La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en el operativo del hotel Las Américas en 2016 el Estado violó los derechos a la vida de las víctimas y exige procesar a los responsables.

Además, el organismo independiente recomendó al Estado “reparar las violaciones de derechos humanos mediante compensación económica y medidas de satisfacción para reparar tanto el daño material como inmaterial”.

El 16 de abril de 2009, un comando policial irrumpió en el hotel Las Américas, de Santa Cruz, en busca de Eduardo Rósza Flores, señalado entonces como un terrorista que pretendía una acción armada en el país.

Informe de la CIDH

El informe de la CIDH fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), señala el comunicado del organismo.

La intervención violenta terminó con la muerte de Rózsa Flores en la pieza 458 del hotel, del irlandés Dichael Dwyer en la 457 y del rumano Magyarosi Arpád en la 456. Dos miembros de la célula extranjera, Elód Tóásó (455) y Mario Tadic (454), salvaron la vida, pero fueron aprehendidos, como Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza.

Entonces, el presidente Evo Morales se encontraba de viaje en Caracas, Venezuela. Cumplía las funciones de presidente en ejercicio el vicepresidente Álvaro García. Era ministro de Gobierno Alfredo Rada.

En conferencia de prensa, García dijo que los miembros de la célula de Rósza estaban “vinculados, por la documentación que pudimos, observar, a una ideología de extrema derecha fascista”.

En tanto, el entonces jefe de investigaciones de la Policía Boliviana, mayor Jhonny Aguilera (ahora viceministro de Régimen Interior), según el informe de la Cámara de Diputados, concluyó: “Han estado armados, organizados; han poseído para sí aspectos de cualquier actividad terrorista, planificación, la ejecución y el camino del delito (…) la vía del terrorismo hace conocer que tiene que existir un financiamiento (…)”.

Precisamente, Tadic y Tóásó reactivaron su denuncia en abril de este año.

Hotel Las Américas

Capturados el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, en medio de un violento operativo policial contra un grupo armado, Tóásó y Tadic cumplieron con una condena de cinco años, sanción dictada por un tribunal de La Paz, en febrero de 2015.

Ambos se sometieron a un juicio abreviado por el delito de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, en grado de complicidad. Semanas después, salieron de la cárcel porque ya habían cumplido la condena en la detención preventiva y abandonaron el país.

El documento de la CIDH describe cuatro puntos que el Estado Boliviano debe cumplir:

1.           Reparar las violaciones de derechos humanos mediante compensación económica y medidas de satisfacción para reparar tanto el daño material como inmaterial.

2.           Implementar medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas.

3.           Realizar una investigación penal diligente y efectiva dentro de un plazo razonable para esclarecer los hechos, identificar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, de forma cumpla con los estándares de debida diligencia y el Protocolo de Estambul en casos de tortura.

4.           Adoptar medidas para prevenir futuros incidentes similares, a través de la implementación de programas permanentes de formación en derechos humanos dirigidos a la policía, el Ministerio Público y la Judicatura.

Según el comunicado de la CIDH, en su Informe de Fondo 394/21, dicho organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó la falta de investigación y esclarecimiento sobre la muerte de Michael Dwyer y “atribuyó al Estado la responsabilidad por su muerte”.

Proceso

Además, concluyó que los actos cometidos contra Tadic, Tóásó, Guedes y Mendoza constituyeron tortura y violaron su derecho a la integridad personal.

La CIDH también subrayó que sus detenciones fueron “ilegales y arbitrarias”, ya que no se les informó de las razones ni se les presentó ante una autoridad judicial de manera oportuna.

Adicionalmente, señaló que en el proceso penal por terrorismo contra las víctimas se violaron sus garantías judiciales.

Llamado caso Terrorismo, el proceso fue cerrado en 2020. en el gobierno de Jeanine Áñez. El entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retiró a su despacho de la parte acusadora del caso y la Fiscalía y el Órgano Judicial actuaron en consecuencia: cerraron el caso.

El líder de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Johnny Fernández, anunció la ruptura de las alianzas de su partido con Creemos—del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho— y otras organizaciones.

A su vez alcalde de Santa Cruz de la Sierra, el dirigente informó que su fuerza política evaluará posibles nuevos acercamientos con otras para las elecciones generales de 2025.

“Quedan sin efecto todas las alianzas firmadas en la anterior gestión y ahora nos preparamos para ver qué futuras alianzas podemos firmar para encaminarnos hacia el nuevo proceso electoral”, dijo Fernández.

La decisión fue asumida en la cuarta convención nacional extraordinaria de UCS, en la que, además, ese partido hizo un análisis de su estructura nacional presidida por Fernández.

La propuesta fue planteada por el mismo líder político, que indicó que la decisión será formalizada ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Una de las alianzas “estratégicas” de UCS fue firmada entre 2019 y 2020, cuando se definió el apoyo a la candidatura por Creemos de Camacho y Marco Antonio Pumari —ambos líderes cívicos de Santa Cruz y Potosí respectivamente— a la presidencia y vicepresidencia de Bolivia.

En las elecciones nacionales del 18 de octubre de 2020, el partido ganador fue el Movimiento AL Socialismo (MAS), con el 55,11% de votos, mientras que Creemos logró el 14% de la votación nacional.

Más adelante, en 2021, Fernández ganó las elecciones subnacionales en Santa Cruz de la Sierra con el 35,4% de la votación, a tan solo 6.277 votos por encima de su contendor, Gary Áñez.

Por su parte, Camacho ganó en urnas la Gobernación cruceña, cuando obtuvo el 55,64% de la votación departamental.

La Procuraduría General del Estado exhortó al Ministerio Público llevar adelante la investigación que involucra al expresidente Evo Morales en un caso de supuestos delitos de trata de personas y estupro agravado bajo “protección” a la víctima.

“Esta institución de creación constitucional exhorta a la máxima autoridad del Ministerio Público a tomar en cuenta que (…) los casos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes generan la obligación estatal reforzada de debida diligencia que se traduce en una investigación de oficio con medidas de protección a la víctima, antes y durante el desarrollo de las investigaciones del proceso penal”, publicó a Procuraduría en un comunicado en sus redes sociales.

Asimismo, esa oficina indicó que “observa con atención” la investigación contra el exmandatario.

Procuraduría

Más temprano, este viernes, la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Rocha, informó que ese caso fue declarado en reserva.

La medida tendrá una duración de 10 días y, luego de eso, se conocerá si la investigación se traslada a la jurisdicción de Tarija u otro distrito.

“Este caso, por la naturaleza del mismo y su relevancia, ha sido declarado en reserva judicial (…) por 10 días; se debe, sobre todo, precautelar el derecho, en este caso, de las víctimas”, explicó Rocha en una conferencia de prensa.

Además, la Procuraduría recordó que es deber del Estado “garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia personal especializada”.

Morales dijo la mañana de este viernes que los delitos que se le atribuyen son una mentira y que el caso se resolvió en 2020 a denuncia del gobierno de entonces de Jeanine Áñez.

Luego de hacer una serie de denuncias en contra de los hijos del presidente Luis Arce, el expresidente Evo Morales afirmó que “la familia es sagrada” y pidió a los periodistas “no meterse” con ella.

“Lucho ha dicho que ‘no se metan con la familia’. No se metan con la familia; la familia es (algo) sagrado”, respondió molesto Morales a un periodista, que le preguntó sobre si era cierta la información de que en 2016 tuvo una hija con una adolescente.

Precisamente ese caso ocupa la agenda informativa desde el miércoles, cuando se conoció de una orden de aprehensión por ese caso contra el exmandatario, que luego fue anulada por disposición de una jueza de Garantías en Santa Cruz.

Evo Morales

Pese a la declaración de este viernes, desde 2022, Morales arremetió varias veces en contra de los hijos del presidente Arce. Denunció, una serie de hechos de corrupción en los que supuestamente participaron los hijos del jefe de Estado. Solo hubo una denuncia ante la Fiscalía, pero ésta rechazo el caso por “inconsistencias”.            

El que más dardos recibió por parte del jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue Marcelo Arce Mosqueira, de quien afirmó que tuvo beneficios de algunas empresas que tienen que ver con la explotación de litio en el país.

Incluso, el exmandatario y varios diputados evistas del MAS advirtieron de un supuesto “negocio familiar en base a la corrupción”.

La primera respuesta de Arce fue en septiembre de 2022. “No se meta con mi familia”, le respondió Morales en un acto público.

Sin embargo, Morales siguió insistiendo y volvió a denunciar hechos de supuesta corrupción desde su programa dominical.

Luis Arce

Tal fue la insistencia de Morales que el mismo Marcelo Arce le contestó en su cuenta de X. “Una vez más el señor Evo M. ha lanzado un ataque infundado contra mi persona. Aclaro a la población que no existen ni existirán negocios familiares, por lo que exijo al Sr. Morales que presente el caso y las pruebas que dice tener a las entidades judiciales correspondientes”, escribió el 11 de octubre de 2023.

Quien también salió al frente fue la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, que negó las acusaciones de Morales. “así como los hijos del Presidente, como servidoras y servidores públicos y cualquier ciudadano, estaremos siempre dispuestos a atender los requerimientos que nos pueda hacer la justicia”, defendió.

Morales, en el último tiempo, subió de tono sus acusaciones contra Arce, a quien acusa de buscar la proscripción del MAS e impulsar su candidatura a las elecciones de 2025.

El expresidente Evo Morales afirmó este viernes que el gobierno del presidente Luis Arce tenía un plan para capturarlo en Chimoré, Cochabamba, y sacarlo del país.

El exmandatario atribuyó la información a “militares patriotas” y sus familias, que, según dijo en una conferencia de prensa, le alertaron del operativo el pasado miércoles.

Morales citó una reunión entre el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y miembros del Ministerio de Justicia, el director y el subdirector de la Unidad de Inteligencia de la Policía Boliviana, en la que supuestamente definieron la acción.

“El ministro de Gobierno, en una reunión con varios miembros de la Justicia dijo que detener a Evo va a ser insostenible en Bolivia, mejor el (llevarlo) al exterior. Está insinuando llevarme fuera de Bolivia”, afirmó el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) rodeado de dirigentes del Trópico cochabambino.

Evo Morales

Según describió Morales, el Gobierno dispuso un helicóptero SuperPuma para el operativo que pretendía, primero, detenerlo y, luego, “trasladarlo hasta La Paz”.

“Ese SuperPuma debería estar apagando los incendios”, criticó el además presidente de las Seis Federaciones del Trópico.

El miércoles se conoció de una orden de aprehensión en contra del exjefe de Estado, involucrado en un caso de supuestos delitos de trata de personas y estupro agravado, acción que fue anulada por una jueza de Garantías en Santa Cruz, en respuesta a una acción de libertad interpuesta por la defensa legal de Morales.

Además, esa noche, en una conferencia de prensa, el exministro de Gobierno Carlos Romero afirmó que los seguidores del líder cocalero en el Trópico de Cochabamba se convirtieron en “guardaespaldas” de Morales luego de conocerse una orden de aprehensión en su contra.

Plan

“Sabemos que los hermanos del Trópico se han movilizado clandestinamente, se han constituido en los celestinos, en los guardaespaldas, los protectores de la vida de Evo Morales”, dijo la exautoridad.

Incluso, el jueves, dirigentes de varias organizaciones del Trópico cerraron filas por Morales y hasta amenazaron con aplicar “justicia comunitaria” a policías y militares que pretendan capturar a Evo Morales.