La situación de las elecciones judiciales en Bolivia ha desatado un intenso debate entre juristas, legisladores y analistas políticos. Las elecciones judiciales parciales y la controversia sobre la continuidad de los magistrados han llevado a cuestionar la funcionalidad de las instituciones y el respeto al marco constitucional.

En este contexto, Felipe Cordero, director de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana (UCB), y la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame debatieron, en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, acerca de las posibles soluciones a la crisis institucional. 

Según Cordero, el país está en medio de un “carnaval jurídico”, donde existe un Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “con dos cabezas”. “Esto refleja el caos que vivimos como país”, comentó, en referencia a la disputa por la presidencia del TCP entre los magistrados Paul Franco y Gonzalo Hurtado.

Cordero aseguró que una de las mayores falencias es la “desnaturalización” del TCP que ha asumido atribuciones fuera de su mandato. Señaló que sentencias como la 0084 han ido en contra del texto constitucional al interpretar normas básicas para justificar figuras como la reelección indefinida.

“Cuando el Tribunal inaplica artículos de la Constitución, está desnaturalizando su rol. Es como jugar a las cartas y cambiar las reglas en medio del juego. Esto crea un sistema que deja de ser confiable para la ciudadanía”, explicó.

Sobre los magistrados “autoprorrogados”, Cordero argumentó que la Constitución establece claramente que su mandato finaliza al cumplirse el periodo estipulado. “No podemos normalizar excepciones y convertirlas en reglas permanentes. Si los magistrados no cesan automáticamente, debe ser el órgano judicial quien lo regule, aunque las instancias internacionales también son una opción a largo plazo”.

Por su parte, la senadora Silvia Salame coincidió en la necesidad de buscar soluciones, pero recalcó que la crisis institucional actual limita las opciones desde el ámbito judicial. “Desde el 2 de enero hemos presenciado un golpe de Estado judicial. No podemos confiar en un tribunal prorrogado e ilegítimo para resolver la situación”.

Salame, quien ha presentado diversos proyectos de ley para evitar el vacío institucional, consideró que la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de legislar para evitar un colapso jurídico.

Ambos entrevistados coincidieron en que la solución pasa por fortalecer el Estado de derecho, pero difieren en los caminos para alcanzarlo. Mientras Cordero abogó por explorar alternativas creativas desde el ámbito académico y judicial, Salame insistió en la necesidad de una intervención legislativa inmediata.

La crisis institucional pone a prueba la capacidad del país para encontrar consensos. Las elecciones judiciales representan una oportunidad para restablecer la confianza en las instituciones, pero, como señalan Cordero y Salame, esto solo será posible con un respeto estricto a la Constitución y la búsqueda de soluciones innovadoras.

Sebastián Michel, embajador de Bolivia en Venezuela y analista político, consideró que las encuestas presentadas por el empresario Marcelo Claure, sobre los perfiles presidenciales, no tienen una base técnica clara, calificándolas como “diseñadas en un escritorio”.

El empresario Marcelo Claure se ha posicionado como una figura polémica en el ámbito político, tras la difusión de encuestas presidenciales que han generado un intenso debate. A pesar de las críticas hacia la metodología empleada, los resultados reflejan un panorama fragmentado en la intención de voto, mostrando a Evo Morales con un 18%, seguido por Manfred Reyes Villa con el mismo porcentaje.

Más abajo se encuentran figuras como Samuel Doria Medina (13%), Jorge Quiroga (9%) y el presidente Luis Arce (4%), cuyo desgaste político parece evidente.

En el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Michel consideró que los datos presentan inconsistencias en la distribución geográfica y sumas erróneas en las intenciones de voto. A pesar de estas observaciones, las cifras han generado reflexiones sobre los ejes de cara a las elecciones: la economía y la estabilidad política.

Respecto al panorama político, aseguró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está en un momento crítico, debido a que enfrenta una profunda división interna.

Para Michel, este momento representa un ciclo de declive político que, eventualmente, dará paso a una renovación generacional. Sin embargo, afirmó que esta transición será complicada por la falta de liderazgo joven y propuestas innovadoras en el escenario político actual.

Según el embajador, el sistema político necesita ofrecer serenidad y certidumbre para evitar una crisis económica más profunda. Mientras tanto, el país está rumbo a un proceso electoral marcado por la fragmentación y la incertidumbre, donde la economía y la estabilidad serán los temas que definirán el futuro del país.

El sector privado ha manifestado su rechazo contundente a la disposición adicional séptima incluida en el Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, al considerar que genera inseguridad jurídica y un clima adverso para las inversiones.

En la disposición adicional séptima se establece que «con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos».

El lunes, en conferencia de prensa, representantes de cámaras industriales y empresarios expresaron su preocupación por las implicaciones de esta medida, calificándola de “arbitraria y discrecional”.

En entrevista con La Razón Radio, Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), explicó que esta disposición plantea un marco ambiguo que podría ser interpretado de manera subjetiva por funcionarios, generando riesgos de extorsión y complicando las operaciones del sector formal.

“Hoy el industrial boliviano ya opera bajo un sistema normativo robusto, con control de precios y regulaciones estrictas. Esta disposición adicional no solo duplica normas existentes, sino que podría afectar directamente a 39,000 industrias, 600,000 fabricantes y 2 millones de microempresarios. Esto incentiva indirectamente al contrabando, que opera fuera de regulación y daña aún más nuestra economía”, declaró.

Camacho lamentó que, mientras otros países modernizan sus marcos legales para atraer inversiones, Bolivia se aleja de esta tendencia. “Hoy necesitamos certidumbre jurídica, pero esta disposición ahuyenta a las pocas inversiones nacionales y extranjeras que aún llegan al país”, afirmó.

Las cámaras empresariales han enviado cartas al presidente, a ministros, y a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados para solicitar la eliminación de esta medida. Además, están evaluando caminos legales para impugnar la norma si llega a promulgarse.

Camacho señaló que las reuniones con representantes gubernamentales son un paso inicial, pero instó al Gobierno y a la Asamblea Legislativa a priorizar leyes que fortalezcan la inversión, como una nueva ley de hidrocarburos, minería e inversiones.

Lea: Recursos para el pago de la Renta Dignidad están garantizados para 1,2 millones de personas en 2025

La Renta Dignidad, que beneficia a más de 1,2 millones de adultos mayores, tiene asegurados los recursos para su continuidad durante la gestión 2025. Así lo confirmó el gerente nacional de prestaciones de la Gestora Pública, Javier Molina, quien destacó que el Presupuesto General del Estado (PGE) contempla los montos necesarios para cubrir este derecho adquirido.

A pesar de la caída en los ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la Renta Dignidad sigue siendo sostenible, según Molina, debido a los aportes de las empresas estatales como YPFB, Entel, BoA y otras.

El monto total mensual destinado al pago de la renta ronda los Bs 400 millones, con cada beneficiario que recibe entre Bs 300 (rentista) y Bs 350 (no rentista) al mes.

En entrevista con La Razón Radio, el gerente también aseguró que el fondo se ajusta anualmente y, además, permite incorporar a los nuevos beneficiarios que cumplen los 60 años. Solo en el último año, cerca de 40.000 personas se sumaron al sistema.

Para la próxima gestión, se estima un crecimiento similar en el número de beneficiarios, lo que refuerza la necesidad de una administración eficiente de los recursos. Molina reiteró que la Gestora Pública continuará cumpliendo su función operativa para garantizar el acceso a este derecho.

Con este presupuesto asegurado, la población adulta mayor puede estar tranquila respecto a la continuidad de un beneficio que ha sido pilar de la seguridad social en el país durante más de dos décadas.

La Renta Dignidad se enfrenta a retos financieros derivados de la caída de ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y otras fuentes.

El Proyecto de Ley PGE 2025 se encuentra en la Cámara de Diputados, esperando que la Comisión de Planificación inicie su tratamiento. Una vez aprobado, debe remitirse a la Cámara de Senadores para que sea sancionado.

El gerente nacional de Prestaciones de la Gestora Pública, Javier Molina, explicó que la suspensión de la Renta Dignidad afectará exclusivamente a un grupo minoritario de entre 10.000 y 13.000 personas mayores de 60 años que continúan trabajando en actividades remuneradas.

“Es importante aclarar que no se está eliminando el derecho, sino que se suspende mientras las personas sigan en actividad laboral remunerada”, destacó en entrevista con La Razón Radio.

Una vez que las personas afectadas dejen de trabajar, podrán reactivar automáticamente su derecho a recibir la Renta Dignidad, siempre y cuando notifiquen formalmente la conclusión de su actividad laboral. Dicho procedimiento es similar al que ya aplican algunos jubilados para evitar doble percepción de ingresos (renta y salario).

Molina enfatizó que esta medida es parte del proyecto normativo del Presupuesto General del Estado (PGE) que aún está siendo tratado en la Asamblea Legislativa. “El objetivo no es ahorrar, sino transferir los recursos a quienes más lo necesitan, como las personas que no tienen pensión”.

En el marco del PGE 2025, el sistema de jubilación y los beneficiarios de la Renta Dignidad enfrentarán importantes ajustes normativos. Estas medidas buscan garantizar la sostenibilidad del beneficio, pero también implican modificaciones que han generado debate.

La Renta Dignidad, que beneficia a más de 1,2 millones de personas en Bolivia, se enfrenta a retos financieros derivados de la caída de ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y otras fuentes.

Sin embargo, Molina aseguró que los recursos están garantizados para el próximo año, debido a una programación anual que incluye aportes de empresas estatales y utilidades generadas por dividendos.

“Estamos viendo un crecimiento de aproximadamente 40.000 nuevos beneficiarios anuales, y este ajuste permite que los recursos puedan redistribuirse de forma equitativa entre quienes ya no cuentan con ingresos adicionales”, explicó Molina.

El Proyecto de Ley PGE 2025 se encuentra en la Cámara de Diputados, esperando que la Comisión de Planificación inicie su tratamiento y posteriormente lo remita al pleno para su aprobación. Una vez aprobado, debe remitirse a la Cámara de Senadores para que sea sancionado.