La Defensoría del Pueblo exigió este jueves información formal a la Cancillería y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre las acciones emprendidas para resolver la crítica situación de conductores de cisternas bolivianas varados en San Antonio, Paraguay, quienes esperan desde hace días cargar combustible.

La institución reiteró sus Requerimientos de Informe Escrito tras constatar que el problema, recurrente en los últimos meses, persiste sin soluciones concretas. 

Aldo Cortés, responsable de Movilidad Humana de la Defensoría, explicó que la solicitud busca conocer detalles de las gestiones estatales, especialmente al cumplirse un año de los fallecimientos de conductores bolivianos en condiciones similares en territorio paraguayo.

“Es urgente saber qué medidas se han tomado para evitar que se repitan estas emergencias humanitarias”, sostuvo. 

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Cisternas

Según reportes de medios locales, las largas filas de cisternas bolivianas en Paraguay se han vuelto frecuentes, generando no solo afectaciones a los conductores, quienes soportan esperas prolongadas sin garantías básicas, sino también preocupación ambiental por posibles derrames o contaminación en la zona.

El Defensor del Pueblo paraguayo, Rafael Ávila, alertó sobre estos riesgos y se sumó al llamado para coordinar respuestas bilaterales. 

En ocasiones pasadas, Pedro Callisaya, defensor del Pueblo, estableció contacto con su par paraguayo y con YPFB para impulsar acciones humanitarias, sin que se lograran soluciones duraderas.

Actualmente, la institución mantiene diálogo con el embajador de Bolivia en Paraguay, Rufino Pasquito, y con autoridades locales para “precautelar los derechos humanos de los conductores”.

La Defensoría insistió en que el Estado debe garantizar condiciones dignas para los trabajadores del transporte cisternero, cuya labor es crucial para el abastecimiento de combustible en el país.

De acuerdo con algunos sectores de oposición, los conductores esperan durante semanas para poder cargar combustible debido a que YPFB no realiza el pago a las empresas internacionales de las cuales importa diésel y gasolina, aunque esta versión es negada por la estatal petrolera.

El Ministerio de Economía rechazó este jueves la reciente decisión de la agencia Moody’s de reducir la calificación crediticia del país de Caa3 a Ca, argumentando que la medida “no refleja de forma precisa la realidad económica y financiera de Bolivia, en un contexto internacional adverso y de profundas transformaciones”.

A través de un comunicado, esa cartera de Estado subrayó que el país mantiene el nivel más bajo de deuda externa desde 2017, equivalente al 24,4% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta febrero de 2025. Asimismo, resaltó el incremento de las Reservas Internacionales Netas (RIN) que superaron los $us 2.300 millones en el primer trimestre del año. 

El Ministerio criticó que Moody’s omitiera en su evaluación los avances del Gobierno para reducir la dependencia de importaciones de carburantes, como la operación de la planta de biodiésel en Santa Cruz y las próximas inauguraciones de FAME 2 (otra planta de biodiésel, en El Alto) y la planta de HVO.

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Moody’s

De igual manera, el comunicado destaca el Plan de Reactivación del Upstream, vigente desde 2021, que permitió el desarrollo del campo gasífero Mayaya en el norte de La Paz. Estas iniciativas, según el Ministerio, mejorarán la situación de las reservas de gas y fortalecerán la seguridad energética. 

Economía considera que la calificadora no tomó en cuenta el compromiso de mantener subsidios esenciales ni las medidas para impulsar exportaciones, claves para la estabilidad económica. 

Además, el comunicado señala que Moody’s reconoce que en el país existe una dificultad para acceder a proyectos de financiamiento externo, en lo que el Gobierno califica un “bloqueo en la Asamblea Legislativa”, y valora las gestiones del Órgano Ejecutivo para evadir la “demora en la aprobación de créditos”.

Este jueves, el Gobierno remitió otros dos proyectos de créditos, por lo que en la Asamblea se encuentran más de $us 1.800 millones pendientes.

De acuerdo con la calificadora, ese monto podría solucionar, a corto plazo, la crisis de divisas que atraviesa el país.

“El Gobierno continuará trabajando por preservar la estabilidad económica en el marco de la soberanía nacional”, insiste el comunicado.

En ese sentido, el Ministerio de Economía considera que las proyecciones de reactivación productiva y diversificación energética consolidarán la solvencia boliviana a mediano plazo.

Moody’s Ratings anunció este jueves la rebaja de la calificación de emisor y deuda del gobierno de Bolivia de Caa3 a Ca. Esta decisión responde a lo que la agencia califica como “una gobernanza muy débil” que elevó el riesgo de una crisis de balanza de pagos y de un posible default.

El informe de Moody’s describe un escenario en el que el Gobiernoo debe decidir de manera dramática entre destinar sus escasos dólares a pagar intereses de la deuda externa o cubrir importaciones esenciales, especialmente de combustible, mientras persiste la paridad fija del boliviano frente al dólar.

Esta rigidez cambiaria, lejos de ofrecer un ancla, agudiza las tensiones en el mercado de divisas y alimenta las presiones inflacionarias, según Moody’s.

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Moody’s

De cara a la política interna, la agencia subrayó las “profundas divisiones” dentro del partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que minaron la efectividad de las medidas económicas y limitaron la capacidad del Gobierno para detener la caída de las Reservas Internacionales Netas.

Moody’s advierte que, al cierre de diciembre de 2024, las reservas líquidas de divisas promediaron apenas $us 50 millones de dólares, menos del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), frente a $us 13.200 millones en diciembre de 2014, 10 años antes.

De acuerdo con la agencia, el persistente deterioro proviene de déficits fiscales y de cuenta corriente que promediaron 7,3% y 2,6% del PIB, respectivamente, entre 2015 y 2024.

Estas brechas reflejan, en parte, una subvención estatal masiva a las importaciones de combustible y una caída estructural de las exportaciones de hidrocarburos. El rubro hidrocarburífero dejó de aportar las divisas necesarias para alimentar las reservas, obligando al Gobierno a recurrir al Banco Central para financiar sus gastos.

Moody’s también redujo los techos de calificación de moneda local y extranjera, de Caa1 a Caa2 y de Caa2 a Caa3, respectivamente. La brecha de un escalón entre el techo de moneda extranjera y el de moneda local señala los riesgos de transferencia y convertibilidad, debido a la escasez de divisas, el riesgo de fuga de capitales y la baja efectividad de las políticas públicas.

Como punto de posible alivio, Moody’s destaca que los desembolsos pendientes de organismos internacionales, más de $us 1.600 millones en proyectos de crédito a espera de aprobación en la Asamblea Legislativa, podrían proveer divisas frescas para reforzar las reservas a corto plazo.

En un año marcado por fenómenos climatológicos adversos, prolongados conflictos sociales y presiones geopolíticas, el Banco Central de Bolivia (BCB) presentó este jueves sus lineamientos estratégicos para 2025, con el propósito de contener la inflación, preservar la soberanía monetaria y apoyar el desarrollo económico y social del país.

Durante la Rendición Pública de Cuentas Inicial, el presidente del BCB, Edwin Rojas, repasó los desafíos enfrentados en 2024 y detalló los objetivos macroeconómicos y administrativos para el año en curso.

Rojas advirtió que la economía boliviana sufrió el año pasado el impacto de emergencias climáticas como la “sequía más intensa en más de 40 años” y la paralización en la aprobación de créditos externos, además de tasas de interés internacionales elevadas y una inflación creciente en países vecinos que elevó la demanda de productos bolivianos, reduciendo la oferta interna.

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BCB

De cara a 2025, Rojas señaló que el entorno global experimenta un giro hacia el proteccionismo comercial liderado por Estados Unidos, lo cual afecta las relaciones comerciales y encarece los insumos importados.

En el ámbito doméstico, la baja inversión en exploración redujo la producción de hidrocarburos, mientras que la incertidumbre política por el proceso electoral y la falta de divisas complican la estabilidad económica.

Para hacer frente a estas amenazas, el BCB estructuró cuatro ejes de acción: preservar la soberanía monetaria, contener la inflación, fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) mediante la compra y refinación de oro, y canalizar financiamiento a Empresas Públicas Nacionales Estratégicas y al sector público.

Además, se impulsará la modernización del sistema nacional de pagos para agilizar transacciones y reducir costos.

En el plano académico y cultural, el ente emisor anunció su participación en el Encuentro de Economistas de Bolivia, el Diplomado en Banca Central y el Curso para Periodistas.

Con motivo del Bicentenario, el BCB también promoverá la publicación de un libro que se centrará en la historia económica y monetaria del país. Asimismo, adelantó la emisión de nuevos billetes y monedas conmemorativas.

El sector lechero de Cochabamba se encuentra en crisis, pues sus ventas diarias de leche se desplomaron de 300.000 a 240.000 litros en los últimos meses, una reducción de 20% que ha acelerado el cierre de hasta tres granjas por día.

La escasez de diésel, alimentos para el ganado y divisas para importar insumos estrangula la cadena productiva, llevando a los productores a declarar emergencia y amenazar con incrementar el precio del litro a Bs 6 si el Gobierno no interviene. 

La drástica reducción de 60.000 litros diarios, equivalente a perder la producción de 120 vacas lecheras al día, evidencia la vulnerabilidad del sector.

Jhonny Alba, representante de los productores, detalló que, solo en Cochabamba, dos a tres granjas cierran diariamente por no poder cubrir costos.

“Antes entregábamos 310.000 litros; hoy no superamos 240.000. Cada día es una sangría para las familias que dependen de esto”, explicó en contacto con Unitel.  

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Leche

La falta de diésel, crítico para el transporte de leche y operación de ordeñadoras, se combina con el encarecimiento de alimentos balanceados para el ganado, cuyo costo aumentó 40% por la escasez de maíz y soya.

A esto se suma la dificultad para acceder a divisas y adquirir medicamentos veterinarios o repuestos importados. 

Ante la falta de diálogo con autoridades, los productores advierten que elevarán el precio del litro a las industrias de Bs 3,55 a Bs 6, lo que podría trasladarse al consumidor final, aunque el Gobierno rechaza esta posibilidad.

Este jueves, iniciaron la venta directa en puntos estratégicos de Cochabamba a Bs 6 el litro, una medida desesperada para evitar intermediarios.

El Gobierno propuso al sector un aumento de Bs 0,50, propuesta que fue rechazada, pues los lecheros afirman que no se cumple con los costos de producción.

“Lamentablemente es como hacerse la burla de los productores. Hemos estado varios meses pidiendo que se incremente (el precio) debido a la situación del país”, aclaró Alba.

Cochabamba, responsable de una porción significativa de la producción láctea nacional, enfrenta un riesgo inminente de desabastecimiento. La caída en ventas no solo afecta a familias productoras, sino que amenaza con encarecer un alimento básico.