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Nadie convoca un referéndum para perderlo. Es una máxima de la ciencia política. Las consultas populares están diseñadas para investir al líder con la legitimidad de un resultado en las urnas, un resultado contra el que ningún opositor tenga réplica.

Y sin embargo Daniel Noboa, el flamante presidente ecuatoriano, el émulo de Bukele, se estrelló contra la realidad.

El pasado domingo 21 de abril el pueblo ecuatoriano se enfrentaba a un referéndum con once preguntas orientadas a reformar la Constitución e impulsar políticas públicas. Lo había convocado meses antes el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, siguiendo la estela de sus predecesores, Guillermo Lasso y Lenin Moreno quienes convocaron también sendas consultas. El horizonte político de las tres consultas, al margen del contenido de las preguntas, compartía un mismo objetivo político: relegitimar en las urnas sus precarios gobiernos. Todos ellos, gobiernos logrados en segunda vuelta por escasos márgenes y todos gobiernos con minoría en la Asamblea Legislativa.

De las once preguntas planteadas, nueve referían a reformas judiciales, policiales o militares y tenían una clara orientación securitaria. Respecto a esas nueve preguntas se había creado un cierto consenso nacional, sólo roto en las últimas semanas por el asalto a la embajada mexicana en Quito, un hecho que forzó al partido de Rafael Correa, la Revolución Ciudadana (RC), a adoptar una posición de rechazo frontal a las propuestas del presidente. Eran por tanto preguntas sobre las que no pesaban dudas acerca del resultado.

Sin embargo, dos de las once preguntas escapaban a este esquema. En dos preguntas fundamentales Noboa consultaba, primero, sobre el retorno de una fórmula precarizadora del mercado laboral -contra la que él mismo se había pronunciado en campaña electoral-, el contrato por horas y, segundo, sobre la sujeción de Ecuador a tribunales internacionales en diferendos económicos. Estas dos eran las únicas preguntas sobre las que existía disputa política, las dos que atañían al modelo económico del presidente, dos preguntas que habían recibido un rechazo frontal desde el primer momento por parte de la oposición politica de la RC. En ambas preguntas la población dijo No. Dos tercios de los ecuatorianos respondieron No al arbitraje internacional (64,9%) y No al regreso al trabajo fijo por horas (68,8%).

En el resto de preguntas, como decimos, todas ellas relacionadas con la seguridad ciudadana y de carácter incuestionable, el presidente Noboa obtuvo el previsible apoyo derivado del clima de inseguridad que vive el país. Lo confirma el hecho de que las preguntas A y F, relacionadas con el papel de las fuerzas armadas en el control de la seguridad, fueran las más respaldadas, con un 75% de apoyo.

Este resultado dual, de un lado apoyo en el refuerzo de las políticas securitarias de Noboa y de otro rechazo al modelo económico del presidente, demuestra que un porcentaje importante de la población ecuatoriana es -como diría George Lakoff- biconceptual, proclive a ubicarse en distintas posiciones en función de las materias, a escapar al molde simplificador que intenta imprimir la polarización política: o con Noboa o contra Noboa, o correísta o anticorreísta.

Efectivamente, hasta un 69% de los ecuatorianos votó en contra de la legalización del trabajo por horas (una cuestión por cierto sobre la que Noboa habría cambiado su posición respecto a la campaña electoral), doblando la base electoral del correísmo (32% en las últimas dos primeras vueltas presidenciales), mientras que por el contrario la base electoral del correísmo -al menos parte- apoyó el refuerzo del papel de las fuerzas armadas en materia de seguridad.

Noboa fracasa, por tanto, en el objetivo de relegitimarse. Este resultado obliga a un cambio en la estrategia política del presidente si quiere reelegirse en febrero de 2025. A solo 10 meses de las próximas elecciones presidenciales Noboa se enfrenta un dilema clave: mantener o no su política económica.

Con el voto popular en contra, mantener el rumbo económico neoliberal supondría una seria amenaza a sus posibilidades de reelección. Por el contrario, no hacerlo pudiera exponerlo a las críticas de los grandes medios de comunicación, principales exponentes en la presión neoliberalizadora.

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Sobre la escena pende además un elemento añadido. El victorioso rechazo a las dos preguntas de corte económico fue capitaneado por el correísmo, que saldría reforzado de esta disputa. Este apoyo a las tesis correístas llega justo en el momento en el que el gobierno había recrudecido la cacería judicial a la que viene siendo sometido este movimiento político desde la llegada al poder de Lenin Moreno.

De hecho, en cierto modo, en el resultado de la consulta parece latir también un golpe al giro estratégico de Noboa de los últimos meses, cuando dejó de buscar la colaboración del correísmo en el Congreso para emprender una furibunda carga contra éste. Esta carga lo llevó incluso a violar la Convención de Viena sobre inviolabilidad de sedes diplomáticas, con el episodio de asalto a la Embajada de México, el pasado 5 de abril, lo que ha derivado en una grave crisis de credibilidad internacional del país andino.

En definitiva, con un país en grave crisis económica agravada por la decisión presidencial de subir el IVA y el precio de los combustibles, con una crisis eléctrica que comienza a repercutir en las clases medias con graves apagones y con un clima de rechazo al modelo económico negado en las urnas, Noboa se juega todo a una sola carta, a resolver el problema de la inseguridad. De lograrlo tendrá opciones de ser reelegido. De no hacerlo la pregunta en Ecuador volverá a ser la misma que en 2021 y 2023: ¿será el correísmo capaz de agrietar la coalición de anticorreístas que, sin tener nada en común, se unen sólo para votar a cualquier candidato que no sea correísta?

(*)Sergio Pascual es analista político