La guerra de Ucrania y sus efectos colaterales sobrevuelan la XXVIII Cumbre Iberoamericana, con varios discursos en los que los líderes asistentes han advertido no sólo de lo que supone en términos de violación de derechos y libertades, sino también de los lastres que puede provocar para la economía mundial.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha advertido del «impacto global» de este conflicto, del que ha responsabilizado directamente al jefe de Estado de Rusia, Vladimir Putin, que ha violado la teórica «convivencia pacífica» entre naciones.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha incidido en que se trata de «una guerra global», con efectos en «todos los continentes» y ha acusado a Putin de violar la integridad territorial y la soberanía nacional: «Ninguno de nosotros aceptamos que estos principios sean violados».

Sobre este tema, el presidente de Chile, Gabriel Boric, que esta misma semana habló con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, ha tachado de «inaceptable» la «guerra de agresión» de Rusia, en la que ve «una violación flagrante» del Derecho Internacional. «No nos podemos acostumbrar», ha lamentado, para acto seguido pedir que siga habiendo «esfuerzos para la paz».

El mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha advertido de que América Latina no puede ser «ajena» a «las perturbaciones que sufre el mundo», en una «compleja coyuntura internacional» en la que ha incluido la «injustificada agresión de Rusia a Ucrania, con pretensiones de anexión territorial».

«La comunidad iberoamericana debe trabajar por la paz», factor «fundamental» para la convivencia global, ha reclamado Lasso durante su alocución.

Su homólogo argentino, Alberto Fernández, ha señalado también a la guerra «desatada por la invasión rusa sobre Ucrania», advirtiendo como Lasso de que dicho conflicto «altera la economía global».

Por su parte, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha alertado de que «la amenaza de guerra mundial vuelve a ser el riesgo mayor para nuestra civilización». Teme incluso una «catástrofe apocalíptica», como ha expuesto durante su turno de palabra.

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LOS MATICES DE PETRO

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha aludido a la «invasión» de Ucrania, si bien ha aprovechado para repudiar no tanto este acto en sí como el supuesto doble rasero en la esfera internacional: «No se puede criticar si apoyamos otras invasiones».

Petro ha reclamado un «rechazo general» a este tipo de ofensivas, durante un discurso en el que no ha aludido a otros casos concretos pero sí ha repudiado las invasiones pasadas «hechas por petróleo».

El costarricense Rodrigo Chaves ha apelado directamente a Petro para recordarle que la guerra en Ucrania «no es un problema europeo» y requiere la atención de todo el mundo. «Nuestra región no debería ser la excepción», ha advertido, señalando por ejemplo los efectos colaterales en temas esenciales como la subida de precios de productos básicos.

El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, considera que 2023 será un «año clave» en las relaciones entre América Latina y Europa, con una «oportunidad» en el horizonte que llegará en el segundo semestre, con la presidencia española del Consejo.

Borrell confía en que esa segunda mitad del año sirva para superar alguna «asignaturas pendientes» en las relaciones entre dos orillas del Atlántico que históricamente han mantenido «lazos fraternales» y que están llamadas a encarar unidas desafíos que son comunes.

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El jefe de la diplomacia europea ha marcado en rojo en la agenda la cumbre de julio UE-CELAC, la primera de este tipo desde 2015. «Algo hemos hecho mal para que haya pasado tanto tiempo», ha dicho durante la sesión plenaria de la XXVIII Cumbre Iberoamericana.

Borrell ha recordado que Europa es el principal inversor en América Latina y ha llamado a hacer del refuerzo de las relaciones comerciales una «fuente de progreso», teniendo en cuenta que firmar una «nueva página del progreso» pasa por compensar las «debilidades» mutuas en distintos ámbitos y ser «socios fiables».

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado este sábado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por suspender su polémica reforma electoral y ha acusado a los jueces de ser parte de la «mafia del poder».

«Los distinguidos miembros» del Poder Judicial y del INE están en contra de su reforma electoral porque quieren seguir ganando sueldos elevados, pues «su único dios es el dinero».

«Es la misma mafia, son iguales que Ciro (Murayama, consejero del INE), que Claudio X. González, que los conservadores que no quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarca, no de la democracia. ¿Saben qué es la oligarquía? Es el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces ellos no quieren al gobierno del pueblo, entonces por eso no quieren la reforma electoral, eso es lo que está sucediendo», ha apuntado, según recoge el diario ‘La Jornada’.

«Pero además, los distinguidos miembros del Poder Judicial y de INE ganan más que lo que gana el presidente de la República. Entonces como la ley lo que busca es reducir los sueldos elevadisímos de los consejeros y de los jueces, magistrados, ministros de la Corte, pues quieren porque ellos tiene como dios al dinero, su único dios es el dinero. Ese es el fondo del asunto», ha argumentado.

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El juez del Supremo Javier Laynez Potisek admitió el viernes el recurso constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del Plan B de la reforma electoral y concedió la suspensión solicitada por el organismo, que frena por el momento la reforma.

La propuesta contemplaba compactar áreas del INE, reducir órganos distritales, eliminar la transferencia de votos a los partidos en riesgo de perder su registro –conocida como la vida eterna a los partidos– y poner un techo al sueldo de los consejeros electorales para que no ganen más que los miembros del Gobierno.

También permitiría a personas en prisión preventiva votar y se establecían límites a las interpretaciones del INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a los declaraciones de funcionarios que podían considerarse propaganda y por las que se emiten sanciones.

Asimismo, se modificaba el artículo 70 de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral para que las manifestaciones expresadas por los políticos no les afecten en los procesos electorales.

El Gobierno de Perú ha aprovechado la Cumbre Iberoamericana para reivindicar a Dina Boluarte como presidenta «constitucional» del país, después de que en diciembre el entonces jefe de Estado, Pedro Castillo, fuese apartado del poder tras intentar disolver el Congreso y decretar un régimen de excepción.

«Si Pedro Castillo no está hoy aquí es porque dio un golpe de Estado», ha dicho la ministra de Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, en el mismo foro en el que unas horas antes líderes como el colombiano Gustavo Petro había defendido al exmandatario peruano.

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Si Castillo hubiese acudido, «tendrían hoy entre ustedes a un dictador», ha añadido Gervasi, quien ha señalado que el actual Gobierno de Perú está «firmemente comprometido» con la defensa de la democracia y del Estado de Derecho, así como con la protección de libertades y derechos.

En este sentido, ha recordado que el «golpe» de Castillo fue resuelto «en pocas horas», después de que «todas las instituciones se movilizaron para restaurar el orden democrático», con apego a la separación de poderes y a la Constitución peruana.

«Esa es la realidad, aunque algunos pretendan desconocerla», ha apostillado la ministra, sin aludir a ningún gobierno o dirigente en concreto.

Más de 630.000 personas han salido este sábado a las calles de las principales ciudades de Israel para protestar contra la polémica reforma judicial impulsada por el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, según datos de los convocantes.

Del total, hasta 300.000 se corresponden con la movilización más multitudinaria, la de Tel Aviv, según recoge el diario israelí ‘The Times of Isarel’.

Esta es ya la 12ª semana consecutiva de protestas contra la reforma judicial, que otorga al Gobierno el control absoluto sobre el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo e impide que los tribunales veten normas aprobadas por el Parlamento. La norma deberá ser aprobada definitivamente la semana próxima.

La principal novedad de este sábado es el anuncio del ministro de Defensa, Yoav Gallant, en el que insta a Netanyahu a paralizar la tramitación de la reforma judicial, una postura que ha apoyado el ministro de Agricultura, Avi Dichter, con lo que se abren las primeras fisuras en el Gobierno.

En Tel Aviv el historiador Yuval Noah Harari ha subrayado que los militares deben obedecer a los tribunales y no al Gobierno o, de lo contrario, Israel caerá en una crisis constitucional.

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«Sabemos que usted (Netanyahu) es el responsable de todo lo que está pasando. Usted no es un emisario. Es evidente que no es un ángel. Tras 2.000 años seguimos recordando al faraón y le recordaremos a usted. No habrá calle, plaza o aeropuerto con su nombre, sino que contaremos la historia del hombre que intentó esclavizarnos y fracasó», ha espetado.

«Está rodeado de gente sin agallas, pero nosotros sí tenemos agallas (…). No seremos esclavos. El año que viene seremos un pueblo libre», ha subrayado.

Decenas de manifestantes han saltado a la autopista Ayalon para cortar la vía. La Policía ha empleado gas lacrimógeno para dispersar la protesta y ha realizado doce detenciones.

Además de en Tel Aviv, ha habido manifestaciones en otras ciudades, como Jerusalén, Haifa o Beersheba. En la Ruta 65 del norte de Isarel han sido detenidas cuatro personas más por lanzar bengalas mientras cientos de personas cortaban el cruce de Karkur.