Tras la detención de su alcalde, Óscar Mollohuanca, uno de los líderes en las protestas antimineras que han dejado cuatro muertos y cientos de heridos, la provincia peruana de Espinar, en el departamento de Cusco, ingresaba en un compás de espera signado por la tensión de las partes en pugna, según informaban fuentes peruanas.
Los reclamos de los pobladores de Espinar son de una naturaleza doble. Por una parte, denuncian que la cuprífera suiza Xstrata contamina los ríos de esta región, algo que las autoridades limeñas niegan, como lo hace la empresa con sede en la ciudad de Zug (Suiza alemana). Por otra, las protestas piden que la participación en las ganancias de la empresa contaminante se multipliquen en un 1.000% para los 70 mil habitantes de la provincia de Espinar.
Decenas de personas permanecían en la mayor plaza de Espinar, departamento de Cusco, para exigir la libertad de Mollohuanca, pero sin acciones de fuerza. Cerca, decenas de policías vigilaban.
El Alcalde, un economista de 50 años, del partido de izquierda ecologista Tierra y Libertad (TyL), fue detenido en su propio despacho. Había llegado para dialogar convocado por el presidente regional de Cusco, Jorge Acurio.
Quienes creen que el Gobierno reprime y no dialoga, deploraron la detención de Mollohuanca. Sólo la elogiaron quienes rechazan los métodos de protesta social elegidos por los pobladores de la provincia. En la justificación del arresto hay denuncias de la Fiscalía, que van desde la malversación de caudales públicos hasta el cargar explosivos en su vehículo.
La provincia se encuentra oficialmente en estado de emergencia desde el lunes. Esto autoriza a las fuerzas del orden a adoptar medidas como prohibir las reuniones públicas. Según el gobierno central, grupos de izquierda, como PyL o el partido maoísta Patria Roja sólo buscan favorecer el caos social.