Ayer se ha conmemorado el Día Nacional de Lucha Contra el Racismo, ocasión propicia para reflexionar sobre este grave flagelo que, a pesar de los discursos de optimismo de las autoridades gubernamentales, no ha hecho más que incrementar, particularmente desde 2020, cuando se dio rienda suelta a una mezcla de odio político y racial, abiertamente estimulado desde varios medios de comunicación.

Que Bolivia tiene el racismo, e innumerables formas de discriminación y exclusión asociadas, como elemento constitutivo de su historia no es novedad, sino un dato inocultable desde, literalmente, el día de la creación de la República. Con el ascenso de un indígena a la presidencia en 2006 se creyó, por un lado, que la sociedad estaba preparada para superar esta tara decimonónica y que la prueba era la votación mayoritaria por el personaje.

Por el otro lado, también se pensó que las condiciones estaban dadas para imaginar y construir una nueva relación entre identidades étnicas (hay una extendida confusión entre identidad étnica y etiquetación racial, que dificulta el debate público); de ahí que Bolivia cambió su nombre de República a Estado Plurinacional (que no es lo mismo que cambiar el modo republicano de gobierno), como una forma de reconocer las identidades existentes para integrarlas en un solo proyecto de país.

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Ambas ideas resultaron descartadas por la realidad. Las clases privilegiadas (que deliberadamente confunden identidad con clase, para seguir reforzando estereotipos y estigmas) demostraron no estar dispuestas a cambiar y más bien reclamaron activamente por la pérdida de sus privilegios y el incremento de derechos de aquellas personas a quienes hasta hoy consideran subalternas.

Por su parte, muchas autoridades gubernamentales, comenzando por los viceministros de Descolonización, lejos de luchar contra el racismo utilizaron la Ley 45, de Lucha contra Toda Forma de Racismo y Discriminación, de manera instrumental, racializaron al adversario político, y se mostraron incapaces de implementar todas las medidas educativas y de transformación establecidas en la norma.

La reacción a ese estado de cosas tuvo sus más horribles manifestaciones luego del inconstitucional cambio de gobierno en noviembre de 2019, incluyendo, además de las matanzas en Senkata y Sacaba, indisimuladamente celebradas por los sectores más conservadores de la sociedad, la racialización de todas aquellas personas que comulgaban con el depuesto gobierno o con su partido político. Muchos medios de comunicación fueron parte activa de este proceso, lo cual explica su feroz oposición al proyecto de Ley 305, que endurece las sanciones por promover y difundir discursos racistas.

Hoy tenemos un país enfermo de racismo y una sociedad con muy poca voluntad de resolver el problema. Quienes están en posición de liderazgo, dentro y fuera del Estado, tienen la obligación de ponerle freno a la polarización e implementar las medidas de transformación que dispone la norma. No hacerlo es condenar al país a seguir repitiendo errores que se arrastran desde la colonia.

La banda finlandesa de rock alternativo The Rasmus está a poco de regresar a Bolivia para ofrecer un concierto en La Paz. Luego de cinco años, la agrupación volverá al país como parte del tour Live… And Never Die, en la que presenta su más reciente álbum ‘Rise’ (2022).

El show en la sede de gobierno se realizará este miércoles 24 de mayo en Fábula (Av. Costanera, entre 33 y 34 de Cota Cota), desde las 19.00.

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Organizado por FM Rock Producciones, el concierto fue confirmado en la página web y redes sociales oficiales de la banda.

El pasado lunes 22, The Rasmus actuó en Argentina, donde agotaron entradas; mientras que el sábado 20 se presentó en Chile, donde se vio un “emotivo espectáculo, en que la pasión fue la estrella de la noche, entregada tanto por el público y los músicos”, según rockaxis.com

En 2024, el grupo cumplirá 30 años de trayectoria, en los que marcó a toda una generación con temas como In The Shadows, Guilty y Sail Away. La primera visita de la banda al país fue en noviembre de 2018, cuando ofreció un concierto también en La Paz como parte de una gira mundial.

La Paz es la penúltima parada de The Rasmus en su recorrido por Latinoamérica, donde además del nuevo disco interpretarán sus grandes éxitos.

El grupo está conformado por Lauri Ylönen (vocalista y compositor), Aki Hakala (baterista), Eero Heinonen (bajista) y Emilia Suhonen (guitarrista).

“Estamos muy felices de volver. Sabemos que mucha gente nos ha estado esperando, nos escriben a través de las redes sociales todo el tiempo. Así que estamos muy emocionados de volver”, dijo el líder de The Rasmus a La Razón en abril pasado.

Las entradas están disponibles a través del portal www.todotix.com

El año 2009, la democracia electoral boliviana dio un salto cualitativo con la conformación de un padrón biométrico. Ello implicó la adquisición de equipamiento que, además de los datos biográficos, permitía registrar la información biométrica (facial, dactilar y firma) de las y los ciudadanos con derecho al voto. La plataforma tecnológica adoptada en ese momento correspondió a la solución NEC Corporation. El nuevo padrón electoral redujo el subregistro que había de personas en edad de votar.

Con ese padrón biométrico se votó en el país en las elecciones generales 2009, 2014, las fallidas 2019 y 2020; en las elecciones subnacionales 2010, 2015 y 2021; en las elecciones judiciales 2011 y 2017; en el referéndum constitucional 2016; y en decenas de referéndums autonómicos. El año 2017, una auditoría integral y externa de la OEA certificó la confiabilidad del registro electoral boliviano, recomendando acciones de saneamiento permanente y la actualización de la plataforma biométrica.

Como parte de la disputa política, algunos actores de la oposición –usualmente los que pierden elecciones y gritan “fraude”– procuran descalificar el padrón y sembrar dudas sobre su solidez y confiabilidad. Así se tejen mitos: que tuvo un crecimiento inusual, que los muertos votan, que está contaminado, que registra personas inexistentes, en fin, que hay “un bloque de data alterno, restringido y secreto” (sic). Cada uno de estos mitos ha sido amplia y técnicamente refutado por el organismo electoral.

Ahora, ante la noticia de que finalmente se realizará la necesaria actualización de la plataforma biométrica del registro electoral, surgen voces, más bien marginales, con su renovado ataque. Dicen falsamente que se licitó “la limpieza del padrón y la conformación de un nuevo padrón”; que la empresa adjudicada “ocasionó el fraude electoral de 2019-2020 y de las elecciones venideras”; que “es una estrategia del gobierno para anular el derecho al voto”. Extraña mezcla de maledicencia y de ignorancia.

Los mitos y las mentiras se asientan en la falta de información. En este caso, no basta que el TSE comunique la adjudicación del proceso de contratación. Es fundamental que explique con claridad y transparencia el alcance del servicio, la solución tecnológica adoptada, la experiencia de la empresa contratada, el vínculo con NEC, los plazos y, claro, los resultados esperados. Es fundamental también que la actualización de la plataforma biométrica se haga con acompañamiento de actores políticos y sociales.

La corrupción, que es asociada con el mal gobierno y con la pérdida de valores en la sociedad, parece haberse convertido en cosa cotidiana en Bolivia, con el previsible costo que eso tiene en la credibilidad de autoridades, líderes e instituciones. Quien crea que es un asunto que solo afecta a autoridades y servidores públicos, puede mirar el caso del banco cruceño intervenido hace poco.

La renuncia, arresto e imputación del exministro de Medio Ambiente y Agua, acusado por una de sus colaboradoras de haber cobrado millonarios sobornos a su paso por esa cartera del Estado, es el más reciente escándalo, pero ciertamente no el primero, aunque sí sea la primera vez que el acusado, en lugar de defenderse apelando a discursos partidarios e ideológicos, tuvo la iniciativa de presentarse ante el Ministerio Público.

Una larga lista de denuncias, la mayoría difundidas sin presentar evidencia y mucho menos formalizadas ante la Fiscalía, inevitablemente echa sombra sobre el Gobierno, que una y otra vez anuncia “tolerancia cero”, pero parece no encontrar los mecanismos para identificar, sancionar y expulsar a quienes cometen actos ilícitos amparados en el cargo o los contactos con quienes tienen poder.

Junto con el caso del ahora exministro está la denuncia hecha por dos exministros de la última gestión de Evo Morales, quienes presentaron denuncia ante la Fiscalía afirmando que en YPFB hubo un millonario sobreprecio en la compra de diésel durante más de un año; las declaraciones del titular de la petrolera estatal parecen no ser suficientes para demostrar la falsedad de la acusación y solo queda esperar a que el Ministerio Público haga su trabajo con eficacia y transparencia.

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Pero no solo en el Gobierno hay acusaciones de corrupción: la caída, intervención y liquidación del banco Fassil es evidencia de que en el sector privado, particularmente entre algunas élites económicas, la honestidad tampoco es moneda común. La diferencia está en que muchos medios de comunicación, siempre afectos a la denuncia y el escándalo opositor, prefieren no tocar ni investigar el tema, ayudando de esta manera a mantener el caso en las sombras, lo cual también puede ser visto como evidencia de la pérdida de valores, esta vez entre periodistas.

Previsiblemente, el ala opositora, incluyendo al expresidente y sus afines, se regodea acusando al oficialismo por sus errores, defectos y hasta delitos, pero es incapaz de reconocer que en su vereda las cosas no están mucho mejor. Una parte importante de la sociedad, que no se inclina ni justifica a uno u otro bando, mira azorada cómo se van perdiendo las certezas y desapareciendo las instituciones confiables.

Del lado del Gobierno urge pasar de las promesas heroicas a las acciones eficaces, aunque sean modestas al principio, pues es la única manera de dotarse de legitimidad para afrontar la lucha contra un flagelo que no por extendido o común a todos los gobiernos es menos intolerable, especialmente en tiempos de crisis económica.

En su último cabildo, el 25 de enero, la dirigencia cívica cruceña hizo avalar un ultimátum contra el presidente Luis Arce: o instruye la aprobación, en 30 días, de una Ley de Amnistía, o a partir de mayo se optará por revocar su mandato. Por supuesto tal normativa no se aprobó. Está en curso, en tanto, la amenaza revocatoria. Parece una nueva aventura, difícil de cumplir.

La decisión de la dirigencia cruceña, que venía de la derrota del paro de 36 días por la fecha del censo y de la detención de Luis Fernando Camacho en el marco del caso Golpe de Estado I, apuntaba a exigir la liberación del gobernador y de “todos los presos políticos de Bolivia”. Tal mandato impulsado por Calvo ha sido heredado por Larach. El razonamiento es curioso. Si el Gobierno central accede a la liberación, es democrático; si no lo hace, es “un régimen dictatorial y antidemocrático”.

Más allá del cuestionamiento a cabildos no deliberativos que imponen posicionamientos maximalistas y, por tanto, inviables, lo cierto es que el ultimátum al presidente del Estado Plurinacional está planteado desde Santa Cruz. Y ha sido asumido y reafirmado también por dirigentes cívicos de otros departamentos. Así, al haberse cumplido la mitad del mandato, se abrió conforme a norma el período revocatorio para el binomio presidencial y los asambleístas electos en los comicios de octubre de 2020.

Como derecho político reconocido en la Constitución, la revocatoria de mandato es un mecanismo de la democracia directa por el cual la ciudadanía puede decidir en las urnas sobre la continuidad o no en sus funciones de un gobernante o representante electo. Se origina solamente por iniciativa popular. En el caso de autoridades nacionales, como el presidente Arce, se requiere al menos el 25% de firmas del padrón electoral. Estamos hablando de casi 1,8 millones de adhesiones. No es poco.

A la vista del fracaso de los juristas que estuvieron lejos de conseguir el millón y medio de firmas requerido para su iniciativa de reforma de la justicia, ¿los cívicos están conscientes de lo que implica esa labor en un período de solo 90 días, con firmas y huellas dactilares que, además, deben estar proporcionalmente distribuidas en los nueve departamentos del país? ¿O acaso por cumplir el “mandato del cabildo” se están embarcando en una aventura que podría derivar en una nueva derrota política?

Algunas voces de la oposición han advertido que forzar una iniciativa de revocatoria de mandato contra el presidente Arce es un error, pues podría terminar fortaleciéndolo (como ocurrió con el expresidente Morales en 2008). Desde el oficialismo dicen que están dispuestos a enfrentarlo, quizás con la certeza de que es una carrera de obstáculos. La dirigencia cívica del país, que con excepción de Santa Cruz tiene escasa convocatoria, tendrá que medir bien sus fuerzas y sus luchas para no debilitarse aún más.