El juicio por los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, de coordinación represiva de los regímenes militares sudamericanos en los años 70 y 80, comenzó ayer en Argentina, teniendo como principal acusado al exdictador argentino Rafael Videla.

Además de Videla, en el banquillo también está el último gobernante del régimen militar argentino (1976-83) Reynaldo Bignone, junto a otros 23 exoficiales de las fuerzas armadas y de seguridad.

Otro de los acusados es el exgeneral Luciano Menéndez, quien acumula siete condenas a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad durante la dictadura argentina (1976-83). Los regímenes castrenses sudamericanos de entonces se unieron para intercambiar información, coordinar operativos de traslado de prisioneros y desaparición de opositores en sus respectivos territorios.

Todos están procesados por haber integrado una asociación ilícita dedicada al exterminio de los opositores políticos e integrada por jerarcas militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

“Estoy convencido de la existencia del Plan Cóndor y lo demuestran sobre todo las acciones de los propios implicados que demuestran que existió una asociación ilícita para trasladar personas de un país a otro”, dijo el fiscal del caso, Miguel Ángel Osorio.

La organización Amnistía Internacional (AI) sostuvo ayer en Buenos Aires que “el juicio es un hecho histórico en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por los gobiernos militares y autoritarios de los años 70 y 80”.

“Aunque algunas personas han sido juzgadas en otros países, como Uruguay, por hechos concretos que se enmarcaban en el contexto del Plan Cóndor, es la primera vez que dicho plan va a ser examinado de manera completa por la justicia”, dijo Guadalupe Marengo, directora para América de AI.

Juicio. Videla, de 87 años, escuchó sin inmutarse las acusaciones de la Fiscalía al comienzo del juicio, el cuarto que enfrenta por violaciones a los derechos humanos en la dictadura argentina, que dejó unos 30 mil desaparecidos.

El jefe del golpe de Estado de 1976 carga con dos penas de reclusión perpetua y otra a 50 años por crímenes de lesa humanidad y robo de bebés entre 1976 y 1981.

Está previsto que la causa dure unos dos años como mínimo por el volumen y la complejidad de la documentación que se adjuntó como prueba y que declaren alrededor de 500 testigos, adelantó el Centro de Información Judicial.

Entidades de DDHH reciben amenazas

Dos amenazas de bomba se produjeron ayer en Buenos Aires contra dos organismos vinculados con la defensa de los derechos humanos y en ambos casos se exigió el fin de los juicios a los represores de la última dictadura (1976/83).

“Las amenazas se realizaron en nombre de un autodenominado ‘Comando Patriótico’ para exigir la finalización de los juicios a los genocidas”, explicó el subsecretario Luis Alén, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien dijo que la amenaza a ese organismo gubernamental fue por vía telefónica.

La otra amenaza fue contra la ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), uno de los más importantes centros clandestinos de detención del régimen militar y donde ahora se realizan actividades humanitarias y culturales. Las advertencias se producen mientras se inicia el juicio por el Plan Cóndor, de coordinación represiva de las dictaduras sudamericanas, en el que está acusado el exdictador Rafael Videla.