Comité de Seguridad Alimentaria evalúa qué hacer con la ‘disposición confiscatoria’
El Viceministro Jorge Silva negó que la normativa afecte la seguridad jurídica de los productores.

Imagen: VDDUC
Debido al rechazo que genera la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza el decomiso de mercancías y productos, el Comité de Seguridad Alimentaria se reunió para evaluar qué hacer con la normativa para brindar seguridad y tranquilidad al sector productor.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, consideró que la medida está siendo malinterpretada por los sectores que se consideran afectados.
“Las preocupaciones que tiene el sector industrial empresarial productivo, si bien son legítimas, están muy alejadas de la realidad del objetivo de la disposición que tiene otra connotación, otro alcance, otra finalidad”, sostuvo.
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Disposición
La autoridad reiteró que el objetivo es luchar contra el agio y la especulación, por lo que aquellos que operen dentro del marco legal no deberían preocuparse por que se aplique la disposición.
“Estamos hablando de luchar de forma conjunta, productores, empresarios, industriales, que realizan una actividad importante, porque generan empleos, invierten, pagan impuestos, y por lo tanto hay que proteger a nuestra nacional y hay que luchar contra aquellas personas, organizaciones criminales, que se apropian de su producción”, señaló Silva.
Además, el viceministro afirmó que el Gobierno brindará solución a la preocupación de estos sectores antes de que el tema “se politice”.
En los últimos días, diversas marchas multisectoriales se realizaron a nivel nacional, dándole plazos al Gobierno para derogar la disposición séptima y no aplicarla.
En criterio de Silva, este es un ejemplo de que se intenta confundir a algunos sectores para utilizarlos con fines políticos, en un año electoral.
Por ello, el Gobierno buscará brindar seguridad a los sectores y evaluará qué es lo que se debe hacer con la disposición.
La semana pasada, Silva propuso que en la reglamentación se aclare explícitamente que la norma no alcanza a los comerciantes minoristas. Asimismo, aclaró que mientras no se tenga un diálogo con todos los sectores involucrados, la disposición no entrará en vigencia.