Ecuador declaró el miércoles el estado de excepción para el sistema carcelario, en crisis por la sobrepoblación y la violencia entre bandas del narcotráfico, tras un amotinamiento del martes que deja 116 muertos, según el presidente Guillermo Lasso.

«Los saldos al momento nos dicen que hay 116 fallecidos y cerca de 80 heridos. Todas son personas privadas de la libertad», expresó el mandatario en rueda de prensa en Guayaquil (suroeste), donde encabezó un comité de seguridad para controlar la emergencia.

El órgano gubernamental a cargo de las prisiones (SNAI) señaló previamente que «se confirman más de 100 #PPL (personas privadas de la libertad) fallecidas y 52 heridos».

Lasso, quien asumió el mayo último, tildó de «lamentable suceso» la revuelta del martes en uno de los reclusorios de este puerto, que pasó a ser la más sangrienta del año en el país, donde ya se registraban unos 120 presos fallecidos.

En febrero se produjeron amotinamientos simultáneos en cuatro cárceles de tres ciudades, en los que murieron 79 reclusos.

El gobernante afirmó que «es lamentable que las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa del poder» entre bandas criminales e indicó que coordina acciones que permitan al Estado «con absoluta firmeza recuperar el control de la penitenciaría del Litoral (escenario del amotinamiento) y evitar que estos hechos se repitan en algún otro centro penitenciario».

Lasso también decretó el miércoles el estado de excepción para todo el sistema carcelario, con lo que el Ejecutivo está facultado a suspender derechos civiles y el uso de la fuerza pública para restablecer la normalidad.

En julio había declarado en «emergencia» al aparato penitenciario, distinto al estado de excepción, para poder movilizar recursos sin trámites burocráticos.

El SNAI anotó a su vez que la policía y la fiscalía «continúan levantado información» en la cárcel, que permanece acordonada por militares, apoyados por una tanqueta.

«No sé nada de mi hijo»

La presencia de soldados en los exteriores de la prisión, que es parte de un gran complejo penitenciario en Guayaquil, fue reforzada a raíz de la reyerta con armas de fuego.

Policías a caballo también resguardaban los exteriores, donde decenas de personas buscaban información sobre sus familiares encarcelados.

«Queremos información porque no sabemos nada de nuestras familias, nuestros hijos, porque yo tengo mi hijo aquí, no sé nada de mi hijo», manifestó una mujer que no reveló su identidad.

Debido a la crisis penitenciaria, alimentada también por la insuficiencia de guardias, y que ha llevado a declarar al sistema en emergencia a partir de 2019, los militares apoyan desde hace meses el control exterior de los reclusorios.

La fiscalía señaló que «la lucha por ostentar el poder al interior de la Penitenciaría del Litoral y la intención de parte de las autoridades de trasladar a los cabecillas de organizaciones delictivas a otros centros penitenciarios del país, habrían sido los detonantes de los enfrentamientos», que dejaron varios presidiarios decapitados.

Con la intervención de la Policía «se evitó que haya más muertes violentas», manifestó por su parte el general Fausto Buenaño, comandante policial en Guayaquil.

Los amotinados, que incluso tenían en su poder un fusil, «nos atacaron con armas largas, armas cortas», dijo.

Amenaza contra el Estado

Tras el cruento amotinamiento carcelario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a condenar la violencia en las prisiones ecuatorianas.

«En 2021 serían más de 200 personas fallecidas, resultado de la violencia en penitenciarías. Se recuerda que los Estados tienen el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen derechos a la vida, integridad personal y seguridad de personas bajo su custodia», expresó por Twitter.

Según la Defensoría del Pueblo, en 2020 se registraron 103 asesinatos en las penitenciarías del país, en las que la corrupción facilita el ingreso de armamento y municiones.

La revuelta agrava la crisis penitenciaria causada por los choques por el poder entre bandas con nexos con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Dos de las organizaciones criminales de Ecuador tienen unos 20.000 miembros, según informes policiales.

En la nación, con 17,7 millones de habitantes, la violencia ha pasado a ser permanente en sus 65 cárceles, en las que están 39.000 personas sobre una capacidad para 30.000.

«Viene una crisis carcelaria desde al año 2010, con un promedio de 25 homicidios por año, pero que se acelera significativamente a partir de 2017», dijo a la AFP el experto en seguridad y narcotráfico Fernando Carrión, anotando que la tercera parte de los presos «proviene» de grupos dedicados al tráfico de drogas.

En la rueda de prensa conjunta con Lasso, el director del gubernamental Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo, manifestó que «este no es un tema solamente penitenciario» y que «es una amenaza contra el Estado que tiene un poder igual o superior al propio Estado».

Ecuador incautó entre enero y agosto de 2021 unas 116 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, frente al récord de 128 toneladas de 2020.

Ubicado entre Colombia y Perú, mayores productores mundiales de cocaína, el país es utilizado como tránsito para el envío de droga a Estados Unidos y Europa.

El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, inició el lunes su mandato de cuatro años abriendo el país al libre comercio mundial e impulsando una nueva ley de Comunicación para reemplazar la norma dictada en 2013, considerada una «mordaza».

Tras posesionar a casi 30 ministros y altos funcionarios en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo en Quito, Lasso, de 65 años, anunció que presentará en las próximas horas ante el Parlamento unicameral un proyecto de ley de libertad de expresión.

«Uno de los símbolos de los últimos 14 años en el Ecuador ha sido un excesivo control sobre la libertad de expresión, sobre la prensa libre, sobre los periodistas», dijo el derechista después de ser investido por el Legislativo.

Las fuerzas en el Parlamento están dispersas y el oficialismo se alió con sectores de centro e izquierda para tener mayoría absoluta, excluyendo al correísmo, el principal bloque con 49 de los 137 curules.

La actual ley de Comunicación, tildada de «mordaza» por medios y organismos que defienden la libertad de expresión, fue promovida por el gobierno del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), de quien Lasso es su principal crítico.

El exgobernante Lenín Moreno, quien fuera vicepresidente de Correa y cuyo período concluyó el lunes, sacó adelante reformas a esa norma, eliminando un organismo controlado por el Ejecutivo que sancionaba a medios, periodistas y caricaturistas con multas y medidas como rectificaciones, disculpas públicas y procesos administrativos no penales.

Alivio para deudores

El nuevo presidente ecuatoriano también restableció derechos a cerca de 1,7 millones de personas que por deudas morosas de hasta 1.000 dólares con el sistema financiero figuraban en una lista que les impedía acceder a nuevos créditos y realizar actividades mercantiles.

Eso les permitirá «la reincorporación a la vida productiva» y «este es un acto de estricta justicia, es un acto que también busca la reactivación económica del país», señaló, sin que se trate de un perdón de deudas.

Asimismo, dictó normas de comportamiento ético para su gobierno.

Previamente, en su investidura en la Asamblea Nacional, Lasso dijo que «hoy el Ecuador declara que abre sus puertas al comercio mundial» y que buscará ingresar al país como socio en la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) «en el menor tiempo posible».

«Abriremos Ecuador a tratados de libre comercio con nuestros más grandes aliados», afirmó el gobernante de la nación con una economía dolarizada, dependiente del petróleo y con 17,5 millones de habitantes.

Sin mencionar a Correa, que estuvo en el poder una década y dejó implantada la reelección indefinida, luego derogada, Lasso expresó que otros gobiernos «en medio de tanta rencilla y lucha intestina cedieron a la peor de las debilidades políticas: la tentación autoritaria».

«Iniciamos la lucha para recuperar el alma democrática de nuestro país», aseguró el exbanquero conservador, afirmando que «se acabó la persecución política en el Ecuador», un mal que se le achaca al correísmo.

«Yo no he venido a saciar el odio de pocos, he venido a saciar el hambre de muchos», señaló. Sostuvo que priorizará la erradicación de la desnutrición infantil, el trabajo por la igualdad de género y la lucha contra el desempleo, que se agravaron con la pandemia.

Un país en problemas

Líder del movimiento Creando Oportunidades (CREO), Lasso hereda un país en crisis económica, social y sanitaria: Ecuador es la séptima nación de Latinoamérica con más casos de covid-19 (418.851) y muertos (20.193), según un conteo de la AFP basado en cifras oficiales.

«Hoy recibimos un país con históricos niveles de desempleo, un país que ha deslumbrado por su incapacidad para hacer frente a una pandemia brutal», dijo el presidente, posesionado en un acto al que asistieron los mandatarios de Brasil, Jair Bolsonaro; República Dominicana, Luis Abinader; y Haití, Jovenel Moise, así como del rey de España, Felipe VI.

Estados Unidos fue representado por su embajadora ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.

El desempleo en Ecuador creció a 5,5% en marzo, mientras que la pobreza por ingresos aumentó a 32% en diciembre último, de acuerdo con gobierno de Moreno.

Con una aceptación del 60,5%, Lasso llegó al poder en su tercer intento desde 2013, tras derrotar en el balotaje del 11 de abril al delfín del correísmo, Andrés Arauz, por 4,72 puntos.

Sobre el impacto de la pandemia, el presidente -miembro del Opus Dei y que se apoya en un bastón para caminar debido a una mala práctica médica- advirtió que tiene por delante «meses difíciles».

«Vacunaremos sin descanso porque el virus no descansa», sostuvo, al insistir en su plan de inocular contra el covid-19 a nueve millones de personas en los primeros 100 días.

Moreno dejó cerca de 1,9 millones de dosis administradas. A penas medio millón de ciudadanos tiene la pauta completa.

Lasso ha anticipado alianzas público-privadas y concesiones para obtener recursos para la economía ecuatoriana, que en 2020 decreció en 7,8% y carga una deuda externa e interna equivalente a 63% del PIB (61.300 millones de dólares).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es el principal prestamista de Ecuador a cambio de reformas estructurales como subidas de impuestos y planes de privatización, medidas rechazadas por sectores sociales.

Centenares de indígenas marchan este lunes hacia Quito en un abierto enfrentamiento con el gobierno de Lenín Moreno, que decretó el estado de excepción ante las protestas que estallaron hace seis días por el alza de los combustibles.

Los manifestantes provenientes de provincias del sur andino, algunos armados con palos y fuetes, avanzan desde el domingo por la noche a pie y en camionetas para protestar en la capital por la eliminación de subsidios y el consecuente aumento de tarifas.

En la población de Machachi, a 35 km de Quito, militares y policías intentaron dispersar la marcha con bombas de gas lacrimógeno. Sobre la vía también pueden verse barricadas y neumáticos encendidos, según periodistas de la AFP.

"Estaremos llegando más de 20.000 indígenas", dijo en Quito este lunes Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que en el año 2000 protagonizó el derrocamiento del entonces mandatario Jamil Mahuad, cuestionado por su política económica.

El domingo, la organización también declaró un "estado de excepción en todos los territorios indígenas".

"Militares y policías que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a la justicia indígena (reconocida por la Constitución)", señaló.

Varias decenas de militares, que desde el jueves fueron movilizados para restablecer el orden, están retenidos en comunidades del interior, según dirigentes indígenas.

"Estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados", manifestó Moreno por radio y televisión el domingo.

Pero Vargas replicó: "El problema es que nosotros estamos cansados de tanto diálogo. Hemos tenido llamadas, miles y miles de llamadas, y no hemos respondido hasta este momento. Mientras mi pueblo no llegue a la ciudad de Quito están cerrados todos los canales de diálogo".

Otros grupos de indígenas también se desplazan desde el norte del país para protagonizar una gran movilización este miércoles junto a los sindicatos en Quito, donde el lunes había calma tras duros disturbios de la semana pasada que llegaron a los alrededores de la casa de gobierno, en el centro colonial. La sede presidencial continúa acordonada por uniformados.

"Convocamos al paro del pueblo y la huelga nacional del 9 de octubre. Las acciones del pueblo no terminan allí si el gobierno no retrocede en las medidas", manifestó a su vez Nelson Erazo, titular del Frente Popular, que reúne a varios sectores como de trabajadores y estudiantes.

Riesgo de inestabilidad

En 16 de las 24 provincias ecuatorianas había bloqueo de vías el lunes, según un reporte del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

"Las vías están siendo tomadas en diversos puntos por grupos indígenas, y esto es lamentable", señaló el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Y advirtió que si hay "cualquier intento de llegar a Quito o cualquier lugar, o de seguir obstaculizando las vías, las Fuerzas Armadas están atentas para impedir, para evitar que escale este nivel de violencia".

Las protestas dejan hasta el momento un civil muerto, 73 heridos (incluidos 59 uniformados) y 477 detenidos (la mayoría por vandalismo), de acuerdo con autoridades.

Diversos sectores sociales rechazan en las calles y carreteras desde el pasado jueves el desmonte de subsidios dispuestos por Moreno en el marco de un acuerdo firmado con el FMI para acceder a préstamos por 4.209 millones de dólares.

La medida generó el jueves alzas de hasta 123% en los precios de los combustibles más utilizados. El galón de 3,79 litros de diésel pasó de 1,03 a 2,30 dólares y el de gasolina común de 1,85 a 2,40 dólares.

"Es una situación muy difícil que podría llevarnos a situaciones de inestabilidad, con gobiernos que caen", expresó a la AFP el politólogo Simón Pachano, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Quito.

Antes de 2007, la dolarizada y petrolera nación ecuatoriana sufrió casi una década de inestabilidad política y protestas sociales que derivaron en el derrocamiento de tres mandatarios, dos de los cuales intentaron ajustes económicos.

Ante disturbios, en los que participan también estudiantes, trabajadores y opositores, Moreno decretó el estado de excepción, que además de movilizar a las Fuerzas Armadas les da atribuciones para restringir derechos como el de la libre movilidad e imponer la censura previa para la prensa. (07/10/2019)

Casi que de la nada, Rafael Correa pasó de la academia a convertirse en el presidente más popular y poderoso de Ecuador. Hasta hace un año nadie imaginaba los tiempos aciagos que vendrían para este locuaz e irascible líder de izquierda.

Tras una década en el poder, Correa enfrenta el riesgo de ir a la cárcel por su presunta participación en el fugaz secuestro de un opositor en Colombia en 2012.

Economista de 55 años, Correa dejó el gobierno en mayo de 2017 en manos del que hasta ese momento era su aliado, el exvicepresidente Lenín Moreno.

Pero apenas soltó las riendas de la presidencia y partió para lo que debía ser un retiro tranquilo en Bélgica, comenzaron sus problemas.

Primero vino el divorcio político con Moreno  – a quien llama el «traidor e incompetente» -, luego las acusaciones de corrupción bajo su gobierno – que tienen en la cárcel a su otro exvice Jorge Glas – y ahora la investigación penal por un secuestro en el que él niega haber participado.

Un inesperado destino para el hombre que terminó con una década de inestabilidad política en Ecuador, pero que en el camino se fue granjeando enconados adversarios en la política, la clase empresarial, los medios y hasta entre antiguos partidarios.

¿Otro Lula?

Inteligente y hábil, Correa pasa de la sonrisa fácil a la ira. Sus seguidores lo adoran casi que con devoción religiosa, y sus enemigos no se muerden la lengua para llamarlo déspota.

Hoy el destino lo tiene más cerca del drama de Lula da Silva – el popular líder brasileño de origen obrero encarcelado bajo acusaciones de corrupción – que del retiro tranquilo al que decía aspirar cuando se fue de Ecuador.

Correa llegó al poder sin una carrera política después de ser ministro de Finanzas por tres meses en 2005.

Bajo su gobierno, logró sacar adelante una nueva Constitución, se peleó incansablemente con la prensa que consideraba «mediocre y corrupta», y desafió abiertamente a Estados Unidos con la expulsión de diplomáticos y la no renovación de un convenio para que opere una base antidrogas.

Uno de los hombres que se decían simpatizantes de su proyecto de izquierda, terminó convirtiéndose en la cuña que más lo aprieta.

Fernando Balda, un exdiputado suplente de la oposición tras ser parte del oficialismo, lo acusa de ordenar su momentáneo secuestro cuando estaba refugiado en Bogotá en 2012.

Aunque cinco personas alcanzaron a subirlo a la fuerza en un automóvil, la policía colombiana interceptó el vehículo y logró la inmediata liberación del exparlamentario.

La Fiscalía investiga al exgobernante por la presunta participación en los delitos de asociación ilícita y secuestro, mientras que la justicia dispuso su prisión preventiva y activó una circular roja para que la Interpol le ubique con fines de extradición.

Correa vive en Bélgica junto a su familia y viaja por Europa y América dictando charlas académicas.

La instrucción fiscal todavía está en curso y Correa, un economista que de estudiante fue dirigente, podría ser sobreseído en el caso por el que ya están detenidos tres agentes y un excomandante de la Policía.

También pesa orden de prisión sobre un exjefe de la Secretaría de Inteligencia que está en España y cuya extradición fue pedida por Ecuador.

«Me vinculan a un caso sin tener ninguna prueba, en base al testimonio de un policía que pasó siete horas el día anterior con el fiscal aprendiéndose la lección, diciendo que el presidente lo ha llamado para pedirle que secuestre a Balda», expresó el exmandatario el miércoles a la AFP en Bruselas.

Temor y odio

Correa, quien logró 14 triunfos electorales en línea desde 2006, «genera sentimientos encontrados. Siempre los generó. El hecho es que él no tuvo la sagacidad política para manejarlos adecuadamente», dijo a la AFP el politólogo Santiago Basabe.

Añadió que «no consiguió solo el temor de muchos actores, sino el odio y eso es muy peligroso para un político».

Correa no duda que detrás de su mal momento está Moreno.

El exmandatario, quien se desafilió del partido oficialista que fundó al ver perdida su batalla con Moreno por el control legislativo, podría ser llevado a la fuerza al banquillo de los acusados por el supuesto delito de secuestro, condenado con al menos cinco años de cárcel en Ecuador.

Para ser juzgado debe estar presente o permanecer prófugo hasta que prescriba la causa.

«Sería casi un suicidio en las condiciones actuales» volver al país, dijo el carismático exlíder de la «Revolución Ciudadana». (04/07/2018)

Ecuador confirmó este viernes el asesinato en cautiverio de los dos periodistas y el chofer del diario El Comercio secuestrados el 26 de marzo, y lanzó acciones militares en la zona de frontera donde fueron secuestrados por rebeldes disidentes colombianos.

La noticia supone un golpe durísimo para Ecuador, un país que nunca había sido víctima con tanta crueldad de la violencia derivada del narcotráfico que enfrenta Colombia.

«Lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas», anunció visiblemente dolido el presidente Lenín Moreno en Quito.

Mientras lo escuchaban, varios reporteros explotaron en llanto y se fundían en abrazos.

El mandatario compareció ante un país consternado como pocas veces en su historia tras cumplirse el plazo de 12 horas que le dio a los captores, un frente disidente de la guerrilla de las FARC comandado por Guacho, para que entregaran pruebas de vida de los rehenes.

El periodista Javier Ortega (32), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60) habían sido tomados como rehenes en la localidad costera de Mataje, limítrofe con Colombia, donde realizaban un reportaje periodístico.

Ofensiva

Moreno anunció además que Ecuador, como ya había advertido la víspera, lanzó operaciones militares en la porosa y selvática frontera, uno de los puntos estratégicos en la ruta del Pacífico, para transportar cocaína a Centroamérica y Estados Unidos.

«Hemos reiniciado las operaciones militares y policiales en el área de la franja fronteriza, que fueron suspendidas y dispuesto inmediatamente el despliegue de las unidades élite de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a dicho territorio», informó.

El mandatario anunció además que la delegación enviada desde Colombia por el presidente Juan Manuel Santos, formada por el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y altos mandos militares y policiales, está ya en Ecuador para iniciar «inmediatamente» acciones coordinadas en la zona fronteriza, sin dar más detalles.

Las autoridades ecuatorianas también tomaron contacto con organismos internacionales, la Iglesia Católica y la Cruz Roja «para iniciar inmediatamente» el proceso de localización y la repatriación de los cuerpos.

El equipo de El Comercio estaba realizando un trabajo periodístico sobre la situación de la convulsa frontera, a raíz de una inusual oleada de ataques a la fuerza pública registrada en la zona desde el pasado mes de enero.

Cacería a Guacho

Desde un comienzo las autoridades colombianas acusaron del secuestro al Frente Oliver Sinisterra.

Con entre 70 y 80 hombres, esa organización está dirigida por el ecuatoriano Walter Artízala, conocido como Guacho, uno de los hombres más buscados tanto en Colombia como en Ecuador.

Guacho se mueve entre ambos países por un área selvática que sirve de ruta para el tráfico de drogas.

«Hemos incluido al narcoterrorista alias Guacho, en la lista del os más buscados del Ecuador y ofrecemos una recompensa de 100 mil dólares por información que conduzca a su captura en el Ecuador o en Colombia», informó Moreno.

Tras el fatal anuncio de Moreno, junto a las principales autoridades de su gobierno, también se vivieron reacciones de profundo dolor en la vigilia convocada frente al Palacio de Gobierno, en el centro de Quito.

«Es muy doloroso porque manteníamos la fe y la esperanza de recuperar al equipo com vida. Resulta unaa cobertura muy atípica por el sentimiento que se tiene. Lo unico que pido es que hagan todo lo posible por recuperar sus cuerpos», explicó a la AFP Álex LLanos, periodista de la televisiora Ecuador TV.

Es el fin de un caso convertido en pesadilla, especialmente para los familiares. En los 19 días de desaparición, la información había llegado a cuentagotas y cruzada por rumores y datos falsos. (13/04/2018)