Los gobiernos de Argentina y de la capital del país acordaron financiar conjuntamente un plan de viviendas en Buenos Aires para personas de bajos recursos, en un intento por frenar la ola de ocupación violenta de espacios públicos y privados desatada hace días.

El anuncio del acuerdo fue hecho por el jefe del Gabinete argentino, Aníbal Fernández, y su colega de la capital, Horacio Rodríguez Larreta, tras una reunión que mantuvieron durante más de dos horas con ministros de las dos administraciones.

En breve comparecencia, los funcionarios advirtieron que no tendrán acceso al plan de viviendas «con créditos blandos», quienes usurpen terrenos públicos y privados tanto en Buenos Aires como en el resto del país.

«El que usurpe tampoco tendrá derecho a percibir o a acceder a ningún plan social. Ni ahora ni en el futuro», subrayó Fernández. Dijo que «por cada peso que invierta la ciudad, el Estado nacional pondrá un peso», y comentó que para acceder a esta iniciativa el beneficiario deberá acreditar al menos dos años de residencia en la ciudad.

Rodríguez Larreta, por su parte, indicó que la prioridad para el acceso a la vivienda la tendrán «quienes más la necesitan», precisó que el plan contempla también la urbanización de las «villas miseria» y anunció la conformación de una mesa de trabajo conjunta para resolver esta problemática.

El acuerdo fue anunciado después de varios días de acusaciones cruzadas entre ambos gobiernos y cuando se cumplía una semana de los enfrentamientos violentos entre la Policía y vecinos con quienes ocuparon ilegalmente el Parque Indoamericano en Villa Soldati, en el sur de la ciudad, que se saldaron con cuatro  muertos, tres bolivianos y un paraguayo.

Ayer, las autoridades del Gobierno de Buenos Aires declararon la emergencia sanitaria en ese predio de 130 hectáreas, en el que desde hace varios días conviven de forma precaria más de 13.000 «okupas», entre argentinos, bolivianos, paraguayos y peruanos.

En los últimos días, al menos siete predios fueron ocupados por cientos de personas que reclaman viviendas tanto en la capital del país como en la periferia de Buenos Aires.

Solidaridad y pedido de diálogo

Bloqueo
En solidaridad, agrupaciones de desempleados bloquearon calles y prendieron fuego a unos andamios cerca del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Iglesia
La Conferencia Episcopal Argentina llamó al diálogo, afirmó que la tensión es «la evidencia de problemas de fragmentación social».

Comunidad boliviana rechaza las ocupaciones

Los dirigentes de las asociaciones que conforman la comunidad boliviana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitieron ayer un comunicado en el que rechazan las tomas de tierra, repudian la muerte de personas, exigen justicia y piden disculpas por la participación de connacionales en los hechos de violencia.

Si bien asume la responsabilidad de los bolivianos en las tomas, el comunicado repudia  enérgicamente «el discurso xenófobo del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri». Especialmente «su alusión a los extranjeros como delincuentes y narcotraficantes (…) que fueron motivo para incitar a incrementar el conflicto, desatando un sentimiento de racismo».

También exigen a la justicia «identificar a los responsables de la situación actual, ideólogos, instigadores, movilizadores y estafadores»; además de «someter a los responsables directos e indirectos de las muertes acontecidas en Soldati».

En cuanto a los ocupantes bolivianos, los dirigentes de la comunidad les piden «la salida pacífica de los hermanos bolivianos que se encuentran dentro del Parque Indoamericano, dado que ya fueron censados».

En el comunicado enviado a La Razón, la comunidad boliviana apoya el pedido del presidente Evo Morales de evitar las ocupaciones de tierras y agradecen la oferta de dotar de predios a quienes vuelvan al país.