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Corte Suprema valida reforma sanitaria de Obama

La asistencia médica universal fue declarada constitucional en EEUU

/ 29 de junio de 2012 / 05:08

La Corte Suprema de EEUU respaldó ayer, por cinco votos a favor y cuatro en contra, la reforma del sistema nacional de salud del demócrata Barack Obama. Fue la mayor victoria de su mandato, y constituye una de sus máximas armas de cara a las presidenciales del 6 de noviembre, en las que busca su reelección contra el candidato republicano Mitt Romney.

El objetivo de la legislación de Obama es lograr que los alrededor de 30 millones de estadounidenses que actualmente carecen de cobertura médica puedan contar con algún tipo de seguro, aun aquellos sin dinero para pagarlo. La oposición la rechaza por considerarla una injerencia en las libertades individuales y una medida con un muy alto costo.

El líder de la facción republicana en el Senado, Mitch McConnell, fue el primero en reaccionar al fallo. «La única forma de arreglar la ley es revocarla», dijo a los medios. Algo que Mitt Romney aseguró también que hará en el primer día de mandato en caso de ganar los comicios de noviembre.

«Lo que la Corte (Suprema) no hizo en su último día de sesión yo lo haré en mi primer día, si soy elegido presidente de Estados Unidos: actuaré para revocar la ‘Obamacare'», declaró Romney, quien sostuvo que la norma, constitucional o no, «es una mala política”.

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Retrato del golpe del fin de semana

Crónica del anuncio de clausura de la gestión escolar 2020

/ 17 de agosto de 2020 / 06:34

En Bolivia, los feriados y los fines de semana son los días favoritos de los gobiernos autoritarios: son los ideales para darle garrote a la población. Desprevenida, des- cansando —espera el Tiranuelo o la Choca de turno— la gente ‘no tomará a mal’ el Golpe. Fue sábado el 21 de agosto de 1971, cuando el coronel Hugo Banzer Suárez dio el golpe de Estado al general Juan José Torres.

Era el 1 de noviembre, feriado de Todos Santos, cuando Natusch Busch masacró mineros y tomó el poder.

Y fue el domingo 2 de agosto de 2020 cuando el gobierno de la Transición eterna de la presidenta de facto Jeanine Áñez dio por finiquitado el año escolar, adelantándose cinco meses a la fecha oficial, prevista para el 22 de diciembre de 2020.

Antes, solo hubo dos dictadores, René Barrientos y el mentado Natusch Busch, que adelantaron el cierre del año escolar, vulnerando el derecho constitucional a la educación, y aprovechando para sacarse de en medio a estudiantes y enseñantes, siempre molestosos.

No dio la noticia el ministro de Educación, el amauta Víctor Hugo Cárdenas. Esta tarea le tocó al ministro de la Presidencia, Yerko ‘Cuero Grueso’ Núñez, que sin sonrojarse si- quiera anunció la incapacidad del Gobierno transitorio para gestionar este tema, otro más que se les volvió un problema.

 Lloriqueó: “Los maestros no van pues a las reuniones que convocamos”.

Denunció: “El sindicato del magisterio es radical y partidista”. Una pena, pucha: se puede acusar de todo a la longeva dirigencia sindical trotskista del magisterio, menos, ay, de masista. Lamentó: “Prometen enviar observaciones por escrito al DS 4260 (Decreto Supremo sobre la complementariedad de la modalidad presencial y virtual de la educación por la pandemia) y no las envían”.

Acusó: “Los profesores nos amenazan con tomar instituciones, con huelgas y marchas”.

Y entonces, tal es la lógica de weekend perpetuo del Gobierno transitorio, como todo eso atenta (hipotéticamente) contra la vida de las personas, se da por terminado el año escolar 2020.

Colofón populista: Eso sí, eh, ¡nadie se aplaza siempre pues pero!

Evidentemente, para el Gobierno de los Golpes de Fin de Semana, gobernar no es ni gestionar ni mucho menos resolver conflictos en temas de interés vital para la nación.

Entonces, ¿qué será, pues?

La Nueva Política de Gobierno es así: Si no lo puedes resolver, lo anulas. Y añades lloros y quebrantos como banda sonora.

Si la salud no funciona, la cerraremos, pues. Coro: “Los doctores no quieren atender pacientes con Co- vid porque no tienen equipos de bioseguridad y se están contagiando y muriendo”, “El MAS no ha hecho nada estos 14 años por la salud”, “Los exmasistas que son hoy funcionarios roban la plata de los respiradores y nos bajan popularidad”, la cerraremos pues.

Si no podemos pagar la Salud, ¡que la paguen otros! ¡Para qué andar perdiendo el tiempo con la jodida pandemia! Aplicamos la descentralización de las decisiones sanitarias y los recursos económicos a los gobiernos departamentales y municipales.

Ya tenemos bastante trabajo sobreviviendo, nos dicen. El Gabinete parece fiesta Covid. Mascarada de danza macabra. No hay ministro que no se haya contagiado. César Salinas, expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, murió por el contagio en una reunión de alto nivel con el Ejecutivo que todavía no teletrabaja.

Cancelar es gobernar.

Se puede hacer propaganda sin Ministerio de Comunicación. Lo tachamos.

Si la pandemia restringe turismo, deportes, entradas folklóricas, seamos austeros, y cerremos ministerios inservibles creados por el MAS para engordar la clientela de funcionarios. Qué fácil es borrar, tachamos los ministerios de Culturas y Deportes el 4 de junio.

Si el Tribunal Supremo Electoral no funciona, para qué vamos a arriesgar la vida de la gente y del Gobierno celebrando las elecciones.

¡Las postergaremos… indefinidamente! Así todos vivitos y contentos. Coro: “Haremos elecciones democráticas”, “La fecha no puede modificarse según el cálculo de cuántos votos recibirá el gobierno”, “Me ha nombra- do, pero este no es pues su despacho señor ministro”.

Dicen que la guerra avisada no mata a nadie.

En Bolivia ya van 3 mil muertos después de 120 días de saber que llegaría la pandemia. Tiene más muertos que la repudiable, abominable Argentina masista, que tiene cinco veces y media la población de Bolivia.

El DS 4260 tiene menos tiempo, demoró en redactarse y aprobarse dos meses en que la educación estuvo detenida y se aprobó el 6 de junio de 2020, por el Día del Maestro. Si tan poca —y hace muchos años mala— educación nos deja hacer cuentas, en el mejor de los casos, los escolares bolivianos pasaron 70 días de clases (30 presenciales y 40 virtuales) de un calendario anual de 200 días.

La educación representa el mérito. Por eso dizque la educación pública constituye en las sociedades modernas una vía democrática de movilidad social porque no depende del nacimiento ni de la herencia. Los padres con nivel educativo universitario, que además puedan tele- trabajar durante la pandemia, complementarán y suplirán al sistema educativo. Los beneficiados son hijos de profesionales, empresarios, funcionarios públicos, líderes de opinión. A los demás les queda ver cómo las esperanzas de movilidad social —que nunca dejaron de ser precarias, ilusionadas o ilusorias— para su descendencia se esfuman ante la ineptitud del desgobierno de la transición prolongada.

A esto se suma el panorama de los profesores despedidos y de las escuelas privadas en quiebra.

En este país hoy, paradoja para las pititas, el dinero no te compra una cama de terapia intensiva, y tampoco la escuela para tus hijos.

Por supuesto, ni Germán Busch, gobernante beniano que estableció el primer Código del Trabajo en Bolivia y dedicó el 2 de agosto como el Día del Indio ni la Revolución Nacional que un 2 de agosto decretó la Reforma Agraria en reconocimiento a los campesinos que recuperaron sus tierras y su ciudadanía podían prever que en2020 se invocó la falta de internet en el área rural como la principal razón para dejar sin educación a los bolivianos. Y no, no porque en 1938 o 1953 no existía el internet, como deduciría ese campeón de lucha lógica libre que es el silencia- do ministro de Educación Víctor Hugo ‘Microsoft’ Cárdenas.

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La crisis paraguaya fue el centro del debate político en la región

La crisis institucional de Paraguay fue el centro del debate en la región, con reunión del Consejo Permanente de la OEA en Washington, viajes de senadores paraguayos a países vecinos, preparativos para la cumbre de Mercosur y consultas dentro de la Unasur.

/ 27 de junio de 2012 / 05:35

En Washington, los representantes ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debatieron durante horas la calidad institucional del juicio político que en Paraguay llevó el pasado viernes a la destitución del presidente Fernando Lugo y a su remplazo por el vice Federico Franco sin llegar a un consenso para una declaración final. Se dispuso, según consta en las resoluciones de la propia Organización, que el secretario general, el chileno José Miguel Insulza, viaje a Asunción para informarse de la situación.   

Representación. En Mendoza se ultimaban los preparativos para la XLIII Cumbre del Mercosur en medio de la incertidumbre por los cambios de agenda generados por la crisis institucional en Paraguay, que incluyen la celebración de un encuentro de la Unasur en la ciudad argentina.

    La condena de Lugo por parte del Senado paraguayo hizo que cambiara el foco del encuentro de jefes de Estado y de gobierno del bloque, que decidirá el viernes nuevas medidas sobre el asunto: la primera fue excluir al gobierno del liberal Franco de la Cumbre.

   El destituido presidente Lugo aseguró que no asistirá a esa cumbre, como había anunciado el lunes, para «no influenciar» a los jefes de Estado del bloque, según declaró a medios argentinos desde Asunción. «He decidido quedarme en Paraguay», explicitó a radio Mitre de Buenos Aires.

   En lugar de Lugo, según fuentes de su partido en Asunción, iría su ex ministro de Exteriores Jorge Lara Castro, quien se encargará de relatar el punto de vista de Lugo con respecto a su destitución el pasado viernes.

     Congresistas y ruralistas paraguayos aterrizaron ayer en Brasilia. Ante un grupo de legisladores brasileños, buscaron explicar la celeridad con la que el juicio político ante el Senado destituyó al presidente Lugo.

     Lideraba la misión el senador Miguel Abdón Saguier, a quien tocó argumentar que la rapidez del proceso se debe a que, a diferencia de lo que dispone la Constitución brasileña, durante un juicio político el presidente mantiene su cargo y todos sus poderes, aun los de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

   El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de Paraguay suspendió hoy la movilización convocada para hoy en apoyo al nuevo gobierno que encabeza el presidente Franco, que es un político liberal, ante los temores de que se registren actos de violencia.

   En cambio, seguidores de Lugo anunciaron para mañana una concentración en la Plaza de la Libertad, del centro de Asunción. En el interior del país, organizaciones campesinas iniciarán cortes  y bloqueos de rutas nacionales, como una forma de lo que han denominado «resistencia pacífica» a la situación.

Brasil, el árbitro de la situación

Congreso

Comisión en Congreso brasileño escuchó explicaciones de comisión de senadores paraguayos sobre legalidad de juicio político a Lugo.

Energía

Autoridades brasileñas aceptaron versión del nuevo gobierno paraguayo de que no venderá excedentes energéticos de represa Itaipú a terceros.

Brasiguayos

Federico Franco ofrece garantía de seguridad a colonos brasileños.

Canciller venezolano declarado ‘no grato’

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados paraguaya declaró ayer «persona non grata» al canciller venezolano, Ricardo Maduro, por sus comentarios sobre la crisis política en el país, que calificó de «abierta intromisión en los asuntos internos».  

El texto fue dado a conocer por el vicepresidente de la comisión de Exteriores, José López Chávez (del partido Unace, del general retirado Lino Oviedo).  El viernes, el jefe de la diplomacia del gobierno de Hugo Chávez tildó el juicio político contra el presidente Fernando Lugo de «atropello a las instituciones democráticas y un golpe parlamentario al Estado de derecho».

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Oposición paraguaya hará juicio político a Lugo

Diputados colorados culparán al Presidente por la masacre de Curuguaty

/ 20 de junio de 2012 / 05:42

Según el Partido Colorado, que gobernó Paraguay durante una centuria, casi la mitad de ella bajo la guía del dictador Alfredo Stroessner, no hay otro culpable de la violencia en el desalojo del viernes 15 que derivó en la muerte de seis policías y 11 campesinos en Curuguaty (departamento de Candineyú, noreste del país) que el presidente Fernando Lugo, quien siempre luchó por la reforma agraria en un país donde el 88% de la tierra está en manos de sólo el 2% de los propietarios.

“Hoy tenemos un país anárquico. El Partido Colorado siempre ha estado presente en los momentos históricos y es el único que puede reencauzar la estabilidad social en el país”, declaró Lilian Samaniego, presidenta del Partido, a medios asuncenos.

“Nosotros estamos en alerta, siguiendo paso a paso los acontecimientos. Estamos atentos y vamos a impulsar el juicio político”, remarcó. “Más que nunca, hace falta participar. Acá no se trata de decir que uno no es político. Acá se trata de decidir qué sociedad queremos para el país”, resumió la máxima dirigente colorada.

Instrucciones. Según afirman fuentes periodísticas y académicas paraguayas a La Razón, los diputados colorados han sido  instruidos por sus autoridades partidarias de buscar en el Congreso la caída del primer presidente paraguayo en más de medio siglo que no pertenece a las filas del Partido Colorado.

El desalojo del 15 se realizó en una propiedad que no tiene titular legal reclamante. Por un recurso de usucapión o prescripción adquisitiva, el exsenador y político colorado Blas Riquelme quiso apoderarse de 2.000 hectáreas que debían pasar a manos del Estado. Nunca pudo obtener la titularidad. Riquelme fue presentado en todo momento durante el conflicto, por medios y fuerzas afines,  como si fuera “propietario” de un terreno invadido por los Sin Tierra.

Así lo declaró ayer en conferencia de prensa el interventor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Emilio Camacho. Resaltó la necesidad de que el Poder Judicial aclare la situación de dominio de esas tierras, como también se investiguen las acciones de los jueces y fiscales en el caso. La Corte Suprema de Justicia de Paraguay anunció que formará una Comisión Especial para investigar esas tierras. 

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Mueren 17 en desalojo violento de campesinos en Paraguay

17 campesinos y policías murieron ayer en el noreste de Paraguay, en el desalojo violento de campesinos en tierras bajo litigio que éstos cultivaban, pero que reclama un empresario y político opositor. El presidente Fernando Lugo destituyó al Ministro del Interior.

/ 16 de junio de 2012 / 06:11

Junto con el ministro del Interior, Carlos Filizzola, cayó también el comandante de la Policía, Paulino Rojas. Las dos cámaras del Congreso estaban reunidas anoche en Asunción, para discutir sobre el Estado de excepción. La Corte Suprema también estaba reunida.

Hay muchas versiones encontradas y diferentes sobre cómo ocurrieron los hechos. No se ha explicado con claridad cómo fue el enfrentamiento, cuántas personas participaron ni cuántas resultaron heridas, aunque los heridos ya computados suman 100, y los muertos son nueve campesinos y ocho policías.

Las muertes y la violencia se dieron durante el operativo de desalojo que se realizó en una propiedad, de unas 2.000 hectáreas, situada en el kilómetro 35 de la ruta 10, Las Residentas, Colonia Ybyrá Pytâ, distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, del que se atribuye la propiedad el empresario y político colorado Blas N. Riquelme. El partido Colorado, que gobernó el país durante una centuria, era el del exdictador Alfredo Stroessner.     

“La falta de respuestas del Gobierno a la necesidad de una reforma agraria integral que incorpore a la producción a campesinos sin tierra es una de las razones de fondo de la masacre de Curuguaty. Los campesinos de la Liga de Carperos vienen reclamando la restitución de 2 mil hectáreas que son del Estado y fueron apropiadas por el empresario y ex senador colorado Blas N. Riquelme. Para ello ocuparon las tierras”, comenta a La Razón desde el lugar de los hechos el periodista y analista Jorge Zárate.

A la salida de la reunión ministerial de urgencia que llamó el presidente Fernando Lugo, el ministro de Educación, Víctor Ríos, anunció que «se darán a conocer los nombres de las personas que ocuparán el Ministerio del Interior y la jefatura de Policía”.

Guerrilla.  Antes de renunciar, en declaraciones reproducidas por los medios paraguayos, Filizzola dijo desconocer que haya vínculos de los campesinos con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una guerrilla fantasma a la que los ganaderos y agroindustriales acusan de secuestros,  de vínculos con el narcotráfico y de conexiones directas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “La Policía controló la situación. Lamentamos que hayan fallecido policías en servicio. No tenemos constancia de que haya sido el EPP el que haya actuado en el lugar.

Tenemos identificadas algunas personas que ya habían atropellado a la fiscalía, ya invadieron antes este mismo lugar. No tenemos datos de que haya sido el EPP”, explicó Filizzola. A los mismos medios, el empresario Riquelme aseguró que en el hecho intervino el EPP y que hace 22 días atrás radicó una denuncia de que ingresaron a la casa de la estancia portando armas.

Una batalla política se viene en Paraguay. Según Zárate, la “derecha aprovechará esta situación para intentar derrocar a Lugo”. El presidente carece de mayoría propia en el Congreso, y está al frente de una coalición amplia y diversa.

La tierra, en pocas manos

En Paraguay, el 88% de las tierras está en manos del 3% de los terratenientes, según el censo 2008. El país tiene ya más de 100 muertos en la lucha por la tierra desde el advenimiento de la democracia en 1989.   A pesar del éxodo rural a las ciudades, un fenómeno global, Paraguay sigue siendo un país predominantemente agrario. Existen al  menos 300 mil campesinos sin tierra.

La larga dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989) vendió tierras y repartió otras a aliados políticos, y en todos los casos buscó asegurar títulos de propiedad legales, ya que no legítimos, a sus propietarios. La Reforma Agraria sigue siendo el sueño de un país que hoy, contra la imagen estereotípica, planta mucha más soja transgénica que naranjas. La colonización brasileña en el norte del país, y en el este, es un problema económico, pero también social y cultural.

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Perú excarcela a un alcalde antiminero

El organizador de la huelga contra la cuprífera Xstrata estaba bajo arresto irregular

/ 14 de junio de 2012 / 06:11

El alcalde de la sureña provincia peruana de Espinar (departamento del Cusco), Óscar Mollohuanca, fue liberado ayer, tras permanecer 14 días preso en un juicio por su participación en las protestas contra una minera suiza, la cuprífera Xstrata, que dejaron al menos dos muertos y un centenar de heridos.

La decisión fue tomada por la Corte de Apelaciones del departamento de Ica. Al salir de la cárcel Cristo Rey, el líder mundial afirmó que la excarcelación demuestra que su detención y traslado a otra ciudad fueron “un acto de arbitrariedad”.

“Estoy viajando en primer lugar a Espinar. Luego vendré también a dar las explicaciones necesarias al país, a Lima y a Cusco”, dijo, según registran medios peruanos.  El Alcalde, un economista de 50 años del partido de izquierda ecologista Tierra y Libertad, reconoció que participó en las protestas, pero sostuvo que es un perseguido.

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