El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó este miércoles que la Ley 348, para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, es “antihombres” porque se cometen “abusos” y su colega Andrea Barrientos lo fustigó por ese comentario.

“Me parece una muy buena iniciativa (modificar esa norma), porque la Ley 348 tiene ojos para ver a los hombres como enemigos. Es prácticamente una ley antihombres, seguramente le senadora Andrea (Barrientos) no va a estar de acuerdo, pero hay bastante abuso y nos consta”, dijo en la sesión del pleno camaral.

“¿Qué le pasa?”, repudiaron varias senadoras, entre ellas, Andrea Barrientos.

Rodríguez hizo esa declaración luego de que su colega, también del ala evista del MAS, Patricia Arce, planteara una modificación a dicha ley, debido a que su comisión recibió “varias denuncias” sobre violación de derechos a la que son sometidos algunos hombres.

“Es una ley muy complicada, (porque) hemos recibido denuncias de personas que están siendo vulneradas por esta ley”, dijo Arce.
Incluso, Arce pidió a sus colegas sumarse “para sacar una ley en beneficio de todos los bolivianos”.

Aludida, la senadora Barrientos criticó el comentario de Rodríguez y le recordó que esa norma es “el resultado de casi 50 años de lucha de las mujeres para que no nos maten, para que no nos violen y no nos abusen”.

Rodríguez

La legisladora de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) reconoció que existen “abusos”, aunque atribuyó ello a los operadores de justicia.

“Yo jamás voy a negar que hay denuncias falsas, porque (sí) hay denuncias falsas. ¡Retráctese! Son los operadores de justicia los que fallan; son los IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) los que no hacen sus informes a tiempo; son las defensorías que dilatan por más de 40 días sus informes; la Policía, que no recibe denuncias a tiempo”, reclamó.

“Es el sistema machista que le impide a usted, como hombre, ir a decir ‘yo soy víctima de violencia también’. Yo estoy dispuesta y abierta al debate cuando usted guste”, añadió.

Barrientos

El intercambio de criterios entre los legisladores se hizo viral en redes sociales hasta a las 15.18 de este miércoles. Luego de sus primeras declaraciones, Rodríguez se excusó.

“Ratifico mi convicción por la defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres a través de la Ley 348. Sin embargo, por malos operadores de justicia se usa esta norma para vulnerar otros DDHH. No podemos desconocer esta realidad. Me excuso si se malinterpretaron mis palabras”, escribió en su cuenta de X.

La Ley 348 fue aprobada el 9 de marzo de 2013, luego de una serie de reclamos sobre caso de violación de derechos de las mujeres. Y la propuesta de la senadora Arce ahora pasó a revisión de la Comisión de Constitución del Senado.

El expresidente Carlos Mesa insistió este miércoles en un supuesto “complot” entre el Gobierno y los magistrados y consejeros electos en 2017 para “impedir” la realización de las elecciones judiciales.

“Es cada vez más evidente el complot entre los autoprorrogados y el gobierno de (Luis) Arce para impedir la realización de las elecciones, en base a la aceptación de todos los recursos que presenten sus candidatos y a la dilación de todo el proceso”, publicó el exmandatario en su cuenta de X.

Así, Mesa abordó el auto emitido por la Sala Constitucional de Santa Cruz que concedió tutela aun amparo presentado por Margarita Medrano, postulante rechazada al Consejo de la Magistratura, que frenó la fase de entrevistas de la evaluación de méritos, cuyas entrevistas iban a empezar este miércoles.

“Mientras el Tribunal Constitucional siga bajo el control de los ilegales, no parecen posibles las elecciones judiciales”, agregó el exjefe de Estado.

Hay un segundo recurso presentado Herculiano Capusiri, postulante rechazado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), aunque, en este caso, fue interpuesto ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

El diputado Juan José Jáuregui informó que la audiencia de para la resolución de ese amparo será el lunes 22 de abril.

Por su parte, el diputado Jerges Mercado develó en La Razón Radio que existen al menos 15 amparos contra la preselección de postulantes a las judiciales y consideró que eso se debe a una “mano negra” en contra del proceso.

Este miércoles iba a comenzar la fase de entrevistas de la evaluación de méritos de los postulantes habilitados para esa instancia.

Elöd Tóásó, uno de los dos sobrevivientes del grupo abatido en la intervención del hotel Las Américas en 2009, dijo que el proceso que abrió el Estado contra los responsables de esa violenta acción policial “es un examen” para la Justicia del país.

“Es un examen para la Justicia boliviana ese. Ese caso lo van a vigilar la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y (otros) organismos internacionales. Dependiendo de esas actuaciones, va a tener una nota la Justicia boliviana: que ha fallado o pasado ese examen; ojalá pase ese examen y tengamos justicia”, dijo en entrevista con el programa Poder Medios y Miedos.

El pasado sábado, Tóásó y Mario Tadic, el otro sobreviviente, informaron sobre el caso que se investigará en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en Santa Cruz.

Según afirmaron, se investigará “violaciones de derechos humanos como ser: ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas; tortura a los sobrevivientes y otros delitos y violaciones de derechos durante el proceso”.

Tóásó y Tadic fueron capturados el 16 de abril de 2009 en el mismo operativo en Santa Cruz contra un grupo armado en el que murieron el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rozsa, el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Michael Dwyer.

En su justificación, la administración del entonces presidente Evo Morales fue que esas y otras personas formaban parte de un complot que pretendían un magnicidio y el separatismo de Santa Cruz.

Elöd Tóásó

En los hechos, Morales, a su llegada a Venezuela, admitió que dio la orden de intervenir el hotel porque había riesgo para la seguridad interna.

En febrero de 2015, un tribunal de La Paz los condenó a cinco años de prisión tras acogerse a un juicio abreviado por el delito de alzamiento armado; contra la seguridad y soberanía del Estado; en grado de complicidad. Semanas después, salieron de la cárcel porque ya habían cumplido la condena en la detención preventiva y abandonaron el país.

“Es uno de los errores judiciales más grandes que se ha cometido en las últimas décadas. Tengo la esperanza que la Fiscalía va a hacer un trabajo eficiente y efectivo; sin ninguna mala intención y, a los culpables, los van a llevar ante un juzgado, añadió Tóásó.

El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); recomendó al Estado boliviano investigar las ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.

Al respecto, Tóásó dijo que ese caso “estén reserva” y que no puede brindar mayor información; sin embargo, tiene “mucha esperanza” por la resolución de ese proceso.

“Nosotros vamos a hacer una jurisprudencia y miles de bolivianos van a tener derecho demandar al Estado boliviano para que resarzan sus daños”, complementó.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, denunció este miércoles que el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, llegó a esa ciudad a “dar instrucciones a su grupo de choque”, a días del congreso convocado por el Pacto de Unidad para mayo de este año.

“Este grupo está acostumbrado a planificar disturbios. Estamos a unas semanas del congreso del MAS en la ciudad de El Alto, el 3, 4 y 5 (de mayo), y viene semanas antes a dar instrucciones a sus grupos de choque”, dijo a los medios.

La alcaldesa alteña dijo que a los ciudadanos alteños “no les preocupa” la llegada a o no de Morales, sino que su prioridad es generar recurso a través del comercio y otras actividades económicas.

Actualmente, existen dos convocatorias vigentes para el congreso del MAS. Una de ellas, propiciada por la directiva nacional del MAS, liderada por Morales, tiene previsto el encuentro para el 10 de junio en el estadio Bicentenario del Municipio de Villa Tunari, en Cochabamba.

El otro llamado lo hicieron las organizaciones del Pacto de Unidad que apoyan al presidente Luis Arce.

Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no resolvió la supervisión a alguno de los dos congresos.

Ambas facciones del MAS, evista y arcista, defienden la legalidad y legitimidad de su convocatoria. El MAS evista afirma que su convocatoria es legítima debido a la firme del líder partidario. Del otro lado aseguran que las organizaciones sociales matrices del Pacto de Unidad representan el 50% de la dirección nacional.

Se prevé que hasta el jueves el TSE resuelva la supervisión al congreso del MAS.

Luego de que la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitiera un auto constitucional de una medida cautelar que paraliza la preselección de postulantes, el diputado Juan José Jáuregui afirmó que se debe cumplir con la decisión.

“Se va a acatar la decisión”, dijo el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS) a los periodistas en instalaciones del edificio de la Asamblea Legislativa.

El diputado arcista de Oruro se refirió al asunto en medio de la exigencia de algunos de sus colegas sobre la “notificación formal” de esa decisión. “Nosotros conocemos de esta decisión judicial. Ya estuviésemos admitiendo que, tácitamente, conocemos esa determinación. Por esa razón, no tendría que realizarse ninguna entrevista (a postulantes a las judiciales)”.

La postulante al Consejo de la Magistratura Margarita Medrano presentó un amparo por la supuesta “violación a sus derechos” al ser apartada del proceso. Luego de concederle la tutela, la Sala Constitucional de Santa Cruz ordenó paralizar la preselección de postulantes.

Esa decisión frenó la fase de entrevistas de la evaluación de méritos, cuyas entrevistas iban a empezar este miércoles.

Jáuregui dijo que el Órgano Judicial debe “esforzarse” para que esta decisión sea conocida de manera inmediata y “no generar falsas expectativas a los postulantes” habilitados, para que no viajen “aún” hasta La Paz.

También informó que la audiencia para resolver ese auto constitucional será el lunes 22 de abril y que los miembros de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural asistirán al acto judicial.