La lista es larga. Allí aparecen viejos conocidos, algunos aliados de antes y otros enemigos políticos de antes. En la fotografía se muestran Amparo Ballivián, Efraín Suárez (en otras palabras, Luis Fernando Camacho), el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), Samuel Doria Medina, el también expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y Vicente Cuéllar.

Acaban de juntarse otra vez para incorporar en sus filas a Ballivián y Cuéllar, en un intento por conformar un bloque opositor capaz de frenar —como dicen— al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que no logra recomponerse de su grave división interna a raíz de disputas políticas.

¿Quiénes son los que buscan constituirse en una alternativa al MAS?

Ballivián apareció hace meses en la arena política como precandidata presidencial. Su pasado está ligado a Quiroga y Hugo Banzer, de Acción Democrática Nacionalista (ADN), en cuyo gobierno fue la jefa de la Aduana Nacional y viceministra. Se trata de la única mujer con intenciones de ser candidata presidencial y la última en ser llamada.

Cuéllar, que cobró notoriedad política en la coordinación del extinto Comité Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz que propició un paro fallido de 36 días en 2022, también fue incluido a última hora. Rector de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, acaba de romper su palabra: Nada “con los políticos tradicionales que ya perdieron la confianza del pueblo”.

Precisamente, al fundar su agrupación Cambio25, su primera alianza fue con Juan del Granado, del izquierdista Movimiento Sin Miedo (MSM), dos veces alcalde de La Paz, otrora diputado nacional, en 2014 candidato presidencial y reconocido abogado cuyo oficio permitió la histórica sentencia contra el dictador Luis García Meza.

A pesar de haber denostado a “políticos tradicionales”, Cuéllar se unió a ellos, en una franca contradicción con su discurso político inaugural.

Allí se encuentra Quiroga, subsecretario de Inversión Público en el gobierno de Jaime Paz Zamora, del Acuerdo Patriótico, entre ADN y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR). De cuando el MIR “cruzó ríos de sangre” al aliarse con el partido del dictador Banzer (1071-1978) que persiguió a la dirigencia mirista.

Quiroga, pieza clave en el derrocamiento de Evo Morales en 2019, fue presidente por sucesión (dimitió Banzer por enfermedad) entre 2001 y 2002. Fue candidato presidencial en 2005 y 2014.

Ministro de Planificación en el gobierno de Paz Zamora, Doria Medina debe ser uno de los políticos que más porfió por la Presidencia. Sin éxito alguno, fue candidato en 2005, 2009 y 2014, y en 2020 fue candidato a la Vicepresidencia junto a la entonces presidenta Jeanine Áñez. Ambos abandonaron la carrera electoral y sepultaron las alianzas Juntos y Soberanía y Libertad (Sol.Bo), y los partidos Unidad Nacional (UN) y Demócratas.

Mesa fue también presidente por sucesión luego de que Gonzalo Sánchez de Lozada renunciara el 17 de octubre de 2003. Candidato presidencial en 2019 y 2020, estará realizado con la conformación de ese bloque de oposición; es que hizo saber que no será candidato si es que logra ese propósito.

Finalmente, acusado por el golpe de 2019, Camacho aparece como una opción remota. Cumple detención preventiva en Chonchocoro.

En el mismo lado está Manfred Reyes Villa, que, sabiendo de su fuerza, desahució alianzas con ese bloque y se encuentra en plena carrera electoral.

Sin él, hay una coalición preelectoral. ¿Será sostenible? Quizás la ventaja que le otorga el MAS, con un Luis Arce en duda y un Evo Morales inhabilitado, es su esperanza. Sin embargo, un acuerdo frágil no es carta de garantía electoral.

Rubén Atahuichi es periodista.

Se fue 2024, quizás uno los más difíciles de los últimos años luego del golpe de 2019 que muchos políticos que dicen ser demócratas intentan blanquear. El que se fue tuvo una serie de contradicciones en relación a la Constitución, que mermaron de forma crucial la democracia. A saber:

Este año, caracterizado por miserables disputas en el Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus consecuencias en la gestión de los órganos Legislativo y Ejecutivo, comenzó con magistrados y consejeros electos en 2017 prorrogados por una maniobra política e institucional que rompió con su mandato constitucional de seis años improrrogables. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con los suprapoderes que se atribuyó, halló un resquicio en la ineptitud o la coartada de algunas facciones de la Asamblea Legislativa —que no lograron en un año encaminar las elecciones judiciales de 2023— para emitir la Declaración Constitucional 049/2023 que prorrogó el mandato de magistrados y consejeros, que terminaban su gestión el 31 de diciembre de 2023, hasta nuevo aviso mientras concluyan las elecciones judiciales, finalmente llevadas a cabo.

Electos los magistrados del TCP y del Órgano Judicial, el desafío es enorme. A sabiendas de que su elección no fue crucial en relación a la necesaria reforma judicial —a la que le hizo una serie de gambetas el exministro de Justicia Iván Lima— y ante la necesidad extrema de reordenar la institucionalidad del país y devolverles a los bolivianos el acceso a la justicia, los ahora magistrados y consejeros deben comenzar a cumplir con su palabra empeñada en la difusión de méritos propiciada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en la propaganda callejera y en redes sociales que pudieron hacer de contrabando.

Especialmente a los magistrados del TCP les corresponde reencauzar y limitar sus competencias para no interferir en las de otros órganos del Estado, como lo hicieron de manera sucesiva. Su tarea tendrá que comenzar en casa.

En esa elección, solo 19 de 26 cargos fueron renovados. En relación al TCP, hay dos casos especiales, los aún magistrados Gonzalo Hurtado e Yván Espada, que, se supone, convivirán con los electos el 15 de diciembre. Se trata de dos magistrados con cuyas firmas fueron desordenadas y violentadas las competencias del TSE en los casos de las elecciones judiciales y la situación interna del MAS respecto de sus congresos paralelos.

De manera sucesiva, Hurtado y Espada se ocuparon de frenar, a través de sentencias y autos, las elecciones recientes al punto de obligarlas a que sean parciales y así reservarse su prórroga más allá de los comicios.

Esta su condición fue alimentada por la incapacidad de la Asamblea Legislativa de, primero, entregar al TSE una lista incompleta y poco pulcra de postulantes, y, segundo, de no aprobar un mecanismo que resuelva la situación de parcialidad de las elecciones pasadas o terminar con el mandato de los prorrogados luego de esos comicios. Dirán que aprobaron el Proyecto de Ley 075 con ese fin, pero se sabe que esa decisión fue política y manipulada, que no tuvo el efecto que se esperaba.

En dos días, al iniciar el Año Judicial, los magistrados y consejeros electos deben plantear un giro de timón. Si bien no pudo avanzar la ansiada reforma judicial, en sus manos estará cumplir esa tarea. Mucho tiempo esperaron los bolivianos una actuación de buena fe de los jueces, creyendo que impartirán justicia oportuna, transparente e independiente.

Aunque incompleta, la sala plena del TCP tendrá quorum suficiente para tomar decisiones cruciales; una de ellas deberá ser la anulación de la prórroga indefinida de los magistrados. Le harían un gran favor al país.

Rubén Atahuichi es periodista

Terminadas las desahuciadas elecciones judiciales, se inaugura la carrera por las elecciones generales previstas para el 17 de agosto de 2025. Si bien restan cortos meses, los afanes electorales comienzan a develarse con mediana claridad.

El alcalde Manfred Reyes Villa acaba de lograr la personería jurídica de su partido, Súmate; el expresidente Jorge Quiroga se proclamó candidato con la sigla que abandonó a Carlos Mesa, el Frente de Izquierda Revolucionaria (FRI), y Eva Copa, anunció la línea de su incipiente partido, Movimiento de Renovación Nacional (Morena): ni extrema izquierda ni de extrema derecha, “algo progresivo”.

Más temprano, en 2023, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, revivió al Movimiento Sin Miedo (MSM), del otrora alcalde y diputado Juan del Granado, y conformó su alianza Cambio25, todavía no registrada. En las redes sociales, Amparo Ballivián, otrora mujer fuerte de la Aduana Nacional, anda buscándose espacio.

Samuel Doria Medina, con un par de visitas en la cárcel de Chonchocoro a Luis Fernando Camacho, y en solitario, recorre el país y los medios para exponer su plan de gobierno.

En tanto, Carlos Mesa, ahora sin el FRI, parece resignar su llegada al poder de forma directa. Sus allegados develaron que su propósito es lograr la unidad de la oposición incluso en desmedro de su posible candidatura.

Sin mayores novedades más que su línea mileísta y el desempolvado Partido Liberal, Branko Marinkovic (proclamado candidato en Brasil), Miguel Roca y Antonio Saravia también dicen ser la nueva opción.

Más periféricos, por ahí pululan aún sin partido Chi Hyun Chung y el “capitán” Edman Lara, proclamados candidatos. Y Leopoldo Chui, considerado “preso político”. Quizás la lista sea un poco más larga.

El propósito final —otra vez desde 2005— es ganarle al Movimiento Al Socialismo (MAS), ahora en sus peores momentos, pero con opciones aún. La encarnizada lucha interna ha terminado de despojar la sigla, la eterna jefatura y la candidatura de Evo Morales, quien, a pesar de su inhabilitación, porfía por su enésima postulación presidencial, apoyado principalmente por su bastión del Chapare.

Mientras, el presidente Luis Arce, con las diversas encuestas en su contra y una popularidad por los suelos como la misma economía y la institucionalidad del país, mantiene aún silencio por su repostulación, aunque su entorno ya le sopló al oído sobre sus posibilidades. Tiene el respaldo de la sigla del MAS, pero la débil impronta del nuevo jefe partidario, Grover García, no es prenda de garantía.

En ese estado de cosas, apareció en las últimas semanas el empresario Marcelo Claure, quien, sabiendo que constitucionalmente no puede ser candidato, ha volcado sus esfuerzos por promover una candidatura única de la oposición para derrotar al MAS en 2019.

Declarado mileísta, trumpista y anti Arce, cuya línea lo delata ante los electores, hizo unas encuestas que causaron más repercusión en contra que a favor. Incluso propuso un plan de gobierno y promueve elecciones primarias en la oposición para, finalmente, decantarse por uno y financiarlo luego.

¿Será la fórmula apadrinar la política?

Son más de dos décadas que la oposición no encuentra la fórmula para derrotar al MAS y la única que logró, en 2019, fue inconstitucional. En cada elección, al menos desde 2009, su objetivo fue la unidad. No lo logró nunca.

Al contrario, tuvo éxitos locales y departamentales, con alcaldes y gobernadores que no terminaron en proyectarse en todo el país.

¿Es la unidad de la oposición posible? ¿De veras lo creen? Con candidatos reciclados y cada uno buscando unidad en torno suyo, no tiene posibilidades aún, salvo algún outsider —que ni por asomo aparece a estas alturas— que rompa los esquemas. Ni así. En esta política, la unidad en la diversidad es imposible.

Rubén Atahuichi es periodista.

Hasta el mediodía de este domingo, la jornada de las elecciones judiciales “es absolutamente tranquila”, a pesar de unos “pequeños incidentes”.

Así evaluó las primeras horas de la votación el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, en conferencia de prensa.

Al menos 7,3 millones de ciudadanos acuden a las mesas de votación en el país para elegir a 19 de 26 autoridades de los tribunales de Justicia, Agroambiental y Constitucional, y del Consejo de la Magistratura.

El vocal informó que una persona fue aprehendida por conducir con una autorización falsificada y en varios casos hubo demoras en la apertura de mesas, que, sin embargo, se ha normalizado en el transcurso de la votación.

Yo Participo

Un periodista consultó a Hassenteufel sobre las razones de fallas en la página de información electoral de Yo Participo, el vocal respondió que el problema se ha subsanado. “Hubo un problema en horas de la mañana, pero eso ya está funcionando normalmente. Hace un momento ingresé, no tuve ningún problema”, contó.

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Otra preocupación expresada por los periodistas fue la posibilidad de una ola de votos blancos y nulos. La mañana de este domingo, la autoridad electoral había exhortado evitar esas opciones porque, en su criterio, “no conducen a nada”.

En la conferencia de prensa, respondió: “Tenemos la esperanza de que eso no ocurra”.

“La ciudadanía se va a manifestar por un voto afirmativo”, auguró Hassenteufel.

Resultados

El presidente del TSE se comprometió a la difusión de los resultados de la votación de este domingo en los próximos días. Son siete días, “no va a ser necesario usar ese plazo legal”, afirmó.

Cuestionado sobre el desconocimiento de los 94 postulantes por parte de los electores, el vocal afirmó que, al final del proceso, el TSE hará un informe sobre su evaluación.

“Este proceso tuvo una mayor posibilidad de difusión de méritos profesionales” porque se usaron redes sociales como TikTok, Facebook y X más allá de los medios tradicionales.

“Quizás sea porque no le pusieron la atención en los momentos de la difusión”, dijo en relación a la preocupación ciudadana sobre los nombres de los postulantes.

Jornada

La votación comenzó a las 08.00 y se prevé que termine a las 16.00. En todo caso, la votación en una determinada mesa de sufragio deber ser de ocho horas continuas desde su apertura.

Esperamos que la votación termine “de la misma manera en que ha empezado, con tranquilidad y responsabilidad por parte de quienes ejercen alguna función o por parte de los ciudadanos”, auguró Hassenteufel.

Las que se desarrollan este domingo son las terceras elecciones judiciales. Las primeras ocurrieron en 2011 y en 2017.

El país cursa unas elecciones judiciales atípicas, llenas de obstáculos previos, incompletas por decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y, de paso, inciertas respecto de la complementación de los cargos que resultarán acéfalos.

Estos comicios, los terceros de su naturaleza después de los llevados a cabo en 2011 y 2017, debieron desarrollarse en octubre de 2023, pero recursos de postulantes inhabilitados, desacuerdos en la Asamblea Legislativa y el papel crucial del TCP se los impidieron.

En la apertura de estas justas, la mañana de este domingo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, hizo un repaso crudo sobre el “camino lleno de obstáculos” que recorrió el proceso.

Frente a autoridades nacionales y observadores internacionales en el atrio del TSE en la plaza Abaroa, en la zona de Sopocachi de La Paz, el vocal apuntó los dardos específicamente al TCP, que en al menos cinco ocasiones —en el recuento de La Razón— le puso zancadillas al proceso.

Asamblea

En medio de las varias convocatorias a las elecciones el año pasado, el oficialismo fragmentado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la oposición de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos no lograron acuerdos que blinden el proceso.

Precisamente, esa debilidad sirvió como argumento para el TCP, que el jueves denunció “deficiencias normativas para las impugnaciones, deficiencias en las fases de entrevistas y escasez de criterios para la evaluación de candidatos”.

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Recordó algunas irregularidades en el proceso de preselección de postulantes: audios filtrados de parlamentarios que favorecen candidatos o asambleístas haciendo muecas en el examen oral con la presunta finalidad de apoyar a sus candidatos.

Así, el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, afirmó que dicho órgano decidió romper el silencio “que ha guardado ante una permanente y dura campaña de desprestigio y acusaciones infundadas” contra la institución y los magistrados.

‘Soluciones’ del TCP

Dijo que, a pesar de esas irregularidades, el TCP encontró “soluciones a los problemas que se generaron en otro órgano del Estado y viabilizó la elección de “casi en su totalidad de los candidatos”.

En contraposición a esos argumentos, Hassenteufel recordó que, además de un escenario político, social y económico complejo, “se hizo patente la presencia de intereses diversos que atentaron contra el normal desarrollo del proceso electoral”.

“El resultado es que la elección se realiza con un año de retraso y de manera incompleta”, para cumplir con el periodo de mandato de seis años de las autoridades, lamentó.

El vocal apuntó al TCP por la anulación de las elecciones judiciales del año pasado y, de paso la prórroga de mandato de los magistrados y consejeros electos en 2017 a través de la Declaración Constitucional 049/2023, del 11 de diciembre de 2023.

Sin embargo, fue más crítico con la Sentencia Constitucional 0770/2024, del 4 de noviembre, que, “en pleno desarrollo del calendario electoral”, declaró desiertas las convocatorias de elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando, y del TCP también para esos departamentos, y Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.

Elecciones parciales

Y el Auto Constitucional Plurinacional 0084/2024-ECA, del 13 de noviembre de 2024, ratificó la disposición de la Sentencia Constitucional 0770/2024, del 4 de noviembre, que finalmente blindó las elecciones parciales.

El TCP “dejó constancia que esa declaración constitucional incurría en una flagrante violación del principio de preclusión”, espetó Hassenteufel.

A pesar de las observaciones planteadas en su momento, el Órgano Electoral “no tuvo otro camino que llevar adelante el proceso”, afirmó.

Antes de la sentencia cuestionada, el TCP emitió otras decisiones polémicas. La primera de ellas fue aprobada el 31 de julio de 2023, la Sentencia Constitucional 60/2023, que anuló la primea convocatoria y dejó en fojas cero las elecciones.

Lo hizo más de tres meses después de que el diputado de Creemos Carmelo Ayala interpusiera un recurso contra la convocatoria y el reglamento.

Prorrogados

Finalmente, luego de desacuerdos en la Asamblea Legislativa sobre una nueva ley, el TCP emitió la afamada Declaración Constitucional 049/2023, con la que anuló el proceso y prorrogó el mandato de los magistrados y consejeros mientras una elección los sustituya.

Sin embargo, con las elecciones parciales, también quedó pendiente otra votación que deberá definir la complementación de los cargos que resultaren acéfalos, entre ellos los de los magistrados del TCP Gonzalo Hurtado e Yván Espada, los principales promotores de las decisiones que dejaron de manera recurrente en vilo las elecciones judiciales.

Hassenteufel dijo que, ahora, los magistrados electos este domingo van a tener que convivir con los “autoprorrogados” a partir de enero. Solo serán elegidos 19 de 26 autoridades que debieron ser elegidas, recordó la mañana de este domingo.

Se prevé que las nuevas autoridades asuman sus funciones el 3 de enero, en el inicio del Año Judicial.