Con la promulgación por parte del papa Benedicto XVI de las normas contra el lavado de dinero, el Vaticano cumple un paso decisivo para la transparencia de sus transacciones económicas, objeto de graves acusaciones y sospechas.
El decreto de Benedicto XVI o «motu proprio» para la lucha contra el lavado de dinero, entrará en vigor hoy, según anunció ayer el Vaticano. El objetivo del decreto es «prevenir y luchar contra el blanqueo de dinero proveniente de actividades criminales y la financiación de terrorismo», indicó el Vaticano en comunicado.
La aplicación de las nuevas leyes y la creación de una «Autoridad para la Información Financiera» permiten al Vaticano entrar en la lista de Estados que respetan las normas para la lucha contra el lavado de dinero ilícito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El decreto contiene una serie de disposiciones para el respeto de los acuerdos firmados en el 2009 entre el Vaticano y la Unión Europea; y cobija todas las actividades económicas de la Santa Sede, incluso los Museos Vaticanos y la entidad que administra su enorme patrimonio inmobiliario. «Se trata de un hecho histórico», sostiene el diario La Stampa, que anticipó la noticia.
Con las medidas se colma una laguna en la legislación vaticana y se envía un señal de rigor, después de los escándalos que estallaron en los 80, por la gestión de sus finanzas y sus relaciones con banqueros cercanos a la mafia siciliana.