Catorce personas murieron y unas 450 resultaron heridas el miércoles en Líbano en una nueva ola de explosiones de aparatos de comunicación, informó el Ministerio de Salud. Al día siguiente de los estallidos de bíperes usados por el Hezbolá, que dejaron 12 muertos y unos 2.800 heridos.

«La ola de explosiones enemigas dirigidas contra walkie-talkies (…) dejó 14 muertos y más de 450 heridos», afirmó el ministerio en un comunicado.

Los bíperes utilizados por miembros del grupo islamista Hezbolá que explotaron casi simultáneamente este martes proceden de Taiwán y los cargaron con explosivos en algún momento antes de llegar a Líbano, según un informe del diario estadounidense The New York Times (NYT).

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Explosiones

Cientos de explosiones de estos dispositivos de mensajería se registraron en todo el territorio libanés. Aquello en regiones consideradas baluartes de Hezbolá, matando al menos a 9 personas e hiriendo a casi 2.800, de acuerdo con fuentes oficiales.

Ese movimiento proiraní atribuyó el ataque a Israel.

Los también conocidos como buscapersonas los encargaron al fabricante taiwanés Gold Apollo. Eso aseguró el NYT, citando a funcionarios estadounidenses bajo anonimato «y de otros países».

Según algunos de los responsables, fueron manipulados por Israel antes de llegar a Líbano.

Los buscapersonas son aparatos de mensajería y localización de pequeño tamaño que no necesitan tarjeta SIM ni conexión a internet.

Las explosiones se produjeron horas después de que Israel anunciara que extiende a su frontera con Líbano los objetivos de la guerra, hasta ahora focalizada contra el movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza

(18/09/2024)

La Asamblea General de la ONU pidió el miércoles el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos en «12 meses» en una resolución no vinculante muy criticada por Israel.

La resolución que desde el martes debatían los 193 Estados miembros de la ONU sigue el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en julio, al examinar la ocupación israelí desde 1967 a petición de la Asamblea General, determinó que «la presencia continuada de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados es ilegal» y que Israel tiene «la obligación (de) ponerle fin (…) lo antes posible».

El texto, aprobado por 124 votos a favor, 14 en contra (entre ellos Israel, Estados Unidos, Hungría, República Checa o Argentina) y 43 abstenciones, «exige» que Israel «ponga fin sin demora a su presencia ilegal» en los territorios palestinos y que lo haga «a más tardar 12 meses después de la aprobación de la presente resolución».

Un primer proyecto de texto daba sólo seis meses. 

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También «exige» la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios palestinos, la paralización de nuevos asentamientos, la devolución de las tierras y propiedades confiscadas y la posibilidad de retorno de los palestinos desplazados. 

La resolución pide además a los Estados miembros que tomen medidas para poner fin a las importaciones procedentes de los asentamientos y al suministro de armas a Israel si hay motivos «razonables» para creer que podrían utilizarse en los territorios palestinos. 

Asimismo, propone adoptar sanciones contra quienes participen en «el mantenimiento de la presencia ilegal de Israel» en los territorios palestinos.

‘Inhumanidad’

El martes, el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, pidió a los Estados miembros que «elijan el lado correcto de la historia» apoyando esta resolución, la primera que se presenta en nombre del Estado observador de Palestina gracias a un derecho que acaba de conquistar. 

«¿Cuántos palestinos más deben ser asesinados para que, por fin, se produzca un cambio que ponga fin a esta inhumanidad?», dijo, pocos días antes de la reunión anual de la Asamblea General, en la que se espera que la guerra de Gaza acapare los debates de las decenas de jefes de Estado y de gobierno que asistirán.

Mientras el Consejo de Seguridad está en gran medida paralizado en este asunto debido al reiterado uso del veto por parte de Estados Unidos para proteger a su aliado israelí, la Asamblea General presta regularmente su apoyo a los palestinos.

En mayo, la Asamblea dio un apoyo abrumador pero simbólico (143 votos a favor, nueve en contra y 25 abstenciones) al ingreso de pleno derecho de los palestinos en la ONU, bloqueado por Estados Unidos. 

Aunque las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, Israel ha denunciado el nuevo texto.

«Es una decisión vergonzosa que apoya el terrorismo diplomático de la Autoridad Palestina», arremetió el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, en un comunicado justo después de la votación. 

«Quienes contribuyen a este circo no son meros espectadores», sino «colaboradores», dijo.

«Cada voto en apoyo de este circo alimenta la violencia y anima a quienes rechazan la paz», dijo el martes desde la tribuna de la Asamblea.

La embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield también condenó el «lenguaje incendiario» de un texto que no afirma que «Hamás, una organización terrorista, tiene poder en Gaza», una «resolución unilateral» que no avanza en la solución de los dos Estados. 

El ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, sin precedentes por su magnitud y violencia, causó la muerte de 1.205 personas, la mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales y que incluye a los rehenes muertos en cautiverio. 

Las represalias israelíes en Gaza han provocado un desastre humanitario y han dejado más de 41.000 muertos, según el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás en Gaza. 

Al menos nueve personas murieron y unas 100 resultaron heridas en Líbano este miércoles en una nueva ola de explosiones de aparatos de comunicación, informaron fuentes oficiales, al día siguiente del letal estallido de bíperes usados por el movimiento islamista Hezbolá.

Las tres personas murieron debido a la explosión de «dispositivos de transmisión» en Sohmor, en el este del país, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANI) de Líbano. 

El Ministerio de Salud reportó por su parte «más de cien heridos en una nueva ola de explosiones de walkie-talkies».

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Estos aparatos explotaron a la vez en el suburbio del sur de Beirut, donde se celebraban los funerales de cuatro miembros de Hezbolá muertos la víspera por el estallido de bíperes, según una fuente cercana al movimiento proiraní y a rescatistas.

Las explosiones sembraron el pánico, según un fotógrafo de AFP que cubría estos funerales, entre ellos el del hijo de un diputado de Hezbolá.

Se registraron otras explosiones en Sidón, en el sur, y en Baalbeck, en el este, donde 15 personas resultaron heridas, indicó una fuente hospitalaria a AFP.

El martes, al menos 12 personas murieron y unas 2.800 resultaron heridas en explosiones simultáneas de bíperes en los bastiones de Hezbolá al sur de Beirut y en el este y el sur de Líbano, según las autoridades.

Walkie-talkies usados por el Hezbolá libanés estallaron este miércoles en bastiones del grupo islamista al sur de Beirut y el este del país, indicaron a AFP una fuente cercana al movimiento y la Agencia Nacional de Información (ANI).

La fuente afirmó que «varios walkie-talkies explotaron en el suburbio del sur de Beirut», donde se celebraban los funerales de miembros del Hezbolá que murieron la víspera al estallar material de comunicación de miembros del grupo proiraní. Corresponsales de AFP reportaron por su lado explosiones en Sidón (sur) y Baalbek (este). El ministerio de Salud informó de al menos tres muertos y 100 heridos.

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Los «objetos civiles» no deberían ser transformados en armas, dijo este miércoles el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en reacción al letal ataque con buscapersonas o bíperes contra miembros del movimiento proiraní Hezbolá en Líbano.

«Es muy importante que haya un control eficaz de los objetos civiles para no transformarlos en armas. Esto debería ser una regla para todos en el mundo, que los gobiernos deberían ser capaces de aplicar», dijo Guterres a la prensa.

Cientos de dispositivos inalámbricos de localización pertenecientes a miembros del grupo respaldado por Irán explotaron simultáneamente el martes, horas después de que Israel dijera que estaba ampliando los objetivos de la guerra de Gaza para incluir su lucha contra el aliado libanés de Hamás. 

Esas explosiones causaron 12 muertos y unos 2.800 heridos, y los medios de comunicación estatales libaneses informaron el miércoles de nuevos estallidos de artefactos. 

«Tan importante como el suceso en sí mismo es el indicio que confirma que existe un grave riesgo de escalada dramática en Líbano, y debe hacerse todo lo posible para evitarla», dijo Guterres.

«Lo que ha ocurrido es especialmente grave, no sólo por el número de víctimas que ha causado, sino por los indicios existentes de que esto se desencadenó, diría, adelantándose a una forma normal de desencadenar estas cosas, porque existía el riesgo de que se descubriera», señaló.

Hezbolá, que ha intercambiado casi a diario disparos transfronterizos con las fuerzas israelíes en apoyo de Hamás en la Franja de Gaza, ha prometido tomar represalias por las explosiones de buscapersonas, de las que culpó a Israel. 

Israel aún no se ha manifestado sobre las explosiones.

Para combatir eficazmente los incendios que asolan Brasil, «las penas contra los delitos ambientales deben ser revisadas» para endurecerlas, afirma Humberto Freire, director de la Policía Federal encargado del Medio Ambiente y la Amazonía, en una entrevista con la AFP.

El fuego que arrasa desde la Amazonía hasta las regiones de Sao Paulo y Río de Janeiro desde hace semanas se está propagando fácilmente debido a una sequía excepcional relacionada en parte con el calentamiento global, según los expertos. 

Pero su origen se encuentra principalmente en «la acción humana», sostiene el gobierno. 

Los incendios son a menudo consecuencia de la actividad agrícola y de la práctica tradicional de quemar para limpiar los pastos o las zonas deforestadas. Esta costumbre, que en tiempos normales sólo es permitida previa autorización, ha sido formalmente prohibida en Brasil durante este período de sequía. 

Pero Freire apunta también al «crimen organizado», que «intenta aprovechar esta larga sequía para apropiarse de tierras» quemando vegetación nativa para transformarla en pastos. 

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Los satélites del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) detectaron 59.641 incendios en Brasil desde principios de septiembre, cifra que supera con creces el total de todo este mes registrado el año pasado (46.498). 

PREGUNTA: ¿Cuáles son las principales motivaciones detrás de los incendios provocados? 

RESPUESTA: «Está la motivación económica, de aprovechar el período de gran sequía para despejar áreas, para intentar un delito posterior, como apropiarse de esas tierras. 

Existe la posibilidad de que (los autores) quieran ver simplemente caos. Hemos visto señales de posibles acciones coordinadas, como varios de estos incendios que se han desatado casi al mismo tiempo en zonas cercanas. 

Podrían ser incluso acciones coordinadas para desestabilizar zonas (…) agotando los recursos de las fuerzas de respuesta, los bomberos.»

P: ¿Cuántas investigaciones existen hasta ahora y cuántas detenciones? 

R: «La Policía Federal ha abierto más de 50 investigaciones, pero el número está en evolución y la tendencia es que aumente.

Aún no hemos realizado arrestos en el marco de estas investigaciones, aunque hemos recibido informes de detenciones de sospechosos por parte de las fuerzas policiales locales» (que no dependen del gobierno de Brasilia sino que están bajo la responsabilidad de diferentes estados brasileños). 

P: ¿Cómo explicar esta percepción de impunidad ante la magnitud de estos incendios que afectan de alguna manera casi dos tercios del territorio brasileño? 

R: «Los delitos medioambientales, a lo largo de los años, de las décadas, han evolucionado, pero nuestra legislación, lamentablemente, no ha seguido el ritmo de esta evolución. Y estamos viendo esta emergencia climática en todo el mundo.

A menudo, los delitos medioambientales se tratan como menos importantes, menos graves, pero es hora de tener un debate sobre sus consecuencias perjudiciales, que afectan a toda la humanidad y que pueden provocar muchas muertes.

Lamentablemente, la legislación, por ser indulgente, a veces no proporciona las condiciones legales y medios de investigación necesarios.» 

P: ¿Cómo acabar con esta impunidad? 

R: «Tenemos que hacer un trabajo inicial de correlacionar los delitos ambientales con otros delitos, como el crimen organizado, el lavado de dinero, para fortalecer esta evidencia y las penas vinculadas. 

El crimen organizado ha visto que los delitos medioambientales son muy rentables, mientras la legislación sigue siendo suave y prevé penas bajas. 

Por ejemplo, la minería ilegal de oro conlleva una pena de seis meses a un año de cárcel. Los incendios, de dos a cuatro años. Dependiendo de los antecedentes y condiciones del delincuente, puede que ni siquiera cumpla prisión efectiva. Y es posible que cuando acabe la investigación, el delito haya prescrito. 

Por eso, las penas para los delitos ambientales deben ser revisadas.»