El presidente Luis Arce informó este domingo que este 2024 su administración destinará más de Bs 1.260 millones para obras y fortalecimiento del sector productivo de esa región.

“Solamente para la presente gestión, tenemos programado más de Bs 1.260 millones”, dijo el mandatario en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental en conmemoración de los 207 años de la Batalla de la Tablada.

“Son cerca de 230 proyectos de inversión pública en beneficio de todos los municipios del departamento, por los que inyectamos recursos a la región”, detalló el mandatario.

Luis Arce

Arce destacó una serie de obras realizadas en ese departamento en cuanto a infraestructura, riego, electrificación y agropecuaria, entre otros ámbitos.

Remarcó que uno de los sectores que priorizó su gestión es el productivo y que, entre otros datos, el crédito SIBolivia benefició a productores de esa región con Bs 82 millones, de un total de Bs 1.600 millones desembolsados en todo el país, a marzo de este año. “Se ha beneficiado a 845 empresas de Tarija”, relievó.

Además, señaló que más de 100 unidades productivas de ese departamento que comercializaron sus productos por medio de la aplicación Consume lo Nuestro, por un monto de al menos Bs 18 millones.

Otro de los aspectos que resaltó en su discurso fue la distribución de ingresos por la renta petrolera, que de 2021 a 2023 benefició a Tarija con más de $us 560 millones; de ese monto, “solo en 2023 recibió más de $us170 millones”.

Tarija

Además, el jefe de Estado resaltó la inversión de recursos destinado a educación y a seguridad ciudadana.

Anunció la implementación de una industria de vidrio plano para Tarija, que demandará una inversión estimada de Bs 960 millones.

Carreteras, puentes, hospitales y colegios, también forman parte de las obras que implementará el gobierno de Arce.

El acto central de la efeméride de Tarija contó con la asistencia de varias autoridades invitadas, entre ellas la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, que otorgó un reconocimiento a los miembros de la Asamblea Legislativa Departamental.

Sesión

Entre el público también estaba el alcalde de La Paz, Iván Arias, invitado por el gobernador del Departamento de Tarija, Óscar Montes.

Además, estaban presentes otras autoridades de Estado.

Los altos mandos militar y policial también asistieron al acto en el que el mandatario hizo el anuncio de “importantes obras” para el departamento.

Las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural de la Asamblea Legislativa recibirán este lunes las preguntas “lacradas” que deberán responder los postulantes al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional.

“Nos va a llegar mañana (lunes), las preguntas que hemos lanzado (para) que nos las hagan el sistema universitario boliviano, los colegios de abogados y otros, que tienen que hacer llegar el banco de preguntas listo”, dijo el diputado Jerges Mercado en entrevista con Bolivia Tv.

El legislador de ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) explicó que los miembros de ambas comisiones “no conocen” el banco de preguntas para la segunda fase de evaluación de méritos de los aspirantes.

Preguntas

Este lunes, ambas comisiones se reunirán para definir detalles de esa fase, por ejemplo, cómo serán sorteadas las preguntas, si serán por “bolillos” o por otra metodología; el horario de presentación de los aspirantes.

También respondió a las declaraciones de algunos sectores que denunciaron una “filtración” de las preguntas, con el fin de, supuestamente, beneficiar a algunos postulantes. “Hay gente que quiere ponerle sombras a este proceso que es muy serio y transparente; (y que cuenta) con (la participación de) veedores nacionales e internacionales que están haciendo el seguimiento presencial en todo el proceso”, reclamó el legislador.

Para esa etapa de la preselección fueron habilitados 405 cinco postulantes.

Preselección

Son 188 los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); 93 al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), 89 al Consejo de la Magistratura y 40 al Tribunal Agroambiental.

“Hay buena cantidad de postulantes con notas bastante buenas (…). Hay que darle a la gente nuevas autoridades de justicia. Tenemos gente con muy buen perfil, (aunque) ninguno tiene el 100% (del puntaje)”, complementó.

Desde el martes, los postulantes buscarán al menos 130 puntos mínimos de los 200 disponibles para la calificación previa a la consideración de la Asamblea Legislativa. Responderán a preguntas, cada una con un puntaje de 20 puntos.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, lanzó duras críticas al expresidente y jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, y dijo que en ese partido no existe una pugna de poder, sino electoral por parte del líder cocalero.

Defendió al presidente Luis Arce, quien aún no emitió alguna posición respecto de su candidatura o no a las elecciones presidenciales de 2025.

“Hay personas que han empezado a decir que es una lucha de poder entre masistas. Nuestro Presidente no ha estado en disputa de poder; él ha pedido que no se electoralice el país”, dijo en una entrevista con Bolivia Tv.

Luego de renunciar a sus funciones, el 10 de noviembre de 2019, Morales se asiló primero en México y luego en Argentina. Volvió al país una vez que Arce se instaló en la Cas Grande del Pueblo.

Evo Morales

En criterio de Prada, Morales “llegó de Argentina con la idea de trabajar su candidatura (a 2025); no por trabajar para el pueblo, sino en buscar cómo volvía al poder”.

Así, la autoridad abordó la anunciada candidatura de Morales a los próximos comicios presidenciales.

Prada consideró que Morales busca “hacer ver” que hay crisis social, política y económica en el país y que en ese afán genera escollos, principalmente, en la Asamblea Legislativa, donde su bancada “bloquea” la aprobación de créditos destinados a obras en varias regiones del país.

“Obstaculiza la economía únicamente con fines políticos y electorales; por ambiciones de poder, por volver a ser candidato a costa de la estabilidad política económica y social que le ha costado a nuestro pueblo”, fustigó.

Calificó de “perversa” la “intención de destruir la economía del pueblo” y su “doble discurso”.

“Hay una angurria de poder, hay una intención de buscar posicionar el tema de una candidatura”, criticó.

Candidatura

Criticó también el discurso que maneja Morales y su entorno respecto de una supuesta “inhabilitación” por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la Sentencia Constitucional 1010/2023.

Se trata de un fallo del TCP que abordó un recurso de inconstitucionalidad contra la convocatoria a elecciones judiciales. Fue presentada por el entonces postulante Miguel Balcázar el 27 de marzo de 2023.

En la parte final del texto, la sentencia abunda con consideraciones jurídicas y teóricas sobre la reelección.

“Es otra de las mentiras del expresidente”, complementó la ministra Prada.

Esa interpretación también generó reacciones por parte del evismo y las organizaciones que respaldan al líder cocalero. Incluso, las dirigencias anunciaron “convulsionar al país” si Morales queda inhabilitado como candidato.

El dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB) Vidal Gómez calculó al menos 6.000 delegados de organizaciones sociales y 107 confederaciones la asistencia al congreso convocado por el Pacto de Unidad, en El Alto.

Asistirán “más de 50.000 militantes, 6.000 congresistas acreditados de 107 confederaciones. (Son) 107 confederaciones que serán parte (del encuentro; entre gremiales, mineros, transportistas, la COB. Marcará la reestructuración de nuestro instrumento político”, dijo este domingo en una entrevista con Bolivia Tv.

El encuentro convocado por el Pacto de Unidad está previsto para el 3, 4 y 5 de mayo y tiene el respaldo de las tres organizaciones sociales “madres” del Movimiento Al Socialismo (MAS): Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSIOB) y Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa.

Gómez aclaró que se buscó el consenso con el jefe nacional del MAS, Evo Morales, pero no recibieron respuesta de aceptación o rechazo para consensuar el congreso. Reiteró la invitación al líder cocalero para que forme parte del evento.

Congreso

Si por un lado hay la convocatoria de las organizaciones que respaldan la gestión del presidente Luis Arce, existe el llamado de la dirección nacional del MAS para un congreso el 10 de junio en el estadio Bicentenario del municipio de Villa Tunari.

Dicho congreso, que llegó hasta la Cámara de Secretaría del Tribunal Supremo Electoral (TSE), recibió cuatro observaciones por parte de esa oficina.

Entre las observaciones a la convocatoria está precisamente el consenso con esas organizaciones sociales. Además, observa que la convocatoria solo está firmada por ocho de los 14 miembros de la dirección nacional.

Es oficina dictó que las observaciones a la convocatoria evista sean subsanadas en un plazo de dos días. Cumplido el tiempo el viernes, aún no se conoce y si se hicieron las enmiendas.

El TSE aún no definió cuál de las dos convocatorias “vale”. En los hechos, el llamado del evismo no cuenta con el aval de las tres organizaciones fundadoras del MAS. Del otro lado, la convocatoria del Pacto de Unidad no tiene el visto bueno de la directiva electa en 2017.

Morales criticó duramente que exista una convocatoria que no es la suya y dijo que está propiciada por “dirigentes truchos” y que “no representan a nadie”.

“No vamos a entrar a las mentiras de la directiva nacional del MAS. Se puede hablar mucho, pero invitamos a que Evo compruebe una de sus calumnias hacia las organizaciones sociales. Nos divide a las organizaciones para poder darle legitimidad a su convocatoria, que ese un fracaso”, complementó Gómez.

“Que me citen, no me voy a presentar; que me metan a la cárcel”, desafió este domingo el expresidente Evo Morales sobre el proceso penal abierto contra los responsables de la intervención al hotel Las Américas en 2009.

Además, en su programa dominical de radio Kawsachun Coca, el exmandatario añadió: “Que me demanden, estoy aquí, no me voy a escapar. Si me tienen que llevar a la cárcel, que me lleven por defender la integridad del territorio nacional”.

Morales apuntó al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca de pretender detenerlo, aunque ese discurso lo maneja desde hace tiempo. “Quieren detener y proscribir a Evo para que no sea candidato (a las elecciones presidenciales de 2025)”, dijo en varios actos públicos.

Evo Morales

El sábado, Mario Tadic y Előd Tóásó, sobrevivientes del grupo abatido en un operativo policial en el hotel Las Américas en 2009, informaron, a través de sus redes sociales, del proceso que abrió el Estado.

“Mario Tadic y Előd Tóásó comunican a los ciudadanos bolivianos que el Estado boliviano ha abierto el caso NUREJ 70264734 que radica en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en la ciudad de Santa Cruz; a cargo de la Fiscal de Materia Marioly Torrez Jurado (sic)”, dice la primera parte de su publicación en su cuenta de X.

Capturados el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, en medio de un violento operativo policial contra un grupo armado, Tóásó y Tadic cumplieron con una condena de cinco años; la sanción fue dictada por un tribunal de La Paz, en febrero de 2015.

Ambos se sometieron a un juicio abreviado por el delito de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, en grado de complicidad. Semanas después, salieron de la cárcel porque ya habían cumplido la condena en la detención preventiva y abandonaron el país.

Proceso

En la acción policial de abril de 2009, la Policía intervino el hotel Las Américas, en la capital cruceña, y abatió al croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin, a quienes acusó de alzamiento armado.

Morales explicó que cuando ese hecho ocurrió, él se encontraba en Venezuela y que el entonces vicepresidente Álvaro García Linera fungía como presidente en ejercicio.

En los hechos, Morales, a su llegada a Venezuela, admitió que dio la orden de intervenir el hotel porque había riesgo para la seguridad interna.

El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomendó al Estado boliviano investigar las ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.