Una fuente que conoce el caso informó a La Razón que Marco Pumari, expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), solicitó quedarse “por seguridad” en la penitenciaría potosina de Uncía y no ser trasladado a la cárcel urbana de Cantumarca.

“El señor Marco Pumari ha presentado una nota al director de Uncía solicitando no ejecutar todavía su traslado porque ha habido esta manifestación de Cantumarca y él está pidiendo quedarse allá; por lo pronto, por un tema de seguridad, el de Uncía es un centro de régimen abierto, pacífico, entonces por eso todavía no se ha ejecutado (el traslado), seguramente en estos días se va a pronunciar el juez sobre si se traslada o se queda en Uncía”, dijo la fuente.

Según la fuente, los internos de Cantumarca no quieren vivir situaciones que les altere la paz. “Piensan que su presencia puede alterar su pacífica convivencia, (piensan que) miembros del Comcipo pueden ir a Cantumarca y perjudicar sus visitas”.

Cuando el cabecilla de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, estuvo preso en el penal potosino, fue acusado de articular grupos de poder en su interior, razón por la que los demás internos protagonizaron, en octubre del año pasado, un motín exigiendo su traslado.

La presidenta interina del Comcipo, Roxana Graz, denunció hace poco que el traslado de Pumari está siendo manipulado por Régimen Penitenciario para lograr que se quede en la cárcel provincial de Uncía, distante a 360 kilómetros de la capital potosina.

“Estamos muy preocupados, porque el director de Régimen Penitenciario ha mandado una carta advirtiendo sobre la posibilidad de motín en el penal de Cantumarca o la vida de Marco estaría en peligro si es trasladado allá”, señaló Graz.

Se refería a la nota que el 31 de diciembre envió el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, al juez Primero de Instrucción Penal. El mimso juez ordenó la reducción de detención preventiva de seis a cuatro meses del excívico y también su cambio carcelario.

El 9 de diciembre, Pumari fue detenido acusado de obstrucción a procesos electorales, daño calificado, allanamiento, robo agravado y deterioro y destrucción de bienes del Estado mientras fue presidente del Comcipo, en la crisis poselectoral de 2019.