viernes 1 jul 2022 | Actualizado a 20:02

‘El Papirri’ afectado por el COVID-19: Por ‘este virus cabrón, debo suspender todo’

“Mil disculpas a los organizadores de los eventos. Los músicos estamos muy afectados por todo esto. Ojalá pronto bien le cascaremos”, escribió el músico en Facebook.

En octubre de 2021, 'El Papirri' tuvo una presentación en La Razón.

/ 16 de enero de 2022 / 18:58

Había organizado una serie de presentaciones en el país, comenzando por Oruro. Sin embargo, Manuel Monroy, “El Papirri”, decidió suspenderlo todo por “este virus cabrón”. Con algo de humor contó las razones de su decisión.

“Hoy (por el sábado) viajábamos a La Paz para realizar conciertos en torno a la Fiesta de Alasita, dedicada a nuestro Ekeko, deidad aymara de la abundancia y la fertilidad. Por el tema de este virus cabrón, debo suspender todo: viaje y conciertos”, escribió para su “familia musical” el cantautor en sus redes sociales.

Según describió, El Papirri suspendió sus recitales en Oruro, programado para el 20 de enero en el Café Concert Latitud; en La Paz, del 22 de enero en el Centro Cultural Jallalla y del 24 en el Teleférico Rojo, y en Cochabamba, del 29 en Centro Cultural Ollantay.

Autor de Metafísica popular, Qué tal metal, Ch’enko total o Alasita, El Papirri tomó con humor su decisión: “Con mi compañera estamos un poco débiles, debe ser la tercera edad. Pena que no haya cuarta edad”.

De todos modos, prometió un pronto retorno. “Una pena. Mil disculpas a los organizadores de los eventos. Los músicos estamos muy afectados por todo esto. Ojalá pronto bien le cascaremos”, escribió.

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Bolsonaro pidió a Fernández interceder ante Bolivia por el asilo para Áñez y éste se lo negó

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aplaudió la sanción judicial por el “golpe de Estado” de 2019 y consideró que con eso Bolivia dio un ejemplo al mundo.

Los presidentes Jair Bolsonaro y Alberto Fernández, en una composición gráfica. Fotos: AFP

/ 1 de julio de 2022 / 17:11

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reveló que su par de Brasil, Jair Bolsonaro, le pidió interceder ante Bolivia por un eventual asilo de Jeanine Áñez, sentenciada a 10 de prisión por su autoproclamación en 2019.

“Lo voy a contar porque lo hizo público él. Me vino a plantear que interceda ante Bolivia para logra que Áñez vaya asilada a Brasil y yo le dije que lamentablemente no podía hacer nada de eso”, contó el mandatario en entrevista con la televisión C5N de Argentina.

Fernández, que fue uno de los primeros líderes regionales en desconocer al gobierno Áñez, hizo esas declaraciones debido a que —justificó— Bolsonaro develó su intención de ofrecer asilo a la exmandataria. “Digo lamentablemente por lo que él me dijo; gracias a Dios que no quiero hacer nada de eso (interceder por Áñez)”, complementó el líder argentino en relación a la conversación con su colega.

La semana pasada, el diario Página/12 contó que el mandatario brasileño ofreció asilo a Áñez. “Brasil está poniendo en práctica el tema de las relaciones internacionales, los derechos humanos, a ver si trae a Jeanine Áñez, (este país) le ofrece cobijo aquí en Brasil”, dijo.

La declaración de Bolsonaro causó molestia en el gobierno del presidente Luis Arce. El canciller Rogelio Mayta consideró que el caso fue “impertinente” y una “inapropiada injerencia”.

Incluso, Bolivia llamó a consultas por el caso al embajador de Brasil en el país.

Además, Bolsonaro consideró el proceso contra Áñez como un acto de “injusticia” y cuestionó el silencio en el caso de su contendor electoral Luiz Inácio Lula da Silva. “El expresidente (de Bolivia, Evo Morales) y el actual (mandatario Luis Arce) son amigos de Lula y Lula (por eso) no dice absolutamente nada sobre este caso”.

Al contrario, Fernández aplaudió la decisión de la Justicia boliviana de sancionar el “golpe de Estado” de 2019. “Creo que ahí Bolivia dio un ejemplo a todo el mundo, que fue juzgar un golpe con tribunales ordinarios sin sacar a los jueces naturales. La verdad, dio un enorme ejemplo. Así como nosotros, como Argentina, nos regocijamos por el ejemplo que dimos al mundo en materia de derechos humanos, Bolivia debe regocijarse en materia de recuperación de la democracia”, afirmó el mandatario argentino.

Las alusiones de Bolsonaro sobre Áñez no fueron las únicas. Antes había dicho que se reunió con ella, extremo que negó la defensa de la exmandataria. Sin embargo, hace más de una semana, en una reunión con pastores evangélicos, el Presidente de Brasil insistió en que se reunió con la exsenadora: ¿Alguien oyó hablar de Jeanine Áñez?, ¿quién es esa mujer? Ella tiene aproximadamente 50 años, rubia, estuve una vez con ella en la vida, tuve una buena impresión de ella, una persona simpática, en un primer contacto tuvo nota casi 10”.

Áñez se encuentra encarcelada desde el 13 de marzo de 2021. Inicialmente fue acusada por sedición, terrorismo y conspiración en el caso Golpe de Estado 1 denunciado ante la Justicia por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

El proceso derivó en el llamado caso Golpe de Estado II, referido a la proclamación de Áñez el 12 de noviembre de 2019 en sendos actos en la Asamblea Legislativa en los que, primero, tomó la presidencia de la Cámara de Senadores y, luego, se proclamó sucesor del dimisionario Morales. Ambos actos no tuvieron quorum, menos asistencia de la bancada mayoritaria del MAS.

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Samuel Doria Medina anuncia que declarará el 6 de julio por el caso Golpe de Estado I

Según contó la exdiputada Susana Rivero, el 12 de noviembre de 2019, Samuel Doria Medina conminó al MAS: “Con ustedes o sin ustedes tenemos un plan B”.

Samuel Doria Medina fue acompañante de fórmula de la candidatura frustrada de Jeanine Áñez. Foto: Jeanine Áñez

/ 1 de julio de 2022 / 13:53

El otrora líder de Unidad Nacional (UD), Samuel Doria Medina, informó a través de sus redes sociales que el miércoles 6 de julio declarará en el caso Golpe de Estado I, que, en su criterio, “no tendría que existir”.

“El día miércoles 6 de julio, a las 15:00 horas, declararé ante la Fiscalía por un caso que no tendría que existir (Golpe I). Se gastan energías y recursos en pelear contra fantasmas, cuando el país necesita tanta trabajo contra la corrupción y el narcotráfico (sic)”, escribió el también empresario.

Doria Medina, de papel importante en las reuniones extralegislativas de la Universidad Católica Boliviana (UCB) de 2019 que derivaron en la proclamación de la senadora Jeanine Áñez como mandataria por sucesión, había sido citado para el jueves en el caso. No asistió a la convocatoria debido a su viaje al exterior del país por razones de salud.

A la hora de la renuncia del presidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, varios dirigentes políticos de oposición se reunieron en el rectorado de la UCB en La Paz, convocados por la Iglesia Católica y la representación de la Unión Europea (UE). Entre los asistentes a esa reunión estuvo Doria Medina, acompañado de su correligionario Roberto Moscoso.

Ese día, luego de una llamada telefónica de Ricardo Paz, asesor del expresidente Carlos Mesa (2003-2005), Áñez fue contactada para ser sugerida como sucesora de Morales, en vista de las renuncias del vicepresidente Álvaro García y los presidentes de las cámaras de Senadores, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda.

Esa noche, la senadora, entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, comunicó a través de la red Unitel que le correspondía la sucesión. Sin embargo, las reuniones de la UCB continuaron al día siguiente y el 12 de noviembre, el día de la proclamación de la legisladora beniana.

En entrevistas con La Razón, la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero, entonces vicepresidenta de la Cámara de Diputados, contó que Doria Medina fue quien insistió a las representantes del MAS en la UCB a que definieran su posición ante la crisis. “Bueno, apúrense a hablar con su bancada porque con ustedes o sin ustedes tenemos un plan B”, parafraseó Rivero al dirigente de UN.

A partir de esa conminatoria se consumó la proclamación de Áñez, en sendos actos en la Asamblea Legislativa en los que primero tomó la presidencia del Senado y luego del Estado. Esos hechos motivaron a la exdiputada del MAS Lidia Patty a presentar el caso “Luis Fernando Camacho y otros”, referidos a la comisión de los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración los días previos al hecho.

El caso se denominó Golpe de Estado I, que se quedó rezagado debido a las investigaciones del caso Golpe de Estado II con el que Áñez fue sentencia a 10 años de prisión bajo la acusación de delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes.

Ahora fue reactivado el juicio a instancias de Patty, por eso el Ministerio Público comenzó a convocar a los actores políticos de la UCB. Ya declaró Paz y también fue citado Jerjes Justiniano, entonces representante del presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, protagonista centra de las movilizaciones contra Morales y el presunto fraude electoral.

Además de Doria Medina, Moscoso, Justiniano, Mesa y Paz, asistieron a la reunión de la UCB el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), Carlos Alarcón, Luis Vásquez, Waldo Albarracín, Rolando Villena y Juan Carlos Núñez. El 11 de noviembre fue llamada Salvatierra, que asistió acompañada de la entonces directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), teresa Morales; Rivero y el senador Óscar Ortiz, de Unida Demócrata (UD), participaron de la cita la mañana del 12.

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DeGolyer and MacNaughton determinará si Margarita-Huacaya es pozo compartido

La consultora petrolera estadounidense tendrá un plazo de ejecución de 60 días calendario y Chuquisaca y Tarija deben acreditar a sus representantes para el control.

El campo Margarita-Huacaya_ Foto: La Razón-archivo

/ 1 de julio de 2022 / 12:52

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) suscribió un contrato con la consultora petrolera estadounidense DeGolyer and MacNaughton para la definición de si el campo Margarita-Huacaya es compartido o no por los departamentos de Chuquisaca y Tarija.

El contrato suscrito fue conocido este viernes y su ejecución, en 60 días, permitirá el “el estudio técnico del campo Margarita-Huacaya para determinar la existencia o no del o los reservorios compartidos entre departamentos y/o actualizar el factor de distribución”.

Según un comunicado de prensa de la estatal petrolera, el contrato fue suscrito el 30 de junio y que la “orden de proceder del estudio técnico contratado” será emitida este viernes 1 de julio, y cuya ejecución tendrá una duración de 60 días calendario.

YPFB invitó a las gobernaciones “de los departamentos involucrados” a acreditar formalmente ante la empresa estatal a las personas naturales o jurídicas, “entendidas en la materia”, para el desarrollo del control, monitoreo del estudio y acceso a la información del estudio.

El 5 de febrero de este año, el presidente Luis Arce anunció el hallazgo de una nueva reserva de gas en el campo Margarita-Huacaya, cuya capacidad de producción será de entre 300 y 350 billones de pies cúbicos de gas.

El campo se encuentra ubicado en las provincias Luis Calvo, de Chuquisaca, y Gran Chaco y O’Connor, de Tarija.

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La penalización del aborto es ‘un retroceso’ y un dispositivo para ‘perseguir a mujeres’

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, devela que en Bolivia existen 186 mujeres procesadas por aborto y muchas de ellas son víctimas de violación.

Lourdes Montero, Claudia Benavente y Nadia Cruz, en La Razón.

/ 28 de junio de 2022 / 19:25

Expertas en asuntos de género abordaron en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, la decisión de Estados Unidos de eliminar el derecho al aborto. Se trata de un retroceso de 50 años y la penalización implica un dispositivo para perseguir a mujeres.

Las coincidencias fueron expresadas este martes en la transmisión digital de La Razón que consideró el caso con la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y las especialistas en la materia Lourdes Montero y Carmen Sanabria.

El 25 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la sentencia «Roe v. Wade», que desde 1973 garantizaba el derecho de las mujeres de ese país a abortar.

La medida causó repercusión local y mundial, y el mismo presidente Joe Biden la calificó como un “error trágico”. En la otra vereda, el expresidente republicano Donald Trump aplaudió la decisión judicial y afirmó que se trata de “la voluntad de Dios”.

En Bolivia, Montero, representante de Osxfam, dijo que la sentencia “ha reavivado la polémica en torno al aborto, porque ha sido un retroceso de 50 años”. “Estados Unidos ya tenía un derecho consagrado a la libertad de la decisión” libre de las mujeres, según sus creencias, su condición de vida y sobre su cuerpo.

Apuntó a Trump y a sectores conservadores de Estados Unidos de generar una tendencia internacional en relación al asunto. «Era una amenaza que se venían previendo, porque (Donald) Trump hizo una promesa de campaña», recordó.

En tanto, Sanabria explicó que se trata de “una disputa política que tiene de trasfondo el derecho de las mujeres” y echa por la borda el principio de “que el Estado no tiene derecho para intervenir en decisiones, individuales y muy íntimas”.

Dicha sentencia implica dejar liberado a la mayoría política de los Estados la regulación del derecho al aborto, explicó.

Para Cruz, la decisión de los jueces estadounidenses sobre ese derecho “responde a una corriente que se está dando en las Américas en general, en un momento en que las mujeres están tomando un protagonismo importante sobre las riendas de los Estados en América Latina”.

Consideró que la penalización del aborto “sirve además para perseguir a las mujeres, que después de haber pasado por un proceso tan doloroso y crítico —que seguramente los hombres, jueces y fiscales no lo saben— son perseguidas”.

Y dio un dato: “En Bolivia, en este momento hay 186 mujeres que están siendo procesadas por el tipo penal de aborto. Este número incluye a muchas víctimas”.

Cruz expresó su preocupación por la medida judicial, porque, en su criterio, con la pandemia los casos de violencia sexual contra mujeres, niños, niñas y adolescentes en Bolivia se ha agravado de “manera alarmante” y el país debe tener una “de las tasas más fuertes de América Latina”. Esto, sumado a la tasa más alta de embarazos de adolescentes en la región.

Dijo que el problema se ahonda más con los discursos de algunas instituciones del Estado, la Iglesia Católica y parte de la opinión pública que satanizan las decisiones de defensa de los derechos de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. “En Bolivia pareciera que se está naturalizando los hechos de tortura de niñas y adolescentes, que después de haber sido vejadas, algunos hospitales y centros de salud (dicen) que ellas tienen que cargar con la responsabilidad” sobre lo que el Estado, su familia y su comunidad no hicieron como prevención en su momento.

Llamó la atención sobre el interés de esas instituciones de evitar, por ejemplo, el aborto en casos de violación de niñas. Afirmó que hay una doble moral en ese sentido: “Esos centros religiosos donde básicamente almacenan niñas y adolescentes para que culminen embarazos, ¿Y cuál es el discurso? Posiblemente ellas no se hagan cargo, (los bebés) será para adopción”.

“Necesitamos desmoralizar y desideologizar el aparato público, necesitamos generar medidas mucho más efectivas”, desafió Cruz.

El 22 de enero de 1973, la Misma Corte Suprema de Estados Unidos consideró legal el derecho al aborto bajo la enmienda 14 de la Constitución de ese país. El caso devino de una demanda de Jane Roe contra el fiscal de Dallas Henry Wade, quien prohibió en Texas el aborto.

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Un juez ratifica la detención preventiva de Misael Nállar en la cárcel de Chonchocoro

El juez Rodrigo Vedia rechazó la acción de libertad interpuesta por el abogado sin mandato de Misael Nayar (sic), José Miguel Islas.

Misael Nállar es sometido a pruebas médicas antes de su ingreso a Chonchocoro, el 25 de junio. Foto: Ministerio de Gobierno

/ 28 de junio de 2022 / 13:20

A través de una resolución emitida este martes, el juez Rodrigo Vedia, ratificó la detención preventiva del imputado Misael Nállar Viveros en el penal de Chonchocoro, en La Paz, en respuesta a una acción interpuesta por la defensa.

Se “dispone la aplicación de la medida excepcional de detención preventiva para el imputado Misael Nayar Viveros (sic), por un plazo de 180 días a cumplirse en el penal de Chonchocoro de La Paz (…)”, dice la resolución a la que accedió La Razón.

Así, se mantiene “firme y vigente en lo demás el auto de fecha 25 de junio de 2022,”, dice el dictamen firmado por el el Juez Público Mixto en Materia Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal #1 de La Guardia, Santa Cruz.

Se refiere a la Sentencia 17/2022, emitida por los jueces Freddy Coronel, Yanet Paniagua y Claret Llanos, que atendieron el recurso de acción de libertad a favor de Nállar Viveros, a través del abogado sin mandato José Miguel Islas, derivada a Vedia.

En su argumentación, el juez consideró como elementos la declaratoria de persona no grata dispuesta por internos de la cárcel de Palmasola y el riesgo de seguridad en otros recintos carcelarios de Santa Cruz y el país, planteados como opciones por la defensa.

Disponer la detención preventiva de Nállar Viveros en la penitenciaría de Palmasola “sería colocar en riesgo su vida y su integridad, que a la vez son derechos fundamentales reconocidos” en la Constitución, señala el fallo del juez.

Vedia también rechazó el argumento de que al disponerse la detención del imputado en un área distinta a la de su radicatoria vulnera los derechos a la defensa de aquel. Arguyó que a partir del Instructivo 10/20 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “todas las audiencias que puedan desarrollarse dentro de la presente investigación son de carácter virtual; es decir, no se hace necesaria la presencia física o el traslado físico del imputado para la celebración de las mismas”.

Nállar Viveros fue recluido la madrugada del sábado 25 de junio en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, de La Paz, acusado por el asesinato de los policías Eustaquio Olano y Alfonso Chávez, del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP), y del voluntario de esta unidad José David Candial perpetrado en el Urubó, en Porongo, el 21 de junio. Sus presuntos cómplices, Raúl Caballero y Esteban Beltrán, fueron derivados a la cárcel de El Abra, en Cochabamba.

Son acusados por asesinato, aunque, en el caso de Nállar Viveros, también por legitimación de ganancias ilícitas, considerando su presunta vinculación con el narcotráfico. El hombre es yerno de Einar Lima Lobo, extraditado y sentenciado por narcotráfico en Brasil.

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