El vocal del Tribunal Supremo electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi confirmó este jueves su decisión de no participar de las decisiones que impliquen al congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En entrevista con Piedra, Papel y Tinta, el juez electoral argumentó que su salida del caso fue motivada por la denuncia en su contra expresada por el jefe de ese partido, Evo Morales, según recordó.

El 13 de agosto, el expresidente del Estado acusó en Twitter a Tahuichi y a su colega Francisco Vargas de haber instruido “a sus técnicos (a) encontrar cualquier observación forzada o excusa para boicotear el congreso de octubre en Lauca Ñ”.

“Para mí, eso constituyen totalmente acoso político y psicológico, que afecta mi honorabilidad, mi honestidad y mi transparencia”, denunció Tahuichi en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Régimen Electoral

Arguyó que, para “evitar cualquier susceptibilidad”, apeló al inciso e del artículo 220 de la Ley 1026, de Régimen Electoral, para excusarse del caso.

El martes, el viceministro de Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, desafió a los medios de información a no solamente referirse a la denuncia de ataques de Tahuichi, sino también a otro punto de sus denuncias. “Nadie leyó más abajito: dice Tahuichi ‘yo no voy a participar porque no se han cumplido los estatutos del MAS’”.

Tahuichi replicó: “Hay que dejar en claro, no es como el señor Gustavo Torrico lo analiza”.

“Lo que pasa es que cada político lleva arena a su río”, afirmó el vocal en forma metafórica.

Alusión de Torrico

Entonces, ¿lo que dijo Torrico es falso? “No voy a comentar lo que dijo y no voy a entrar en el campo de la especulación; yo soy árbitro imparcial, técnico y tengo una neutralidad”, respondió.

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Insistió en que el 19 de septiembre, en sala plena del TSE, se excusó del caso del congreso del MAS porque, recordó, fue objeto de una “denuncia pública”. “No quiero generar ninguna susceptibilidad en las partes”, reiteró.

Además, afirmó que otro dirigente del MAS, Fidel Surco, pidió su recusación.

Tahuichi dijo que en su excusa recordó que la sala plena autorizó el congreso porque que cumplió con los requisitos, como una primera etapa, y falta la supervisión técnica del encuentro.

Congreso de Lauca Ñ

Liderada por Morales, la dirigencia del MAS convocó a su congreso para los días 3, 4 y 5 de octubre en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba. En la cita, la militancia de ese partido elegirá a su nuevo directorio y, eventualmente, ratificará la candidatura de Morales para las elecciones presidenciales de 2025.

La convocatoria ahondó la crisis partidaria, y el ala que respalda al presidente Luis Arce, en su línea, adelantó que no asistirá al encuentro. “Es muy difícil que nosotros podamos asistir a un congreso donde los dueños no van a estar”, afirmó el mandatario el jueves.

Lucio Quispe, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), interpuso el 13 de septiembre ante el TSE una acción para la anulación del congreso. Dicho órgano no emitió posición alguna hasta ahora.

El presidente Luis Arce, elegido por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2020, no tiene años suficientes de militancia en ese partido que le permitan habilitarse como candidato en 2025.

Así lo advirtió el vicepresidente de esa organización política, Gerardo García, en la transmisión digital La Razón Radio. “Luis Arce no está cumpliendo los 10 años de militancia (en el MAS) para ser habilitado como candidato; no somos nosotros, lo dicen la ley y los estatutos”, afirmó.

El punto 2 del artículo 64 del Estatuto del MAS, vigente desde el 22 de septiembre de 2021, establece que el candidato (binomio) “deberá contar con 10 años de antigüedad y una trayectoria intachable como militante del MAS”.

En criterio de García, Arce es apenas militante registrado del MAS desde 2018. Consideró que, si el mandatario quiere ser candidato, debería haberse inscrito en su partido en 2002, al menos.

“Es verdad, muchos que han sido inscritos, los libros no han llegado al Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, admitió, no obstante.

El jueves, el presidente Arce cuestionó la convocatoria al congreso del MAS en Lauca Ñ, para los días 3, 4 y 5 de octubre. “Es muy difícil que nosotros podamos asistir a un congreso donde los dueños no van a estar”, afirmó en conferencia de prensa.

Se refirió la inasistencia de organizaciones del Pacto de Unidad, que son el sostén social de los gobiernos del MAS, antes con Morales y ahora con Arce.

Consultado García sobre si Arce pude participar del congreso, respondió: “No le impide nada, sino que no puede ser candidato porque no cumple con los años de militancia”.

En enero de 2020, liderada por el expresidente Evo Morales, la dirigencia del MAS y del Pacto de Unidad reunida en Buenos Aires eligió a Arce y a David Choquehuanca como su binomio para los comicios de ese año. Implicaba su propósito de volver al poder luego de la ruptura constitucional que catapultó a la senadora Jeanine Áñez en lugar de Morales.

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Arce

Entonces, no hubo objeciones a la antigüedad o no de la militancia de Arce en el MAS. “Con Lucho, no van a decir que el candidato del MAS-IPSP no llega más allá de las organizaciones más afines; es un candidato también para las ciudades”, justificó Morales en su libro Volveremos y seremos millones (Planeta 2020).

Entonces habían quedado en el camino Andrónico Rodríguez, actual presidente de la Cámara de Senadores, y Diego Pary, embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“No hemos pensado que nos iban a traicionar de esta manera”, dijo García sobre el binomio, Arce y Choquehuanca, que fue elegido en los comicios del 18 de octubre de 2020 con el 55,1% de los votos.

Sin embargo, develó que entonces Choquehuanca se molestó por no haber sido elegido candidato presidencial del MAS. Afirmó que por eso se entiende ahora la “traición” del ahora vicepresidente del Estado a su partido.

Premio Nacional de Periodismo en 2012 y otras distinciones, el caricaturista Alejandro Salazar (Al-Azar) fue propuesto para ser postulado al Premio Nacional de Culturas 2023.

“Gracias, Al-Azar, necesitamos que te den el Premio Nacional de Culturas”, sugirió Ruth Llanos, una de las viudas de la masacre de la calle Harrington, del 15 de enero 1980, y ahora presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd).

Salazar fue honrado por La Razón, a través de su programa Piedra, Papel y Tinta, por su larga trayectoria y su aporte al periodismo a través de sus opiniones gráficas.

Llanos, viuda de Ricardo Navarro, contó que pudo conocer al gran maestro Al-Azar, como lo llamó, en la ofrenda a la Pachamama de La Razón, en agosto reciente. “Creemos, con otras amigas, el maestro Al-Azar es el mejor analista político que tiene el país: preciso, contundente y claro”, describió en un video grabado mientras transcurría el streaming dirigido por Claudia Benavente.

Consideró que “él debería ser parte de las enseñanzas de los futuros analistas políticos y también de los comunicadores sociales”.

“Yo lo firmaría también”, complementó Benavente en relación a la propuesta de Llanos.

En tanto, el periodista y comunicólogo José Luis Exeni congratuló a Al-Azar por su trayectoria, de la que dijo pudo acompañar siempre, desde cuando —dijo— se conocieron en el suplemento Tiempo Político de La Razón.

Salazar fue distinguido en 2012 con el Premio Nacional de Periodismo, en la categoría Caricatura. Es caricaturista de La Razón con Galería de Anormalidades, en el suplemento Animal Político, y Documentos desclasificados, de la edición diaria.

La suspensión del tratamiento de la ley de elecciones judiciales en la Cámara de Diputados ha causado preocupación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha llamado a Bolivia a garantizar el proceso de acuerdo a cronograma.

A través de un comunicado, el organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación “ante los desafíos que se presentan en el proceso de elección” de las autoridades de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Constitucional Plurinacional (TCP) y Agroambiental, y del Consejo de la Magistratura “que pueden debilitar el funcionamiento del sistema de justicia”.

De manera sucesiva, desde la presentación de una acción abstracta de inconstitucionalidad contra la convocatoria y el reglamento, el 25 de abril, al menos dos órganos del Estado dilataron el proceso al punto de ser desahuciado por otro —el Tribunal Supremo Electoral (TSE)— para este año. Desde la Sentencia 0060/2023 del TCP, del 31 de julio, que puso en fojas cero del proceso, la Asamblea Legislativa fracasó en su intento de concertar un proyecto de ley único, hasta que la Cámara de Senadores aprobó uno por dos tercios de voto el 31 de agosto, pero sin coordinación con su par de Diputados.

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CIDH

Su Comisión de Constitución decidió, el 6 de septiembre, consultar la ley —que fija comicios para la primera quincena de enero de 2024— ante los ministerios de Economía, Justicia y Planificación del Desarrollo, y los tribunales Supremo de Justicia y Agroambiental, además del Consejo de la Magistratura y el TSE.

El TSE ya se ha expresado, solo exigió 90 días para la organización de las elecciones. Y el TSJ rechazó la ley, al menos en relación a la vacancia de autoridades electas a partir del 3 de enero de 2024, y decidió consultar su constitucionalidad ante el TCP.

La CIDH consideró que “conforme al cronograma establecido, ésta (se refiere a la elección) debe llevarse a cabo en 2023 para que las personas electas asuman en sus cargos en enero de 2024”.

Los 23 magistrados y tres consejeros fueron elegidos por voto popular en los comicios del 3 de diciembre de 2017 y asumieron sus funciones el 3 de enero de 2018. Su mandato constitucional de seis años termina a finales de este 2023 o el 2 de enero de 2024.

Además, la CIDH observó que el proceso de preselección de postulantes “ha estado marcado por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional”.

Sentencia

Al respecto, la sentencia del TCP —a instancias del diputado de Creemos Leonardo Ayala— declaró inconstitucional la Resolución de Asamblea Legislativa 007/2022-2023, del 20 de abril de 2023, con la que se procedía al registro de postulantes en la Comisión Mixta de Constitución, como la Ley 1513, del 5 de junio de 2023, con la que se pretendía blindar las elecciones.

“Corresponde ahora con absoluta responsabilidad y compromiso con el país a nuestra Asamblea Legislativa cumplir las atribuciones que por Constitución tiene (y) emitir una ley por dos tercios de voto”, exhortó entonces el presidente del TCP, Paul Franco.

La CIDH lamentó que, hasta ahora, la Cámara de Diputados no haya convocado a sesión para la consideración de la ley aprobada en Senadores y recordó que la ciudadanía y distintas fuerzas políticas “han exigido la atención prioritaria a dicho proyecto, con el fin de garantizar la realización del proceso electoral”.

Además, dicho organismo recordó a la Asamblea Legislativa que, “según los estándares interamericanos, los procesos de nombramientos y selección de magistraturas revisten una importancia fundamental para asegurar la independencia, imparcialidad, eficacia de los órganos judiciales”.

Apuntó que “estos procedimientos deben cumplir con requisitos básicos como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con base en mérito y capacidades profesionales; así como participación de la sociedad civil para un efectivo control social”.

 “Además, es imperativo que estén libres de influencias políticas y de cualquier tipo de discriminación, a fin de generar confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones del Estado”.

Urgió al Estado y, especialmente, a la Asamblea Legislativa “generar consensos, aprobar la convocatoria y el reglamento respectivos, para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso de selección de las autoridades de las mencionadas instituciones”.

Justicia

La CIDH insistió en la necesidad de garantizar la ley en “observancia de los estándares internacionales y con garantías de transparencia e independencia”.

Al conocer el comunicado, el ministro de Justicia, Iván Lima, cuestionó la ley aprobada en la Cámara de Senadores. Afirmó que dicha propuesta de ley “vulnera estos puntos mencionados al haber establecido la posibilidad votar en plancha y al dejar de lado la evaluación oral”.

Y el expresidente del Estado y de la otrora Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez, que en su momento ponderó la aprobación de la ley en el Senado, consideró “oportuno” el comunicado de la CIDH ante la grave crisis judicial en el país. “La indolencia estatal para resolverla trasciende los cálculos políticos que la provocan”, escribió en Twitter.

(27/09/2023)

Otrora diputado y ahora viceministro en el gobierno de Luis Arce, Gustavo Torrico cuestionó el argumento del expresidente Evo Morales para justificar su candidatura en las elecciones generales de 2025.

“Con todo cariño y respeto (le digo a Morales): No puedes decir que ‘me están obligando (a ser candidato)’. Nadie puede obligar nada”, dijo el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental en el programa Piedra, Papel y Tinta (La Razón, 11.00).

El funcionario se refirió al argumento que el domingo utilizó Morales al anunciar su postulación presidencial. “Obligados por los ataques del gobierno, su plan para proscribir al MAS-IPSP y defenestrarnos con procesos políticos, incluso eliminarnos físicamente, hemos decidido aceptar los pedidos de nuestra militancia”, dijo el exmandatario.

Torrico, jefe de la facción Satucos y exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), abordó la crisis de su partido, de la que dijo que tiene origen en el referéndum del 21 de febrero de 2016. Esa vez, el MAS pretendió la modificación de la Constitución para habilitar la repostulación de Morales y de Álvaro García.

Consecuencia

“Esto es consecuencia de un hecho que ya empezó a separar aguas en el MAS en el referéndum, que iba a ser una carga política que iba a durar 50 años”, admitió el funcionario.

Afirmó que entonces Morales quiso aprovecharse de la situación “y obligarle al pueblo” a que le “dé una reelección indefinida”. Dijo que, entonces, advirtió del riesgo.

“En la disidencia lo dijimos”, insistió Torrico, que lamentó la victoria del No de entonces, aunque recordó que hubo factores que incidieron en el resultado, como el caso Zapata.

Antes de la votación, Carlos Valverde había apuntado la existencia de un hijo de Morales con Gabriela Zapata. Luego de el referéndum, a mediados de mayo de ese año, se desdijo: “Yo tengo la información de que el hijo de Evo Morales con Gabriela Zapata, efectivamente, no habría nacido, ésa es la información que tengo”.

Referéndum

“Que existe un niño, existe un niño; pero ese niño no es de Zapata ni de Evo Morales, peor de los dos”, insistió el comunicador en su programa de televisión Antes que sea tarde.

Para Torrico, ese fenómeno mediático afectó la votación del MAS, aunque dijo que se percibió en la población “una negligencia, por decir lo menos, del padre de familia”.

Afirmó que “las respuestas en ese tiempo no fueron nada lógicas; los agarraron en curva”. Citó a la entonces ministra de Comunicación Marianela Paco y el mismo García Linera, que alimentaron la idea de la existencia del niño.

Se dijo que pudieron “acariciar la barriguita de Zapata” y “el niño está crecido, bien alimentado”.

Sin embargo, el viceministro remató: “Jamás hubo un hijo, todo un lío; (pero) eso causó desazón en la ciudadanía”.

¿Arcista?

Consultado sobre si es arcista, Torrico respondió: “No, yo soy militante socialista, no voy por las personas; nunca lo hago”.

Sin embargo, lamentó la decisión adelantada de Morales. “Con tanta anticipación, eso es desgastante, porque das tus ideas, eso se va agotando”, afirmó.

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“Qué de nuevo estamos viendo hoy: reclamos. Esto le va a ser daño, no solo al MAS como partido, sino el proceso de cambio”, reflexionó.

Morales ya está encaminado a las elecciones de 2025. En puertas del congreso partidario de Lauca Ñ, espera la confirmación de ese foro previsto para los días 3, 4 y 5 de octubre.

Torrico expresó sus reparos sobre dicho encuentro. Consideró que la “columna vertebral” del MAS no ha sido convocada. Se refirió a las confederaciones Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de Mujeres Bartolina Sisa y de Interculturales.

“No se ha hecho eso, eso reclama el Pacto de Unidad y presenta una objeción”, recordó en relación al rechazo del bloque de organizaciones al congreso, luego de su reunión, el lunes, con el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

Lauca Ñ

Además, manifestó sus dudas sobre la legalidad del congreso. Afirmó que los medios se ocupan más de los “ataques” al vocal de Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi que a los riesgos.

“Nadie leyó más abajito (de lo que dijo el vocal): Yo no voy a participar, porque no se ha cumplido los estatutos”, parafraseó Torrico al tribuno.

En su criterio, esas observaciones pueden dificultar el desarrollo del congreso. “Si se suspende el congreso de Lauca Ñ, no le da al MAS el tiempo para convocar a otro”, advirtió.

Incluso afirmó que el MAS “corre el riesgo de perder su personería” jurídica y que no está “midiendo estas cosas”.

Sugirió que Morales, en su condición de jefe del MAS, “pueda recapacitar” sobre los riesgos e incluso “reunirse con el MAS y acordar una nueva fecha”.

Lamentó que la crisis del MAS esté abriendo “la puerta a una gran destrucción del proceso de cambio”. Consideró que la oposición, con su ticket en mano, está viendo de palco las pelas internas de su partido y “no está haciendo ningún esfuerzo” por afectar al MAS.

Afirmó que, así, se están preparando, “para que entren a destruir el país como lo hicieron en 2019, en un año”.

Mientras —aseguró Torrico— en el MAS Morales está buscando su propio enemigo en su organización. “Eso es lo que hizo Evo (…) para buscar protagonismo” y no pasar desapercibido.

Morales renunció a sus funciones el 10 de noviembre de 2019, obligado pro la crisis política y social que se había desatado en su contra por supuestas irregularidades en las elecciones del 20 de octubre.

Tras su dimisión, la senadora de minorías Jeanine Áñez se proclamó sucesora y aquel se asiló en México, de donde busco refugió en Argentina. Aquí gestó la postulación de Arce y Choquehuanca en las elecciones de 2020.