Monday 27 May 2024 | Actualizado a 08:46 AM

De percepciones a indicadores con metodología

/ 4 de febrero de 2024 / 06:42

Una reflexión sobre los desafíos que presenta el intentar medir la corrupción.

Dibujo Libre

El Índice de Percepción de la Corrupción, es un estudio efectuado por una ONG denominada Transparencia Internacional, cuya metodología aplicada es completamente desconocida y poco clara en la referida medición; por tanto, los resultados que alcanza dicho índice son de orden subjetivo. Así lo reconocen diferentes entes especializados, debido a la falta de “transparencia” en la elaboración y ejecución de la encuesta ciudadana, ya que no se efectúa un análisis integral en relación a los estándares determinados por la Organización de Naciones Unidas, a través de sus mecanismos de evaluación. Otro dato, no menor, es que los miembros representantes de esa ONG, en general, son representantes políticos antes que sociales.

De esa manera, se observa que el índice mencionado para este año, sitúa a países como Luxemburgo en el puesto 78; Bahamas, 69; Barbados, 64; e Islas Seychelles, 71, como países con menor índice de corrupción, sin considerar que, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), estos Estados han sido considerados como países con riesgo fiscal y financiero.

El índice de la ONG, está basado en sondeos, lo que implica que sus resultados no son posibles de contrastar, y se desconocen las fuentes de información o la metodología aplicada para verificar la consistencia de los mismos. Otro elemento que no se analiza en este informe es el contexto legal, social y económico de los Estados evaluados, sino aspectos de gobernanza y administración de justicia en general, lo que permite una permeabilidad en la evaluación, en la que unos Estados con normas que permiten un flujo financiero no regulado, se encuentren en mejor percepción que los Estados que aplican las recomendaciones y los estándares para evitarlos.

Ante estas deficiencias, del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2023, en la Conferencia Mundial sobre el Aprovechamiento de los Datos para Mejorar la Medición de la Corrupción, organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Academia Internacional Contra la Corrupción (IACA), se debatió para incorporar principios clave al desarrollo de marcos y metodologías orientadas a medir la corrupción.

Estos debates han orientado el desarrollo y la aplicación de marcos y metodologías de medición de la corrupción con el fin de lograr una mayor precisión en la información, y mejorar las estrategias que debe encarar el Estado, y la pertinencia y oportunidad de las políticas aplicadas para su mejora y ajuste.

Las conclusiones de esta Conferencia están siendo evaluadas para su aplicación en Bolivia, como parte de la Política Plurinacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, por ser un resultado del debate de los países en el marco de las Naciones Unidas, y por contener elementos metodológicos transparentes que permiten la evaluación objetiva de una problemática que no es excluyente de las autoridades de la Asamblea Legislativa, y que muy por el contrario, debieran constituirse en aliados estratégicos para mejorar la percepción en torno a la corrupción, que en el Estudio referido refleja en gran medida la falta de consenso para lograr un proceso de elección de autoridades judiciales, en el marco de las previsiones constitucionales, y cuya omisión está causando graves perjuicios a la población, derivados de las movilizaciones departamentales.

Es posible que la aplicación de la metodología requiera de un instrumento legal, a cuyo efecto será imprescindible valorar el compromiso de los representantes de las tiendas políticas opositoras en la Asamblea Legislativa, que regularmente se constituyen en críticos al desarrollo y avances del Estado e impiden que el mismo sea mejorado a través de proyectos importantes como el PL 409/2022/2023 para la implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos en el Estado, lo que permitiría mejorar cualitativa y cuantitativamente los marcos de prevención en hechos de corrupción.

Como se habrá notado, hay una diferencia sustancial entre el trabajo desarrollado a partir de criterios subjetivos, carentes de información precisa y contextual, que generan resultados que cuando menos, refuerzan la lógica de que existen Estados “modernos” y Estados “subdesarrollados”, cuando el trabajo se circunscribe a una metodología contextual y una normativa integral construida entre los Estados para asentar en el camino, políticas públicas que permitan mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción.

También queda otro camino que eligen algunos críticos actuales, para los que este tipo de informes que eran rechazados por ser considerados ataques desde el imperialismo, son utilizados resaltando su contenido, con la finalidad de justificar ataques a quienes se percibe como enemigos, sin considerar que la lucha contra la corrupción es un trabajo que debería comprometer a todas y todos los actores. Mientras tanto nuestra respuesta será la de seguir trabajando por consolidar políticas de Estado dirigidas a combatir la corrupción.

 (*)Susana Ríos Laguna es viceministra de Transparencia

De percepciones a indicadores con metodología

Una reflexión sobre los desafíos que presenta el intentar medir la corrupción.

/ 4 de febrero de 2024 / 06:41

El Índice de Percepción de la Corrupción, es un estudio efectuado por una ONG denominada Transparencia Internacional, cuya metodología aplicada es completamente desconocida y poco clara en la referida medición; por tanto, los resultados que alcanza dicho índice son de orden subjetivo. Así lo reconocen diferentes entes especializados, debido a la falta de “transparencia” en la elaboración y ejecución de la encuesta ciudadana, ya que no se efectúa un análisis integral en relación a los estándares determinados por la Organización de Naciones Unidas, a través de sus mecanismos de evaluación. Otro dato, no menor, es que los miembros representantes de esa ONG, en general, son representantes políticos antes que sociales.

De esa manera, se observa que el índice mencionado para este año, sitúa a países como Luxemburgo en el puesto 78; Bahamas, 69; Barbados, 64; e Islas Seychelles, 71, como países con menor índice de corrupción, sin considerar que, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), estos Estados han sido considerados como países con riesgo fiscal y financiero.

El índice de la ONG, está basado en sondeos, lo que implica que sus resultados no son posibles de contrastar, y se desconocen las fuentes de información o la metodología aplicada para verificar la consistencia de los mismos. Otro elemento que no se analiza en este informe es el contexto legal, social y económico de los Estados evaluados, sino aspectos de gobernanza y administración de justicia en general, lo que permite una permeabilidad en la evaluación, en la que unos Estados con normas que permiten un flujo financiero no regulado, se encuentren en mejor percepción que los Estados que aplican las recomendaciones y los estándares para evitarlos.

Ante estas deficiencias, del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2023, en la Conferencia Mundial sobre el Aprovechamiento de los Datos para Mejorar la Medición de la Corrupción, organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Academia Internacional Contra la Corrupción (IACA), se debatió para incorporar principios clave al desarrollo de marcos y metodologías orientadas a medir la corrupción.

Estos debates han orientado el desarrollo y la aplicación de marcos y metodologías de medición de la corrupción con el fin de lograr una mayor precisión en la información, y mejorar las estrategias que debe encarar el Estado, y la pertinencia y oportunidad de las políticas aplicadas para su mejora y ajuste.

Las conclusiones de esta Conferencia están siendo evaluadas para su aplicación en Bolivia, como parte de la Política Plurinacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, por ser un resultado del debate de los países en el marco de las Naciones Unidas, y por contener elementos metodológicos transparentes que permiten la evaluación objetiva de una problemática que no es excluyente de las autoridades de la Asamblea Legislativa, y que muy por el contrario, debieran constituirse en aliados estratégicos para mejorar la percepción en torno a la corrupción, que en el Estudio referido refleja en gran medida la falta de consenso para lograr un proceso de elección de autoridades judiciales, en el marco de las previsiones constitucionales, y cuya omisión está causando graves perjuicios a la población, derivados de las movilizaciones departamentales.

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Es posible que la aplicación de la metodología requiera de un instrumento legal, a cuyo efecto será imprescindible valorar el compromiso de los representantes de las tiendas políticas opositoras en la Asamblea Legislativa, que regularmente se constituyen en críticos al desarrollo y avances del Estado e impiden que el mismo sea mejorado a través de proyectos importantes como el PL 409/2022/2023 para la implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos en el Estado, lo que permitiría mejorar cualitativa y cuantitativamente los marcos de prevención en hechos de corrupción.

Como se habrá notado, hay una diferencia sustancial entre el trabajo desarrollado a partir de criterios subjetivos, carentes de información precisa y contextual, que generan resultados que cuando menos, refuerzan la lógica de que existen Estados “modernos” y Estados “subdesarrollados”, cuando el trabajo se circunscribe a una metodología contextual y una normativa integral construida entre los Estados para asentar en el camino, políticas públicas que permitan mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción.

También queda otro camino que eligen algunos críticos actuales, para los que este tipo de informes que eran rechazados por ser considerados ataques desde el imperialismo, son utilizados resaltando su contenido, con la finalidad de justificar ataques a quienes se percibe como enemigos, sin considerar que la lucha contra la corrupción es un trabajo que debería comprometer a todas y todos los actores. Mientras tanto nuestra respuesta será la de seguir trabajando por consolidar políticas de Estado dirigidas a combatir la corrupción.

 (*)Susana Ríos Laguna es viceministra de Transparencia

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La lucha contra la corrupción en el país

Descripción del actual sistema de transparencia en las entidades públicas.

/ 8 de enero de 2023 / 06:20

DIBUJO LIBRE

Anualmente se suele publicar encuestas sectoriales que fungen a manera de rankings, en los que se posiciona a los países en un listado según la percepción de algunos sectores de la sociedad. Este tipo de encuestas no refleja el esfuerzo de los diferentes Estados para cumplir con sus compromisos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, por lo que es necesario, a dos años de gestión, hacer una breve evaluación que permita identificar el estado de situación y los desafíos que esto representa.

Con la ratificación de las convenciones anticorrupción, tanto del Sistema Interamericano como de Naciones Unidas, en 1993 y 2005, respectivamente, el Estado boliviano reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción. En este ámbito, la Asamblea Constituyente incorporó reformas en la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 en materia de lucha contra la corrupción.

En el marco de estos principios, la CPE inserta las figuras de imprescriptibilidad y retroactividad en delitos de corrupción, y la obligación de todas y todos los bolivianos de denunciar estos hechos; se incorpora el mecanismo de Control Social y Rendición Pública de Cuentas, para garantizar el acceso a la información generada por las entidades públicas y que administran fondos públicos, reconociendo la importancia de la participación de los sectores sociales organizados y la sociedad civil en la construcción de políticas públicas.

A partir de la vigencia del decreto 3058, el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, como parte del Ministerio de Justicia, es la entidad competente en la materia. Cuenta con dos áreas de gestión conforme a lineamientos y principios de las convenciones internacionales. La primera, dirigida a establecer procedimientos y mecanismos de investigación, procesamiento y sanción por posibles hechos de corrupción; y, la segunda, con la facultad de generar medidas de prevención y coordinación con organismos internacionales, efectuar intercambio de experiencias y buenas prácticas, y mantener activa la participación del Estado en los mecanismos de evaluación y seguimiento.

En la gestión de denuncias de posibles hechos de corrupción se estableció un flujo de procesos, que se inicia con la recepción de la denuncia, su evaluación, posterior rechazo o remisión a otras instancias para su atención oportuna y admisión de la misma. Una vez admitida la denuncia, hay un proceso de investigación, requiriendo información a las entidades involucradas, el descargo del denunciado y la determinación de acciones a ser ejecutadas. De dicho proceso puede establecerse responsabilidades administrativas o penales por incumplimiento de las normas vigentes, en cuyo caso se dispone sumarios administrativos o las denuncias en instancias judiciales para su investigación en la vía penal.

En la investigación administrativa, se puede requerir la elaboración de perfiles patrimoniales, cuando se determinan indicios de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, de servidores o exservidores públicos, los mismos que pueden derivar en la apertura de procesos penales por legitimación de ganancias ilícitas.

Es importante reconocer que en la investigación administrativa, los objetivos han cambiado. Antes se priorizaba la investigación de las propias entidades y sus unidades de transparencia; sin embargo, en 2022, esta dinámica ha cambiado, priorizando la investigación y atención de la mayor parte de denuncias y requerimientos, a fin de promover una respuesta oportuna a los ciudadanos.

Se identificó que la atención de solicitudes, reclamos y denuncias, constituye un importante mecanismo de prevención, que a su vez evita que se concreten hechos de corrupción, o fomentan la corrección en procesos de contratación observados de forma oportuna.

Si bien las denuncias presentadas por ciudadanos, unidades de transparencia y otros actores se han incrementado en 2021 y 2022, también se ha incrementado el porcentaje de procesos de investigación, reduciendo el de rechazos, debido a que se ha priorizado el análisis y evaluación de los hechos, antes que el cumplimiento de los requisitos formales, puesto que cuando el ciudadano presenta un requerimiento de investigación, éste podría ser un indicativo de riesgo en la gestión o en la entidad investigada.

En prevención, tenemos dos áreas de trabajo: la primera, dirigida a fortalecer la participación ciudadana en la gestión a través del control social, con la vigencia del Sistema de Rendición Pública de Cuentas, que es un portal de consulta abierta, que cuenta con la información de los actos de Rendición inicial y final de las entidades y empresas públicas, de forma remota desde cualquier punto a través del sitio de dominio rpc.transparencia.gob.bo; la segunda, se orienta a la formación en valores en todo el sistema educativo, incluyendo contenidos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción; esto en consideración a que los resultados en esta formación son de largo plazo y alcance.

Para 2022, el Sistema de Rendición Publica de Cuentas agregó información relativa a 331 entidades, y un nivel de consultas mayor a mil usuarios. Por su parte, los procesos educativos llegaron a 2.376.527 niños y jóvenes.

Un desafío inmediato en prevención es incluir a la sociedad civil organizada a través de mecanismos directos de control, como ser un observatorio en transparencia y lucha contra la corrupción, que a partir de la información parametrizada y sistematizada, establezca mecanismos de evaluación continua y de percepción ciudadana, respecto del cumplimiento de las políticas, planes y programas en la materia, así?como su incidencia y efecto en la sociedad; la segunda línea de acción se debe trabajar con los Jóvenes por la Transparencia, un grupo organizado y proactivo, que pueda constituirse en contraparte y control social de procesos que sean de su beneficio directo, tales como la mejora en la infraestructura de educación, el desayuno escolar y otros.

Para el quinquenio 2021-2025, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional elaboró un Plan Estratégico Ministerial (PEM), que está articulado al eje 7 del Plan General de Desarrollo Económico Social 2021-2025, denominado “Reforma Judicial, Gestión Pública Digitalizada y Transparente, Seguridad y Defensa Integral con Soberanía Nacional”, con los resultados esperados de fortalecer la lucha efectiva y decidida contra la corrupción en la administración pública, en todos los niveles del Estado, que será?efectivo con la implementación de tecnologías de información y comunicación, priorizando la implementación de sistemas de gestión de riesgos, el procesamiento en línea y parametrizado de denuncias de corrupción, y el uso de sistemas interoperables de consulta para investigaciones patrimoniales de servidores públicos.

Mientras que en prevención se plantea la sostenibilidad de la formación de niños y jóvenes, así como la especialización de profesionales en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Estos desafíos se plasman en una nueva política para el sector, cuyo contenido desarrollaremos en otra columna.

(*)Susana Ríos L. es Viceministra de Transparencia

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Impuesto a la riqueza

Pensar en un nuevo sistema de tributación basado en la acumulación de recursos, llámese patrimonio o riqueza, podría ser beneficioso por diferentes razones .

/ 12 de mayo de 2020 / 05:20

Los acontecimientos sociales y económicos derivados de la pandemia desatada por el COVID-19 son, sin duda, hitos históricos, que van a marcar un antes y un después de la evolución de las sociedades. Muchos gobiernos han tomado previsiones impensables y cuestionadas en contextos diferentes. Es el caso del asistencialismo, que ha permitido mantener y exigir a los ciudadanos guardar un distanciamiento social, a fin de evitar que el nivel de los contagios sea incontenible y, por tanto, intratable.

Paralelamente se han adoptado medidas de carácter impositivo, también excepcionales, en la mayoría de los casos relacionados con diferimientos en el pago de los diferentes tributos. Al respecto, Cesar García Novoa publicó, en dos entregas, el artículo La Fiscalidad y la crisis del Covid-19. Interpretación de lo que ya se hizo y propuestas de lo que se debería hacer. Su análisis incluye la evaluación en torno a la insuficiencia de las medidas de diferimiento, debido a que éstas no generan suficiente liquidez en las empresas, sobre todo medianas y pequeñas. Opinión que comparto plenamente, debido a que los sectores más afectados por los efectos de la crisis sanitaria serán los profesionales independientes, así como los pequeños y medianos emprendedores, quienes constituyen cerca del 75% del padrón de contribuyentes, con un grado de formalidad que cuesta lograr en un país como el nuestro.

Poniendo la mirada en la situación del contribuyente inscrito en el Régimen General, como depositario de medidas que puedan beneficiarle para mantener su actividad económica activa y, por tanto, mantener su condición, está claro que el diferimiento simplemente genera un ahorro momentáneo que no beneficia, pues el contribuyente tendrá que cubrir los importes en los periodos que estuvo activo, con la contrapartida de las obligaciones por servicios, alquileres y otros asociados que de todas formas debe cubrir. Por otra parte, no es beneficiario de ningún bono, y aunque se le abra la posibilidad de obtener un crédito blando, éste debe destinarse únicamente al pago de salarios. En este sentido, las medidas tributarias previstas no son suficientes para este conjunto de contribuyentes, por lo que es previsible una disminución del padrón en este sector.

Una disminución en el número de contribuyentes activos en el Régimen General implica un efecto negativo de al menos el 15% en el importe total de la recaudación. En términos netos, este porcentaje puede no sonar importante. Sin embargo, el peso de las recaudaciones puede generar presiones a los sectores de Grandes y Principales Contribuyentes, que también se verán afectados por la pandemia, en proporciones importantes, y no previsibles en un contexto normal. Adicionalmente, es importante evaluar los efectos a mediano y largo plazo por la caída de los precios del petróleo en el mundo y su impacto en las economías grandes y pequeñas.

Con este panorama, muchos analistas han retomado la discusión sobre una nueva forma de tributación, en el marco de la progresividad, cualidad y principio que implica que aquellos que tienen un mayor ingreso o riqueza deben contribuir en mayor proporción, para lograr una adecuada distribución del ingreso, a través de servicios. O como en el presente caso, lograr la sostenibilidad de medidas asistenciales, cubrir el incremento en los gastos asignados al sistema de salud, y los gastos excepcionales que tendrá que asumir el aparato estatal como efecto de la crisis sanitaria.

Se han estudiado opciones de reconstrucción postcrisis, a partir de un sistema tributario orientado a una recuperación económica, con la creación de una tasa COVID, que no es otra cosa que un impuesto a la riqueza y las rentas altas. Este instrumento de política fiscal ha sido utilizado en diferentes momentos de la historia. Por ejemplo, según explica el investigador Sam Pizzigati, Theodore Roosvelt aplicó este tributo para lograr equidad social. Posteriormente, para enfrentar la depresión de la postguerra, Franklin Delano Roosvelt incrementó la alícuota del impuesto del 15% al 79% para quienes ganaban más de 5 millones de dólares al año. También aplicó un impuesto sucesorio del 70% para herencias superiores a los $us 50 millones. Estas medidas le permitieron reducir el índice de desempleo del 25% al 10%. Conscientes de los efectos positivos de estas medidas, en EEUU los candidatos demócratas han presentado una propuesta para gravar las rentas elevadas a fin de generar sostenibilidad en el sistema de salud.

En España, gracias a la Propuesto de no ley (PNL) presentado por el diputado Iñigo Erregón (Mas País), se está discutiendo la aprobación de un impuesto a las grandes fortunas, tanto a patrimonios como a los ingresos, cuya recaudación proyectada es de al menos $us 16.200 millones al año. En Argentina se analiza la aplicación de un impuesto de estructura progresiva a las personas que tiene un patrimonio superior a los $us 3 millones. En Brasil, entidades de la sociedad civil (como Auditores Fiscales por la Democracia, Asociación Nacional de Auditores Fiscales de la Receita Federal, la Federación Nacional de Fisco Estadual y Distrital y el Instituto Justicia Fiscal) han solicitado al Congreso y al Gobierno Federal diversas medidas impositivas, entre las que se encuentra una modificación al Sistema Tributario para que se tribute sobre el patrimonio, cuyo objetivo es gravar a las personas con mayor riqueza. En el artículo titulado ¿Para cuándo la tasa COVID a la riqueza y rentas altas?, Yago Álvarez Barba evalúa una propuesta impositiva en la Unión Europea con resultados favorables.

En síntesis, el punto de partida para modificar el sistema tributario no tiene que ver con la coyuntura, sino con el cambio estructural por el que está atravesando el mundo. Si bien la discusión sobre la acumulación de riqueza no es nuevo (ya lo planteó Thomas Picketty y otros especialistas), el largo periodo de inactividad producto de la crisis sanitaria ha puesto en evidencia las diferencias de los emprendimientos profesionales y de las grandes empresas, una situación que no pudo haber sido prevista por ningún Gobierno hasta hace dos meses atrás, cuando los efectos de la pandemia determinaron medidas de política fiscal que los Estados no hubiesen aplicado en circunstancias normales.

En este sentido, pensar en un nuevo sistema de tributación basado en la acumulación de recursos, llámese patrimonio o riqueza, podría ser beneficioso por diferentes razones. En primera instancia, permitiría al Estado contar con recursos para encarar un proceso de recuperación económica, el cual será incluso reclamado por la sociedad; permitiría generar un nuevo proceso de redistribución a través del financiamiento de servicios necesarios como por ejemplo el servicio de salud; permitiría ampliar la transferencia de recursos incluyendo a sectores no considerados como los contribuyentes del Régimen General; reduciría la presión en sectores de recaudación porcentualmente más altos como los Pricos y Gracos, a fin de permitirles también reorganizar sus economías; y, finalmente, permitiría establecer un sistema tributario basado en la redistribución de ingresos real.

Susana Ríos Laguna, especialista en tributación, tiene una maestría en Derecho Económico.

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