La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, justificó hoy la renuncia de su país a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en virtud de la defensa del derecho internacional, así como de la «historia, la geografía, la vida misma y el sustento» económico de la nación.
Holguín explicó en una rueda de prensa las razones por las que Colombia decidió retirarse del Pacto de Bogotá de 1948, por el cual los países firmantes reconoce la competencia de ese tribunal que el pasado 19 de noviembre dirimió el litigio entre Colombia y Nicaragua con nuevas fronteras que le restan al país andino más de 70.000 kilómetros cuadrados de mar en Caribe.
Además de considerar que contiene «vacíos e inconsistencias en la delimitación realizada» y que no se ajusta al derecho internacional, la canciller apuntó que el fallo «hizo caso omiso de los derechos de los colombianos que viven en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina», rodeado por las aguas en disputa.
«Estas líneas trazadas por la Corte, que para ellos son solo un grupo de coordenadas, representan para los colombianos, y muy especialmente para los habitantes del archipiélago, la grave afectación de la historia, la geografía, la vida misma y el sustento», aseguró.
La canciller también se manifestó especialmente preocupada por el hecho de que el tribunal le «dio la espalda a los imperativos del manejo ambiental equilibrado en esta sensible área del Caribe occidental», declarada Reserva de la Biosfera y que ahora ha quedado dividida en dos.
Ese gran área marina es rica en pesca, especies e incluso cuenta con yacimientos de petróleo.
Holguín indicó además que para su país son los tratados bilaterales y no los fallos jurídicos los que constituyen «el medio idóneo para lograr delimitaciones equitativas entre las naciones», y remarcó que los compromisos de Colombia en materia de solución pacífica a través de otros acuerdos no se verán afectadas.