El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció este miércoles que la administración de Luis Arce solicitará la extradición de los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López, además de Sergio Méndez, involucrados en la compra con presuntos sobreprecio y sobornos de material antidisturbios en 2019.  

«Estamos pidiendo la extradición correspondiente, estamos enviando las notas correspondientes para que estos señores vengan a rendir cuentas al pueblo boliviano. No es un pedido del Gobierno, es un pedido de todo el pueblo boliviano porque durante la pandemia, por el terror que sembraron, aprovecharon de sembrar narcotráfico y corrupción en nuestro país», dijo el ministro en conferencia de prensa.

El 21 de mayo, Méndez, jefe de gabinete en la gestión de Murillo, fue detenidos en Estados Unidos a instancias del Buró Federal de Investigaciones (FBI), acusado de conspiración, sobornos y transferencias irregulares de dinero.

El agente Jonathan Eades, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentó un informe ante la juez Alicia O. Valle de la Corte del Distrito Sur del Estado de Florida, en el cual involucra al brazo derecho del exministro de Gobierno y un grupo de empresarios por los delitos de conspiración, lavado de dinero y sobornos.

Del Castillo apuntó a los exministros Murillo y López de ser parte de la red de sobornos revelada por el agente estadounidense. Ambos excolaboradores de Jeanine Áñez son investigados en Bolivia por el presunto sobreprecio en la compra de material antidisturbios.

El ministro explicó que las normas permiten iniciar el proceso en territorio boliviano y adelantó que solicitará la extradición bajo dos conductos, por la activación del sello azul y posteriormente el sello rojo, además del envío de una nota oficial al gobierno de Joe Biden.

Del Castillo aseguró que impulsará la recuperación de todos los recursos del Estado que supuestamente fueron malversados durante el gobierno de Áñez.

Agregó que la investigación por ese hecho será ampliada a la expresidenta y a todo el núcleo de su gobierno.

La compra de esos materiales tuvo un costo de $us 5,6 millones, sin embargo, el precio real pudo ser $us 3,3 millones. Según el informe del FBI, Méndez recibió un pago de $us 582.000 para facilitar la intermediación de la compra.

Aunque no cita nombres, el informe del FBI señala que en el caso están involucrados el “co-conspirador 1, un “funcionario de alto rango” del Ministerio de Gobierno de Áñez, y un “co-conspirador II”, un funcionario del Ministerio de Defensa que recibió otro soborno de $us 20.000.

Según de Del Castillo, se trata de los exministros Murillo y López, quienes, imputados y con orden de aprehensión del Ministerio Público, se encuentran prófugos desde el 4 de noviembre de 2020.