En el marco de la presentación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, el manejo de la deuda pública y la emisión de bonos soberanos con una posible tasa de interés del 30%, que pone en duda su sostenibilidad, ha generado intensos debates entre economistas y políticos.

El economista Alberto Bonadona cuestionó la viabilidad de esta medida, calificándola de “descontrol fiscal” y destacando los riesgos asociados con un endeudamiento agresivo en el marco de una economía en crisis.

Durante una participación en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Bonadona aseguró que, aunque la deuda como herramienta no es negativa, el problema radica en la falta de planificación clara y en los elevados costos que podría implicar.

“Una tasa de interés del 30% es un precio demasiado alto para un país con las actuales condiciones de riesgo país. Esto encarece cualquier emisión de bonos soberanos y pone en duda su sostenibilidad”, explicó.

En la transmisión, Bonadona y Omar Velasco discutieron la posibilidad de que Bolivia deba emitir bonos soberanos con tasas de interés elevadas, potencialmente alrededor del 30%. Este porcentaje resulta de sumar la tasa libre de riesgo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos (aproximadamente 5%) y el riesgo país de Bolivia, que se traduce en un 19%, más una prima adicional que los inversionistas exigirían, estimada en un 6%.

Esta combinación llevaría la tasa total al 30%, reflejando la percepción de alto riesgo asociado a la economía boliviana en los mercados internacionales.

Velasco argumentó que, aunque la tasa resultante de esta suma sería del 24% sin tomar en cuenta la prima; no obstante, es probable que los inversionistas demanden una prima adicional.

Por otro lado, Velasco y Daniel Flores coincidieron en que endeudarse puede ser necesario, pero debe hacerse de forma estratégica. Velasco sugirió explorar alternativas financieras como bonos colateralizados o temáticos para reducir los costos de interés, mientras que Flores señaló la necesidad de un plan económico integral.

“El endeudamiento debe alinearse con objetivos claros que estabilicen la economía. Sin estas medidas, la factura recaerá en la próxima administración y en la población”, afirmó Flores.

Bonadona advirtió además sobre el impacto de la inflación en la deuda interna, señalando que esta estrategia podría “licuar la deuda”, es decir, reducir su valor real a través de la depreciación del poder adquisitivo, y afectar, principalmente, a jubilados y ahorristas.

Una de las críticas más fuertes giró alrededor del uso de los activos nacionales, como las 22 toneladas de oro en reservas del Banco Central de Bolivia (BCB), que podrían ser empeñadas como garantía para obtener financiamiento.

“Este tipo de medidas compromete los pocos activos que quedan en el país y limita las opciones de recuperación económica a futuro”, advirtió Flores.

Con una economía marcada por un alto déficit fiscal, baja confianza internacional y crecientes riesgos de endeudamiento, la discusión sobre cómo manejar la deuda pública será clave para el futuro económico del país.

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En medio de una crisis económica, política, social e institucional, el analista Vladimir Peña consideró que, desde 2006, el Presupuesto General del Estado (PGE) no ha sido objeto de un verdadero debate público en la Asamblea Legislativa.

Actualmente, el PGE se encuentra en una comisión de la Cámara de Diputados, y la posibilidad de un debate abierto parece incierta.

En entrevista con La Razón Radio, Peña expresó su esperanza de que los diputados logren consensos para discutir el proyecto de ley. Sin embargo, lamentó que durante los años de hegemonía política del Movimiento al Socialismo (MAS), la Asamblea se convirtió en un “espacio opaco” y alejado del debate democrático.

“El MAS tuvo una mayoría aplastante durante casi 16 o 17 años, y en todo ese tiempo nunca se debatió el presupuesto, una de las tareas más importantes en cualquier democracia”, aseguró.

Según el analista, esta práctica no solo evitó la transparencia, sino que permitió la incorporación de artículos ajenos al presupuesto, lo que afectó directamente a sectores productivos, como han denunciado empresarios de Santa Cruz.

Peña instó a recobrar el debate público como un instrumento esencial para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos del Estado. “No podemos tener presupuestos opacos, carentes de debate público. La ciudadanía necesita saber qué se hace con el dinero público, dónde se invierte, cómo se invierte y si esa inversión es acorde a las necesidades del país”.

En un contexto de división interna en el MAS, consideró que esta situación podría incentivar el retorno al debate democrático en el Parlamento. Asimismo, señaló la necesidad de mayor transparencia en temas, como las reservas de gas y las gestiones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que han generado incertidumbre en la población.

“La democracia no puede reducirse a mayorías y minorías que utilizan el Parlamento para discusiones sin sentido. Necesitamos una gestión pública transparente y eficaz, elementos fundamentales para una gobernanza moderna”, indicó.

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En medio de un momento de tensión política, económica y social por el que atraviesa Santa Cruz, el analista político Vladimir Peña calificó como un “fracaso” al cabildo convocado el miércoles para exigir la liberación del gobernador electo Luis Fernando Camacho y abordar la crisis económica en la región.

Un cabildo convocado en la capital cruceña tuvo lugar el miércoles a los pies del monumento al Cristo Redentor. La multitud determinó dar un plazo al Gobierno para liberar a Camacho y otros denominados “presos políticos”.

En entrevista con La Razón Radio, Peña aseguró que la convocatoria no logró movilizar a más de 5.000 personas, una cifra significativamente baja en comparación con los cabildos multitudinarios del pasado, que reunían decenas de miles de ciudadanos.

“Este cabildo no pasó de ser ruido más que nueces. Marca una clara división entre los diferentes espacios políticos y dirigenciales de Santa Cruz”, comentó.

Peña atribuyó este fracaso a la crisis de liderazgo en Santa Cruz y a la fragmentación de las instituciones, como el Comité Cívico y la Gobernación. “Hoy, la institucionalidad cruceña está profundamente fragmentada, y no hay un proyecto común que unifique a los sectores mayoritarios de la sociedad”.

Además, el analista destacó que detrás de esta convocatoria “ciudadana” se encuentran dirigentes políticos ligados al partido de Camacho, lo que habría desdibujado el carácter cívico del evento.

Lamentó que la poca asistencia de la población refleja un desgaste en el modelo de cabildos como instrumento de presión y organización ciudadana.

Otro factor que influyó en la escasa participación fue el contexto económico adverso que vive el país. Peña afirmó que el cabildo estuvo motivado por la crisis económica y la situación política, temas que, aunque relevantes, no lograron generar un consenso masivo en la ciudadanía.

“La gente está cansada y siente que las instituciones, incluyendo los partidos políticos, no están cumpliendo con su rol”, afirmó.

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El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca exhortó a sus colegas legisladores a aprobar en grande el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y, posteriormente, observar y rechazar los “artículos mañosos” incluidos en la Ley Financial.

En entrevista en La Razón Radio, el diputado instó a sus colegas a rechazar los artículos “mañosos” de la Ley Financial durante el debate en detalle. Destacó la importancia de aprobar en grande el PGE para evitar que el Gobierno imponga un decreto supremo que incluya las disposiciones cuestionadas.

“El Gobierno busca forzar un escenario en el que la Ley Financial pase intacta, pero debemos actuar con responsabilidad para proteger a la ciudadanía”, aseveró.

Con solo unos días para debatir el PGE antes del inicio de la nueva gestión fiscal, Roca aseguró que los parlamentarios deberán rechazar los artículos y disposiciones en su tratamiento en detalle en la Asamblea Legislativa.

El legislador señaló que ha identificado al menos 12 artículos y varias disposiciones adicionales que considera “nocivas y peligrosas” para la economía del país en un contexto de crisis.

Roca denunció que el Gobierno ha utilizado un “modus operandi” consistente en incluir aspectos de política económica que califica como “contrabando” dentro de la Ley Financial. Según explicó, estas disposiciones no solo afectan la administración presupuestaria, sino que comprometen la estabilidad económica.

Entre los artículos cuestionados se encuentran:

• Artículo 6: Permite a alcaldías y gobernaciones incrementar sueldos y salarios, pese a la falta de recursos para obras esenciales.
• Artículo 13: Autoriza al Gobierno a emitir bonos soberanos por $us 3.000 millones sin supervisión de la Asamblea.
• Artículo 14: Facilita el uso de garantías multilaterales para cubrir deudas.
• Artículo 19: Permite al Banco Central de Bolivia (BCB) disponer de las reservas de oro restantes, lo que Roca califica como “un despropósito enorme”.

Uno de los puntos más controversiales es la posibilidad de vender bonos de carbono, lo que implicaría hipotecar los servicios ecosistémicos de los bosques bolivianos por décadas. “Esto no solo viola la Ley de la Madre Tierra, sino que compromete el futuro medioambiental del país”.

El legislador también alertó sobre el efecto inflacionario del presupuesto, debido a que el Gobierno planea financiar un 40% del gasto mediante deuda interna y externa. “Han licitado la impresión de billetes equivalentes al 24% del PIB, lo que devaluará la moneda y elevará los precios de manera insostenible”.

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El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón calificó como engañosa la gestión del gobierno sobre a la subvención de combustibles.

En el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, recordó que en 2022 el presidente Luis Arce justificó la necesidad de un referéndum para limitar o eliminar la subvención, afirmando que, sin estas medidas, el Tesoro General de la Nación (TGN) enfrentaría un colapso debido al gasto anual de $us 2.000 millones en subsidios y al contrabando de Bs 600 millones en combustibles.

Alarcón denunció que el discurso oficial cambió drásticamente. “Pasamos de un presidente que advertía un desastre económico si no se restringía la subvención, a un candidato que asegura que todo está bajo control”.

Según el diputado, esta contradicción demuestra un manejo “oportunista” del tema, diseñado para favorecer intereses electorales del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Además, Alarcón alertó que la “falta de coherencia” refleja un mal manejo de la economía, donde el gasto en subvenciones no ha sido acompañado por estrategias efectivas para combatir el contrabando ni por un debate serio en la Asamblea Legislativa.

“El gobierno evade su responsabilidad y traslada el peso de sus errores a la población, con medidas que encarecen la vida de los bolivianos”, concluyó.

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