El Gobierno vetó este lunes a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la apertura a la comunidad internacional para que pueda hacer seguimiento a los procesos en Bolivia contra exautoridades en el caso denominado “golpe de Estado”, por su actuación en la “ruptura institucional” de noviembre de 2019.

“Fue una institución en la figura de su secretario General (Luis Almagro) que generó la ruptura institucional en Bolivia y devastó el sistema electoral boliviano a partir de un interés absolutamente claro y que está escrito en estos informes que hemos conocido en el país y que hoy en día son poco sustentables”, justificó el vocero presidencial Jorge Richter en el programa de La Razón y Extra Piedra, Papel y Tinta.

Fue el informe preliminar de los observadores de las elecciones 2019 de la OEA que avivó una protesta que denunciaba fraude electoral y que se agravó con un motín policial nacional y la “sugerencia” militar de que Evo Morales renuncia a la Presidencia, lo que finalmente ocurrió el 10 de noviembre de ese año.

Las elecciones fueron anuladas y tomó el poder Jeanine Áñez, hoy encarcelada, junto a dos de sus exministros, por los hechos que derivaron en la renuncia de Morales. También están incluidos en el proceso excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
Richter sostuvo que apartando a la OEA el “resto de las instituciones podrán acompañar este proceso (contra Áñez)”.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Raights, también lo podrá hacer la Iglesia Católica, lo que no es bueno es este apresuramiento de establecer ciertos preconceptos que quieran invalidar lo que se está realizando”, explicó en alusión a las protestas cívicas y críticas desde la oposición al proceso judicial que califican de “persecución política”.

Áñez y sus exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán fueron enviados a la cárcel de manera preventiva por cuatro meses acusados por sedición, terrorismo y conspiración por el caso “golpe de Estado” de 2019.

Este lunes, Almagro expresó su preocupación por el presunto “abuso de mecanismos judiciales” en los casos de aprehensión y posterior detención preventiva de Áñez, Coimbra y Guzmán.

Además, sugirió la creación de una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción durante el último periodo de gobierno de Morales y, “obviamente”, de Áñez.

Richter aseguró que en el caso de Áñez se está respetando el debido proceso que es –dijo- algo que diferencia al gobierno de Luis Arce del de la exmandataria.