El presidente Luis Arce impulsa el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) convocado por el Pacto de Unidad para mayo en El Alto y dijo que ese encuentro permitirá a las organizaciones “recuperar” el denominado “instrumento político”.

“La próxima semana tenemos un congreso, donde estamos seguros que vamos a mostrar la verdadera fuerza de las organizaciones sociales y recuperar el instrumento político”, dijo el mandatario en la inauguración del ampliado extraordinario del MAS en Tarija.

Arropado por organizaciones sociales de esa región, Arce volvió a reivindicar a las organizaciones sociales como “dueñas” del MAS-IPSP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos).

Las declaraciones de Arce ocurren en medio de la discusión sobre la legitimidad de la convocatoria a un congreso nacional de esa organización política.

Congreso

Por un lado, la facción liderada por el jefe del MAS, Evo Morales, confirmó su encuentro para el 10 de julio de este año, en Villa Tunari, Cochabamba. Mientras que el bloque arcista ratificó su congreso para el 3, 4 y 5 de mayo, en El Alto.

Ambas convocatorias se enfrentan a la presión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que conminó al MAS a presentar su convocatoria hasta el pasado lunes, luego de una serie de observaciones.

Aún no se conoce la respuesta del TSE sobre cuál de las convocatorias goza de “legitimidad”.

“No hay nadie que se crea dueño del instrumento político, no hay dueño del MAS nacional ni del MAS de Tarija; los únicos dueños son las organizaciones sociales”, agregó el mandatario y volvió a defender el congreso previsto para mayo.

La discusión por la legitimidad de ambas convocatorias generó un intercambio de críticas entre ambas facciones del MAS.

Luis Arce

Miembros del arcismo calificaron de “caudillo” a Morales, de quien además dijeron que no es dueño de ese partido. Incluso, el vicepresidente David Choquehuanca, sin alusiones directas, defendió el cambio de liderazgos en esa fuerza. “Deben ser líderes sanos, apegados a la verdad y comprometidos con su pueblo”, pidió en varias ocasiones.

Por otro lado, la facción evista y el mismo Morales calificaron a Arce de “traidor” y de “derechizador” del llamado proceso de cambio. En medio del quiebre interno, el exmandatario y sus seguidores denunciaron un supuesto plan negro que, según dijeron, busca la inhabilitación de Morales a las elecciones presidenciales de 2025.

“No vamos a retroceder, sus amenazas y críticas no nos amedrentan”, arengó Arce.

Distanciados políticamente, Arce y Morales promueven la legitimidad del congreso, pero el TSE determinara aquello, cuando comunique su decisión respecto de las dos convocatorias.

La audiencia para la resolución de una acción popular en contra de la Ley 1549 fue fijada para el lunes a las 09.00 en Cochabamba. Se trata de un recurso de acción popular presentado por la abogada Yeny Dury Bautista, que denuncia la supuesta vulneración de los derechos de las mujeres indígenas en el proceso de preselección a las elecciones judiciales.

Ese recurso fue presentado por la profesional el 18 de abril, en Cobija, Pando, ante la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia. Solicita la paralización del cronograma de preselección para que “no se vulneren los derechos colectivos demandados”.

Según la denuncia, no existen candidatas pertenecientes a los pueblos indígenas, originarios, campesinos de Pando habilitadas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como dispone la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

Elecciones judiciales

Al respecto, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui advirtió que ese amparo puede afectar no solo parcialmente la fase de preselección, sino el proceso en su conjunto. Explicó que, en este caso, la denuncia no es por una vulneración a un derecho del postulante, sino por atropellos e irregularidades contrarias a lo establecido en la Ley de Elecciones Judiciales.

“Es un poco más complejo, porque no se está hablando de un tema particular con relación a una o un postulante. Se está hablando, alegando, que los criterios de igualdad que contendría la Ley 1549 no estuviese permitiendo que en el caso de algunos departamentos puedan sus postulantes tener las mismas oportunidades (…); esa acción popular sí es para preocuparse”, sostuvo.

Proceso

El reclamo de la abogada está basado en el artículo 4 de la Ley 1549, que “garantiza una preselección equitativa de hombres y mujeres (…). En la presentación de postulaciones, supone el acceso y participación de ciudadanos de naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades interculturales y afrobolivianas”.

Sobre eso, Jáuregui señaló que la determinación de esa acción popular puede “determinar la continuidad o la paralización” definitiva del proceso.

Hasta el jueves, se presentaron ocho los amparos constitucionales de postulantes inhabilitados para las judiciales; la Justicia otorgó tutela en cuatro casos, según informó el presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, Miguel Rejas.

Un informe de la Defensoría del Pueblo identificó 103 conflictos en el primer trimestre de este año. La mayoría de esos hechos ocurrieron en los departamentos de La Paz y Santa Cruz.

“De 103 conflictos, los departamentos de La Paz y Santa Cruz, reportan respectivamente 18 y 17 hechos de conflictividad, determinando los que mayor cantidad de demandas plantean, seguidos de los departamentos de Potosí y Beni, con 16 y con 15 el departamento de Cochabamba”, dice el informe del Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT), citado en una nota de la Defensoría.

Del total de esos casos, según el SIMAT, 75 fueron conflictos sociales como tal, mientras que 27 fueron alertas tempranas y hubo un acuerdo de resolución de conflicto.

Defensoría del Pueblo

El informe muestra que el principal motivo por las movilizaciones está relacionado con el ámbito laboral, “por la falta de pagos de haberes devengados; la suspensión y extinción de fuentes laborales por parte de los tres niveles del Estado.

“Los hechos de conflictividad en regiones han persistido con mayor prolongación de tiempo y mayor intensidad en sus medidas de presión”, añade la nota.

Entre sus ejemplos, cita los bloqueos de carreteras propiciados por sectores afines al expresidente Luis Arce que exigieron la realización de elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados y consejeros electos en 2017.

Asimismo, el informe muestra que, de la totalidad de reportes presentados, la mayor medida de presión utilizada por los actores demandantes es el bloqueo, como forma determinativa de exigencia de demandas.

Derechos

Aparte de lo expuesto, el documento identificó 39 casos del derecho al trabajo y empleo “que se han determinado por las tipologías laborales y económicas, lo que agrava más la situación del problema de estabilidad laboral o creación de fuentes de empleo.

También, advirtió la vulneración del derecho a la educación, principal función suprema del Estado, debe garantizar el acceso a este derecho humano y otros que se presentan en las gráficas del informe de conflictividad en Bolivia.

La Defensoría, según la nota, intervino en la resolución de conflictos “estratégicos”, entre ellos, elecciones judiciales y prórroga de autoridades judiciales, desabastecimiento de combustible, modificación a Ley de Pensiones, censo y límites municipales y departamentales, “elecciones primarias a través de las verificaciones in situ”, seguimiento y acciones para restablecer los derechos humanos.

La Procuraduría General del Estado pidió la anotación preventiva de los bienes y el congelamiento de cuentas de los implicados en el caso de los implicados en el caso de “irregularidades” en el diseño y construcción de las 18 piscinas de las plantas de litio en Uyuni, Potosí.

“Estamos haciendo las medidas con la Fiscalía, solicitando anotaciones preventivas, congelamiento de cuentas y todo lo que esté a nuestro alcance en Bolivia y fuera del país”, dijo el procurador general del Estado, Cesar Siles, a los periodistas en Cochabamba.

Siles explicó que el fin de esa medida es recuperar para el Estado los más de Bs 425 millones de daño que investiga el Ministerio Público.

Son 11 los implicados en ese caso, todos con mandamiento de aprehensión. Hasta el momento, la Policía Boliviana ejecutó cuatro de esas órdenes.

Se trata del exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú; ahora tiene detención domiciliaria y que pagó una fianza de Bs 30.000, Paul Q. B., exgerente de Recursos Evaporíticos, y Cristian A. A., exencargado de Fiscalización. Los tres se beneficiaron con detención domiciliaria. En el caso del exingeniero de obras Jorge F. M., fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva.

YLB

El Ministerio Público abrió el caso por una denuncia de Yacimientos de Litio bolivianos (YLB), la Procuraduría General del Estado y el Gobierno. Las “irregularidades” que se investigan fueron, según dijo la presidenta de YLB, Karla Calderón, cometidas entre 2013 y 2017, en la gestión del expresidente Evo Morales.

El miércoles, el exgerente de YLB Juan Carlos Montenegro, uno de los investigados en ese caso falleció por un infarto agudo, según el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), develado por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

Aún se espera los resultados del examen toxicológico para confirmar o descartar la presencia de sustancias “extrañas” en el cuerpo de la exautoridad de YLB.

Además de eso, está pendiente el informe del estudio grafológico de la carta póstuma de Montenegro, aunque su abogada, Audalia Zurita, indicó a La Razón Radio que el contenido de esa misiva coincide con lo que conversaron, según ella, un día antes del deceso. “Se encontraba desalentado”, relató.

El texto es “auténtico” y el mismo Montenegro me lo mandó, develó la jurista.

El caso de las 18 piscinas de las plantas de litio derivó en una serie de críticas y cuestionamiento entre los actores políticos. Por un lado, la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el bloque de oposición afirmaron que el caso solo busca “tapar el fracaso” del presidente Luis Arce en su política de industrialización del litio.

Entretanto, el arcismo anunció que el caso busca establecer “responsabilidades” en el mal diseño e implementación de la obra.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, criticó este viernes a empresarios que “chantajean” a sus trabajadores con despidos, debido al incremento salarial anunciado por el Gobierno.

“Hay que decirles que no usen (el incremento) como instrumento o sometimiento o acoso de intentar despedir a los trabajadores diciéndoles: ‘Quieren incremento o estabilidad laboral’. Siempre ha sido un chantaje permanente para nuestros trabajadores a nivel nacional”, afirmó.

El dirigente se refirió al asunto en el acto de conmemoración por los 71 años de la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia (CSTCB), en La Paz.

Aludió a la reacción de los empresarios ante el incremento del 8,85% al salario mínimo nacional y 3% al haber básico. Incluso, los empresarios calificaron el beneficio como “irresponsable”.

Justificaron su rechazo con el argumento de que dicho aumento, que ahora deja la paga mínima en Bs 2.500, generará inestabilidad laboral.

Incremento salarial

“Hay malos empresarios que vienen contradiciendo las políticas de nuestro Gobierno. Llamamos a la reflexión, no estamos buscando la confrontación. Hay que recordarles que muchas de las políticas que se han implementado en estos últimos años ha ido favoreciendo a los empresarios” respondió Huarachi.

El jueves, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Jaime Ascarrunz, planteó al Gobierno que la medida no sea retroactiva (desde enero de este año); o que se pague en seis cuotas mensuales.

Además, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) pidió que el monto de incremento sea pagado con los productos que tienen el sello “Hecho en Bolivia”.

Al respecto, el dirigente de la COB Gustavo Arce descalificó las sugerencias. “No estamos de acuerdo de ninguna manera, no hay vuelta atrás. Esos centavos que vamos a recibir como incremento salarial tienen que ser bien usados por los trabajadores; y generar movimiento económico”, dijo.

En medio de esa discusión, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Carlos Bolaños, en entrevista con La Razón Radio calificó de “lapidario” el incremento dispuesto por el Gobierno.

Consideró “insostenible” el incremento y señaló que, debido a una serie de factores adversos, entre ellos el contrabando, las utilidades de ese sector se redujeron hasta en un 70%.