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Wednesday 21 Feb 2024 | Actualizado a 00:55 AM

Feria del Libro de La Paz 2023 presenta a los autores invitados

Los escritores, entre nacionales y extranjeros, que participan en la cita cultural, tendrán diferentes actividades hasta el domingo 13 de agosto, en el Campo Ferial Chuquiago Marka.

Feria del Libro de La Paz 2023 presenta a los autores invitados. Foto APG

Por La Razón

/ 3 de agosto de 2023 / 20:04

La Feria Internacional del Libro de La Paz (FILLP) en contacto con la Razón, dio a conocer a 19 autores invitados que destacan en el evento, que contará con más de 350 actividades.

Los escritores, entre nacionales y extranjeros, que participan en la cita cultural, tendrán diferentes actividades hasta el domingo 13 de agosto, en el Campo Ferial Chuquiago Marka.

África

El escritor José Ndwaniye nació en Ruanda y vivió en Bélgica durante unos 20 años. Sus obras literarias abordan temas como el regreso a Ruanda después del genocidio y las realidades del país. Su próxima novela está ambientada en Bolivia.

Europa

Uno de llegados a través del país invitado, Reino Unido, es Joseph Coelho. El poeta y autor de libros infantiles se caracteriza por abordar temáticas diversas y por un estilo de escritura accesible para jóvenes lectores. Publicó más de 20 libros.

El francés Frédéric Brémaud es guionista de historietas. Escribió para numerosas editoriales como Soleil, Paquet, Kochka y Banana Fight. Su obra abarca diferentes géneros y temáticas, desde historias de aventuras y ciencia ficción hasta relatos de piratas y mitología.

También de Francia, llega Jean-Claude Bauer, autor e ilustrador de cómics. Sus obras destacadas incluyen «Johnny, el nacimiento de un ídolo» (2014) y «Klaus Barbie. La route du rat» (2022). Ha recibido reconocimientos por su trabajo y su enfoque gráfico único.

Arianna Squilloni (Italia-España) es docente, editora y escritora especializada en literatura infantil y juvenil, por cuyo trabajo ha recibido reconocimientos.

Desde España, uno de los invitados es Jordi Peidró, que cuenta con una trayectoria de casi 40 años. Ha escrito novelas de género negro como «La herencia del mar» (2014) y «El decapitado de Harrogate» (2019) junto a Ximo Llorens, además de la inédita «La ruta azul».

También de España está ilustrador especializado en cartelería, portadas de libros, prensa y álbumes ilustrados, Pablo Caracol. Su obra se destaca por el uso de la paradoja visual y un alto contenido conceptual.

Thomas Ott (Suiza-Alemania) es un historietista conocido por sus breves cómics de terror realizados con la técnica de la «carte-a-gratter» (tarjeta de raspar) y con escaso texto. Su obra se destaca por su estilo distintivo y su enfoque en historias de terror.

La FILLP también contará con la presencia de Simone F. Baumann, destacada ilustradora y escritora de cómics suiza. Se caracteriza por crear cómics autobiográficos con un toque surrealista.

Autores de Latinoamérica en la Feria internacional de Libro de La Paz

De Chile llegan a la feria, Pablo Toro y Marcelo Simonetti. El primero es narrador, guionista y periodista. Fue reconocido como uno de los 100 líderes jóvenes de su país en 2011 por la revista Sábado de El Mercurio y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Mientras que Simonetti es escritor, periodista, dramaturgo y guionista cuya obra literaria abarca novelas, cuentos y álbumes ilustrados, destacando por su enfoque innovador y creativo. Por su destacada trayectoria fue posicionado como una figura relevante en la cultura chilena.

Poetas

Se incluye el poeta y ensayista César Bisso (Argentina), cuyas obras destacadas son “Isla adentro” (Primer premio de poesía José Pedroni), “Cabeza de Medusa” (ensayo) y “Un niño en la orilla” (Segundo premio municipal de poesía Ciudad de Buenos Aires).

La Paz también recibirá a Santiago Espinoza, de Colombia. El crítico y poeta es autor de “Escribir en la niebla”, una compilación de ensayos sobre 14 poetas colombianos, y del ensayo literario “El resplandor y la sombra”.

La escritora y poeta Clyo Mendoza y el escritor e investigador Jorge Arzate Salgado son los representantes mexicanos. Mendoza fue reconocida con el Premio Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2018 por su libro «Silencio»; mientras que Arzate Salgado ha recibido el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino por su destacada labor literaria.

Rei Berroa (República Dominicana) es poeta, catedrático y traductor, cuyas obras destacadas son: «Retazos para un traje de tierra» (Madrid, 1979), «Los otros» (Santo Domingo, 1981), «Libro de los fragmentos» (Buenos Aires, 1988) y «Libro de los fragmentos y otros poemas» (Caracas, Venezuela, 2007).

La presencia internacional incluye a Teresa Cárdenas, destacada escritora cubana, reconocida por su literatura infanto-juvenil y guiones para televisión.

Se suman Encuentro de Poesía Latinoamericana “Rumbo a la Jauría de Palabras”, que se efectuará del jueves 10 al domingo 13, con los poetas internacionales mencionados, además de Manuel Ceballos (México), Italo Passano (Perú) y Leo Cáceres (Perú). 

Los autores bolivianos en la Feria Internacional del Libro de La Paz

La FILLP contará con la presencia de los exponentes nacionales son Edmundo Paz Soldán y Magela Baudoin. La obra del autor cochabambino aborda temáticas contemporáneas y combina el realismo con la ciencia ficción. Ha recibido premios como el Erich Guttentag y una beca Guggenheim. Reside en Estados Unidos, donde enseña Literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell.

Asimismo, la escritora y periodista boliviana es autora de la novela «El sonido de la H» (Premio Nacional de Novela 2014) y el libro de cuentos «La composición de la sal» (Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, 2015).

Los nacionales Valeria Sandi, César Antezana, Verónica Delgadillo, Mónica Velásquez, Gabriel Chávez, Omar Alarcón, Benjamín Chávez, Pablo Carbone, Juan Pablo Vargas, Alí Céspedes, Cecilia Terrazas, Nelson Jaliri, Ada Zapata, Sarah Gonzales, Joan Villanueva, Alex Ayllón, Eduardo Álvarez, Sergio Gareca, Micaela Mendoza, Daniel Vacaflores de Tarija y Daniel Ayoroa también forman parte de la actividad.

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Rumbo incierto

Por La Razón

/ 18 de febrero de 2024 / 01:21

Diferentes estudios cualitativos y de opinión pública muestran que la sensación predominante en este momento en el país es de incertidumbre. Una reciente encuesta señala un aumento en la insatisfacción con la situación actual. Y la mayoría de la población no cree que la política ni la economía mejoren en los próximos meses. Son señales de alerta que deben preocuparnos.

Durante la coyuntura crítica de fines de 2019, prolongada en 2020 con el gobierno inconstitucional de Jeanine Áñez, se instaló en Bolivia una sensación extendida de crisis múltiple y polarización, acompañada de incertidumbre. Contribuyeron a ello la crisis sanitaria por el COVID-19, la sucesiva postergación de las elecciones generales, la persistente disputa de relatos en una sociedad dividida y la desastrosa gestión gubernamental. La percepción de crisis y de incertidumbre disminuyó con la victoria electoral de Luis Arce.

Transcurrido este tiempo, se ha ido ampliando la sensación de que el rumbo del país es incierto. Por un lado, los actores políticos relevantes, en especial en la Asamblea Legislativa, parecen empeñados en exhibir sus diferencias y la incapacidad de lograr acuerdos, como se vio en varios temas de la agenda legislativa. El bloqueo a las elecciones judiciales en 2023 y la autoprórroga de mandato de los magistrados aumentó la elevada desconfianza en los políticos y en las instituciones.

Pero el punto de inflexión respecto a la situación actual y la expectativa de futuro se produjo el primer trimestre del año pasado, cuando empezaron a faltar dólares y se generó un mercado paralelo. Más allá de la baja inflación, que es un dato sustantivo, así como de la disminución del desempleo, varios indicadores macroeconómicos son negativos para la economía nacional. Es particularmente crítico el boquete cada vez más grande y difícil de cubrir producido por la subvención a los hidrocarburos.

Con un sistema político sin acuerdos mínimos y parálisis decisoria en la Asamblea Legislativa (aunque debemos celebrar la convocatoria a las elecciones judiciales), y con la sensación creciente de duda sobre la estabilidad económica (principal pilar del gobierno de Arce), el actual contexto en el país es de preocupación e incertidumbre. ¿Los actores políticos e institucionales lograrán acuerdos básicos para encaminar la agenda de políticas públicas? ¿Se podrá sostener la economía sin escenario de crisis?

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Estas señales de alerta, que están en el día a día de la ciudadanía, empeñada en procurar condiciones de vida dignas, debieran concentrar la atención de todos los actores estratégicos, en especial del Órgano Ejecutivo. Las disputas políticas y de intereses particulares son normales en una democracia plural, pero se convierten en lastre cuando subordinan y hasta ignoran la agenda común y el bienestar colectivo. Es fundamental preservar la estabilidad y dar certidumbre sobre lo que viene.

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Difícil ruta crítica

El primero en vulnerar el acuerdo (tal vez porque no fue parte de la deliberación), fue el expresidente Carlos Mesa

Por La Razón

/ 15 de febrero de 2024 / 06:31

Lo que hasta la semana pasada parecía una salida al laberinto de la ley de convocatoria a elecciones judiciales se convirtió, en vísperas del Carnaval, en un nuevo reto para el espíritu democrático de algunos y más del mismo juego iniciado hace casi un año, para otros. Se espera que esta semana se implemente la ruta crítica y la convocatoria a elecciones sea publicada.

El escenario parecía haberse aclarado con el acuerdo “bicameral y multipartidario”, suscrito a instancias del Vicepresidente del Estado, y entonces se celebró “el triunfo de la política” por encima de las mezquinas actuaciones de algunas y algunos legisladores; sin embargo, la semana pasada, en vísperas del Carnaval, las cosas volvieron a complicarse cuando los jefes partidarios decidieron ignorar el contenido del acuerdo.

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A despecho de lo que pudieran creer y afirmar los dirigentes políticos interesados en impedir la pronta realización de las elecciones judiciales o en mantener en status quo la “autoprórroga” de las y los magistrados en ejercicio, el acuerdo sostiene que el debate legislativo sobre el mandato de los jueces, magistrados y tribunos debía producirse “en la sesión siguiente a la aprobación del Proyecto de Ley N° 144/22-23 y de al menos 4 de los proyectos de ley” referidos a créditos externos. El primero en vulnerar el acuerdo (tal vez porque no fue parte de la deliberación), fue el expresidente Carlos Mesa.

Sin embargo, legisladores de las tres fuerzas representadas en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa se mostraron optimistas respecto de la posibilidad de publicar hasta el fin de semana la convocatoria al registro de postulantes, paso que dará inicio al calendario electoral, que debe desarrollarse en 80 días en el ámbito legislativo y luego en 150 días en manos del Tribunal Supremo Electoral.

Mientras tanto, la interminable pulseta, en la que es imposible identificar alguna parte que no hubiese mostrado signos de mala fe, se alimenta de amenazas de declarar “incompetente” al presidente de la Cámara de Diputados o de reactivar los bloqueos de caminos desde la próxima semana, habida cuenta que, según varios comentadores y analistas, el bloqueo sí produjo los resultados que su impulsor, el expresidente Evo Morales, buscaba.

Por su parte, el Gobierno sigue mostrándose débil y arrinconado, y sin darse cuenta de que los discursos en los que se muestra como víctima tienen poco o ningún efecto en la opinión, seguramente porque se espera que las autoridades electas con más de la mitad de los votos sean capaces de proponer iniciativas que muestren proactividad. Mientras tal cosa no suceda, es de esperar que los líderes de oposición sigan manejando la agenda política según sus caprichos y que, como dijo una senadora de CC, siga alargándose “la agonía de los ciudadanos”.

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Créditos y/o cese

Hay pues la necesidad de pactar, sin imposiciones ni vetos, para fines de gobernabilidad.

Por La Razón

/ 11 de febrero de 2024 / 00:22

El acuerdo in extremis suscrito la semana pasada para destrabar las elecciones judiciales tropezó con la disputa por el cese de magistrados y la aprobación de créditos. Era previsible. El Gobierno busca mantener la autoprórroga y la oposición (evistas incluidos) condiciona los contratos de préstamo. Prosigue así la lógica de bloqueo con parálisis decisoria en la ALP.

Tras cinco días de debate y bajo presión del bloqueo de caminos, las jefaturas de bancada de las tres fuerzas políticas y las autoridades de ambas cámaras legislativas suscribieron un acuerdo con tres puntos. El primero se cumplió pese a los augurios en contrario. El lunes 5 fue aprobada en Diputados la Ley 144 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024. Al día siguiente se sancionó en el Senado y, horas después, fue promulgada por el Ejecutivo. Se asumió así una solución de compromiso que fue cumplida.

El problema surgió a la hora de tratar los siguientes dos puntos del acuerdo. ¿Primero aprobación de créditos y luego tratamiento de los proyectos de ley para el cese de magistrados y suspensión de plazos procesales? ¿O primero cese de los autoprorrogados y después consideración de los siete proyectos de ley de financiamiento de la agenda económica? Hay una cuestión de confianza (se habla de “maniobras” y de “chantaje”). Pero también de maximalismo político para imponer un punto de vista.

Según el mencionado acuerdo, los dos proyectos de ley relacionados con el cese de magistrados deben tratarse por tiempo y materia en Diputados luego de la ya aprobada ley de convocatoria a las elecciones judiciales y la aprobación de al menos cuatro de las siete leyes sobre contratos de préstamo para diferentes proyectos y obras. Quedarían pendientes las otras tres leyes de la agenda económica. Ello debió expresarse de manera inequívoca en el orden del día de la sesión. Y no fue así, generando conflicto.

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Es evidente que voceros de uno y otro lado están bloqueando el cumplimiento del acuerdo. Ahí están actores de la oposición que rechazan por anticipado la aprobación de los créditos y actores del Gobierno que desahucian el cese de magistrados. Ambos se acusan de la “ruptura” del acuerdo político. El resultado fue una fallida sesión en Diputados y el triste espectáculo de horas inútiles de discursos sin resultado. La sesión fue suspendida y postergada sin fecha. Como si no hubiera urgencias y riesgo de enfrentamiento.

¿Qué sigue? ¿El Gobierno aceptará el cese de los autoprorrogados a cambio de la aprobación de créditos? ¿La oposición condicionará todo, incluidas las elecciones judiciales, al cese de magistrados? Es innegable que cualquier solución requiere madurez y voluntad política. Y en este momento el oficialismo del presidente Arce está en minoría en la Asamblea. Hay pues la necesidad de pactar, sin imposiciones ni vetos, para fines de gobernabilidad en un contexto difícil para la política y la economía.

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Democracia amenazada

Como un mal de muchos que consuela a los tontos, el retroceso de los valores democráticos es ya un fenómeno global

Por La Razón

/ 8 de febrero de 2024 / 06:45

Como un mal de muchos que consuela a los tontos, el retroceso de los valores democráticos es ya un fenómeno global, caracterizado por la emergencia de líderes egocéntricos y autoritarios, obsesionados con alcanzar y luego retener el poder, pero también por la tendencia de los electorados a conceder el poder a tales líderes, habitualmente con una esperanza que luego se ve traicionada.

Ocurrió en Argentina hace pocos meses: Javier Milei, el candidato “ultraliberal”, cuya campaña estuvo plagada de insultos, descalificaciones, amenazas y cosas peores, se alzó con la victoria en segunda vuelta, y el día de su posesión mostró que, por una parte, iba en serio en su intención de impulsar una transformación neoliberal a cualquier costo, incluyendo su por ahora demorado proyecto de conceder[1]le al Presidente los poderes de los tres órganos del Estado; y, por otra, que gran parte de su discurso era mentira: las medidas adoptadas en poco afectan a “la casta”, que en los hechos es parte de su gobierno.

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Está ocurriendo en El Salvador, donde Nayib Bukele acaba de ganar su segundo mandato con un resultado electoral casi inverosímil: más del 80% de los votos fueron para el partido Nuevas Ideas, cuyo principal argumento de campaña fue el éxito en la reducción de la violencia atribuida a las mafias y las maras, lograda con el encarcelamiento masivo de presuntos delincuentes (se habla de más de 76.000 personas arrestadas) y la consiguiente reducción de libertades y derechos constitucionales.

Lo mismo, aunque con matices diferentes, puede decirse de Venezuela, donde el Presidente, en ejercicio desde 2013, ha anunciado que piensa ser reelecto a cualquier costo, lo que incluye ponerle cortapisas a cualquier oposición viable; o Nicaragua, donde desapareció por completo la competencia democrática y los opositores perdieron incluso su derecho a la ciudadanía.

Claramente no se trata de una tendencia atribuible a “la izquierda”. Para más evidencia está el último informe de Latinobarómetro, que demuestra el bajo apoyo que tiene la democracia: solo 48% de las personas en el continente la prefieren como modo de gobierno, mientras que 28% dice que le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario y el 17% prefiere “en algunas circunstancias” un gobierno autoritario.

Bolivia no es la excepción, y si en 2020 hubo evidencia del apoyo que puede galvanizar un gobierno como el de Jeanine Áñez, muchos de quienes hoy están en ejercicio del poder, en cualquiera de los niveles gubernativos, están demostrando que los valores y las formas democráticas les estor[1]ban, y cuentan con grupos organizados y movilizados para evitarlas en lo posible.

Difícil, pues, vislumbrar un futuro esperanzador cuando todo demuestra que líderes y dirigentes se han vuelto impacientes y no están dispuestos ni a esperar los plazos que impone el juego democrático ni a conceder la victoria al adversario. Así, es probable que la división no hará más que incrementar, lo mismo que las posibilidades de enfrentamientos fratricidas.

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Ganó la política

Por La Razón

/ 4 de febrero de 2024 / 04:05

Tras cinco días de debate, la comisión multipartidaria bicameral aprobó un acuerdo para convocar a las elecciones judiciales, discutir la autoprórroga de los magistrados y aprobar al menos siete créditos. El acuerdo, aprobado por consenso, es una victoria de la política. Se logró bajo presión del bloqueo de caminos, ahora en suspenso. El país espera que el acuerdo se cumpla.

Fueron necesarios 12 días de bloqueo de caminos, una medida radical y de alto costo impulsada por organizaciones afines al expresidente Morales, para que finalmente los actores políticos en la ALP destraben los comicios judiciales. Como establece la Constitución, la elección de las altas autoridades judiciales y constitucionales debió realizarse en 2023, pero fue bloqueada durante casi un año por acciones combinadas de actores políticos (en especial del Gobierno) y operadores en los tribunales.

En un acuerdo in extremis, el proceso volvió a la política y al órgano legislativo luego de su secuestro por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, que puso candados y trabas a las postergadas elecciones judiciales. En ese recorrido, la decisión más crítica, calificada de inconstitucional, fue la autoprórroga de los magistrados y consejeros que cumplieron su mandato el 31 de diciembre pasado. La exigencia de cese de estas autoridades fue el punto en discordia que impedía un acuerdo.

La buena noticia es que el pasado viernes los presidentes de las cámaras legislativas, los jefes de bancada y los presidentes de las comisiones involucradas firmaron un acuerdo para garantizar las elecciones judiciales 2024. Curiosamente, el acuerdo no fue firmado por el vicepresidente Choquehuanca, quien declaró un receso de facto en diciembre y dilató la convocatoria al diálogo. La ruta adoptada establece que este martes debe sancionarse la ley de convocatoria, con lo cual los comicios tendrán fecha.

Inmediatamente después está previsto el debate en la Cámara de Diputados sobre dos temas críticos. Por una parte, la aprobación de siete proyectos de ley de “financiamiento de la agenda económica” (nuevos créditos) y, por otra, el cese de los magistrados autoprorrogados, hoy solo defendidos por ellos mismos, el ministro de Justicia y algunos voceros del Gobierno. Ojalá el bloque arcista en la Asamblea no empantane la discusión y se retorne a la normalidad constitucional en el país, sin vacíos de poder.

Más allá del compromiso adoptado el viernes que, por supuesto, merece pleno apoyo, lo más relevante es que se reafirma la posibilidad de que los actores políticos relevantes dialoguen y logren acuerdos, al menos de procedimiento. Se evita así la parálisis en el órgano legislativo y se recupera la centralidad de la política. El país espera que, sin bloqueos que dañan la economía y perjudican a la población, las y los políticos estén a la altura en un año con difíciles retos y alta incertidumbre. 

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