El gobierno de Perú ordenó este lunes a la compañía española Repsol que paralice la carga y descarga de hidrocarburos en buques, 16 días después del derrame de casi 12.000 barriles de crudo en el mar, medida que fue calificada por la empresa como «desproporcionada e irrazonable».

«Se ha dictado la paralización de cargas y descargas de hidrocarburos en el mar peruano de parte del operador Repsol», dijo el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez.

El ministro precisó en una rueda de prensa que la petrolera no podrá retomar estas actividades «hasta que se brinde garantías técnicas de que no se va a producir otro daño en el mar de los peruanos».

El derrame del 15 de enero, calificado como «desastre ecológico» por el gobierno peruano, ocurrió mientras el buque tanque «Mare Doricum», de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla en Ventanilla, 30 km al norte de Lima, propiedad de Repsol. La compañía atribuyó el hecho a la agitación del mar por la erupción volcánica en Tonga.

La mancha negra de crudo fue arrastrada por las corrientes marinas hacia el norte hasta unos 140 km de la refinería, según la fiscalía, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces, aves y mamíferos marinos. Además, dejó sin poder trabajar a cientos de pescadores artesanales.

El sábado, el canciller peruano, Oscar Maúrtua, había adelantado que el gobierno de Lima le iba a imponer una «drástica sanción» a Repsol y afirmó que la empresa había «mostrado una actitud probablemente dolosa» y «falta de transparencia».

40% del mercado interno

«Repsol confirma que ha recibido la notificación» que ordena paralizar la carga y descarga de hidrocarburos desde buques, dijo este lunes la empresa en un comunicado.

«La compañía, sin perjuicio de no compartir la resolución por considerarla desproporcionada e irrazonable, pero en aras de garantizar el suministro de sus productos, expresa su plena disponibilidad de colaboración con las autoridades peruanas», añadió.

La petrolera destacó que «la Refinería La Pampilla abastece el 40% del mercado peruano de combustibles y, por ello, Repsol realizará los mayores esfuerzos para evitar el riesgo de desabastecimiento» de combustibles.

El viernes la justicia peruana prohibió salir del país por 18 meses a cuatro directivos de la petrolera española -un español y tres peruanos- y ordenó la «incautación» del buque tanque involucrado, que permanece fondeado a seis millas del puerto del Callao.

Uno de los afectados es el presidente de Repsol Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, quien buscó minimizar el impacto del derrame, al afirmar en una entrevista de televisión el 23 de enero que «no hay nada de verdad que no se pueda arreglar y corregir medioambientalmente».

«La compañía no ha presentado acciones claras de limpieza ni remediación frente a lo ya sucedido», sostuvo el ministro Ramírez este lunes en la rueda de prensa.

«Repsol no ha dado las certezas que pueda afrontar un nuevo derrame en las otras tres líneas de carga y descarga que vienen operando en el país», agregó.

Limpieza de playas

Cientos de brigadistas están limpiando afanosamente una veintena de playas tras el derrame. Entre ellos hay personal contratado por Repsol, militares y voluntarios.

«Repsol continúa centrando todos los recursos y esfuerzos en las tareas de limpieza del derrame y apoyo a las poblaciones y la fauna afectada», afirmó en tanto la empresa.

Además, la petrolera destacó este lunes que «usa la tecnología satelital más avanzada y herramientas de inteligencia artificial para monitorear el progreso de las labores de limpieza» en la costa peruana.

El derrame mató a un número indeterminado de aves marinas y tiene a muchas otras que anidaban en islas de una reserva natural en riesgo de morir de hambre o por intoxicación.

Con petróleo en sus alas, las aves no pueden volar ni alimentarse. Además, su plumaje pierde su condición térmica por lo que sufren hipotermia, según los especialistas.

Otras aves que no están «empetroladas» han comido peces contaminados con el crudo y murieron intoxicadas, dijeron a la AFP especialistas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp).

La fiscalía peruana pidió este jueves a la justicia que prohíba salir del país durante 18 meses a cuatro directivos de la petrolera española Repsol mientras avanzan las investigaciones por el derrame de crudo en el mar del 15 de enero.

El juez Romualdo Aguedo presidió la audiencia en que la fiscal Rosa Gonzales fundamentó el pedido de prohibir la salida del país al jefe de Repsol en Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, y a otros tres ejecutivos de la compañía.

Los abogados de la defensa no impugnaron la solicitud en la audiencia y afirmaron que sus clientes están dispuestos a colaborar con la justicia.

El derrame de unos 6.000 barriles de crudo, calificado como «desastre ecológico» por el gobierno peruano, ocurrió mientras el buque tanque «Mare Doricum», de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla en Ventanilla, 30 km al norte de Lima, de propiedad de Repsol.

La empresa atribuyó el accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga.

El buque ahora está fondeado, con prohibición de zarpar, frente al puerto del Callao, contiguo a Lima, mientras cientos de brigadistas limpian el crudo en una veintena de playas.

La audiencia de esta tarde, que duró casi una hora, comenzó con la presentación de los argumentos por parte de la fiscal, quien explicó que Fernández-Cuesta es investigado como presunto «autor» del delito de «contaminación ambiental» y los tres coacusados como «cómplices».

«Esta fiscalía considera y es preciso que estos imputados permanezcan dentro del territorio nacional a objeto de asegurar el esclarecimiento de estos hechos», dijo Gonzales en la audiencia virtual.

«Se pueden advertir indicios fuertes de que se han contravenido las normativas […] que exigen a la empresa Pampilla SAC cumplir con los mecanismos de seguridad y contención para haber evitado los resultados que son de público conocimiento», añadió.

Tras las exposiciones de la fiscal y los defensores, Aguedo -juez de Investigación Preparatoria de Ventanilla- anunció que entregará su resolución este viernes a las 08.00 locales (13.00 GMT).

Entidades fiscalizadoras

El petróleo vertido ha matado a una cantidad indeterminada de peces y aves marinas, y dejó sin poder trabajar a cientos de pescadores artesanales, que han protagonizado protestas contra la compañía española.

Los otros tres directivos peruanos de la petrolera son Renzo Tejada Mackenzie (jefe del terminal marítimo 2 de la refinería), Gisela Posadas Jhong (gerente de Calidad y Medio Ambiente) y José Reyes Ruiz (gerente de Seguridad).

La fiscalía ha dicho que «es necesario» además indagar eventuales responsabilidades de los organismos peruanos de fiscalización, como la dirección de capitanías de puertos.

El procurador [abogado litigante] del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, explicó que el delito de contaminación ambiental «tiene una penalidad de 4 a 5 años».

Sin embargo, aclaró que el delito «en agravado puede subir de 6 a 7 años», pues los jefes de Repsol supuestamente proporcionaron al comienzo «información falsa» sobre el derrame a las autoridades.

Según la fiscalía, la petrolera dijo inicialmente que se habían vertido «seis galones» de crudo (24 litros)», pero después se comprobó que eran unos 6.000 barriles (casi un millón de litros).

Olla común en muelle

El crudo derramado se expandió a lo largo de la costa hasta Chancay, a 60 km la refinería, afectando a más de 20 playas.

En el muelle de la playa Chacra y Mar, en el distrito de Aucallama, los pescadores artesanales preparaban este jueves una olla común para el almuerzo de unas 50 familias, pues no tienen ingresos desde hace 12 días.

«Las áreas de donde los pescadores traen su pan para cada día están afectadas. Los trabajadores que fileteamos no tenemos trabajo», dijo a la AFP Katy Medina.

«Los ciudadanos ya no confían en los peces, porque dicen que los pescados están contaminados. Todo esto está afectando a la sociedad en sí», se lamentó la trabajadora de 33 años.

Cartas del capitán

El presidente peruano, Pedro Castillo, dijo el martes que la petrolera «tiene que pagar por los daños a la población y a la naturaleza», y al día siguiente su ministro de Medio Ambiente, Rubén Ramírez, advirtió que las sanciones «podrían incluso conllevar a la paralización de la empresa» en el país.

Por su lado, el capitán del «Mare Doricum», el italiano Giacomo Pisani, se quejó «por la falta de reacción y respuesta de los encargados de la refinería» al momento del derrame, según cartas suyas publicadas por el diario limeño El Comercio.

En sus misivas y en diálogo con tres ministros peruanos a bordo del buque, entre ellos Ramírez, el capitán «dio cuenta de nueve irregularidades y malas prácticas cometidas por Repsol, las que habrían ocasionado el desastre ambiental», indicó el periódico este jueves.

Una segunda fuga de unos ocho barriles crudo se produjo este martes mientras se realizaban labores en el mismo ducto submarino, pero Repsol negó que se tratara de un «nuevo derrame de petróleo».

El flamante presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, anunció en su primer discurso que enviará al Congreso un proyecto para reformar la Constitución, tras asumir este miércoles el poder en medio de un clima de esperanza para una mitad de sus compatriotas y de temor para la otra.

Tras afirmar que Perú no puede estar «condenado a seguir prisionero» de la Constitución promulgada en 1993 por el entonces presidente Alberto Fujimori, Castillo anunció que «presentaremos ante el Congreso un proyecto ley para reformarla que, tras ser debatido por el Parlamento, esperamos que sea aprobado y luego ser sometido a referéndum popular».

La propuesta de campaña de Castillo de cambiar la Constitución vigente, que privilegia el liberalismo económico, fue rechazada por su rival en el balotaje del 6 de junio, la candidata derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente, y por otros adversarios políticos.

«Insistiremos en esta propuesta, pero dentro del marco legal que la Constitución proporciona. Tendremos que conciliar posiciones con el Congreso», indicó Castillo, cuyo partido Perú Libre tiene solo 37 de los 130 escaños.

«Castillo propone el camino chileno para la constituyente. Un pacto con el Congreso que genere una reforma», tuiteó el analista político Juan de la Puente.Palacio presidencial, un museo – El maestro rural fue juramentado como nuevo presidente para el periodo 2021-2026 por la jefa del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, quien además le colocó la banda presidencial bicolor.

Vestido con traje andino negro con bordados y su clásico sombrero blanco de copa alta de su natal Cajamarca (norte), Castillo caminó al Parlamento de la mano de su esposa, Lilia Paredes, desde el Palacio de Torre Tagle, la sede de la cancillería, distante a cuatro cuadras.

En su primer discurso anunció además que no dirigirá al país desde el Palacio de Pizarro, la casa de gobierno, pues planea convertirlo en un museo, y que al término de su mandato retomará sus «labores docentes de siempre».

«No gobernaré desde la Casa de Pizarro, porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales. Cederemos este Palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo que muestre nuestra historia», dijo.

«Durante la campaña electoral se dijo que vamos a expropiar. Es totalmente falso orden», declaró en otra parte de su mensaje, aunque afirmó que busca un «nuevo pacto con los inversores privados».

Tres días de ceremonias marcarán la asunción de Castillo, quien tiene el desafío de superar la pandemia del covid, reactivar la economía y acabar con las convulsiones políticas que llevaron al país a tener tres presidentes en noviembre de 2020.

Muchas calles del centro de Lima estaban cercadas por la policía, que desplegó 10.000 agentes, mientras decenas de partidarios de Castillo le manifestaban su apoyo.

Visita del canciller de Maduro

Castillo asumió en medio de la esperanza de millares de compatriotas, pero también inquietud del sector privado y buena parte de peruanos que temen un brusco giro hacia el socialismo luego de tres décadas de políticas liberales.

Tres horas después de la juramentación llegó a Lima el canciller del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, informó la agencia estatal Andina. Su visita marca un giro en la política exterior de Lima, que en 2019 reconoció al opositor Juan Guaidó como legítimo gobernante venezolano, igual que otros 60 países.

Venezuela fue tema recurrente en la campaña del balotaje, pues la candidata Fujimori afirmaba que Castillo pretendía seguir los pasos de Maduro, aunque el ahora presidente negó ser «chavista» o querer copiar el modelo venezolano.

Castillo recibió el lunes una llamada telefónica del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, quien además de felicitarlo le dijo que Washington espera de él «un rol constructivo» respecto de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

A la juramentación asistieron el rey Felipe VI de España, cinco presidentes (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador) y dos vicepresidentes (Brasil y Uruguay), así como un enviado del presidente estadounidense, Joe Biden, el secretario de Educación, Miguel Cardona.

«Le hemos deseado al presidente Castillo la mejor de las suertes, porque si le va bien al Perú, nos va bien a todos», dijo el presidente chileno, Sebastián Piñera, tras reunirse con él.

También asistió a la ceremonia el exmandatario boliviano Evo Morales, a quien algunos comparan con Castillo por el origen rural de ambos.

Designaciones pendientes

El nuevo presidente, de 51 años, es católico y contrario al aborto y las uniones entre personas del mismo sexo. Ganó notoriedad en 2017 al encabezar una huelga de profesores.

Castillo es «el primer presidente pobre del Perú», dijo a la AFP el analista Hugo Otero, destacando que su mayor reto será «no defraudar a la gente que necesita respuestas rápidas» ante la crisis económica y la pandemia.

Castillo debe designar en cualquier momento a su jefe de gabinete y ministros.

El nuevo presidente y varios dignatarios viajarán el jueves a la ciudad andina de Ayacucho para una juramentación simbólica en la Pampa de la Quinua, escenario de la batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824, que selló la independencia de Perú y toda la América española.

Castillo encabezará el viernes una parada militar en Lima.