LR en la Memoria

sábado 28 may 2022 | Actualizado a 08:52

El pulpo Garáfulic y su herencia en P7

/ 22 de agosto de 2021 / 01:50

Dice Wálter Chávez en su artículo El Plan Cóndor del periodismo (El juguete rabioso, 21 de enero de 2001) que Raúl Garáfulic Gutiérrez proyecta una imagen de “individuo bajo sospecha” y que sus antiguas amistades “cimentaron las bases de esa fortuna que empieza a surgir a partir de su participación —como parte de un grupo civil armado— en el golpe de Hugo Banzer Suárez en 1971”. Para decirlo más sencillamente, el que sería llamado con los años Don Raúl, habría sido integrante de un grupo paramilitar que contribuyó a la caída del gobierno del general Juan José Torres Gonzales y a la llegada del entonces coronel Banzer a la presidencia respaldado por las Fuerzas Armadas, el MNR de Paz Estenssoro y la Falange de Gutiérrez Gutiérrez.

Garáfulic fue el gerente de Canal 7 Televisión Boliviana en los inicios del septenio dictatorial y a partir de entonces emprendería una carrera repleta de leyendas urbanas voceadas por sus admiradores y sus enemigos. Trece años más tarde (1984), durante el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), presidido en la reinaugurada democracia boliviana por Hernán Siles Zuazo, el que iniciara su carrera empresarial en actividades mineras decidió fundar el 20 de octubre, junto a Rolando Chiappe, Paceña de Televisión, casi al mismo tiempo en que Ivo Kuljis inauguraba en Santa Cruz de la Sierra, canal 13, y Carlos Cardona en La Paz iniciaba tareas con Telesistema Boliviano.

De esta manera llegaba la televisión privada al país en momentos en que el cuasi monopolio lo detentaba el canal estatal, secundado por algunas estaciones de propiedad de universidades públicas, y lo hacía en calidad pirata, puesto que no existía en ese momento marco legal que validara su existencia en el espectro público. A la cabeza de Garáfulic, la naciente televisión comercial se metía a la fuerza en la vida del país, aprovechándose de la extrema vulnerabilidad de un gobierno que se caía a pedazos y que a pesar de las voces impugnadoras del atropello empresarial terminaría imponiéndose para quedarse. La amistad con Banzer le permitió a Garáfulic formar parte del gobierno MIR-ADN en el que se cruzaron una y otra vez los llamados ríos de sangre —extorturadores y extorturados formando alianza política—, en calidad de embajador ante el Reino de España, condición diplomática que le facilitó un gran acercamiento con Prisa, grupo con el que entablaría sociedad para intentar la consolidación de un monopolio mediático conformado por los diarios La Razón, Extra, El Día y la Asociación de Teledifusoras Bolivianas (ATB), nuevo nombre de la televisora que propendería a convertirse en red nacional de televisión dejando atrás la inicial Paceña de Televisión, propiedad de Illimani de Comunicaciones.

POLÍTICA. Raúl Garáfulic saluda a Jorge Quiroga, ambos fueron amigos y asesores de Hugo Banzer, en su dictadura y en su versión democrática. FOTO.angel illanes-archivo

Don Raúl iba creciendo con su amigo, el general Banzer, convertido a la democracia, gozando de la confianza del presidente Jaime Paz Zamora y tratándose de tú a tú con Jesús de Polanco, principal accionista del grupo Prisa, propietario del diario El País, la cadena de radio SER, Editorial Santillana, y Alfaguara. Polanco provenía de una familia de militares ligados a la falange española y al franquismo, lo que probablemente facilitaba las cosas en términos de sintonía ideológica, considerando que el embajador en Madrid había nacido a la vida pública boliviana directamente vinculado a un golpe militar.

MARCA. Garáfulic, secundado por sus hijos Raúl y Dieter, armó una estructura de medios que en términos televisivos tenía como principal soporte el perfeccionamiento de la calidad de la señal y una estrategia competitiva por la captura de las audiencias. Supo manejar como idea-fuerza principal que habían llegado para ser los primeros en las preferencias ciudadanas y aunque en varios momentos no lo lograran, se las arreglaron siempre para trabajar con gran eficacia persuasiva en sentido de que los medios con su marca eran los más importantes e influyentes, y en la medida en que estas percepciones fueron penetrando en el imaginario urbano del país, se podía percibir cuán poderosos se sentían “los garas”, quienes manejaron la lógica del ser y el parecer con persistente disciplina, lo que permitió que Don Raúl ya sintiera que podía desbordar sus medios de comunicación para mostrar todos los tentáculos que era capaz de mover y así trascender el plan multimedia hacia otros negocios, hasta que llegó el día en que el Extra, su diario popular de crónica roja, dirigido por Jaime Iturri Salmón, decidió publicar un incidente familiar del entonces ministro de Gobierno, Wálter Guiteras (gobierno democrático de Banzer, enero de 2001), en el que se habrían producido hechos de violencia que involucraban a su esposa e hija.

Guiteras, el poderoso ministro y senador por el departamento del Beni, se vio obligado a dimitir del cargo, lo que generó un procesamiento a Iturri bajo la Ley de Imprenta que finalmente quedó en nada por la extemporaneidad con que fue presentada la demanda. Nunca se llegó a confirmar la veracidad de la denuncia del Extra, y lo que quedó de la refriega fue una pelea encarnizada que condujo al depuesto ministro a presentar ante una comisión especial pluripartidaria en el Parlamento nacional, 11 grupos de delitos con el título El historial delictivo de Garáfulic (Revelaciones de Guiteras: Garáfulic espió para dictadura de García Meza, Agencia de Noticias Fides ANF, 30 de enero de 2001, firmado por NVS).

La extensa nota de ANF refiere con detalle el documento con acusaciones de Guiteras contra Garáfulic: Espionaje a favor de García Meza. “Invento” de escucha y espionaje en ATB y La Razón (“hizo un Watergate criollo absurdo y falaz”, declaró Guiteras). Defraudación de impuestos municipales. Compra de vehículos robados en Brasil para luego ser comercializados en Bolivia. Provisión de electricidad al departamento del Beni pretendiendo obviar el procedimiento de adjudicación. Intento de interrupción de un proceso de contratación para favorecer su propuesta en el proyecto de electrificación de provincias de Cochabamba. Contrabando a través de la zona franca de Cobija. Intento de venta de un avión privado (Taxi Aéreo Echalar) al propio ministro Guiteras que cuando éste rechazó la propuesta, “Raúl Garáfulic Gutiérrez comenzó a pensar con saña el golpe que habrá de darme para cuestionar mi credibilidad y honor, como más tarde hizo con sus medios de prensa, contra todo vestigio de verdad, reveló Guiteras.” Venta falsificada de la mina Amayapampa. Compra fraudulenta de la Hilandería Santa Cruz. Evasión de impuestos nacionales (nota de cargo por el no pago de impuestos por $us 1 millón de la empresa Telebingo de la cual Garafulic poseía el 97% de las acciones).

Solo para utilizar como ejemplo nada más que una de las acusaciones de Guiteras, según informes periodísticos de la época, la Hilandería Santa Cruz estaba valuada en $us 70 millones. Garáfulic la adquirió solo en $us 4 millones, en tiempos en que ya se había convertido en accionista y administrador de los fondos de pensiones y se quitó de encima a Tito Asbún, empresario cochabambino con el que en principio se asoció en busca de las acciones de la entonces línea aérea bandera nacional, Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), que más tarde quedaría desmantelada y quebrada con la intervención de la brasileña VASP de propiedad de Wagner Canhedo. Eran tiempos de privatización y capitalización.

El 19 de marzo de 2003, Raúl Garáfulic (h) presentó en defensa de su padre una denuncia “por los ataques de Wálter Guiteras” ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a la que pidió que envíe una comisión especial a Bolivia para investigar estos hechos e impedir que la “inmunidad parlamentaria de un senador siga siendo arma de impunidad para atacar, por venganza, la credibilidad de los medios de comunicación y la libertad de información en Bolivia”, dice la nota de ANF. Garáfulic terminó enjuiciando a Guiteras por calumnias, daños y perjuicios.

Como tantas veces ha sucedido en nuestra historia contemporánea, las denuncias, acusaciones y contraacusaciones de guerras como la de Garáfulic-Guiteras quedaron en suspenso y de manera definitiva el 21 de noviembre de 2003 cuando en inmediaciones de la estancia Caño Negro, situada entre San Ramón y Magdalena, departamento del Beni, a 192 kilómetros de su capital Trinidad, la avioneta Cessna 332 Bimotor CP 1958 se accidentó, lo que provocó la muerte de Raúl Garáfulic Gutiérrez y la del piloto Miguel Díez de Medina. El pulpo de los medios de comunicación en Bolivia moría dos años y 10 meses después de que se desatara una confrontación entre dos figuras públicas que tenían en común su cercanía y nexos con el general Banzer.

RIVALES. El exministro Wálter Guiteras y Rául Garáfulic Gutiérrez, enemigos acérrimos al comienzo de siglo. FOTO.La Razón-Archivo

Sin embargo, los principales problemas del grupo Garáfulic no pasaban por una pelea con un exministro herido que la emprendió con toda la artillería posible para mostrar a Don Raúl como un inescrupuloso y voraz hombre de negocios que cuatro meses antes de encontrarse con la muerte, tomaba conocimiento que el grupo Prisa con el que había entablado sociedad, publicaba en su diario especializado en economía, Cinco Días (17 de julio de 2003), que Prisa reorientará sus negocios en Bolivia tras romper con Garáfulic: “El grupo Prisa tiene intención de reorientar sus inversiones en Bolivia una vez se resuelvan favorablemente los contenciosos que mantiene con el grupo Garáfulic acerca del principal consorcio de comunicación de ese país. En una subasta notarial celebrada ayer en Madrid, el grupo Garáfulic perdió la propiedad de su participación en el principal periódico de Bolivia, el diario La Razón (…) Las inversiones de Prisa en Bolivia comenzaron en 2000, cuando se tomaron participaciones en las sociedades propietarias de una serie de medios de prensa (el principal de los cuales es La Razón), una cadena de televisión (ATB) y un portal de Internet. La inversión ascendió a 10 millones de dólares, de los que tres millones se abonaron a la familia Garáfulic y otros siete a las compañías en concepto de aportación de capital (…) Garáfulic garantizó a Prisa una rentabilidad mínima anual del 10% de su inversión y reconoció un derecho de salida consistente en la obligación de Garáfulic de comprar las acciones de Prisa por un precio no inferior a la inversión más los intereses.”

PRISA. El mismo 17 de julio de 2003, el diario El País informaba que el grupo Prisa asumía el control de tres diarios en Bolivia: “La medida fue adoptada después de que el grupo Garáfulic incumpliera sus obligaciones, por un total de 11 millones de dólares, ante el Banco de Sabadell, y cuyo garante era PRISA, según fuentes de dicho grupo. Prisa espera el resultado de las acciones judiciales entabladas contra Garáfulic ante la Justicia boliviana, que examina una demanda de estafa por desvío de dos millones y medio de dólares, y ante la justicia francesa.”

Dos años más tarde, el mismo Cinco Días de El País (5 de mayo de 2005) publicaba La boliviana Garáfulic condenada a pagar más de 20 millones (de euros) a Prisa: “La Corte Internacional de Arbitraje ha dado la razón a Prisa, grupo editor de Cinco Días, en el proceso abierto en Bolivia contra Garáfulic. El tribunal de la Cámara Internacional de Comercio notificó al grupo de comunicación el laudo definitivo que resuelve el procedimiento y que obliga a la compañía boliviana a pagar más de 20 millones de euros (…) El tribunal arbitral condena, de forma solidaria e indivisible, a Atlantis Investments Group, Edwin Dieter Garáfulic Lehm, Wálter Raúl Garáfulic Lehm y a los herederos de Raúl Garáfulic Gutiérrez (conjuntamente designados como grupo Garáfulic) a pagar a Prisa, en el plazo de treinta días, 25.011.758 de dólares (19,3 millones de euros), más intereses, para adquirir la totalidad de las acciones de las que Prisa es titular en las sociedades bolivianas constituidas por ambos grupos (…) Prisa suscribió en el año 2000 un acuerdo con Garáfulic para desarrollar conjuntamente actividades en Bolivia en prensa, radio, televisión e internet, así como para capitalizar las empresas conjuntas. Pese al acuerdo alcanzado, la capitalización de créditos por 1,8 millones de dólares, prevista en diciembre de 2002, no se pudo llevar a efecto. A ello se sumaron otros desacuerdos, que llevaron a una situación de bloqueo en la toma de decisiones. Ante esta situación, Prisa requirió al grupo boliviano que adquiriera las acciones de las sociedades conjuntas, a lo que no obtuvo respuesta. Prisa interpuso entonces una demanda arbitral para exigir el cumplimiento de esa obligación.”

De esta manera, Garáfulic padre e hijos quedaban afuera de la estructura propietaria de La Razón, Extra, El Día y ATB. Cinco años después Raúl (h) decidió comenzar de cero. Pero es bien sabido que nada nace de la nada y que P7 es el resultado de una herencia ideológica y empresarial con la que el hijo pretendería honrar la memoria del padre, iniciando una nueva aventura ya sin las pretensiones de monopolizaciones, cuando habían transcurrido cuatro años de la llegada de Evo Morales a la presidencia y cuando Bolivia había pasado de República a Estado Plurinacional.

HEREDERO. Raúl Garáfulic Lehm, presidente del directorio del diario Página Siete.

‘RAULI’. A lo largo de su vida empresarial y política, Don Raúl confiaba a sus más cercanos el hondo convencimiento de que su hijo mayor, bautizado con el mismo nombre, tenía perfil para llegar a ser Presidente de Bolivia. Alumno del colegio San Ignacio (entonces San Calixto de Següencoma), Rauli era el prototipo del atleta ganador. En los juegos estudiantiles representaba al colegio en los 100 metros planos, y en los saltos largo y alto con bastante éxito, y se tomó tan en serio su carrera como deportista que cuando era llamado por los profesores a pasar al frente del aula para exponer cualquier tema, éste que se sentaba en las últimas filas, se erguía para caminar aparatoso y saltar hacia la pizarra con movimientos que denunciaban una seguridad poco frecuente en un chico de su edad. Tenía en su cabeza que era un velocista a tiempo completo.

Rauli era además arquero del equipo principal de su curso (Chaco Petrolero), que en los horarios de recreo alquilaba a sus compañeros esos autitos en miniatura de marca Dinky Toys y Matchbox para armar carreras de autos que se hacían en unos redondeles de cemento que rodeaban los gigantescos árboles del colegio de la Compañía de Jesús: Todo un hombre de negocios precoz. Esas carreras de autos olían a una especie de Alasitas jailona en la que participaban una decena de compañeros organizados por “el Garáfulic” (era muy frecuente nombrarse por el apellido) que invitaba a unas inolvidables fiestas de cumpleaños en su casa de la avenida Ballivián casi esquina calle 8 y luego en la plaza de la calle 15, las dos ubicadas en Calacoto, zona Sur de La Paz.

A 11 años de la existencia de P7 no puede haber dudas acerca del cariño infinito que Don Raúl profesaba por su hijo Rauli. Lo creía presidenciable, pero su recorrido como cabeza del directorio del diario que fundó acompañado de Raúl Peñaranda Undurraga ha sido marcado por una ostensible falta de calidad periodística, su tendencia a equivocarse muy seguido y a tener que rectificar continuamente (Peñaranda tuvo que renunciar a la dirección del diario en 2013, ver ¿Control remoto o persecución de un operador paraestatal? LA RAZÓN, 15 de agosto de 2021). El problema de fondo del diario en cuestión y de su principal accionista es que la Bolivia de la dictadura banzerista, la de la democracia pactada, la privatización y la capitalización es la vieja nación superada con la llegada al gobierno y al poder del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) con su brazo electoral (Movimiento Al Socialismo, MAS). Un medio de comunicación que se pretenda pluralista y debidamente instalado en el siglo XXI no puede funcionar de espaldas a la historia de los movimientos sociales, las luchas sindicales, campesinas, e indígenas. Cualquier diario tiene el derecho a ser muy reaccionario, pero si no asimila ciertas lecciones de historia, está condenado a no comprender el país, y como consecuencia a no saber explicarlo, por lo que la proclividad a los errores de apreciación con base en la manipulación de los hechos, se convirtieron en moneda corriente. Suficiente con el siguiente ejemplo: Senkata y Sacaba pesan sobre Áñez, Vila Vila y Playa Verde sobre Morales (P7, 18 de agosto de 2021). Por estos días, el diario presidido por Rauli hace los más grandes esfuerzos por tratar de rebatir que en noviembre de 2019 se produjo una sucesión inconstitucional.

Rauli se empleó a fondo para que en las elecciones presidenciales de 2020, Carlos Mesa alcanzara al primer lugar del podio. En ese afán, informaciones no confirmadas dicen que llegó a recaudar de sus amigos empresarios, $us 406.000 para la realización de encuestas. A tal punto llegó su convencimiento que su amigo Jorge Tuto Quiroga, a través de una carta, fue señalado por haber iniciado una “campaña de desprestigio contra P7”. En la carta fechada el 18 de agosto, se puede leer el siguiente reproche: “Su partido insinúa que la presentación de la encuesta de Página Siete es una manipulación para favorecer a Carlos Mesa por el solo hecho de que va segundo, cerca de Arce, sin ninguna otra prueba que la calumnia misma. Le recuerdo que todas las encuestas del país posicionan a Mesa en segundo lugar (…) Sepa Ud. que vengo realizando presentaciones de encuestas durante los últimos ocho años a prestigiosas instituciones, como el cuerpo diplomático, directorios y grupos de ejecutivos de las principales empresas del país, cámaras sectoriales, las principales transnacionales que operan en Bolivia y también a integrantes de los principales partidos políticos, como Juntos, CC e incluso el MAS…”

Foto. Oswaldo Aguirre

ENCUESTA. Pues bien, Tuto terminó bajándose de la carrera electoral y Rauli ha tenido que cerrar un importante ciclo como encuestador debido a que el 17 de agosto (un día antes de la carta enviada a Tuto Quiroga), es decir, dos meses antes de la realización de los comicios, P7 abrió su edición titulando MAS y CC empatan con 27%, Creemos es tercero con 14%. Mientras tanto, ya sabíamos con información recibida desde Buenos Aires, que según otras encuestas el binomio Arce-Choquehuanca ya tenía un 52% de las preferencias y que ganaría las elecciones en primera vuelta. En otras palabras, Rauli se enemistó en vano con Tuto, ya que los resultados de sus forzados estudios de opinión, además de ser escandalosamente equivocados, se constituyeron en el peor mapa posible durante el último tramo de la estrategia de campaña de la candidatura de Mesa.

Gran parte de la trayectoria de Rauli Garáfulic queda completada con el recuerdo de que el 16 de mayo de 2018 (diario Opinión de Cochabamba), Wálter Guiteras reapareció en el escenario público para informar que acusaría al propietario de P7 por difamación y calumnia al haber sido acusado de formar parte de una red de narcotráfico: “Aseguró que esa acusación pública ‘es una venganza’, porque el padre de Raúl Garáfulic, del mismo nombre, hace 17 años pretendió valerse de la presión de La Razón y de ATB, para obtener favores sin cumplir los procedimientos (…) Citó el proyecto de electrificación Beni, compra del Lloyd Aéreo Boliviano, minas Amayapampa y Capasirca, en los que Garáfulic pretendía beneficios de manera excepcional (…) ‘Actividades que no son mi forma de ser y que al parecer quedaron en el recuerdo del hijo de Garáfulic, que hoy trata de cobrar una especie de venganza’”, agregó.

Por segunda vez en casi dos décadas, la pelea Garáfulic-Guiteras terminaba en nada. El exsenador beniano, oriundo de San Borja, falleció el 18 de agosto de 2020 por coronavirus y enfermedades de base. Lo cierto es que en los años 20 del siglo XXI, la palabra “golpe” ha dado lugar a un atragantamiento en varios herederos del banzerismo. Está claro que en 1971, Don Raúl fue parte de la asonada civil militar que llevó al poder por siete años al General. Rauli, su principal heredero, no soporta la idea de que se asocie a su diario con el derrocamiento de Evo Morales en 2019, también a cargo de un grupo civil militar que violentó el Estado de derecho. Probablemente será una cruz con la que deberá cargar hasta el fin de sus días.

LA RAZÓN publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

Comparte y opina:

Max

/ 21 de mayo de 2022 / 01:41

A la segunda mitad de la década de los 80, cuando Bolivia forcejeaba por superar la hiperinflación de la UDP a través del llamado modelo de ajuste estructural, producto del Consenso de Washington que nos condujo a dos décadas de neoliberalismo, el gobierno estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) estaba a cargo de la Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas (URUS), perteneciente al Partido Obrero Revolucionario (POR).

Érick Rojas y Ariel Román eran dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL) que conducían sus acciones por la ruta de las convicciones ideológicas y un activismo político que no admitía descansos. Por supuesto que no percibían salario alguno y cuando viajaban en representación del estamento estudiantil, estaban obligados a gastar lo mínimo indispensable y devolver lo que les sobraba de viáticos a los que tenían derecho hasta el último centavo. La férrea disciplina de URUS generó un mecanismo de severa austeridad para retornar la mayor parte de los montos que les eran asignados, a una cuenta bancaria generada por ellos mismos.

Es cierto que muchos dirigentes permanecieron en sus cargos representativos superando la década de permanencia en la universidad, pero esto tiene parte de su explicación en las continuas suspensiones de actividades académicas determinadas por las dictaduras militares. Así se entiende que en aquel tiempo se prolongaran permanencias más allá del promedio que debería permitir una carrera hacia el egreso y la licenciatura.

Como el URUS-POR era considerado por la población conservadora la extrema izquierda que por las noches se reunía con el demonio, se atacaba a sus dirigentes endilgándoles la etiqueta de vividores de la universidad, de activistas que en realidad no estudiaban y se encontraban ahí para agitar el país en busca de la dictadura del proletariado y del gobierno obrero campesino. Si entonces se estigmatizaba de esa manera a los Rojas y Román, ¿qué podríamos decir en la actualidad de este Max Mendoza, vinculado a Nueva Fuerza Republicana (NFR), luego al MAS y posteriormente al gobierno de facto de Jeanine Áñez?

Mendoza es la personificación de unas insultantes irregularidades en el sistema universitario boliviano que según un conocedor de cómo funciona éste, tiene su inicio con la asignación de recursos a las dirigencias estudiantiles a partir del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). En otras palabras, queda en la nostalgia la vieja dirigencia de izquierda con todos sus matices partidarios, e ingresa en el escenario una modalidad de gestión en el contexto del gobierno paritario docente estudiantil que distorsiona el sentido de existencia de una institución que tiene como misión generar formación académica, calificación profesional, tareas investigativas científicas y producción de pensamiento en todas sus disciplinas, incluida, por supuesto, la actividad político partidaria que hoy nos exhibe una universidad boliviana corrupta en la que ha desaparecido el debate político ideológico, aunque el antimasismo paranoico insista en que esto es producto de haber teñido de azul una institución que utiliza la sacrosanta Autonomía como una tapadera de fechorías.

Una reyerta en la Universidad Tomás Frías de Potosí, con cuatro estudiantes fallecidas, abrió las compuertas para descubrir una turbia administración estudiantil de recursos que, trasladada a La Paz, tiene en Álvaro Quelali como principal ejecutivo de la FUL con Bs 4,2 millones de presupuesto para la gestión 2022 y dos vehículos motorizados a su disposición, con el récord de 20 años de permanencia, habiendo circulado por varias carreras, de una de la cuales ya habría egresado. Entre Max, que tiene 52 años y no quiere egresar de la universidad y Álvaro en las mismas, tiene que haber una relación de hermandad eterna.

Resulta sencillo y utilitario diagnosticar la crisis a partir de la espectacularización de los perfiles biográficos de dirigentes como Mendoza y Quelali, pero lo cierto y estructural es que la educación superior institucionalmente administrada por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) exige una profunda reforma desde sus cimientos que con Autonomía en mano, se hace inexpugnable e inmune frente al Estado. Hace mucho que las universidades públicas se han convertido en reductos en las que hay demasiada mugre escondida, con varios rectores que en sus mandatos decidieron hacer de sus cargos catapultas para promocionar sus figuras hacia el escenario político nacional. La vocación académica de la que llegaban precedidos, quedó relegada a un segundo plano, pues de lo que se trataba era de pactar con los diferentes estamentos para sobrevivir con comodidad y presentándole batalla al MAS que, con su gobierno generó las millonadas (IDH) con las que hoy se manejan las federaciones universitarias con personajes de la catadura de Max Mendoza y Álvaro Quelali.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

Comparte y opina:

Aymara francés

/ 7 de mayo de 2022 / 01:54

Cuando alguna vez me preguntaron si pertenezco a algún pueblo indígena de Bolivia respondí: aymara francés. Parece una broma para salir del paso, pero basé mi respuesta en una lección que el antropólogo Xabier Albó me transmitió en 2007, basada en el concepto de autoidentificación y que significa que uno es lo que quiere ser, aunque mi ocurrencia no forme parte de las categorías contempladas en un censo nacional de población y vivienda.

En buenas cuentas soy aymara francés porque se me viene en gana. Porque tengo una relación sociocultural esencial con los andinos originarios de la actual Bolivia desde mi nacimiento y porque tengo antepasados por el lado materno que de ninguna manera tenían sangre azul, para decepción de mis parientes reaccionarios y con ínfulas de copetudos a quienes alguna vez les dije en franca provocación que seguramente los breteles de los que somos descendientes eran panaderos, obreros o campesinos de la campiña francesa, y que a mí de Francia me interesó siempre Mayo del 68, así como películas de la Nouvelle Vague, sobre todo las de Truffaut y el cerebro futbolístico del francés argelino Zinedine Zidane.

Considero irrelevante que mi condición mestiza no figure en la boleta censal. Y esto sencillamente porque hay conceptos universales implícitos en nuestra vida diaria. Sí, en cambio, creo fundamental que los bolivianos originarios, esos que hacen de nuestro país una plurinación única, reafirmen sus orígenes precoloniales y prerrepublicanos, porque si existe un elemento que nos hace diferentes frente al mundo, en el mejor sentido de lo que significa ser diferente, es el marcado por el hecho de que nuestros pueblos indígenas inscriben las características y rasgos étnico ancestrales de la historia de la cultura indoamericana en lo que es el país como República y ahora, en primer lugar, como Estado Plurinacional.

Mestizas y mestizos que quieren estampar su condición en la boleta censal se encuentran atrapados en un proceso subconsciente de negación de los otros y las otras. De los indios. De los bolivianos de Omasuyos, de los bolivianos de Guarayos, de los bolivianos de Chiquitos, de los bolivianos del Chaco, de los bolivianos de Tarabuco… y así podría seguir hasta que el número de caracteres para este texto me diga que tengo que cortar por límite de espacio. Ese dispositivo ideológico está magistralmente explicado en El espejismo del mestizaje (2005) de Javier Sanjinés, doctor en literatura y docente de la norteamericana universidad de Michigan que señala: “En Bolivia, el paradigma del mestizaje no es más que el discurso letrado de las clases altas, cuyo propósito es justificar la dominación continuada del sector de los mestizo-criollos que asumieron el poder después de la Revolución Nacional de 1952”. Así de claro, contundente y terminante.

En el contexto de desmontaje en profundidad de Sanjinés, me provocaría vergüenza sugerir que por ser mestizo se me facilite la posibilidad de marcar tal “cualidad” en el cuestionario del censo. Sucede que este asunto pasa por una fobia ideológica y racializadora que consiste en rechazar de manera visceral todo lo que huela a proyecto masista. Con el interregno del golpe de Estado de 2019, el proceso político e ideológico que se fortaleció a partir de la agenda de octubre de 2003 ya lleva 15 años, tiempo en que las nuevas matrices estatales han facilitado la emergencia de nuevas referencias sociales y de participación política. Los mestizos que contribuyeron a sacar a Evo de la presidencia, vuelven a proferir alaridos porque fue otro espejismo el pretender que el partido azul desapareciera, y con él, todas las tareas multidisciplinarias y transversales relacionadas con la nueva agenda que aplastó al neoliberalismo más cuadrado y esquemático que dominó al país entre 1985 y 2005.

Acciones legales constitucionales se programan para encajar la categoría mestizo en el próximo censo. Los promotores de esta emotiva iniciativa quieren ser más que lo que representa el MAS. Quieren demostrar que la mayoría nacional es mestiza y no están dispuestas y dispuestos a aceptar la existencia de unas mayorías nacionales que forman parte de otro espectro, el relacionado con el campo popular en el que se mueve la Bolivia ahora visibilizada y participativa que continúa emergiendo progresivamente. Ya que no pueden ganar elecciones desde 2005, por lo menos quieren ganar a través del conteo en el nuevo censo. Parece ser una manera de mitigar penas y de negarse, una vez más, a comprender de qué está hecho el entramado país en el que vivimos.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

Comparte y opina:

El lado B del progresismo

/ 23 de abril de 2022 / 03:13

Morir con detención preventiva prolongada por siete años tiene que indignar. Le ha sucedido a Marco Antonio Aramayo que en su calidad de administrador del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), cargó sobre su humanidad con todo el desbarajuste estructural producido en una entidad en la que campeó el desorden, el prebendalismo, la ineficiencia y la corrupción. Muchos de los dirigentes que recibieron apreciables montos de dinero, originalmente previstos para proyectos en sus comunidades, aprovecharon sus estatus y convirtieron al Fondioc en la expresión del otro lado del progresismo, ese que está vinculado a la vulneración de los postulados de las transformaciones relacionadas con el llamado “vivir bien”. Sí, “vivir bien”, en exclusividad para una rosca, mientras quienes debían aspirar a mejores condiciones, sus hermanos y hermanas de a pie, ni siquiera se enteraron de la descomunal impostura que decidieron protagonizar y que lastima la esencia de la “revolución democrática y cultural”.

Hay que abominar al izquierdismo tendencioso que mira al imperialismo, al fascismo, a las iglesias fundamentalistas, y a otras formas de amenaza planetaria, como las únicas explicaciones y justificaciones que dan lugar a la desigualdad, al agravamiento de la pobreza, y a la superlativización de las grandes fortunas concentradas en pocas manos. No es creíble la democracia de Daniel Ortega en Nicaragua, y tampoco lo son los corruptos que cometieron desmanes con PDVSA en Venezuela. Otra cosa es creer en los nicaragüenses y en los venezolanos que combaten el viejo orden, desde la autenticidad de la calle, desde los ideales que no se negocian con el FMI, el Banco Mundial y la OTAN.

Aramayo murió asediado por la infamia, por la utilización desalmada que se hizo de sus responsabilidades funcionarias, para concentrar solamente en él toda la mugre que significó el manejo del que debió ser modelo institucional económico social de emancipación honrando el sentido de equidad con el que Evo Morales encabezó la “agenda de octubre” (2003), consistente en la Asamblea Constituyente, la generación de inclusión social a partir de los preceptos de la nueva Carta Magna y la nacionalización de los hidrocarburos. Nada de eso sucedió con el Fondioc, porque se desfiguró en una agencia de favorecimiento de nefastos intermediadores sindicales, en uso abusivo de la representación de pueblos y naciones indígenas originarias campesinas.

Apenas vislumbró que la carga pesada de las responsabilidades administrativas y consecuentemente penales de sus actos recaería casi exclusivamente sobre sus espaldas, Aramayo debió dar un paso al costado. Debió decir “no pondré mi firma en documento alguno que luego me conduzca a la cárcel”. Ya se sabe de sobra que resultaba fácil y utilitario endosarle un manejo irregular sistemático que le desgració la vida hasta conducirlo a la muerte, resultado de las penurias soportadas bajo un régimen penitenciario que es la expresión más putrefacta de un sistema judicial que hace aguas por todas partes, que funciona descontrolado y no aparece hasta ahora un equipo de pensantes que empiece a enderezar las cosas, considerando, en primer lugar, que una reforma profunda pasa por una visión transversal que debe contemplar la educación, la formación académica y el entrenamiento concienzudo en materia de servicio público, y no por las vociferaciones de iluminados que juegan a espadachines salvadores.

El lado B del progresismo le hace el juego a la corrupción y a la amenaza del retorno al viejo orden. El Fondioc pasó a formar parte de ese lado B y a continuación viene lo más nauseabundo: los adalides del neoliberalismo, los ladrones de cuello blanco, los vividores de la democracia pactada, los que venden apartamentos a policías de dudosa reputación evadiendo impuestos, los que negociaron para beneficio propio nuestros recursos naturales durante décadas, utilizan a Marco Antonio Aramayo como a un héroe. Manosean su nombre para embarrar al MAS, a los operadores de justicia y al Ministerio Público con ruines propósitos de descalificación de un proceso que es bastante más grande y complejo que el desastroso manejo de este fondo que ha llevado a la tumba a este pobre señor, para tristeza inconsolable de sus familiares.

“La estrategia de la izquierda es no robar”, dijo alguna vez el gran Pepe Mujica. En otras palabras, el progresismo, los instrumentos políticos para la liberación de nuestros pueblos, terminan pareciéndose a las oscuras corporaciones transnacionales, cuando quedan atrapados por la codicia y por el individualismo que enajena. Es la manera más fácil de hacerle el juego al establishment del primer mundo porque cedieron ante la frívola manera de acceder a Don Dinero a través del ejercicio del poder. Esos no son progresistas. Esos no son de izquierda. Son los impostores que hacen trizas los sueños de los que de verdad creen en las utopías del bien común.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

Comparte y opina:

La quimera de García Márquez

/ 9 de abril de 2022 / 02:58

En base a una ponencia de Gabriel García Márquez (La procuración de justicia: problemas, retos y perspectivas presentada en México), la revista española Cambio 16 (diciembre de 1993) tuvo la iniciativa de recoger firmas en apoyo a la legalización de las drogas. Algunos de los nombres de quienes se adscribieron a semejante movida hablan por sí solos: Fernando Savater, Milton Friedman, Carlos Fuentes, Joan Manuel Serrat, Manuel Vásquez Montalbán, Antonio Escohotado, Daniel Samper, Carmen Rico-Godoy, Carlos Monsiváis, Mario Vargas Llosa. En la misma edición (Nº 1150) de la revista para América figura una entrevista de alguien que se oponía a tan ambiciosa idea. Se trata de quien fuera subsecretario de Defensa Social del Ministerio del Interior, Gonzalo Torrico, que ejercía como funcionario del gobierno de Jaime Paz Zamora, en representación del partido del general Banzer, Acción Democrática Nacionalista (ADN). Dice Torrico, entre otras cosas, “legalizar crearía gran adicción”.

La revista Cambio 16 asumió el texto de García Márquez que ya era Premio Nobel de Literatura como un “Manifiesto a favor de la Legalización de las Drogas” que en sus partes salientes dice: “La prohibición ha hecho más atractivo y fructífero el negocio de la droga y fomenta la criminalidad y la corrupción a todos los niveles. Sin embargo, los Estados Unidos se comportan como si no lo supieran. Colombia con sus escasos recursos y sus millares de muertos, ha exterminado numerosas bandas y sus cárceles están repletas de delincuentes de la droga. Por lo menos cuatro capos de los más grandes están presos y el más grande de todos se encuentra acorralado. (Para cuando se publicó este material, Pablo Escobar ya había muerto)/ En Estados Unidos, en cambio, se abastecen a diario y sin problemas 20 millones de adictos (en la actualidad la cifra bordea los 30 millones), lo cual solo es posible con redes de comercialización y distribución internas muchísimo más grandes y eficientes./ Puestas así las cosas, la polémica sobre la droga no debería seguir atascada entre la guerra y la libertad, sino agarrar de una vez al toro por los cuernos y centrarse en los diversos modos posibles de administrar la legalización. Es decir, poner término a la guerra interesada, perniciosa e inútil que nos han impuesto los países consumidores y afrontar el problema de la droga en el mundo como un asunto primordial, de naturaleza ética y de carácter político que solo puede definirse por un acuerdo universal con los Estados Unidos en primera línea./ Y por supuesto con compromisos serios de los países consumidores para con los países productores. Pues no sería justo, aunque sí muy probable, que quienes sufrimos las consecuencias terribles de la guerra nos quedemos después sin los beneficios de la paz. Es decir que nos suceda lo que a Nicaragua, que en la guerra era la primera prioridad mundial y en la paz ha pasado a ser la última.”

A 29 años de tan grande iniciativa que por supuesto no prosperó en ningún sentido, las cosas siguen exactamente igual. O peor. Las ficciones televisivas seriales han convertido a los narcotraficantes en los portaestandartes de la épica de moda. Trabajar en el narco significa el sueño de alcanzar poder y dinero transitando por la avenida más corta, cuando en términos generales significa autocondenarse a una vida de clandestinidad y sobresaltos, con la muerte acechando a toda hora. Está claro: las políticas de lucha contra el narcotráfico sirven para tapar dos agujeros cuando en ese mismo instante se están abriendo seis en lugares próximos en los que se capturan narcotraficantes. Se trata de una guerra inútil, sin fin y que a estas alturas sirve para que algunos liberales contradictorios desde sus espacios periodísticos usen el tema para autocalificar a nuestro país en su calidad de productor de hoja de coca como un narco Estado y para estigmatizar al principal dirigente campesino que representa a las organizaciones de productores en la zona del Chapare como al “cocalero Morales”.

La lucha contra la producción y comercialización de las llamadas sustancias controladas continúa siendo un entramado dispositivo de control político a cargo de los gobiernos estadounidenses, en el que además sus propios combatientes suelen transgredir la delgada línea que los lleva a usufructuar de conexiones con los capos de la droga y de generar sistemas informativos dentro las fuerzas regulares represivas para ayudar a estos empresarios ilegales a tomar recaudos cada vez que un operativo es inminente.

Quienes siguen desgañitándose acerca de los países a los que periódicamente se pretende arrinconar por su calidad narco, no comprenden que éste es un asunto que no pasa por la moral, sino por la compleja condición humana. Si algún día llegáramos a aceptar la iniciativa de García Márquez y los intelectuales que lo respaldaron en 1993, seguro que se trataría de una contribución para hacer de este planeta un lugar más habitable y menos absurdo.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

Comparte y opina:

El movimiento de Kiro Russo

/ 26 de marzo de 2022 / 01:28

En otros tiempos se hubiera dicho que Elder Mamani tiene la cara y el gesto de “un artillero de la Buenos Aires”, la interminable y populosa arteria de la ciudad en la que se cruzan la modernidad metropolitana y la ancestralidad aymara repleta de khatus en la que sobreviven en el amontonamiento de talegos de papas y cebollas, esos condenados a cargar sobre sus espaldas desde tubérculos hasta muebles, para descender, por ejemplo, la calle Los Andes, tosiendo y soportando humillaciones de las caseras que se burlan del aparapita siglo XXI y que se constituyen en comerciantes de orígenes étnicos parecidos pero ya con estatus de exitosas propietarias.

De su natal y minera Huanuni (Viejo calavera, 2016), Elder aparece tres años después incrustado a la mala en esa La Paz del estruendo marchista cada vez que los mineros se apoderan del luminoso centro de la ciudad. Un par de explosiones de dinamita y una consigna — “sangre de minero, semilla de guerrillero”— significan el apunte preciso y único para situar el contexto histórico político del que emerge este antihéroe proveniente de las entrañas de la mina y de los tugurios en los que aprende a alcoholizarse con puntualidad autodestructiva y a partir de este prolegómeno, Kiro Russo y su banda conformada por Pablo Paniagua en la fotografía y Miguel Llanque en la música, nos internan en un viaje tan infernal como alucinante hacia los recovecos de la ciudad pesadilla escondida detrás de la mentira político propagandística que la estereotipa con frivolidad turística como ciudad maravilla.

Elder había perdido a su padre en Huanuni y se dedica a chupar como descosido. Con un salto hacia la ciudad prometedora que es en realidad un espejismo, llega junto a sus compañeros Gallo y Gato con demandas por trabajo y salario, para terminar estampillado en cualquier antro, zaguán o callejuela registrada con los inigualables adobes de Comanche que resplandecen hasta el enceguecimiento. Desde los sonidos iniciales en que la película es profundamente audio, se va abriendo firme y segura hacia una iconografía de la ciudad andina en la que se puede conjeturar por intuición cómo leía sus poemas Jaime Saenz masticando las palabras con los dientes amarillentos y el acento metálico, todo ello pronunciado por ese anciano y barbado curandero que dialoga con la naturaleza y que se autoidentifica como salvador de cuerpos y almas, paralelamente interceptado por un médico estudiado en universidad que rechaza las creencias y los rituales, y que dice que dolencias como las de Elder se curan a partir del diagnóstico científico.

El gran movimiento alude, sin proponérselo, a las dos expresiones político-partidarias más importantes y determinantes de nuestra historia contemporánea, pero en esta nueva audacia de Russo, esto es solamente telón de fondo, porque sus decisiones creativas vuelven a pasar por la relación de la existencia en crisis de un personaje con el entorno que queda confundido en callejones clandestinizados en los que hay que inventar in extremis momentos para danzar entre luces de discoteca ochentera, sillas y mesas de lata o entre chiwiñas nocturnas cuando el mercado ya ha dejado de atender, y las cholas vendedoras se transforman en bailarinas hiphoperas con esos movimientos rítmicos liberadores que prescinden del folklore dominante y millonario.

En un momento clave, del protagonista convaleciente emerge una luz blanca y circular que podría leerse como un mensaje de “te vas a morir Elder” y que termina arremolinada con un plano de los trencitos subterráneos que transportan el mineral, condensación visual del sacrificio colectivo y el resquebrajamiento personalísimo, toda una lección de síntesis visualaudio para comprender el ajayu de la narración.

Entre el trabajo insalubre y el desenfreno del bebedor consuetudinario, el camino hacia el deterioro físico y hacia el coqueteo con la muerte se hace prematuro en este Elder como en tantos de sus compañeros y amigos, que aparece postrado con el torso desnudo cual si fuera un Cristo yacente que evoca pinturas y esculturas barrocas de la Edad Media, composición con las que queda constatada la riqueza de una historia que se ramifica en significaciones y simbolismos.

La película incomoda y aprisiona. Desafía a salir del apoltronamiento citadino plano y aburrido, para sumergirnos en una atmósfera tan ajena a la vida normal del centro urbano, situada de espaldas a las periferias del tedio, el desempleo y el consumo de alcohol con militancia existencialista. No hay más nada que transcurrir, porque si algo hacen los personajes que van junto a Elder o detrás de él, es transcurrir comentando lo que les va pasando en el día a día, en climas que van desde el frío y descriptivo documental hasta la más riesgosa alusión onírica de una ciudad lúgubre, visualizada por una cámara capaz de poner en entredicho la indiferencia y la monotonía con la que sabe vivir el espectador desprevenido.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

Comparte y opina: