer de 68 años busca respuestas en medio de decenas de personas que esperan ser atendidas.
Para recibir la atención y pagar el saldo de la cuenta de un familiar le pidieron llenar unos documentos, los cuales ahora mantiene en su mano sin saber cómo avanzar.
Historias de adultos mayores como ésta son solamente algunas de las miles que suceden a diario en el país. La Defensoría del Pueblo ha recibido 1.570 denuncias —de un total de 5.579 entre 2022 y agosto de la actual gestión— sobre el que resulta ser el derecho de los ancianos más vulnerado: el de una vejez digna.
“El tema de dignidad en sí es integral, porque es primero el derecho a vivir en un hogar con protección, a vivir en condiciones idóneas, de asistencia, de atención en salud”, explicó, en entrecista con La Razón, la jefa de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Lourdes Cortez.
Las cifras prueban que al país le queda aún un largo recorrido para brindar a esta población vulnerable un trato digno, tanto en la comunidad, con la oportunidad primordial de transporte para un adulto mayor, hasta dentro del propio hogar, brindando la asistencia y la protección necesarias.
“Todo el concepto de dignidad en sí aglutina estos tipos de derechos. Cuando vemos, por ejemplo, el tema de abandono, que no haya políticas de Estado que posibiliten que el adulto mayor pueda precisamente acceder de forma integral al ejercicio de sus derechos”.
TRATO
El derecho a una vejez digna implica procurar el desarrollo integral, una vida libre de violencia y sin discriminación, así como el trato preferente en el acceso a los servicios en toda institución pública y privada. Pero además, conlleva una responsabilidad de la familia y la comunidad.
“Le gente vive apurada, correteando y se aburren cuando ven a un viejo caminando o preguntando. El otro día he ido a pasear con mi hijo a la 16 de Julio, pero al volver a mi casa ya no encontraba minibús. Estaban esperando hartas personas y a empujones había que subir”, relata Julio Torres, de 72 años, mientras hace sus compras habituales en el mercado de Villa Dolores, en El Alto.
Según los datos de la Defensoría del Pueblo, el segundo derecho de los adultos mayores más vulnerado es a la propiedad individual y patrimonio, con 1.150 denuncias. Por este problema, ancianos se quedan sin un hogar y en completo estado de desprotección.
“Lastimosamente lo vemos incluso por parte de los hijos; en el tema de las deudas también hay excesos, porque hay personas que se aprovechan, inclusive haciendo firmar documentos en blanco, quitándoles sus departamentos o no pagarles los alquileres, porque hay adultos mayores que viven de los alquileres”, indicó Cortez.
En casos extremos, adultos mayores se han quedado sin su hogar. “Particularmente está el tema del despojo. En el área rural también está mucho el tema de la amenaza de despojo, porque no han cumplido con los deberes comunales y, en muchos casos, lastimosamente por la edad y salud hay personas que no pueden cumplir con ciertos deberes comunales”.
En tanto que en tercer lugar en cuanto a cantidad de denuncias se encuentra la vulneración a las garantías del debido proceso, con 988. Asimismo, del total de 5.579 casos registrados por la Defensoría del Pueblo contra esta población vulnerable, 3.323 corresponden a La Paz y 449 a Santa Cruz.
La entidad hizo un llamado al Estado, la familia y la comunidad para generar una mayor protección que procure que los adultos mayores logren el ejercicio pleno de sus derechos y una vejez digna. Y sus observaciones llegaron a las propias instituciones que son llamadas, en la mayoría de los casos, a servir de apoyo a esta población.
Las alcaldías, que deben brindar un servicio puntual a los ancianos, figuran en los datos de la Defensoría como las instituciones con más denuncias, con 831 entre enero de 2022 y agosto de la actual gestión. En segundo lugar se encuentra el Órgano Judicial, con 262 casos.
“Generalmente es por la falta de atención en las unidades del adulto mayor, porque en realidad es la única instancia que, desde la política de Estado, debe garantizar, inclusive si nosotros revisamos la normativa en relación a las obligaciones que tienen los gobiernos municipales, no solo estamos hablando de la atención de casos, estamos hablando de políticas que beneficien a los adultos mayores”, complementó Cortez.
Rosa no sabía a quién acudir mientras revisaba los papeles en su mano. El ajetreo entre decenas de pacientes transcurría, hasta que una funcionaria notó su confusión y empezó a ayudarla. “Solo eso necesitaba”, dice la anciana.
Instancias como alcaldías, el Ministerio de Justicia y la Defensoría ofrecen guía y ayuda a los ancianos. Hoy se recuerda el Día Internacional de las Personas de Edad, establecida por las Naciones Unidas en diciembre de 1990.
Se promueve la defensa de los derechos de los ancianos. Foto. APG
En centros de acogida, observan abandono y falta de regulación
Con el problema sobre la mesa, desde el Gobierno y la Defensoría del Pueblo se asumen dos estrategias para procurar el cumplimiento de los derechos de los adultos mayores, al margen de la atención de casos, desde un ámbito correctivo y de una prevención comunitaria.
El primer paso fue identificar los principales problemas.
“Hemos ido analizando las causas o las problemáticas estructurales, por ejemplo, en lo que va de la gestión hemos alcanzado ya siete de nueve departamentos en las visitas de los centros de acogida de larga estadía para personas adultas mayores”, explicó a La Razón la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz.
En los establecimientos se hizo una revisión de las condiciones y el tipo de población albergada.
“De las problemáticas más preocupantes que hemos encontrado están el tema de abandono, soledad, el de la existencia de muchas personas adultas mayores con enfermedades psíquicas o de degeneramiento cognitivo que están afectando su grado de independencia, y eso genera que vivan con cada vez mayor grado de dependencia respecto a las personas que están a cargo de su cuidado”.
Esto respecto de los centros públicos que “debieran ser administrados por el Estado o al menos tener una suerte de supervisión por parte de los departamentos”; no obstante, también se detectaron problemas en los que son de administración privada.
CONTROL.
“En los centros privados o los de convenio, la supervisión que se realiza por parte de los entes rectores departamentales es mínima, si es que no fuese nula, tomando en cuenta de que no existen normas de acreditación o de caracterización de este tipo de centros y es evidente, tomando en cuenta la vulnerabilidad del tipo de adultos mayores que tenemos, que eso genera mayor preocupación”, afirmó la viceministra.
Ante este diagnóstico preliminar, el Gobierno y la Defensoría del Pueblo trabajan en un ámbito correctivo y de prevención.
Cruz detalló que, ante el problema de acceso a la justicia, se trabajó en una guía para ancianos, y sobre el tema de acceso a salud y medicamentos se reactivó una mesa nacional de emergencia sanitaria con enfoque especial.
Además, la Defensoría trabaja en formar e impulsar, entre los propios adultos mayores, promotores y protectores de los derechos. El acercamiento con esta población es fundamental para esta entidad.
A una semana del caso, la balacera en Desaguadero tiene a sus primeros investigados, se trata de cinco policías que pertenecen a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y que son indagados por asociación delictuosa y otros delitos.
“De los mandamientos de aprehensión puedo informarles que los delitos que ha tipificado el Ministerio Público son homicidio, lesiones graves y leves, asociación delictuosa y omisión de socorro. Son los tipos penales que ha tipificado el Ministerio Público, por los cuales han sido aprehendidos los cinco funcionarios el día de ayer (viernes)”, explicó el inspector general de la FELCN, Franklin Miranda, en conferencia de prensa.
El hermetismo con el que se manejó el caso desde su conocimiento público continúa por parte de la Policía. Aún no se han brindado mayores detalles de qué exactamente sucedió el viernes 22 de septiembre en el municipio fronterizo, que causó el intercambio de disparos y derivó en la muerte de una policía y una civil.
Por ahora, la entidad verde olivo se ha limitado a confirmar la aprehensión de los cinco primeros investigados en el caso, todos integrantes de la FELCN y que eran parte de una patrulla.
Una capitán, un suboficial y tres sargentos son indagados. Foto. jaime mamani espindola
“Después de una investigación que viene llevando la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el día de ayer (viernes) han sido aprehendidos cinco funcionarios policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico”, informó el inspector.
Contra ellos se ha abierto una investigación penal por los delitos ya mencionados y un proceso interno, por la vía disciplinaria.
“Estos funcionarios son miembros de la patrulla que se encontraba en el lugar y toda vez de que tenemos dos personas fallecidas, obviamente que estas muertes tienen que ser minuciosamente investigadas. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, muy respetuosos de los procedimientos investigativos y procedimientos legales que desarrolla tanto el Ministerio Público como la vía administrativa disciplinaria, es que durante estos días no ha querido entorpecer dichas investigaciones, y es así que hoy objetivamente informamos a la población boliviana sobre estas aprehensiones”, indicó Miranda.
CASO.
El inspector remarcó que no se permitirán actos irregulares y expresó la voluntad de la FELCN para contribuir tanto en la investigación penal como la interna. No obstante, no se han aclarado los detalles del caso.
Se especula con versiones como volteo de droga y otros, pero la Policía, sin descartarlas ni confirmarlas; determinó mantener en reserva los detalles que llevaron a ver en estos cinco uniformados indicios que apuntarían a responsabilidad en el deceso y hasta una asociación delictuosa.
Los aprehendidos fueron identificados como como la capitán Ximena A.; el suboficial Bruno T.; y tres sargentos, Sonia C., Rolando P. y Roy M. Ellos aguardan su audiencia de medidas cautelares.
Una discusión por Bs 100 sería el detonante que llevó a un joven a matar a su amigo a golpes con una pala. El sindicado quedó aprehendido, mientras que ya nada se pudo hacer por la víctima; que falleció por el violento ataque sucedido en una vivienda de la ciudad de El Alto.
“Habría victimado al ahora fallecido usando un objeto contundente, una pala, con la cual le propinó varios golpes mortales en el rostro y en el cráneo”, explicó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Carlos Ibarra.
La Policía investiga ya este caso, que sucedió en la zona de Nuevos Horizontes. Al parecer, el acusado y su amigo, la víctima, compartían bebidas alcohólicas cuando sucedió el altercado y el posterior crimen.
“Según los móviles del hecho, esta persona habría prácticamente perpetrado este delito, victimado al ahora fallecido por un monto de 100 bolivianos que presumiblemente le había robado mientras estaban consumiendo bebidas alcohólicas”, dijo el jefe policial.
Aún se busca definir la identidad de la víctima. En tanto, el acusado está aprehendido y quedó a disposición del Ministerio Público para que enfrente la justicia.
Aunque aún no se ha informado exactamente qué sucedió el 22 de septiembre en el municipio de Desaguadero, en La Paz, la Policía no solo ha confirmado la aprehensión de cinco de sus integrantes; también reveló que los dos uniformados que resultaron afectados en la balacera estaban con permiso cuando sucedió el hecho.
De estos policías, una perdió la vida y el segundo está hospitalizado desde la pasada semana.
“La funcionaria que ha fallecido se encontraba gozando de un permiso a cuenta de vacación; y es funcionaria de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) del grupo especial de Control de Coca. Con relación al herido, que es el sargento Laime, lo propio; es un funcionario de la FELCN de la Dirección Departamental de la FELCN de La Paz; quien también objetivamente, de acuerdo a los informes que nos han hecho llegar, estaba gozando permiso a cuenta de vacación”, informó el inspector general de la FELCN, Franklin Miranda.
Pero, qué hacían allí estos dos policías. Si bien el jefe policial confirmó que los cinco uniformados aprehendidos estaban en patrulla, sobre estos dos no se han revelado mayores detalles.
Además, también se maneja en reserva los datos sobre la segunda fallecida, quien se conoce que es una civil. El caso es investigado tanto por la vía penal, como por la administrativa.
“Por un principio de respeto a las familias de las personas fallecidas, yo les pido a los medios y la población no especular”, pidió el inspector.
En tanto, se aguarda la audiencia cautelar de los cinco policías aprehendidos, implicados en este caso. Estos son investigados por los delitos de asociación delictuosa, homicidio, omisión de socorro y lesiones leves y graves.
Policías aprehendidos por la balacera en Desaguadero son investigados por asociación delictuosa
Los cinco uniformados son integrantes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y eran parte de la patrulla de turno cuando sucedió la balacera.
Los cinco policías fueron aprehendidos este viernes. Foto: Viceministro Jaime Mamani Espíndola.
A una semana del caso, la balacera en Desaguadero tiene a sus primeros investigados, se trata de cinco policías que pertenecen a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y que son indagados por asociación delictuosa y otros delitos.
“De los mandamientos de aprehensión puedo informarles que los delitos que ha tipificado el Ministerio Público es homicidio, lesiones graves y leves, asociación delictuosa y omisión de socorro. Son los tipos penales que ha tipificado el Ministerio Público; por los cuales han sido aprehendidos los cinco funcionarios el día de ayer (viernes)”, explicó el inspector general de la FELCN, Franklin Miranda.
El hermetismo con el que se manejó el caso desde su conocimiento público continúa por parte de la Policía. Aún no se han brindado mayores detalles de qué exactamente sucedió la pasada semana en el municipio fronterizo que causó el intercambio de disparos; y derivó en la muerte de una policía y una civil.
Por ahora, la entidad verde olivo se ha limitado a confirmar la aprehensión de los cinco primeros investigados; todos integrantes de la FELCN y que eran parte de una patrulla que estaba en el lugar.
BALACERA EN DESAGUADERO
“Estos funcionarios son miembros de la patrulla que se encontraba en el lugar y toda vez de que tenemos dos personas fallecidas; obviamente que estas muertes tienen que ser minuciosamente investigadas. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, muy respetuosos de los procedimientos investigativos y procedimientos legales; que desarrolla tanto el Ministerio Público como la vía administrativa disciplinaria, es que durante estos días no ha querido entorpecer dichas investigaciones; y es así que hoy objetivamente informamos a la población boliviana sobre estas aprehensiones”.
Miranda ha repetido que no se permitirán actos irregulares y expresó la voluntad de la FELCN para contribuir tanto en la investigación penal como la interna que ya se lleva a cabo. No obstante, no se han aclarado los detalles de lo sucedido en Desaguadero.
Se especula con varias versiones, como volteo de droga y otros, pero la Policía, sin descartarlas ni confirmarlas; determinó mantener bajo reserva los detalles que llevaron a ver en estos cinco uniformados indicios que apuntarían a una responsabilidad en los decesos y hasta una asociación delictuosa.
POLICÍAS
“Le pido a la población boliviana dejemos que estas dos instancias, tanto la vía penal como la disciplinaria, realicen la investigación como corresponde conforme a ley; y van a ser estas instancias que en su momento van a informar de qué es lo que ha sucedido y qué ha pasado en este hecho que ha sucedido en Desaguadero”, dijo el inspector de la FELCN.
Los uniformados aprehendidos fueron identificados como identificados como la capitán Ximena A.; el suboficial Bruno T.; y tres sargentos, Sonia C., Rolando P. y Roy M. Los cinco se encuentran en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en espera de su audiencia cautelar.
“Las cinco personas que han sido aprehendidas ayer (viernes) han estado en el lugar y son miembros de la patrulla”.
