Crisis múltiple: orígenes y posibles salidas
A pesar del oscuro panorama, la defensa de la democracia y el logro de elecciones transparentes emergen como el pilar para abrir una ventana de esperanza en Bolivia.
En crisis, las sensaciones más comunes ante la situación actual del país son la incertidumbre y la confusión. Dada la profusión de eventos y tensiones que vive Bolivia, la situación actual es poco clara, y las posibles salidas son aún menos evidentes. Para intentar hacer sentido con lo que pasa el país, creo que hay tres preguntas fundamentales que deberíamos hacernos de manera colectiva: ¿En qué situación estamos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo salimos de aquí?
Tratemos de caracterizar primero la situación en la que estamos. Se trata de una multi crisis: una situación en la que distintos ámbitos de la vida pública en el país funcionan de manera problemática o directamente no funcionan. De la interrelación de la disfuncionalidad en los distintos subsistemas emerge una crisis sistémica, que potencialmente compromete el funcionamiento mismo de la sociedad boliviana.
La dimensión económica de la crisis no requiere mucha presentación, en tanto es sentida por todos cada día y se refleja en factores como la inflación, desabastecimiento de productos y combustibles, escasez de dólares, deterioro del aparato productivo, o el crecimiento mínimo. Esta crisis tiene que ver con un modelo que no termina de transitar de un estatismo basado en la exportación del gas a un modelo dependiente de estructuras corporativas privadas (legales e ilegales), dedicadas a la exportación de oro, soya, carne (y al narcotráfico).
Dimensiones de la crisis
La crisis tiene una dimensión ambiental, la cual se olvida cada año una vez que se disipa el humo de millones de hectáreas de bosques incendiadas cada año en Bolivia. Pese a que la llegada de las lluvias mejora la calidad del aire, el deterioro ambiental es muy grande y distintos expertos afirman que estamos llegando (o que hemos llegado) a un punto de no retorno, donde la naturaleza ya no tiene la capacidad de sostener los procesos productivos humanos.
En términos sociales, la crisis se manifiesta en niveles muy altos de desconfianza interpersonal (los más altos de América Latina y los más altos en 25 años en Bolivia, según un estudio de Ciudadanía y la KAS con datos del Proyecto LAPOP). Esta desconfianza es alimentada por distintos tipos de violencias y deterioro del tejido social, en un momento de transformación de los valores sociales que no parece apuntar a una mayor apertura hacia el respeto y la garantía de los derechos de los demás.
En términos institucionales, la mayor parte de las instituciones estatales (sistema judicial, Ministerio Público, Policía, militares, aduana…) están colapsadas, y se muestran incapaces de cumplir de manera efectiva sus funciones. Los indicios de corrupción permanentes alimentan niveles de confianza ciudadana mínimos. La incapacidad no solo tiene que ver con las funciones secundarias o sectoriales (fiscalización, tributación, regulación), sino que el Estado parece haber perdido la capacidad de ejercer su función principal, el monopolio del ejercicio de la violencia legítima.
La interna del MAS
Así las cosas, la disputa ya violenta entre dos facciones por el control del MAS es solamente una manifestación política de la crisis. Los bloqueos, las denuncias, el uso político del aparato de justicia y todo el penoso repertorio son solo el corolario del colapso del modelo de gobernabilidad basado en el control corporativo de las instituciones estatales por parte de algunas organizaciones sociales. La burocratización y oligarquización (ley de hierro de Michels) de las estructuras del sindicalismo popular han bloqueado el acceso a los beneficios prebendales del Estado a nuevos actores dentro de estos sectores sociales, generando descontento, fraccionamiento y conflicto. La ausencia de liderazgos y propuestas desde la oposición o el Masismo, que sean capaces de seducir y entusiasmar a los ciudadanos, es parte de la dimensión política de la crisis.
Ahora bien, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Es claro que no existe un solo factor que lo explique; al final, los momentos históricos resultan de un cúmulo de hechos que se remontan en el tiempo (y hasta en la cara del dado que dicta el azar). Sin embargo, existe un elemento descollante en la explicación de la situación crítica que atraviesa el país: el desmantelamiento institucional.
El proceso de desinstitucionalización que ha sufrido el país explica en buena medida la multicrisis y la imposibilidad actual de superarla. Se trata de un proceso consciente de asedio a la institucionalidad republicana que se ha venido poniendo en práctica durante los últimos 20 años (la forma de gobierno republicana es la que evita el control absoluto del poder de parte de un grupo o una persona distribuyéndolo en instituciones independientes).
La promesa del cambio
Ha sido un proyecto con intenciones declaradas; pero también ha sido un proceso solapado basado en el entusiasmo ciudadano inicial con el “cambio” y la promesa de una institucionalidad más justa, plural y democrática, que resuelva los traumas y desigualdades históricas de los bolivianos. Esta promesa fue finalmente traicionada con una Constitución tan extensa y declarativa como ambigua y compleja. La autodestrucción de las instituciones estatales desde adentro, desde el mismo Estado, implica la pérdida de una oportunidad histórica de construcción de institucionalidad legítima y efectiva, y está terminando con un ciclo político cuyos éxitos y fracasos serán juzgados con mayor claridad en el futuro.
El afán por destruir la república ha acabado destruyendo las condiciones mínimas para el ejercicio de la justicia. Sin un sistema de justicia efectivo y confiable, no solamente quedan desamparados los ciudadanos comunes, sino que la “justicia” se convierte en arma arrojadiza usada arbitrariamente por encima de las leyes y su espíritu para derrotar al otro y mantenerse el poder. Sin un sistema electoral independiente, transparente y confiable las elecciones son dudosas para los ciudadanos, y son injustas e inequitativas para los políticos. Sin un Estado que controle el territorio nacional, algunos grupos lo reemplazan, administrando e imponiendo su “ley” sobre el territorio y sus habitantes. Sin una ciudadanía autónoma, las estructuras organizativas “orgánicas” se transforman en sindicalismos autoritarios con agencia gubernativa y beneficios económicos.
Crisis e institucionalidad
Los riesgos del descalabro institucional, evidentes desde hace tiempo, fueron minimizados en su momento por analistas y opinadores bajo argumentos como el de “así siempre ha sido” o “ya verán los abogados”. Y es cierto que la historia política de Bolivia podría alimentar un manual de trampas y mañas. Pero el ciclo político anterior, a diferencia de lo que sucede ahora, presentaba algunas instituciones ejemplares que surgían de momentos de negociación plural y se convertían en referentes morales (e institucionales) para la sociedad: por ejemplo, la Corte Nacional Electoral que se consolida con los “notables” a inicios de los 1990, la Defensoría del Pueblo liderizada por Ana María Romero, o los acuerdos que permitieron la reforma constitucional de 1994. Nada remotamente cercano en la actualidad.
En esas condiciones, ¿cómo salimos de la crisis? En primer lugar, es necesario tener en cuenta que la resolución de las manifestaciones políticas inmediatas de la crisis no implica la solución permanente de los problemas de fondo. Ninguno de los distintos escenarios de resolución de la disputa interna del MAS va a solucionar la crisis sistémica de Bolivia (aunque algunos ciertamente podrían complicarla más).
Salidas
Más allá del problema inmediato, es indudable que la única salida a la multicrisis boliviana actual es electoral, con un resultado en las elecciones de 2025 que obligue a los actores políticos con representación parlamentaria a pactar y compartir el peso de una dura reforma económica: eliminación de subsidios a combustibles, tipo de cambio real, privatización de muchas empresas y despido de supernumerarios en el Estado. Esta es una misión tan impopular como necesaria que debe ser asumida en el marco de un pacto de supervivencia nacional (que debe incluir a la facción del MAS que sobreviva a su actual suicidio político). El pacto político necesariamente deberá incluir el debate de una reforma constitucional que permita la reconstrucción institucional sobre bases meritocráticas, así como la aplicación de mecanismos de justicia transicional, y la reconstrucción de la ciudadanía al margen de las estructuras corporativas del sindicalismo.
El contexto internacional será relevante para lo que suceda el 2025. Tres actores son particularmente importantes: Brasil, con un Lula que se desmarca cada vez más de los esperpénticos gobiernos de Maduro y Ortega; China, el principal acreedor del país; y los Estados Unidos de Trump, cuya agenda hacia la política boliviana es todavía una incógnita.
La mínima ventana de esperanza de salida de Bolivia de su crisis actual está amenazada por las condiciones mismas que resultan de la erosión de las instituciones. La realización de elecciones transparentes y legítimas en 2025 está en riesgo. Desde tribunales auto prorrogados que podrían cuestionar el proceso, pasando por un Órgano Electoral débil que no parece poder garantizar comicios refrendados por la confianza ciudadana, hasta actores políticos desleales, las amenazas a las elecciones son amplias. La defensa militante de la democracia es crucial para el futuro.
Le puede interesar: Fallo sobre reelección: Salvatierra dice que los vocales son los mismos que favorecieron a Branko y Manfred