Pese a las advertencias de múltiples sectores de iniciar movilizaciones si el Gobierno no deroga la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza el decomiso y confiscación de productos y alimentos, el oficialismo descarta eliminar la norma.

Al ser cuestionado por uno de los periodistas si “queda descartada la posibilidad de derogar la disposición”, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, respondió “por el momento sí”.

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Disposición

Además, la autoridad considera que las reuniones, pronunciamientos y ampliados multisectoriales son una exageración. “¿Por qué tanto show por eso?”, cuestionó este miércoles.

Poco antes de las declaraciones del viceministro, gremiales, productores, industriales, empresarios, transportistas y otros sectores ratificaron su rechazo a la disposición confiscatoria, debido a que consideran que genera zozobra y preocupación.

Sin embargo, desde el oficialismo insisten en que la norma es necesaria para combatir el agio, la especulación y el contrabando, actividades ilícitas que afectaron la economía nacional durante todo 2024. Pero aquellos que operen dentro del marco de la ley, no deben preocuparse.

“Los gremiales, no tiene sentido, guardan en su casa, compran mercadería para ir vendiendo de a poco. Guardan en su casa cinco cajas de atún, por decir algo, eso no es agio, no es especulación; pero si encuentras un almacén de atún, eso ya es agio y especulación”, ejemplificó el viceministro.

Torrico también consideró que el ocultamiento se presentó durante todo 2024 con productos como el arroz y el aceite, pero que cuando se tomaron medidas, los productos volvieron a aparecer.

Por ello, el Gobierno, al menos por ahora, no pretende eliminar la disposición, pero sí invita a los sectores a participar en su reglamentación antes de su entrada en vigencia.

Cuestionado por la falta de combustibles, particularmente de diésel en el territorio nacional, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, aseguró que el despacho es normal, pero el problema es el contrabando y el desvío de carburantes.

“Evidentemente tenemos personas inescrupulosas que están traficando, haciendo un contrabando interno del combustible y eso es algo real. Claramente hay un desvío de combustible”, protestó este martes en rueda de prensa.

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Desvío

Para evidenciar que existe este ilícito, el presidente de la estatal utilizó como ejemplo el municipio cruceño de San Julián, que recientemente realizó un bloqueo por falta de diésel.

Según Dorgathen, en todo el mes de enero de 2024 se despacharon 1.700.000 litros a las estaciones de servicio de esa región. Pero, hasta el 20 de enero de 2025, se envió 1.500.000 litros, es decir, una cantidad bastante similar, a falta de 10 días para concluir el mes.

Por ello, en su criterio, esto evidencia que existen sectores que realizan un carguío irregular para posteriormente vender los combustibles en el mercado negro a precios más elevados.

Trabajos

Asimismo, Dorgathen destacó los trabajos de YPFB para garantizar el abastecimiento de carburantes. Señaló que en su gestión se mejoró los “puntos de importación”, pues antes de los 31 días del mes, YPFB solo podía descargar combustible, en el peor de los casos, tres días en total.

Sin embargo, gracias a un trabajo de más de dos años, se logró modificar el oleaje mínimo autorizado para realizar la descarga, por lo que ajora, con un oleaje de 1,5 metros YPFB puede cargar el combustible.

Este hecho permitió que ahora los días al mes que se realizan descargas sean de entre 10 a 12, en promedio. Esto se refleja en la cantidad de cisternas que ingresan al país semanalmente, que, de acuerdo con Dorgathen incrementaron de 80 a 125 en el último tiempo.

“Cuando haya algún problema logístico, cuando haya algún problema por el cual YPFB no pueda importar el combustible, vamos a estar acá, en una mesa, brindando una conferencia de prensa”, indicó el presidente de YPFB.

Por ello, aseguró que el abastecimiento de combustible es normal, los despachos son regulares. En ese sentido, pidió calma a la población para no generar una sobredemanda que genera escasez en algunos surtidores.

El presidente Luis Arce designó este martes a Álvaro Ruiz como el nuevo ministro de Medio Ambiente y Agua, en una ceremonia realizada en la Casa Grande del Pueblo. Ruiz, quien hasta ahora se desempeñaba como viceministro de Autonomías, remplazará en el puesto a Alan Lisperguer, quien fue destituido la semana pasada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

“Agradezco la confianza en este desafío que tenemos para seguir construyendo nuestro Estado Plurinacional”, señaló la flamante autoridad y aseguró que su gestión será transparente.

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Ruíz

Durante su discurso, Ruiz señaló que el mundo se encuentra atravesando un contexto complicado en materia climática, debido al incremento del consumismo. Por ello, durante el acto dijo que intentará preservar los derechos de la Madre Tierra.

Asimismo, Ruiz señaló que desde 2022 el país ha atravesado un proceso de “electoralización” a tres años de las elecciones generales y que se evidenció más en la última gestión. Sin embargo, destacó que el Gobierno pudo mantenerse de pie, gracias a su modelo económico.

«De la mano de las organizaciones, de los municipios, de las gobernaciones, vamos a seguir construyendo la patria junto al Presidente», destacó el ahora ministro.

Arce

Arce, por su parte, reconoció que se trata de un «cambio obligado», debido a las circunstancias que no le gustaría que «vuelvan a ocurrir», debido a que su gestión no tolerará jamás hechos como la corrupción y acciones que afecten al Estado.

Lisperguer es investigado por movimientos bancarios irregulares por un monto de más de Bs 1 millón y por haber incrementado sus bienes inmuebles a nueve en los últimos tres años. De acuerdo con la Procuraduría, la afectación al Estado que causó la exautoridad supera los Bs 2 millones.

«Aquí lo que tenemos que mostrar es que el Gobierno sigue luchando contra la corrupción, que apuesta a tomar las medidas para que no haya ningún mal manejo de recurso públicos por un mal funcionario», señaló el mandatario.

Además, Arce destacó la importancia de la cartera de Medio Ambiente y Agua y todas las acciones que se deben tomar para preservar la flora y la fauna en el país. Recordó el impacto de los incendios forestales en 2024, por lo que exhortó a Ruíz a trabajar con el máximo compromiso para preservar el entorno y territorio de todos los bolivianos.

El mandatario reiteró su confianza en el nuevo ministro y le deseó éxitos en su corta gestión que deberá concluir en unos meses.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Canacol Energy Colombia firmaron este martes cuatro contratos de servicios petroleros para la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas Ovai, Florida Este, Arenales y Tita-Techi, ubicadas en el departamento de Santa Cruz.

La inversión inicial para estos proyectos será de $us 30 millones, con la posibilidad de superar los $us 270 millones en caso de éxito exploratorio. 

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, destacó la importancia de la llegada de Canacol como un nuevo actor en el sector hidrocarburífero del país.

“Hoy entra Canacol, una nueva empresa que está apostando por Bolivia. Esto nos va a permitir mayor producción de gas y, por ende, mayor producción de condensado. Este condensado lo transformamos en gasolina, lo que nos permite sustituir la importación”, señaló en conferencia de prensa. 

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Contratos

Las áreas Florida Este, Arenales y Tita-Techi se encuentran en la denominada Zona Tradicional, mientras que Ovai está ubicada en la Zona No Tradicional. De concretarse descubrimientos comerciales, se estima un incremento de reservas de aproximadamente 390,7 billones de pies cúbicos de gas (BCF), lo que fortalecerá la seguridad energética del país. 

Según proyecciones de YPFB, los contratos generarán alrededor de $us 1.466,6 millones en renta petrolera, recursos que serán distribuidos entre gobernaciones, municipios, universidades públicas, el Tesoro General de la Nación (TGN) y la estatal petrolera. 

El acuerdo con Canacol se enmarca en el Plan de Reactivación del Upstream, que busca atraer nuevas inversiones para dinamizar la industria hidrocarburífera boliviana, incrementar las reservas y garantizar el abastecimiento del mercado interno y de exportación. 

De acuerdo con YPFB, Canacol es una de las mayores productoras independientes de gas natural en Colombia y su incursión en Bolivia representa una oportunidad para fortalecer la producción nacional de hidrocarburos. 

“Ojalá que pronto vengan otras empresas de mediana magnitud que puedan explorar Bolivia como lo vamos a hacer nosotros”, afirmó Alejandro Jotayan, director de la sucursal en Bolivia de Canacol.

Los contratos ahora deberán ser aprobados por la Asamblea Legislativa, cumpliendo con los trámites legales requeridos para su ejecución.

 El Colegio de Economistas de Santa Cruz expresó su preocupación por el contrato firmado entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group, que contempla la construcción de una planta de carbonato de litio bajo un modelo “llave en mano”. La entidad advirtió sobre riesgos financieros, falta de estudios técnicos y poca transparencia en el proceso de selección del socio estratégico. 

Según el pronunciamiento, el contrato implica una deuda de $us 975 millones para Bolivia, con un plazo de pago de 20 años. Sin embargo, no se han detallado los costos operativos ni la rentabilidad del proyecto, lo que impide evaluar su viabilidad financiera.

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Contrato

Además, el denominado “modelo llave en mano” limita la transferencia de tecnología y el desarrollo del capital humano boliviano, generando dependencia externa. 

El Colegio también alertó sobre la falta de estudios de prefactibilidad que evalúen aspectos técnicos, económicos, ambientales y legales del proyecto. Señalan que el marco normativo aplicado es confuso y contradictorio, generando incertidumbre jurídica que podría ahuyentar inversiones privadas. 

Otra observación relevante es la falta de claridad en la selección de Uranium One Group como socio estratégico, ya que el proceso no se habría realizado bajo los procedimientos establecidos en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), afectando la transparencia del proyecto. 

Ante estas observaciones, el Colegio de Economistas recomendó realizar un estudio de factibilidad integral, fortalecer el marco normativo para proyectos de inversión, garantizar la transferencia tecnológica y mejorar la transparencia en los procesos de contratación. Asimismo, sugirió la participación del sector académico y profesional en la supervisión del proyecto para asegurar el cumplimiento de estándares internacionales. 

La institución reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades para aportar asistencia técnica especializada y contribuir al desarrollo sostenible del país. 

La postura del Colegio se suma a la de muchos otros sectores que acusan que los contratos para la industrialización de litio están siendo irregulares y son poco transparentes, poniendo en riesgo la soberanía de los recursos evaporíticos.

El Gobierno, por su parte, explicó el domingo que el Estado tendrá el 51% de utilidades y que la trasnacional solo explotará 1,64% de las reservas del litio.