El Gobierno de Chile enviará al Legislativo tres proyectos de ley que tienen como objetivo dar fin al conflicto mapuche en la Araucanía. La normativa establecerá un plan de desarrollo regional, creará un Consejo de Pueblos Indígenas y definirá los mecanismos de consulta previa.
La “Ley Araucanía” busca que el “Plan Araucanía (de desarrollo) no se pierda en el tiempo” y que “pueda garantizar en el largo plazo los recursos para ir generando condiciones económicas y sociales que permitan que la zona pueda ir igualándose a otras zonas del país, ya que, si bien en estos tres años hemos ido avanzando, la Araucanía aún sigue siendo la región más atrasada del país”, dijo el ministro del Interior, Andrés Chadwick, según La Tercera.
El anuncio del tratamiento de las tres leyes se dio a conocer luego de la reunión que sostuvieron el presidente Sebastián Piñera y los ministros del Interior y de Desarrollo Social con diputados y senadores de la región para tratar medidas para la región y luego de la serie de atentados incendiarios que se inició a principios de año.
El establecimiento de medidas de consulta previa en el país, requeridas por el Convenio 169 sobre derechos de los pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), busca integrar las opiniones de las comunidades en cada uno de los proyectos de ley para la región.
Según el Gobierno chileno, los mapuches o “gente de la tierra”, en su lengua originaria, están reducidos hoy a unas 700 mil personas que conviven en unas 3.000 comunidades concentradas principalmente en una estrecha zona del sur chileno, cada una con exigencias y reclamos particulares, aunque con una extendida reivindicación sobre millones de hectáreas que el Estado de Chile les arrebató por la fuerza a fines del siglo XIX, recordó AFP.
La etnia mapuche representa el 4,11% de los casi 17 millones de habitantes de Chile y la mayoría tiene además niveles de pobreza que doblan a los del resto de la población. En la cita, los legisladores pidieron al Gobierno respaldar las tres iniciativas para la región, solicitud a la que Piñera accedió. En cuanto a los plazos, se espera que dichas leyes sean trabajadas en las próximas semanas para enviarse al Congreso apenas culmine el receso legislativo de febrero.
Violencia Todas estas medidas surgen luego del proceso de diálogo entre el Gobierno y las autoridades políticas de la región tras la serie de atentados incendiarios en la zona y el asesinato de un matrimonio latifundista, lo que llevó al conflicto indígena a su nivel más conflictivo en los últimos 100 años. Estos hechos obligaron al Gobierno a imponer duras medidas para controlar la inédita violencia.
Tras el deceso de los agricultores Werner Luchsinger, de 75 años, y su esposa, Vivianne Mckay, de 69 años, en un ataque incendiario ocurrido el 4 de enero —un día después del quinto aniversario de la muerte de un joven mapuche a causa de un disparo efectuado por la Policía—, Piñera anunció el aumento de la dotación y del material policial, así como el establecimiento de una zona de vigilancia y la asignación de un fiscal especial en la región para frenar la violencia.
Asimismo, el Gobierno anunció querellas por la Ley Antiterrorista, una disposición polémica dictada en 1984, durante la dictadura, que castiga con penas altas a algunos homicidios, secuestros, incendios y detonación de artefactos explosivos. “Los vamos a perseguir donde estén y no vamos a parar hasta encontrarlos”, señaló el Ministro del Interior el 5 de enero, según recordó el diario El País.
Abandonan una huelga de 72 días
Dos líderes de la etnia mapuche encarcelados desde 2008 suspendieron una huelga de hambre que realizaban desde hacía 76 días en diferentes cárceles del sur chileno, luego que así se lo pidiera una comisión internacional de Derechos Humanos. AFP