En un nuevo golpe al contrabando, el viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez, informó la incautación de 5.000 litros de aceite y 10 quintales de azúcar en el puesto de control de la localidad de Guaqui, en La Paz. Los productos, valuados en Bs 60.000, tenían como destino el mercado peruano, a pesar de la actual escasez de aceite en el país

El operativo fue realizado por personal de control fronterizo, quienes lograron interceptar la mercancía antes de que cruzara la frontera. Según Velásquez, se encontraron 290 sachets de la marca Insulsa. Cada uno contenía seis botellas de dos litros. Además, se incautaron 84 cajas de botellas de un litro de aceite, todos con el mismo destino: Perú.

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Aceite

“El monto total afectado es de 60.000 bolivianos; esto incluye tanto el aceite como los 10 quintales de azúcar que también se transportaban en el vehículo”, informó Velásquez y lamentó que el conductor del vehículo logró huir, dejando abandonado el furgón que trasladaba la carga.

Como medida inmediata, los 5.000 litros de aceite y los 10 quintales de azúcar serán entregados a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para su comercialización en el mercado interno a precios regulados.

El viceministro señaló que, además de este operativo, se interceptó un camión que pretendía trasladar 35 cabezas de ganado ovino con rumbo a Perú.

Las autoridades explicaron que las operaciones de control en Guaqui y otros puntos fronterizos se han intensificado debido a la escasez de alimentos en el mercado nacional y a las restricciones de exportación recientemente decretadas por el Gobierno, especialmente para productos como el aceite.

Velásquez enfatizó la importancia de estos controles para proteger la economía nacional y evitar la fuga de productos de primera necesidad. Los operativos se mantendrán de forma permanente para evitar que el contrabando siga afectando la disponibilidad de alimentos para la población boliviana.

La Gobernación de Santa Cruz emitió un pronunciamiento en defensa del sector productivo cruceño, resaltando el papel crucial del departamento en la seguridad alimentaria del país, ya que produce el 76% de los alimentos consumidos en Bolivia.

En su declaración, se llamó a la unidad nacional y se cuestionaron las políticas que «asfixian» al sector productivo, como la prohibición temporal de exportación de aceite refinado, impulsada recientemente por el Gobierno.

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Santa Cruz

El pronunciamiento subraya que el modelo de desarrollo cruceño se basa en una institucionalidad sólida y unida, con la autonomía departamental como herramienta para ejecutar competencias clave en apoyo a la producción.

Entre estas tareas, la Gobernación mencionó la preservación de 6.200 km de caminos departamentales, la sanidad e inocuidad agropecuaria, los proyectos de riego, la investigación tecnológica y la gestión ambiental y territorial, todas destinadas a fortalecer el sector agroproductivo.

Sin embargo, la Gobernación advirtió que para garantizar la continuidad de este modelo es necesario que el Gobierno central «haga su parte», evitando políticas que desincentiven la producción.

«Se debe garantizar la dotación de combustibles, la disponibilidad de divisas y la seguridad jurídica para los productores», señala el comunicado.

Asimismo, se alertó que el sector enfrenta una tormenta perfecta de obstáculos, entre ellos, las medidas restrictivas del Gobierno, el cambio climático, la crisis económica y los conflictos sociales. Esta combinación de factores, según la Gobernación, está dificultando la labor de los productores que garantizan la alimentación de millones de bolivianos.

En respuesta, la Gobernación expresó su total apoyo al sector productivo y se comprometió a seguir cumpliendo sus competencias con la finalidad de producir más y mejor.

Llamó a la unidad de los cruceños y de todo el país con el objetivo de defender el modelo de desarrollo que, afirman, brinda «bienestar, alimentos y futuro» a la población boliviana.

El comunicado también invita al Estado a reflexionar, para que garantice las condiciones necesarias que permitan a Santa Cruz continuar como el principal pilar de la producción alimentaria de Bolivia.

Consultada sobre un posible bloqueo al Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 en la Asamblea Legislativa, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, recordó que la Constitución Política del Estado establece que la Ley Financial se dará por aprobada y entrará en vigencia si no se trata en los plazos correspondientes.

“Cuando no se aprueba el Presupuesto en la Asamblea, en realidad, el Órgano Ejecutivo no lo aprueba mediante decreto supremo, sino que la Constitución y la normativa vigente (…) toman la previsión de que, si no se aprueba, el 1 de enero entra en vigencia por fuerza de ley”, afirmó en conferencia de prensa este domingo.

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PGE

El PGE, que fue aprobado con modificaciones en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, deberá tratarse en el pleno de la Cámara Baja y posteriormente remitirse a la Cámara de Senadores, hasta el 31 de diciembre.

Sin embargo, la mayoría de legisladores manifestaron su rechazo al proyecto de ley, apuntando contra una falta de austeridad, gastos presidenciales excesivos y artículos que ponen en riesgo las Reservas Internacionales Netas (RIN).

La disposición séptima adicional, la más criticada, fue suprimida del Presupuesto por la Comisión de Planificación, acusada de un control y fiscalización excesivos al sector productivo y a los comerciantes y gremiales.

Constitución

La Constitución señala en su artículo 158, parágrafo 11, que la Asamblea tiene la atribución de aprobar el PGE en un lapso de 60 días, pero “en caso de no ser aprobado en este plazo, el proyecto se dará por aprobado”.

Prada explicó que la medida se debe a que ninguno de los niveles del Estado puede quedarse sin dinero, pues necesitan el presupuesto para desarrollar sus respectivas actividades.

“Nuestro gobierno nacional como ningún gobierno subnacional puede quedarse sin presupuesto, pues tenemos que trabajar, las instituciones tienen que trabajar”, explicó.

En caso de que la Asamblea no apruebe el proyecto hasta el 31 de diciembre, se daría el mismo escenario del actual PGE vigente, ya que, en 2023, debido a la falta de consenso entre diputados y senadores, el PGE 2024 se dio por aprobado y comenzó a regir desde el 1 de enero de este año.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) anunció la apertura de la licitación pública para la construcción de la doble vía Santa Cruz – Warnes (lado Este), con una inversión de Bs 279,5 millones.

El proyecto será financiado por el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, junto a los aportes de los Gobiernos Autónomos Municipales de Warnes y Santa Cruz, así como la Gobernación del departamento cruceño.

La obra abarcará una longitud de 27,97 kilómetros y contará con pavimento rígido, un ancho de calzada de 10,5 metros, cuatro carriles y un separador central, con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito vehicular y reducir costos de transporte y mantenimiento.

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Construcción

El plazo de ejecución de la obra será de 540 días calendario a partir de la emisión de la orden de proceder. El proyecto se desarrollará en dos etapas.

La primera etapa se enfocará en la construcción de las obras civiles, que incluyen el pavimento rígido, el movimiento de tierras, la instalación de sistemas de drenaje y la construcción de puentes y viaductos.

En la segunda fase, se ejecutarán obras complementarias, como la construcción de peajes y estaciones de pesaje, accesos a áreas urbanas y la incorporación de medidas de seguridad vial.

ABC

El proceso de contratación culminará el 14 de enero de 2025, fecha límite para la presentación de propuestas electrónicas a través del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

Este proyecto busca reactivar una obra paralizada desde marzo de 2020, que tenía un avance físico del 78% y responde, según la institución, al compromiso del Gobierno con el desarrollo de la región cruceña.

La ABC destacó que la doble vía mejorará la integración vial, reducirá los tiempos de viaje y facilitará la industrialización y el comercio interno.

Este domingo, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que el Comité de Seguridad Alimentaria, encargado de garantizar el abastecimiento de alimentos a precios justos, logró la aprehensión de cuatro personas por el delito de agio y especulación con el aceite.

“El día de ayer (sábado) se aprehendieron a cuatro personas en mercados de las ciudades de La Paz y El Alto por agio y especulación de aceite”, señala la información que compartió en su entrevista con Bolivia Tv.

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Aceite

De acuerdo con Prada, se evidenció que algunos de los comerciantes ocultan el producto en sus depósitos para posteriormente vender el litro de aceite en hasta Bs 20 cuando el precio regular es de Bs 11.

La ministra condeno este tipo de comportamiento que atentan contra la economía de los bolivianos, tratando de generar un escenario de desabastecimiento artificial para generar especulación en la población.

El Comité de Seguridad Alimentaria, creado en septiembre de este año, es un “plan para combatir la especulación”, explicó Prada.

En estos momentos, sus esfuerzos se centran en el aceite y en el arroz, debido al incremento de precios que se observa en estos productos. Sin embargo, en los últimos meses el Comité realizó verificación y control en todo tipo de alimentos.

Respecto a los aprehendidos, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, señaló que el delito de agio tiene una condena de hasta tres años de privación de libertad, además del decomiso definitivo de la mercancía de la persona detenida.

En este caso, la autoridad pidió al Ministerio Público brindar el seguimiento correspondiente, pues, en su criterio, el agio y la especulación no se castigan de manera ejemplar en el país.